Wednesday, July 30, 2008

Torrijos anuncia que viene más, a pesar de las críticas

Ereida Prieto-Barreiro
PA-DIGITAL


La Oposición critica al mandatario por practicar el “paternalismo” de su padre el general Omar Torrijos.

Tras restar importancia a las críticas por la entrega de bonos y ajustes salariales, el presidente Martín Torrijos aseguró que ampliará sus programas sociales e instó al sector privado a que haga lo propio en 15 días.

"Si estaban preocupados por los anuncios, lo estarán aún más, ya que el programa de Red de Oportunidades que funciona en el interior del país, entrará en el área metropolitana", señaló.

Torrijos, quien dijo comprender las críticas de la oposición, aseguró que no tiene intención de reelegirse como presidente en un futuro cercano.

"Soy un político y entiendo que es función de mis opositores, adversarme, pero como lo han hecho tan bien, merecen estar cinco años más en la oposición", aseguró el mandatario.

A su juicio, por "politiquería o incapacidad", la anterior administración no realizó programas sociales ni aumentos salariales.

Discrepancias.
Autoproclamó su gestión como la única que ha hecho "justicia a los funcionarios con ajustes salariales que se merecían".

Aumento.
El jefe del Ejecutivo reiteró que conversará con el sector privado para que también "haga su parte" con sus empleados, por lo que espera que dentro de 15 días tengan una propuesta de aumento salarial.

Esta posición no fue bien vista por los empresarios, quienes aseguraron que fueron ellos los que "recomendaron" al Gobierno igualar los salarios mínimos de los funcionarios.

El empresario Enrique De Obarrio sostuvo que las bonificaciones y el ajuste salarial "tienen que ser integrales y sostenibles" en el tiempo. "Se debe pensar no tanto en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones", aseguró.

De Obarrio calificó de "desafortunado" que el Gobierno Nacional "amenace con imponer medidas", si en un lapso de dos semanas los empresarios "no se bajan del bus".

Doha, al borde del colapso

GINEBRA, Suiza/EFE

Las conversaciones para rescatar la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC) estaban cerca de fracasar por las medidas destinadas a ayudar a que los países pobres protejan a sus agricultores, dijeron autoridades comerciales.

Los países en desarrollo como China e India están enfrentados con los exportadores de alimentos como Estados Unidos, por la cuestión de las salvaguardas contra los aumentos fuertes de las importaciones de alimentos. Además, siguen sin resolverse las diferencias sobre varias otras partes fundamentales de un acuerdo.

Los ministros estaban considerando una nueva propuesta de compromiso sobre las salvaguardas; mientras, las negociaciones entraban en su noveno día, el encuentro ministerial de la OMC más largo que se recuerde, según autoridades comerciales.

Los funcionarios advertían que el fracaso era una posibilidad real. “Si la gente no quiere este acuerdo, no habrá uno mejor y solo nos resta considerar: si esto fracasa, qué perderán”, dijo Peter Mandelson, comisario de la Unión Europea.

Doha haría perder competitividad a la UE


Las industrias metalúrgica y automovilística europeas han manifestado su preocupación por las negociaciones en Doha para la liberalización comercial, al considerar que las ventajas que se quiere ofrecer a los mercados emergentes minarán la competitividad de los propios.

En un comunicado, las industrias señalaron que el borrador del acuerdo sobre el mercado de productos industriales que se está negociando, podría abrir el mercado europeo a productores de fuera de las fronteras de la Unión, sin ofrecerles “ninguna mejora significativa” a cambio en su acceso a las principales economías emergentes.

En ese contexto, pidieron una “rigurosa revisión” del compromiso pendiente en Doha para alcanzar un “acceso recíproco” a los mercados de los países desarrollados, emergentes y en desarrollo y una solución a largo plazo para eliminar las llamadas “flexibilidades” y “barreras no arancelarias”.

