Tuesday, March 17, 2009

Gobierno cobra el décimo el 20 marzo

REDACCION
PA-DIGITAL


Un total de 13 millones.

La primera partida del XIII mes de este año, será entregada a los funcionarios públicos el 20 de marzo próximo, informó ayer la Directora General de Tesorería del ministerio de Economía y Finanzas, Denia Chen.

Para este rubro, el Gobierno dispondrá de 13 millones de dólares.

La misma fuente indicó que, la tercera partida de un bono global de 160 dólares para todos los funcionarios gubernamentales con salarios inferiores a mil dólares, será entregada el 30 de marzo.

Esta erogación es por un monto de 4.5 millones de dólares, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas.

La bonificación, que no tiene ningún tipo de descuento, beneficia a 160.122 empleados públicos.

Tanto el XIII mes como la bonificación, contribuirán a afrontar los gastos escolares, ya que el año lectivo se iniciará el 13 de abril próximo.

Mientras el sector privado entregará la primera partida del XIII mes en la primera quincena de abril.

Compradores llevan a las inmobiliarias ante la ACODECO

María De Gracia
PA-DIGITAL


Muchas reclamaciones se dan por el aumentos de precios, producto del alza en los materiales de construcción.

El boom inmobiliario en Panamá ha dado como resultado diversos proyectos, crecimiento económico y buenas ventas, pero también ha dejado y sigue generando múltiples quejas de los clientes ante las autoridades contra las inmobiliarias.

Durante el 2008, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) recibió 431 quejas en contra de inmobiliarias.

De estas quejas, 402 fueron recibidas en el Departamento de Conciliación de la ACODECO, donde se tramitan las que tienen un monto mayor de 2,500 dólares, y donde primero se busca un acuerdo entre las partes, y de no ser así, se le da asesoría y una defensoría de oficio al reclamante para que se presente ante los tribunales.

Mientras, 29 reclamaciones fueron tramitadas en el Departamento de Decisión de Quejas, por tener un valor inferior a los 2,500 dólares.

Por otra parte, este año hasta enero se han registrado ante la entidad 23 quejas de este tipo, siendo la mayoría por montos que superan los 2,500 dólares.

De acuerdo con las estadísticas de la entidad, las quejas por el incumplimiento de contrato y de garantías, vicios ocultos, cobro indebido, cláusulas abusivas, abonos retenidos, veracidad en la publicidad, entre otras, son las que mayormente presentan los clientes de inmobiliarias.

Elías Elías, director encargado de ACODECO, señaló, que por cláusulas abusivas e incumplimiento de garantías ya se han ganado varios casos ante los tribunales.

Osvaldo Marchena, presidente de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de bienes raíces (ACOBIR), manifestó que las personas antes de firmar un contrato de promesa de compraventa deben leerlo completamente, a fin de evitar futuras reclamaciones.

"Si se sienten inconformes con lo que se les presenta, entonces sería preferible que, entre la amplia oferta inmobiliaria, identifiquen un proyecto que se les acomode mejor a sus necesidades y términos" dijo Marchena.

Indicó que estos contratos cuentan con la cláusula de incremento y esta se aplica según el procedimiento establecido para este fin.

Marchena dijo que a cada prospecto comprador se le solicita antes de firmar su contrato, leerlo completamente y puede pedir cualquier aclaración que necesite a este respecto.

Polémica ley de islas y costas se debate hoy

José Quintero De León
jquintero@prensa.com

Luego de una reunión realizada anoche entre representantes del Ejecutivo y los defensores de la titulación de islas y costas, la Asamblea Nacional reanudará hoy el debate sobre esta polémica legislación que fue suspendida en diciembre de 2008.

Rolando Armuelles, director del Programa Nacional de Titulación de Tierras, dijo que el Ejecutivo propone que para titular islas y costas los derechohabientes paguen 50 dólares por hectárea, siempre y cuando no sean más de 20 hectáreas. Y de ahí en adelante hasta 100 por hectárea. El proyecto inicial hablaba de seis dólares por hectárea, tal y como se cobra en tierra firme.

La diputada Teresita Yániz de Arias, quien estuvo anoche en la reunión, manifestó su preocupación de que la ley no beneficie a quien debe beneficiar, que son las personas humildes.

Armuelles dijo que se incluirá una cláusula que establezca que quien venda las tierras recién tituladas deberá pagar un 30% de la ganancia al Estado.

Los defensores de la titulación de tierras se presentarán hoy a la Asamblea para presionar a los diputados.

Vía Transístmica, en estado ‘ruinoso’


Urania cecilia molina
umolina@prensa.com

El director de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Adriano Ferrer, indicó ayer que para retomar los trabajos de reparación de la vía Transístmica –en el tramo Agua Buena-puente río Chagres– se tendrá que esperar, por lo menos, un mes más.

