Monday, June 16, 2008

Piden informes sobre ganancias de eléctricas

Ereida Prieto Barreiro
PA-DIGITAL


La Autoridad de los Servicios Públicos debe anunciar de cuánto será el aumento.


El defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, recomendó revisar los contratos entre las empresas eléctricas y el Estado.

Asimismo, manifestó que se deben revelar los Informes sobre los estados financieros consolidados y auditados de las empresas eléctricas para conocer si se justifica otro aumento en la tarifa energética.

Aseguró que "no debe ser un secreto" para los panameños los balances financieros de las empresas, ya que contamos con una importante participación accionaria.

Vargas afirmó que un nuevo aumento en la tarifa dejaría a la población "a merced de las empresas" que brindan el servicio de electricidad "ineficiente desde su privatización".

Igualmente, mencionó que existen "carencias de mecanismos efectivos de regulación y fiscalización estatal" para evitar que continúen estos aumentos.

Dijo que resulta "inaceptable" que se utilice como pretexto el incremento del precio del combustible para el alza tarifaria cuando el 60% de la energía que se produce en el país tiene su origen en fuentes hídricas.

"Estos aumentos han desatado una especulación nunca antes vista en todas las actividades económicas del país", criticó el Ombudsman.

La Comisión de Ahorro Energético reveló en el Informe de 2006 que existen indicios de una "seria distorsión" en los precios de la electricidad, lo cual se traduce en un incremento "desproporcionado" de la tarifa.

"Cada seis meses sufrimos con estos ajustes, superiores al 30%, en los últimos años", declaró.

Recomendación.
Adoptar como tema de "seguridad nacional" el costo energético por los impactos y consecuencias en la calidad de vida de los panameños, resaltó Vargas.

También dijo que urge una política energética más allá de los ahorros y subsidios estatales, que han sido "paliativos".

Según Vargas, esta medida debe ser apoyada por un "Plan Estratégico Nacional" discutido con amplia participación ciudadana para facilitar el acceso a la información.

También considera que se debe promover "responsablemente" el desarrollo de mecanismos de energía limpia con plena participación comunitaria.

Datos.
Alrededor del 10%, será el incremento en la tarifa de electricidad que anunciará esta semana la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP).

Hay atraso en la entrega de 3 millones de focos fluorescente por parte del Gobierno para bajar el consumo eléctrico en 600 mil hogares panameños.

Un incremento del 10% proporcional a los productos alimenticios impuso la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá (ACOVIPA).

El pasado persigue a la ex Primera Dama de la Nación

Santiago Cumbrera
PA-DIGITAL


A los días de recibir los cheques de Waked, Weeden Gamboa giraba parte a Ruby Moscoso.

La ex primera dama de la República, Ruby Moscoso de Young, es perseguida por su pasado.

Ahora tendrá que explicar al ministerio Público la procedencia de unos 100 cheques del Gobierno por la suma de B/. 115 mil que fueron depositados en su cuenta bancaria personal entre el 1 de septiembre de 1999 y el 31 de agosto de 2004.

También debe esclarecer el origen de otros 29 cheques por B/ 341,896.58 que giró a su favor el ex asesor presidencial George Weeden Gamboa (Q.E.P.D.) bajo el memorándum de referencia "5 magníficas", según consta en una auditoría de la Contraloría General de la República con fecha del 7 de agosto de 2007.

Weeden Gamboa transfirió esos fondos a la cuenta de Ruby Moscoso a razón de B/ 12 mil 500 promedio por mes durante tres años.

Las pesquisas de la Contraloría revelan que ese dinero correspondía a un porcentaje de los B/. 40 mil mensuales que recibió Weeden Gamboa de la empresa Waked Internacional, cuyo dueño es Abdul Mohamed Waked.

Durante el tiempo en que se registraron estos pagos, el Gobierno de la ex presidenta Mireya Moscoso adjudicó por contratación directa a Waked Internacional S.A. la concesión millonaria de locales en la Zona Libre del aeropuerto de Tocumen.

Esto último fue investigado sin lograr establecer una conexión directa de los funcionarios beneficiados y los cheques.

Un portavoz de Waked aseguró al Panamá América que esos pagos corresponden a un contrato de arrendamiento de 4 locales (B/. 10 mil mensuales cada uno) que éste firmó con Weeden Gamboa, quien supuestamente era el dueño de los locales.