El secretario general de la Federación Europea de Sindicatos del Metal, Peter Scherrer, afirmó en la nota que esta carencia va “en contra de las metas fijadas” por la propia Ronda y cree que puede “minar la competitividad” de la Unión Europea y presionar los costes de producción y el empleo.

A su juicio, esto podría dar lugar a la supresión de puestos de trabajo entre los manufactureros, pero también en la cadena de suministro.

Por su parte, la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA) alertó de que los altos aranceles que se aplican a la industria automotora en algunos mercados emergentes pueden mantenerse a largo plazo, y que estos podrían permanecer “cerrados” por el uso de flexibilidades que permitirían a los países excluir a sectores enteros de rebajar las tasas.

El secretario de la ACEA, Ivan Hodac, apuntó que el acuerdo de comercio “desleal y desequilibrado” que se discute actualmente obligaría a la industria europea a deslocalizar sus futuras inversiones en nuevos modelos o investigación y desarrollo fuera de la Unión Europea (UE), donde los costes serían menores.

‘Gobierno hace política con dinero de los contribuyentes’

Edith Castillo Duarte
ecastillo@prensa.com

El sector empresarial, a quien el gobierno conminó el lunes a “bajarse del bus” y hacer aumentos salariales como una medida de mitigación al persistente alza en el costo de la vida, respondió a este llamado recordándole a Martín Torrijos que “es muy fácil hacer política con el dinero de los contribuyentes”.

Como medida complementaria al Programa de Ayuda al Consumidor, el mandatario anunció el lunes la entrega de un bono de 160 dólares a funcionarios con salarios de hasta mil dólares, y aumentos a servidores públicos con salarios de 300 dólares.

Los fondos provendrán de un ahorro corriente que el fisco logró el año pasado en el Sector Público No Financiero de mil 375 millones de dólares “producto de la estrategia financiera” del gobierno, explicó el Ministerio de Economía y Finanzas.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, José Ramón Varela, recordó que la empresa privada está cumpliendo con su parte: creando empleo y aumentando salarios de acuerdo a las fuerzas del mercado.

A ello hay que añadir, dijo por su parte el dirigente José Javier Rivera, que será del sector privado de donde provendrá la mayoría de los fondos que le permitirá al gobierno cumplir con lo anunciado.

Según las cifras que manejan representantes del sector, en los últimos tres años la empresa privada ha generado 120 mil nuevos puestos de trabajo, lo que representa aproximadamente unos mil 200 millones de dólares adicionales en pago de planilla al año.

Además, el sector productivo (empresas y sus trabajadores) está pagando cerca de 2 mil millones de dólares en impuestos, un aumento de más de 800 millones anuales en comparación a 2004.

Ello constata que “el sector privado, sin mucha fanfarria, viene haciendo su parte”, apoyando con diversas fórmulas a la clase asalariada ante el alza de la inflación, dijo Rivera.

Estas medidas “populistas” que no consideran el factor de eficiencia y productividad -indicó por su parte el economista Domingo Latorraca- han fracasado en los países en donde se han aplicado, porque han terminado creando mayor inflación.

Cinta Costera sin retraso

Deivis Eliecer Cerrud
PA-DIGITAL


Vista desde el Mercado.

La empresa brasileña Norberto Odebrecht, constructora de la Cinta Costera, registra un avance del 37% de construcción del proyecto gubernamental que les cobrará B/ 113 millones a los vecinos más cercanos.

La obra desarrollada en la avenida Balboa, donde hay 20 edificios en construcción, se encuentra en el relleno de la escollera.

Voceros del Ministerio de Obras Públicas (MOP) informaron que los trabajos incluyen las tuberías del proyecto de saneamiento de la bahía de Panamá.

Panamá América observó que el relleno de rocas en la bahía ha llegado al municipal Mercado del Marisco.

El pasado sábado un taladro, cercano a Multicentro, colapsó, pero se informó que el equipo está en funcionamiento.

Precisamente frente a ese centro comercial están casi finalizados los pilotes del viaducto que conecta la avenida al Corredor Sur.