Los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la carretera se suspendieron en septiembre pasado, luego de que el MOP tomó la decisión de rescindir el contrato a la empresa BM3 por incumplimiento.

Ferrer explicó que la empresa había apelado ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas la decisión del MOP, y por eso los trabajos habían quedado paralizados.

Ahora, explicó el funcionario, el tribunal falló a favor de la entidad y la obra pasó a manos de la empresa que la aseguró, que tiene, según la ley, un mes para decidir si paga la fianza o prosigue con los trabajos.

Pero mientras se resuelven los temas legales, los usuarios de la carretera son los más afectados por el mal estado de la vía.

Arnulfo Sánchez, quien viaja tres veces por semana desde el distrito de Chepo hasta Villa Unida, explicó que el mal estado de la calle le provoca daños frecuentes a su vehículo. “Los amortiguadores hay que cambiarlos constantemente”, indica.

Aristides Meléndez, por su parte, asegura que la carretera está en estado “ruinoso”, y por eso los conductores optan por utilizar los hombros de la vía o el paño contrario.

Para Meléndez, el mal estado de la vía y las peripecias que deben hacer los conductores pueden llegar a provocar un accidente de tránsito en una vía que conduce hacia la segunda ciudad más importante de Panamá: Colón.

Expertos evalúan el cambio climático

marianella mejía
mmejia@prensa.com

Expertos en epidemiología y salud ambiental de 14 países de Latinoamérica estarán en Panamá hasta mañana miércoles, 18 de marzo, para tratar el tema del cambio climático y sus efectos en el medio ambiente y la salud de la población.

El evento es auspiciado por EuroSocial, organización que promueve el proceso de cohesión social en América Latina, estudiando aquellos cambios que produzcan un mayor compromiso en cada país, así como la salud y el bienestar de sus integrantes.

En el encuentro se busca analizar las consecuencias que tienen las actividades humanas en el cambio de los parámetros climáticos, que incluyen fenómenos como las precipitaciones, la nubosidad y el cambio de temperatura.

La fertilidad de los suelos y la pesca marítima también se verán afectadas, dicen los expertos, trayendo consecuencias directas en las actividades económicas de muchos países. Así lo indica un texto publicado por la Organización Mundial de la Salud sobre el cambio climático y la salud humana.

Entre los temas a discutir en este encuentro están “Justicia ambiental y participación social”, “Sistema de vigilancia-evaluación de riesgos ante los nuevos retos” y “Contaminación y cambio climático”.

Herrera retrocede; velo de donantes persiste

Leonardo Flores
lflores@prensa.com

La promesa se quedó en palabras. La lista donantes de la candidata oficialista, Balbina Herrera, se mantiene en absoluto secreto.

Los ciudadanos aún no pueden saber si fue cierto que David Murcia Guzmán, preso en Colombia bajo la acusación de estafa y lavado de dinero, donó 3 millones de dólares a su campaña.

Luego de las explosivas declaraciones de Murcia, a mediados de la semana pasada, Herrera se presentó al programa de televisión Debate Abierto, de Medcom, y con voz quebrada dijo que ayer, lunes, haría pública la lista de donantes.

El país estuvo a la expectativa, pero algo pasó en el camino. Durante todo el día La Prensa trató de saber la hora y el lugar donde la candidata daría la noticia que despejaría de una vez por todas el manto de dudas que lanzó Murcia y del cual se hizo se hizo eco su enconado adversario, Ricardo Martinelli, a quien ella ha llamado sin tapujos “el narcocandidato”.

Pero Martinelli le madrugó. Pautó anuncios en los diarios en donde ponía en duda si ella revelaría los nombres de sus donantes. Y fue más allá: la vinculó con figuras como Hugo Chávez, presidente de Venezuela; David Viteri, procesado por narcotráfico; Marc Harris, condenado en Estados Unidos por lavado de dinero y evasión fiscal, y Piedad Córdoba, senadora colombiana que el gobierno de Álvaro Uribe vinculó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Dijo que si estos personajes no aparecían como donantes, la lista no era verdadera ni completa.

La más buscada se dejó ver a eso a las 6:45 p.m. en el noticiero de TVN Canal 2. Allí entregó un sobre sellado a la presentadora Siria Miranda, en el que –dijo– estaba el listado de donantes. Minutos antes de que el noticiero concluyera, Miranda informó que Herrera había condicionado la divulgación de los nombres a que su rival, Martinelli, entregara también su lista de donantes. Después de ese acto, este diario llamó a sus voceros para conocer si la candidata se reiteraba en mantener el velo sobre la lista, pero nadie contestó.

Y es que la mayoría de los panameños quiere saber quiénes ponen el dinero para las campañas.