La Contraloría pidió al ministerio Público citar a Waked para que aclare o justifique los fondos por un total de B/. 1 millón 140 mil que otorgó al ex Asesor presidencial.

Clan familiar acapara negocios.
Se confirmó un trasiego de fondos millonarios de entidades benéficas que controlaba Ruby Moscoso a las arcas de empresas manejadas por su nieto, Sebastián Young y la esposa de este Annette V. de Young.

Ambos retribuyeron cheques por un total de B/. 90 mil a Ruby Moscoso, una vez sus empresas recibieron el pago estatal.

Además, recibieron B/. 178 mil 589 en cheques de la fundación Pro-Educación Integral de la Niñez y la Juventud, cuyos fondos provenían de Taiwán.

Posible lesión patrimonial.
Llama la atención que todas las transacciones se hicieron con cheques.

Ruby Moscoso de Young: Gestionó, emitió y depositó cheques oficiales de terceras personas en sus cuentas bancarias; pagos que fueron indebidos. Además, pagó atención médica de su esposo con fondos públicos.

Dalvis Xiomara Sánchez: Autorizó un cheque del ministerio de la Presidencia por B/. 28 mil para cubrir costos de actividades de la entidad. Pero el dinero se usó para abrir un depósito a favor de una empresa de George Weeden.

Annette Vásquez de Young: Giró un cheque por B/. 10 mil a favor de su abuela política Ruby Moscoso, en el periodo en que su empresa realizó ventas millonarias a las entidades benéficas que manejaba la ex Primera Dama.

Sebastián Young Pino: Giró un cheque a su abuela Ruby Moscoso por B/. 80 mil, el mismo día en que su empresa recibió un pago de B/. 163 mil 488 por "ventas" realizadas a las entidades benéficas que manejaba su abuela.

Marixenia Moscoso: Es sobrina de Ruby Moscoso y cobró varios cheques por laborar al mismo tiempo en el ministerio de la Presidencia y en la Autoridad Marítima. Los depositó en la cuenta de su tía.

Guillermo E. Guardia: Era el encargado de hacer los depósitos y cambiar los cheques de la cuenta personal de Ruby Moscoso y al mismo tiempo, trabajaba como asalariado en el ministerio de la Presidencia.

Eduviges Solís Córdoba: Recibió 17 cheques del ministerio de la Presidencia por B/. 13 mil, que depositó en la cuenta bancaria de Ruby Moscoso. Cobraba la ropa que se vendía del taller de la ex Primera Dama.

Katia Pérez de Gracia: Autorizó diez cheques por la suma de B/ 15 mil de la fundación Pro Obras Benéficas para cancelar pagos por servicios personales que no corresponden a gastos de las entidades benéficas.

Plinio Granda Landucci: Fue directivo de la fundación Pro Educación Integral de la Niñez y la Juventud y autorizó pagos por B/. 8 mil para cancelar servicios prestados en la residencia de Ruby Moscoso.

Taller de costura de Ruby hizo negocios con el Estado


Esto quedó al descubierto cuando Eduviges Córdoba de Cedeño fue interrogada por una serie de cheques oficiales que depositó en la cuenta de la ex Primera Dama.

Las investigaciones dan cuenta de que esta señora trabajaba para Ruby y al ser indagada confesó que recibió 17 cheques del ministerio de la Presidencia por B/ 13.720.00 en concepto de confección de ropa de nenes.

Córdoba de Cedeño era la persona que la ex Primera Dama utilizó como "intermediaria" para negociar con el Despacho de la Primera Dama y personas particulares.+

Un negocio millonario




Esta última empresa al igual que May’s Zona Libre, S.A. y Tejidos y Confecciones, S.A., recibieron sumas millonarias por el suministro de artículos para el despacho de la Primera Dama.

May´s Zona Libre, S.A. recibió pagos por un total de B/ 1,258,733.97.

En tanto, Tejidos y Confecciones, S.A. recibió pagos por B/ 1,088,200.00 con fondos de la fundación Pro-Educación Integral de la Niñez y la Juventud.

También Hollywood Zona Libre, S.A., cobró en cheques más de B/ 64 mil, que son investigados.

Caso del Museo del Tucán, en el limbo
Santiago Cumbrera
PA-DIGITAL


Museo del Tucán.

Este nuevo escándalo de corrupción se suma a las investigaciones por el uso de fondos donados por Taiwán a la Fundación que presidió la ex Primera Dama Ruby Moscoso.