Asimismo el tranque ocasionado en Calidonia, debido al cierre de un tramo de la 3 de Noviembre, se intensifica porque el viaducto del sector no registra muchos avances.

Los moradores del área se quejan del excesivo ruido y polvo.

El proyecto, que tendrá un área de 32.2 hectáreas de construcción, apunta hacia el Puente de Las Américas, pero el MOP no ha ahondado sobre eso.

Bush firma ley de rescate sector inmobiliario


WASHINGTON, EU (Reuters). -El presidente estadounidense, George W. Bush, convirtió en ley hoy miércoles un plan de rescate del sector inmobiliario aprobado por el Congreso.

La ley incluye medidas de emergencia para las compañías de financiamiento hipotecario Fannie Mae y Freddie Mac. La promulgación tiene lugar en momentos en que aumentan las ejecuciones hipotecarias y se desploman los valores de las propiedades.

Pese a oponerse a una cláusula que ofrece 4 mil millones de dólares en garantías a los estados para que compren y reparen propiedades rematadas, Bush modificó su posición ante el proyecto porque incluía otras reformas clave para el sector.

La nueva ley aumenta la supervisión sobre Fannie Mae y Freddie Mac, que poseen o garantizan casi la mitad de la deuda hipotecaria del país, que asciende a 12 billones de dólares.

La ley también expande una línea de crédito temporaria del Tesoro estadounidense y da al Gobierno la opción de comprar acciones en las compañías si entran en problemas.

"Esperamos designar nuevas autoridades para mejorar la confianza y la estabilidad en los mercados, y para ofrecer una mejor supervisión sobre Fannie Mae y Freddie Mac", dijo el portavoz de la Casa Blanca Tony Fratto.

Nace nuevo cuerpo de espías

E. Soto P./L. Castillo/ E. Prieto y S. Cumbrera
PA-DIGITAL


El Ejecutivo inició ayer las consultas de los proyectos con el sector privado.

El gobierno de Martín Torrijos colgó en Internet los cinco proyectos de decretos leyes que reforman la materia de seguridad nacional y ciudadana, siendo el último en la lista, el de espionaje, el más "curioso".

Se trata de un decreto que creará un Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, cuyas actividades, organización, planilla, estructura interna, base de datos, instalaciones y fuentes de información serán un total secreto.

Revelar estos datos con- llevará sanción penal, según el proyecto.

Incluso, está prohibido en la misma ley que los nombres de los espías, su rango, y su salario, aparezcan en el Nodo de Transparencia.

Estructura.
Lo único que dice el proyecto de decreto, aprobado ya en primer debate por el Consejo de Gabinete, es que la organización de espionaje en Panamá tendrá tres instancias.

Estas son: el Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional, dirigido por el Presidente de la República y con algunos ministros a bordo; el Servicio de Inteligencia y Seguridad, que es el cuerpo de espías como tales; y el Comité de Información y Seguridad, una especie de Estado Mayor en el que participarán los jefes de la DIP, la DIJ, el Servicio Aeronaval, el SPI, Aduanas, Servicio de Fronteras, y la Dirección de Migración.

Este Comité se reunirá cada 15 días, intercambiarán información e incluye en la mesa al Viceministro de Seguridad Pública, del Ministerio de Gobierno.

Servicio de espías.
Es instancia misteriosa. Lo que sí se dice en el proyecto es que su director tendrá "carácter y jerarquía de ministro de Estado".

El presupuesto de funcionamiento de este servicio también es un secreto. Se discutirá y aprobará en una comisión especial que debe crearse en la Asamblea Nacional, cuyo debate será a puertas cerradas, y los diputados serán informados de lo necesario, menos de "las fuentes, procedimientos y medios" de la agencia.

Los diputados estarán obligados a guardar secreto sobre las informaciones y documentos que reciban.

Una vez examinados los documentos, serán reintegrados al Servicio Nacional de Inteligencia para su debida custodia, sin que se puedan retener originales o copias.

La fiscalización de los dineros de esta instancia deberá hacerla el Contralor General de la República en persona, o quien él designe, y los resultados de las auditorías no podrán revelarse.

