Wilfredo Jordán S. / wjordan@prensa.com
MERCADO. Las empresas de distribución eléctrica atienden a 860 mil 410 clientes en todo el país. LA PRENSA/ Luis GarcíaEl contrato de concesión de distribución y comercialización de energía eléctrica que se debe firmar este año con los operadores podría ser cancelado “por voluntad unilateral del Estado”.
Esto es lo que por ahora establece el modelo de contrato que ha elaborado la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), que fue sometido a consulta y ya es cuestionado por las empresas interesadas en el negocio.
El contrato podrá dejarse sin efecto a través de una resolución del Consejo de Gabinete, si el Estado encuentra razones “de interés público”.
Las reglas que propone el Gobierno y que servirán de base en el negocio de la distribución eléctrica en el país son de vital importancia en este momento.
La Asep debe convocar próximamente a una licitación para escoger a las compañías que recibirán la concesión a partir del 22 de octubre de 2013. En este proceso pueden participar los actuales operadores: Edemet, Edechi y Ensa.
Las empresas que resulten con la victoria tendrá que brindar el servicio de distribución de energía eléctrica en las diferentes áreas de concesión del país.
El modelo de contrato establece las condiciones para la operación de las empresas de distribución eléctrica durante los próximos 15 años, en un mercado que en 1998 tenía poco más de 300 mil clientes y hoy se ha duplicado a más de 800 mil en todo el país.
De acuerdo con la propuesta de la Asep, que ya circula entre los interesados, la terminación de contrato se aplicaría en caso de que el Estado, por razones de interés público, ejerza su derecho al rescate de la concesión conforme al establecimiento del reglamento.
De asumir esta medida, la propuesta no estipula indemnización para el propietario mayoritario de las acciones y solo se indica que el Estado pagará a los accionistas del concesionario distintos a él, una compensación que se ajustará al valor justo del mercado de acciones.
En el proceso de consultas, Gas Natural Fenosa, que opera Edemet y Edechi, advierte a la Asep de que en el modelo de contrato se ha omitido el procedimiento de arbitraje.
Este mecanismo sí se estableció en los contratos firmados en 1998 cuando comenzó la reestructuración del sistema eléctrico con lo que se materializó la extinción del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) y dio paso a la operación de empresas de generación, distribución y transmisión.
“Toda controversia relativa a la resolución administrativa de este contrato que no pueda ser resuelta directamente por las partes será sometida al procedimiento de arbitraje de acuerdo con las reglas de arbitraje de la comisión de las Naciones Unidas sobre derecho comercial internacional”, sugiere Gas Natural Fenosa.
De acuerdo con el modelo de contrato de la Asep, las decisiones que adopte el tribunal de arbitraje serán finales y de forzoso cumplimiento. Las partes aceptan de forma irrevocable para efectos de la presente cláusula compromisoria y la ejecución de cualquier laudo arbitral la jurisdicción de cualquier tribunal donde se encuentren las partes o sus propiedades.
La empresa llama la atención al regulador en este sentido. El contrato original preveía toda la casuística necesaria para regular la expropiación y similares y considera que, por el tipo de servicios que se presta, la resolución administrativa debe considerar elementos de derecho representativos de las garantías del debido proceso y la buena fe contractual.
Gas Natural Fenosa pide que la decisión de rescindir el contrato esté sujeta a un proceso de revisión, contradictorio y análisis, y no, como se plantea en la redacción propuesta, a una decisión unilateral del Estado que pudiera implicar una abierta violación a los derechos del concesionario.
Ensa también indica que con miras a mantener la seguridad jurídica de los inversionistas, se deben restablecer claramente los supuestos bajo los cuales el Estado podría implementar un rescate administrativo, tal como hoy día se plasma en el contrato de concesión actual.
Siendo el rescate administrativo una decisión unilateral del Gobierno, sin que medie una causa atribuible al concesionario, no consideramos justo el rescate sin la debida indemnización al concesionario, señala.
Ensa recuerda que en el contrato de concesión vigente, ante la figura de rescate administrativo, el concesionario era compensado con el valor justo del mercado de las acciones, más un 10% de dicho valor justo del mercado, en concepto de indemnización, lo cual solicita que se incorpore de nuevo.
Según la resolución mediante la cual se convocó a la consulta pública, la Asep evaluará los comentarios recibidos como parte del proceso y los mismos serán tomados en consideración en el proceso de aprobación del contrato de concesión de distribución y comercialización de energía eléctrica vigente por 15 años, desde el 22 de octubre de 2013 hasta el 21 de octubre de 2028.
Cifras de la industria
568.2
millones de dólares en ingreso facturado a los clientes regulados durante el primer semestre de 2012.
294
millones de dólares en facturación de Edemet en el primer semestre de 2012.
233
millones de dólares en ingresos de Ensa en los primeros seis meses de 2012
41.1
millones de dólares en ingresos de Edechi en el primer semestre de 2012
Tras 15 años de apertura
Los contratos de concesión con las empresas de distribución eléctrica se firmaron en octubre de 1998, luego de una licitación que convocó la administración del entonces presidente Ernesto Pérez Balladares.
La reestructuración eléctrica transformó el antiguo IRHE en empresas de generación y distribución, operadas por el sector privado, y la transmisión que quedó 100% del Estado en manos de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa).
La española Unión Fenosa, hoy Gas Natural Fenosa, se hizo de las empresas Edemet y Edechi en las que es dueña del 51%, mientras que el Estado tiene un 48%, y menos del 1% les pertenece a los trabajadores.
Elektra Noreste, S.A. (Ensa) es una empresa mixta. El 51% de las acciones le pertenece a Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el 48.3% de las acciones está en manos del Estado. Un 0.7% es de los antiguos empleados del IRHE.
EPM es una empresa pública que opera en Colombia desde hace 50 años y brinda servicios de energía eléctrica, entre otros.
Las dos multinacionales pueden participar en la licitación sin necesidad de precalificar. La concesión se la ganaría la compañía que ofrezca el mayor monto por el 51% de las acciones. Si se trata de una oferta de una compañía distinta a los operadores actuales, esta le pagaría la suma al concesionario actual.
El Estado no recibirá ningún ingreso por la venta de estas acciones.
Wilfredo Jordán S.