Una encuesta aplicada a mil 214 panameños, realizada entre el 7 y el 11 de marzo pasado, reveló que ocho de cada 10 panameños desean saber quiénes son los donantes y cuánto es su aporte.

Pero hasta ahora, más allá de las promesas o amenazas, nadie se ha atrevido a hacer pública esa información.

Piden paciencia para compra de tanque de gas


Getzalette Reyes
De prensa.com

greyes@prensa.com

El director de Hidrocarburos, Wolfram González, pidió a la población que tenga paciencia en la compra de los tanques de gas de 25 libras.

Esto, luego de que los distribuidores de las compañías Panagas y Tropigas decidieran aumentar a partir de hoy el precio de $4.37 a casi $5.90. “El Gobierno no ha aprobado ningún incremento… estamos en la parte final de una negociación que culminará dentro de las próximas 24 a 48 horas”, indicó el funcionario.

González añadió que los distribuidores deben aprobar un solo punto en el cual ambas partes aún no han llegado a un acuerdo.

Asimismo, el funcionario lamentó la decisión unilateral de los distribuidores al no tener en cuenta que afectan a los consumidores finales.

“El Gobierno nacional le provee un subsidio para mantener a 4.37 el
tanque… de no existir el mismo, hoy costaría 8.58”, detalló el director de Hidrocarburos. No obstante, reconoció que el precio tiene que ser revisado.

Desde horas de la mañana, en varios medios locales de comunicación han sido reportadas denuncias por las alzas de los tanques de gas.

Festival de diablos y congos 2009








El tradicional baile entre el bien y el mal de los diablos y congos se tomó el parque y las calles de Portobelo ayer, desde las 10:00 de la mañana. El festival, cuyo tema fue ángeles y diablos, atrajo a capitalinos, extranjeros y colonenses, quienes disfrutaron del espectáculo gratuito de más de 10 grupos provenientes de diferentesáreas de la provincia de Colón.

The African slave and his Spanish tormentor return to life to engage in spectacular ritualistic dances and songs at the biennial Festival of the Devils and the Africans. Thousands of people watch Portobelo's historic recreation of good against evil.
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The colonial Fort of San Jerónimo provides the impressive backdrop for the Festival of the Devils and the Africans and becomes packed with onlookers.

The Spanish slave driver is represented as the devil in a menacing fiery red mask, dancing to the beat of the drum. The slave's song of freedom and courage recalls those sung on the slave plantations in a mocking rebellion of the slave owner and preserved by the cimarrónes, the escaped slaves. The dances at the Festival de los Diablos y Congos also depict the tricks invented by the slaves to escape to freedom and to avoid being whipped.

The port of Portobelo in the province of Colón was discovered by Christopher Columbus in 1502. The city itself was founded in 1597 and named San Felipe de Portobelo after King Philip II of Spain.

Gobierno acelera obras


Eliana Morales Gil
emorales@prensa.com

A 77 días de que culmine su mandato, el presidente, Martín Torrijos, le ha puesto el acelerador a cuatro megaproyectos millonarios que tienen un denominador común: han estado salpicados por escándalos.

Planos ocultos, sobre costos y el descontento de algunas de las comunidades que los rodean, han sido la constante. Se trata de la autopista Madden-Colón, que acaba de recibir otros $50.9 millones, lo que la convierte en una de las más caras del mundo; la cinta costera, cuyos planos han sido el secreto mejor guardado y por la que los vecinos de Bella Vista tendrán que pagar una tasa de valorización; la segunda fase del Corredor Norte, que enfrentó a las comunidades del área con el gobierno, y el puente vehicular de la Ricardo J. Alfaro, que obligó a decenas de familias a luchar por una indemnización que ellos consideraban justa.

Tres de las cuatro obras, que en conjunto suman unos $605 millones, se entregarán en los próximos tres meses.

El ministro de Obras Públicas, Benjamín Colamarco, reafirmó ayer que la cinta costera –189.1 millones– se entregará el 15 de junio, y la autopista Panamá-Colón –$267 millones– estará el 23 de abril. Mientras que el puente vehicular de la vía Ricardo J. Alfaro será entregado entre el 30 de abril próximo y la primera semana de mayo. Las cuatro orejas de su intercambiador estarán listas el 15 de julio.

Los vecinos de la cinta costera preparan acciones para protestar en contra de la tasa de valorización que tendrán que pagar.

Obras de Torrijos, en el ojo de la tormenta

En Panamá, como en cualquier país de Latinoamérica, las historias se repiten. Una de ellas, muy conocida, es que cuando faltan pocos meses para culminar un mandato presidencial, los gobernantes le imprimen velocidad a sus proyectos insignia.

La meta: cortar la cinta antes de que llegue el día de su partida. Le pasó a la ex presidenta Mireya Moscoso con el puente Centenario, y le sucede ahora al presidente, Martín Torrijos.