Corte Suprema.
Para realizar las labores de espionaje que puedan afectar las garantías constitucionales y derechos individuales, el Servicio de Inteligencia debe tener autorización del presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, o de quien sea designado por el Pleno.

"La resolución judicial que autorice lo solicitado tendrá como fin prevenir y evitar cualquier amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de Panamá, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones, por lo tanto, no tendrá naturaleza contenciosa, y sus resultados carecerán de valor probatorio en procedimientos judiciales o administrativos", se dice en el artículo 52 del proyecto.

La solicitud tiene clasificación de secreta, por lo que el trámite se registrará en un libro de entrada especial manejado por una única persona que para tal efecto se designará. No se permitirá el acceso a los registros a personas distintas a las designadas.

Competencias.
Los espías podrán recabar lo que en el proyecto se conoce como "información de seguridad" de personas naturales o jurídicas.

Para ello podrán requerir de organismos e instituciones públicos y privados la "colaboración necesaria".

En el proyecto de decreto se incluye hasta el juramento que deben hacer los espías cuando entran al cuerpo: "Creo en la democracia como sistema de gobierno, me comprometo a defenderla, y juro lealtad al Presidente Constitucional de la República de Panamá".

Privilegios.
Estar en la planilla de espías tiene ventajas. Tendrán estabilidad en el cargo; recibirán bonificación por antigüedad; seguro de vida pagado por la agencia; tendrán asistencia médica y medicinas, todo gratuito, en caso de accidente en actos del servicio.

También tendrán derecho a abogado en caso de ser acusado por sus actividades de espionaje; podrán gozar de licencia sin sueldo; tendrán derecho a programas de rehabilitación en caso de consumo de drogas y alcohol.

Servicio Aeronaval
El Servicio Nacional Aeronaval estará adscrito al Ministerio de Gobierno y Justicia, cuyo titular de la cartera será el superior jerárquico inmediato.

El director general de este organismo sólo podrá ser un civil o un comisionado del Servicio Nacional Aeronaval.

Tendrá las funciones de policía marítima, aérea, portuaria y aeroportuaria en todo el territorio nacional.

Además, prevenir y reprimir hechos delictivos y las faltas administrativas, cometidos en el espacio aéreo, marítimo, lacustre, fluviales, en el área del Canal.

Según el decreto ley, los miembros de este organismo podrán hacer disparos de advertencia en situaciones extremas y cuando exista la convicción o los indicios racionales de la comisión de delito, con el objeto de detener el avance de vehículos o embarcaciones.

Servicio de Frontera
La posibilidad que un uniformado dirija el Servicio Nacional de Frontera quedó plasmada en la propuesta de proyecto de ley que regulará a esa entidad policial.

El documento indica que se podrá designar a un civil o comisionados para ejercer los cargos de Director General o de subdirector de la institución.

Estos directivos controlarán, fiscalizarán, asesorarán y coordinarán la institución fronteriza y mandarán en ella.

Los funcionarios de mando serán de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República con la participación del Ministro de Gobierno.

Los fronterizos tendrán prohibido "conceder declaraciones, provocar o dar lugar a publicaciones, sin autorización de sus superiores, sobre asuntos de la institución que afecten la seguridad institucional”.

Policía Nacional y SPI
Con las reformas ejecutivas se elimina la norma del Reglamento Orgánico de la Policía Nacional y del Servicio de Protección Institucional (SPI) que impide que un uniformado dirija la institución.

En la Policía Nacional se concreta que el Director o Directora de la institución será de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República con la participación del Ministro de Gobierno y Justicia.

Solo podrán ser nombrados para ejercer este cargo personas civiles con título universitario o Comisionados de la Policía Nacional.

En el SPI, se crea una Comisión de Evaluación adscrita al Director de la entidad que tendrá la responsabilidad de evaluar los ascensos y cuyo desempeño será imparcial.

Los directores de estas entidades deberán ser panameños.