Aun cuando la Contraloría confirmó que Ruby Moscoso desvió B/ 4.4 millones de esos fondos a bancos estatales y privados para abonar saldos de tarjetas de créditos a nombre de miembros de la Fundación, es poco lo que ha avanzado el ministerio Público.

Desde octubre pasado, la procuradora Ana Matilde Gómez espera que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la autorice para iniciar las pesquisas, pues los hechos investigados pueden alcanzar a la ex presidenta Mireya Moscoso, quien goza de inmunidad como diputada en el PARLACEN.

En su momento, la procuradora Gómez justificó el envío de esta solicitud a la CSJ bajo el argumento de que en esa entidad reposan, desde noviembre de 2004, las investigaciones sobre posibles anomalías en el manejo de estos dineros, que pudieran involucrar a la ex presidenta Moscoso.

Este caso está en manos del magistrado ponente Víctor Benavides.

Las investigaciones en este caso abarcan no sólo el uso de dineros en la construcción del Museo del Tucán, hoy Museo Reyna Torres de Araúz, sino también la restauración del Teatro Nacional y la restauración y conservación de la iglesia San Felipe de Neri, en el Casco Viejo.

Chávez anuncia a transportistas plan contra inseguridad y escasez repuestos

VENEZUELA
EFE

El presidente venezolano, Hugo Chávez, reconoció hoy el problema de inseguridad y de escasez de suministros que afecta al transporte público, y anunció un plan integral que incluiría la asignación de personal militar en "cada autobús" y una "importación" masiva de repuestos y unidades colectivas.

"Ahí está la Reserva (militar), ahí está la Guardia Nacional (GN-policía militarizada). Si tuviéramos que montar dos Guardias (efectivos de la GN) y un policía en cada autobús, vamos a montarlos, porque hay que cuidar a la gente", afirmó el mandatario.

Según varios sondeos, la inseguridad personal es el problema que más preocupa a los venezolanos, y son habituales las informaciones sobre asaltos en transportes colectivos, incluido el Metro, y en taxis, en los que resultan personas heridas y choferes asesinados.

El Gobierno prepara un "plan completo de seguridad", que incluirá "incrementar el patrullaje (policial) por las rutas del transporte colectivo, en el Metro", agregó Chávez, al reseñar los resultados de una reunión sostenida ayer por representantes gubernamentales y del sector del transporte público.

En su dominical programa de radio y televisión "Aló Presidente", Chávez también prometió soluciones para otros problemas que afectan a los transportistas, como la escasez de repuestos y el alto costo de los existentes.

"Si el Gobierno tuviera que hacer una gran importación de repuestos, pues lo vamos a hacer", afirmó Chávez, que expresó su disposición a comprar unidades colectivas a "China y Brasil" para venderlas al gremio con "facilidades de pago" y así "renovar" la flota existente para que "preste un mejor servicio".

También anunció la condonación de una deuda que los transportistas adquirieron entre los años 1996 y 1998 con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), aunque no precisó el monto de la misma.

"La tabla de tarifas se está revisando, como todos los años (...) Estoy comprometido, señores transportistas, con estas medidas", añadió el jefe de Estado, y pidió a los transportadores "no dejarse llevar" por sectores que calificó como opositores negados al "diálogo" con el Ejecutivo y que persiguen desestabilizar el país.

El Ministerio de Infraestructura derogó el pasado 5 de junio un decreto que dictaba una rebaja del 20 por ciento en las tarifas del transporte público, que había dictado tres días antes, a fin de restablecer la "calma" en el sector.

Ese despacho había decretado una tarifa de 0,8 bolívares fuertes (0,37 dólares) en las rutas urbanas para anular el "incremento unilateral" decidido en febrero pasado por los transportistas, que llevó el pasaje hasta 1,2 bolívares fuertes (0,55 dólares).

Gremios de transportistas de Caracas se negaron a acatar la bajada de las tarifas decretada por el Gobierno, al alegar "el alto costo de la vida" y de los repuestos de sus unidades de transporte.

Rubén D. Carles y Jované están de acuerdo

Luis Lamboglia
llamboglia@estrelladepanama.com

Raúl Castro, el nuevo presidente de Cuba, ha implementado una serie de cambios que, en la opinión de muchos, son símbolo de apertura en la isla. Pero Raúl ha logrado, de paso, y seguramente sin saberlo, que en Panamá dos expertos en economía, de
ideologías opuestas, coicidan.
Esto, con su decisión de establecer la productividad como elemento en la relación trabajo-salario, en efecto una medida que los especialistas Juan Jované de tendencia izquierdista y Ruben Darío Carles, al otro lado de la mesa ideológica ( capitalista) ven con buenos ojos.

Cómo pasar un gato entre tres perros


Gerardo Berroa Loo
gberroa@estrelladepanama.com

Harley Mitchell llegó a la Corte de la mano del presidente Martín Torrijos. Empero, de todos es sabido también que aunque Torrijos lo nombró, no es un incondicional del Ejecutivo, ya que su trayectoria en la Asamblea Nacional lo ha consagrado como interlocutor de distintos sectores políticos, incluso no solo dentro del propio Partido Revolucionario Democrático (PRD), sino de los partidos de la oposición.
Mitchell ha empezado a ganarse a pulso a todos los sectores de la sociedad. Desde el embajador estadounidense William Eaton, hasta abogados pocos acostumbrados a exaltar a un presidente de la Corte en particular, tienen palabras elogiosas para el nuevo timonel del Órgano Judicial.
¿Pero puede mejorar la justicia con Mitchell? Esa es la pregunta del millón. En el tablero están varios aspectos que considerar.
Cuestionamientos por la “mora judicial”, inseguridad jurídica, compra de jueces, aspectos que se encierran en dos palabras: ineficiencia y corrupción. A esto se suma la falta de un presupuesto y la escasez de personal capacitado y bien remunerado.
Con esos arrastres históricos, Mitchell tiene que empezar a hacer sus jugadas, porque está en un “momentum” histórico que difícilmente se conjuga en el tiempo: tiene aceptación pública, hay receptividad para cambios y el mandato presidencial está por concluir; pero no hay duda que es uno de los retos más difíciles. Es algo así como que un gato pase entre tres perros sin que los canes se inmuten.

Aumento de tarifas llegará a productos

Gilberto Pérez
gperez@estrelladepanama.com

Los usuarios de energía eléctrica que supuestamente estan bajo el paraguas del subsidio estatal no escaparán del nuevo ajuste tarifario que esta semana anunciarán las autoridades.
Los comercios están a la espera de conocer de cuánto será el incremento, para trasladar de inmediato esta nueva carga a sus servicios o productos.
Para el presidente de la Asociación de Panaderos y Pasteleros y Afines de Panamá Giacomo Tamburrelli el incremento podría ser del 8%. Agregó que los costos de operación se han incrementado en un 30% y la actividad se hace insostenible si no aumentamos los precios de nuestro producto.
Todo deja entrever que de esta alza nadie escapará. Los 64 millones de dólares que el gobierno destina para subsidiar a los clientes de bajo consumo no son suficientes para frenar una ola de incrementos que no se detienen.
Este miércoles la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) espera dar el anuncio. Los pronósticos apuntan a un incremento por el orden del 8% al 10%.

Alrededor de mil buses no prestarán el servicio

Meredith Serracin
PA-DIGITAL

Luego de que las bases transportitas convocaran un paro de 48 horas prorrogables, el dirigente de este gremio, Mariano González, indicó que unos mil buses de 14 rutas no prestarán en el servicio en el área capital a partir de las 12:01 a.m. del míercoles 18 de junio.

Según González los transportistas defenderán su derecho al trabajo, y que al no recibir respuestas por parte del Gobierno se ven obligados a tomar medidas como la anunciada.

Por su parte, David Ramírez, presidente del Movimiento 23 de Octubre, manifestó que los transportistas no deben amenazar con suspender el servicio cuando las mayores desgracias del transporte público han sido a manos de ellos.

Ramírez agregó que a pesar que ha transcurrido un mes desde que el presidente Martín Torrijos anunciará la implementación del nuevo Sistema de transporte, Transmóvil, los transportistas no han demostrado ningún interés por mejorar el servicio.

El representante de los usuarios puntualizó que los transportistas deben reunirse con las autoridades para saber de que trata Transmóvil, capacitarse y participar en la licitación pública.

También recordó que alrededor de 100 personas han perdido la vida en los últimos meses, producto de la irresponsabilidad de algunos transportistas.

Ola migratoria invisible llega del oeste

Eliana Morales Gil
emorales@prensa.com

Una nueva corriente migratoria entra sigilosamente al país. Esta vez no viene del sur, viene del centro. Se trata de los nicaragüenses que vienen seducidos por la expectativa de una mejor calidad de vida.

En los primeros cuatros meses de 2008, por ejemplo, entraron 9 mil 734 nicaragüenses al país, según la Dirección de Migración. De estos, 6 mil 721 se fueron y el resto, 3 mil 13, hasta la fecha no ha salido.

En todo el año pasado, de los 22 mil 379 que llegaron, 19 mil 578 retornaron y 2 mil 801 se quedaron. La mayoría entró por Paso Canoa, al oeste del país -6 mil 723- y solo 2 mil 937 lo hicieron a través del aeropuerto de Tocumen.

Después de los colombianos, los “nicas” son los extranjeros que más se deportan, según datos de Migración.

¿DÓNDE ESTÁN?

A ellos no se les encuentra en el Panamá de los rascacielos y de los grandes millones. Se hospedan en minúsculos cuartos en San Miguelito y Panamá Viejo, por ejemplo.

Rosario Sandoval*, de 38 años, está en este grupo. Llegó en diciembre pasado con sus dos hijos -uno de nueve años y otro de tres- y solo tres dólares en sus bolsillos. Entró al país como lo hace la mayoría de los nicaragüenses que llegan a buscar fortuna. Como pasajera de bus y camuflada en medio de los comerciantes que vienen a hacer compras a la Zona Libre de Colón. Son ellos los que les prestan los 500 dólares en efectivo que Migración exige como prueba de solvencia. “Apenas los mostramos y nos ponen el sello, los devolvemos en el mismo bus”, asegura.

Ya en Panamá empieza la batalla para sobrevivir. Sandoval, quien tiene un título de traductora profesional, ha trabajado como doméstica ganando 200 dólares mensuales, pero desde hace tres semanas labora en un taller donde arreglan estufas, neveras y otros electrodomésticos.

Allí contesta el teléfono y ayuda a transportar los artefactos. Gana ocho dólares diarios. Con este dinero paga 70 dólares por el arriendo del cuarto donde vive en San Miguelito, paga su pasaje y compra la comida de la familia, en la que invierte tres dólares diarios.

Una de las razones que la motivó a venir fue el retorno al poder de Daniel Ortega en 2007. Dice que el amargo recuerdo de lo vivido en “la revolución” la llevó a tomar la decisión. Cuenta, además, que en su país se dice que en Panamá hay mucho empleo.

No es la única. El rumor de los trabajos del Canal ha traído a la mayoría. “El mes pasado llegó un bus lleno con gente que no se regresó”, asegura.

Luis Corró, ex asesor legal de Migración, y quien se dedica a trámites migratorios, lo reitera. En los últimos meses le ha tocado atender a nicaragüenses que llegan en busca de asesoría para quedarse. “Allá se dice que en Panamá hay mucho trabajo por la ampliación del Canal”, dice.

A juicio de Corró, el tema debe manejarse con cuidado, pues a finales de agosto se estrenará la nueva ley migratoria y según él estas personas no tienen opción dentro de la ley. “Lo que va a pasar es que el país va a estar sometido a una presión migratoria que va a fomentar más la entrada de indocumentados”, dice.

LO QUE DICE NICARAGUA

Donald Pernudiz, cónsul de Nicaragua en Panamá, por el contrario, no cree que exista tal fenómeno migratorio. Dice que su país -el segundo más pobre de América Latina- ha mejorado mucho desde que Ortega asumió el poder: “Hay más empleo, más seguridad y la vida es mejor”, dice. Acepta que la llegada de nicaragüenses es de vieja data. “Hay muchas empleadas domésticas trabajando”, señala. A la lista agrega a los que se vienen a trabajar en las construcciones, en carpinterías y en restaurantes.

Cálculos no científicos del consulado hablan de 6 mil nicaragüense viviendo en el país. Están esparcidos en la capital, Chiriquí y Veraguas. Por lo pronto, dijo Pernudiz, se elabora un censo y también se evalúa la petición de una amnistía para los ilegales.

*El nombre fue cambiado a solicitud de la entrevistada

Miramar, sin concesión


Mónica Palm
Unidad de Investigación

mpalm@prensa.com

La concesión que le otorgó el Estado a la sociedad Miramar Development Corporation, que preside Herman Bern y que es dueña del hotel Miramar Intercontinental, venció hace más de tres años.

El último día en que la sociedad tuvo los papeles en orden fue el 14 de marzo de 2005. Desde esa fecha ocupa de manera ilegal las 2.4 hectáreas rellenadas de fondo de mar y playa, que le fueron dadas en la Avenida Balboa.

Pero esa situación no fue óbice para que el ministro de Obras Públicas, Benjamín Colamarco, pactara en 2007 un acuerdo con el hotel, para que éste adecuara sus instalaciones al proyecto de la cinta costera y le autorizara a construir 300 estacionamientos soterrados, en el corazón de la cinta, como compensación por la “afectación” que la obra tendrá sobre su concesión ya expirada.

Colamarco, sin revelar que la concesión no está vigente, ha defendido el convenio privado con el Miramar. Sin embargo, este acuerdo carece del refrendo de la Contraloría General de la República, lo que permitiría al Miramar mantener su concesión.

Una investigación realizada por este diario, da cuenta de los hechos.

Sin permiso, marina del Miramar


El 16 de abril de 2007, Herman Bern, presidente de la sociedad Miramar Development Corporation, escribió una carta al ministro de Obras Públicas, Benjamín Colamarco.

El contenido de esta misiva no dejó indiferente a nadie.

Bern reclamó que en el pliego de cargos de la cinta costera -divulgados dos semanas antes- no se habían incluido las “afectaciones” que la obra ocasionaría a los estacionamientos, los accesos y el paisajismo del hotel, la marina y el helipuerto del Miramar Intercontinental, estos dos últimos construidos sobre una concesión del Estado.

Si estas afectaciones no eran incorporadas al pliego de cargos, Bern advirtió que se vería obligado “a llevar el tema a la vía judicial”.

En ningún momento, el empresario mencionó que la concesión donde opera su marina y parte del hotel -que data de 1993-, no está vigente y, a la fecha, no ha sido debidamente prorrogada.

Para que el mensaje llegara alto y claro, mandó copia de la carta al entonces ministro de Economía y hoy contralor, Carlos Vallarino; al director de Desarrollo Urbano y ahora también viceministro de Vivienda, José Batista; al director de Catastro, Mariano Quintero, y a todos los miembros de la junta directiva de Miramar Development Corp. También remitió copia a la entonces ministra de Vivienda, Balbina Herrera, que hoy es la candidata favorita de Bern para llegar a la Presidencia de la República, con la papeleta del PRD.

Colamarco no se hizo rogar. El 5 de mayo de 2007, firmó una adenda al pliego de cargos de la licitación, en la que incluyó el acuerdo privado que su despacho pactó con el Miramar, y que permitirá al hotel construir ­a su costo­ un túnel-cajón debajo de la nueva vialidad; carriles de acceso a la marina y el helipuerto, y un semisótano para 300 estacionamientos.

La Contraloría, renuente

En la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ­entidad que otorgó la concesión original, en 1993­ aparentemente no participaron de este acuerdo privado entre el MOP y el Miramar. Se habrían enterado de su existencia el 18 de marzo de 2008, cuando Bern le hizo llegar una copia de la adenda a Fernando Solórzano, actual administrador de la AMP.

En esa misiva, Bern instó a Solórzano a hacer los “ajustes” a su contrato ­a sabiendas de que está expirado­, considerando que, por culpa de la cinta costera, el espacio concesionado se reduce de 2.4 a 1.5 hectárea.

No es la primera vez que hay que “ajustar” la concesión del Miramar, cuya vigencia original era de 10 años; por tanto, vencía en octubre de 2003.

El 14 de febrero de 2005, el entonces administrador de la AMP, el segundo vicepresidente de la República, Rubén Arosemena, firmó una resolución (la No. 044-2005) en la que prorrogó por 30 días ­hasta el 14 de marzo de ese año­ la concesión del hotel. Se supone que en ese periodo se revisaría el canon y se formalizaría un nuevo contrato.

Y así fue. En el nuevo documento se elevó el canon de 2 a 6 centavos el metro cuadrado. También se incluye un canon variable equivalente a un centavo por galón de combustible despachado a las naves que atraquen en la marina, que tiene capacidad para 24 barcos.

El problema está en que la Contraloría se niega a refrendar el nuevo contrato con el Miramar. Primero, argumentó que éste requería un estudio de impacto ambiental. Pero, en consulta a la administradora de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), se concluyó que, en lugar de un EIA, era recomendable una auditoría ambiental.

Ahora, las razones para no avalar el contrato son otras. Arosemena señaló que el nuevo contrato “no ha sido refrendado por la Contraloría, debido al inicio de los estudios de la cinta costera”.

Así también lo reconoció el propio Herman Bern. “Por la cinta costera, esa área [concesionada] se está reduciendo bastante. Precisamente por esos cambios, [el contrato] no ha sido ratificado. Ahora se está haciendo el ajuste correspondiente”, dijo.

“Queremos hacer las cosas conforme a la ley. Ustedes [La Prensa] tienen desde hace meses una campaña injusta”, se quejó.

La letra muerta

Aunque no hay un contrato a toda regla, para Arosemena eso no implica que el Miramar opera ilegalmente.

“Al día de hoy, sigue vigente el contrato de 1993, por esta resolución”, comunicó Arosemena, en referencia a la Resolución No. 044-2005. Pero sucede que esa resolución señala que si en 30 días no se ha formalizado el nuevo contrato, quedará automáticamente sin efecto.

Tanto la Resolución 044-2005 como el contrato original de 1993 contienen cláusulas que le dan derecho a la AMP a dar por terminada la concesión, “sin indemnización, dando un aviso previo de 90 días, cuando el área sea requerida por cualquier causa de utilidad pública o interés social”... “o para llevar a cabo obras del Estado”.

Se supone que la cinta costera es una de esas obras.

Mientras, la cinta costera avanza: las obras ya están ejecutadas en un 25.31% y el MOP pretende estrenarla en junio de 2009.

Por eso, el 7 de mayo de 2008, Bern, a través de sus abogados, volvió a pedir por su concesión. Adicional, los abogados apuran otra solicitud, esta vez ante la Dirección de Catastro, para que permita levantar un edificio de hasta seis pisos para adosarlo a las actuales estructuras del hotel, utilizando para ello el mismo espacio que le fue concesionado por la AMP en 1993. Como en el MOP, acá tampoco dijeron que esa concesión no está vigente.

CRONOGRAMA

. 22 DE OCTUBRE 1993: Jerry Salazar, entonces director de la Autoridad Portuaria (hoy AMP), firma contrato que otorga 2.4 hectáreas de fondo de mar y área de playa a Miramar Development.

OCTUBRE 2003: Se venció el contrato de concesión del Miramar.

14 DE FEBRERO 2005: AMP firma Resolución No. 044-2005, que da 30 días al Miramar para que formalice un nuevo contrato de concesión.

JUNIO 2006: Contraloría informa que no refrendará el nuevo contrato.

2 DE MAYO 2007: Benjamín Colamarco (MOP) firma adenda que contiene el acuerdo privado con el Miramar.

El Miramar rebasó los límites del contrato

La sociedad Miramar Development Corporation utilizó el área de playa y fondo de mar que le otorgó la AMP para “un uso distinto” al pactado en el contrato.

La concesión original ­que data de 1993­ es para construir una marina turística. Pero un informe de septiembre de 1995, de la Dirección General de Catastro, da cuenta de que parte de las instalaciones del hotel y de los condominios Miramar Towers, se ubican fuera de los límites de propiedad.

Según el informe, el área de playa rellenada fue ocupada por “estructuras permanentes” (edificios, puerta cochera y rampa) que totalizan 623.15 metros cuadrados.

Ninguna de estas obras fue autorizada por la AMP o el Ministerio de Economía y Finanzas (entonces, Hacienda y Tesoro). De hecho, la AMP dijo que no podía autorizar este tipo de estructuras, ya que esto está fuera de sus “límites de competencia”.

“No podemos aceptar que una portacochera, un edificio de cuatro pisos y 202.32 metros cuadrados del nuevo edificio son parte de una marina turística”, consideró Hugo Torrijos Richa ­actual asesor marítimo presidencial­ el 12 de enero de 1996, siendo administrador de la AMP.

Según el contrato de concesión, las partes acordaron que todas las mejoras de carácter permanente pasarán a ser propiedad de la AMP “sin cargo alguno”, al concluir el término de duración del presente contrato.

El contrato venció en octubre de 2003. Fue brevemente prorrogado, por un mes, a partir del 14 de febrero de 2005. Más allá de eso, legalmente, no existe otra cosa.