En la fila de espera para las últimas inauguraciones de este período se hallan la autopista Madden-Colón, que ha estado en las primeras planas de los periódicos porque la Asamblea Nacional acaba de aprobar una partida de $50.9 millones, que eleva su costo a $267 millones; la cinta costera, por la que los residentes del área de influencia deberán pagar una tasa de valorización, y cuyos planos finales han sido el secreto mejor guardado; el paso vehicular de la Ricardo J. Alfaro, que desató la furia de unas 40 familias de Villa Cáceres, que tuvieron que abandonar el área luego de pelear por una indemnización que ellos consideraban justa. Y la segunda fase del Corredor Norte, cuya entrega no le corresponderá a este gobierno, pero que es una de las obras que ha enfrentado a las comunidades del sector con el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

LA AUTOPISTA

El tramo Madden-Colón de la autopista –que ahora costará unos $267 millones– debe ser entregado el 23 de abril próximo por la constructora Norberto Odebrecht, dijo Benjamín Colamarco, ministro del MOP.

Con razón o no, esta obra, que políticos opositores consideran una de las más caras de la historia, ha estado rodeada por la polémica desde que Torrijos anunció el inicio de los trabajos la mañana del 8 de marzo de 2007.

Su construcción comenzó con un estudio de impacto ambiental viejo, y con las críticas de la sociedad por lo costoso de la obra.

Por lo pronto, este lunes la bancada opositora de la Asamblea Nacional se pondrá de acuerdo para citar a Colamarco ante el pleno, para que explique el sobre costo de $50.9 millones. “Es preocupante, el ministro tiene mucho que explicar”, dijo el diputado panameñista Alcibiades Vásquez.

CINTA COSTERA

El proyecto de la cinta costera y nueva vialidad también avanza a marcha rápida. Será entregado el próximo 15 de junio, dijo ayer Colamarco. Esta obra que implica una inversión de $189.1 millones, ha provocado un torbellino de críticas por el secretismo con el que se ha manejado.

Aún no se sabe cuánto será el costo final de la obra, pese a que en varias ocasiones se le ha consultado al ministro Colamarco. Pero, lo que sí saben los vecinos es que por vivir en el área de influencia del proyecto tendrán que pagar una tasa de valorización.

Johnny Alvarado, abogado de los residentes del sector, dijo ayer que desde 2008 no se han vuelto a reunir con el MOP para hablar del tema. “Estamos a dos meses de que se acabe el proyecto y aún no está claro si vamos a pagar o no”, dijo.

Una fuente del MOP dijo que el tema será discutido después de las elecciones del 3 de mayo. Mientras, Priscila Cooban, una de las que se ha opuesto a la medida, asegura que se están preparando para hacer una manifestación en los próximos días en contra de lo que ellos consideran una injusticia.

EN VILLA CÁCERES

El puente vehicular que se construye en la avenida Ricardo J. Alfaro, a un costo de $37 millones, es otro proyecto que caldeó los ánimos de los vecinos y que este gobierno espera inaugurar antes de irse. De hecho, la primera fase del puente debe inaugurarse entre el 30 de abril y la primera semana de mayo, y las orejas (áreas de ingreso y salida de la estructura), en julio. Por este proyecto, unas 40 familias de la zona tuvieron que dejar sus casas, no sin antes pintarse de guerra y luchar para que el gobierno les diera una “indemnización justa”, que fue pactada en 8 millones de dólares.

EL COSTO DE OTRAS OBRAS

$112

Millones es el costo de la ampliación del Corredor Norte.

$100

Millones cuesta la rehabilitación de la Transístmica.

$34

Millones es el costo de la carretera Panamá-Darién.

*Desde 2005 hasta 2008 el Gobierno ha invertido mil 35 millones de dólares en proyectos de infraestructura, según el MOP.

Otra prórroga para taxis amarillos

Otra prórroga para taxis amarillos

Shelmar Vásquez Sween
svasquez@prensa.com

El subdirector de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Miguel Martínez, confirmó que se evalúa conceder a los taxistas un plazo de cinco meses más para que se ajusten a la ley que los obliga a pintar de amarillo sus vehículos.

Por esto, dijo, la entidad se abstendrá de imponer multas por esta falta hasta definir la nueva prórroga.

El secretario de la Unión Nacional de Bases Taxistas y Transportistas de Panamá, Marcos González, recalcó que cinco meses es muy poco tiempo para pintar los 17 mil carros que faltan. Esto, pese a que el primer plazo vencía en octubre de 2007. Otro grupo de taxistas asegura que, sin importar el plazo, no cumplirá la ley.

Plazos otorgados

OCTUBRE 2007. Primera fecha tope para pintar todos los taxis de amarillo. Fue prorrogada.

JUNIO 2008. Se establece la segunda prórroga.

MARZO 2009. Se fijará otro plazo para el cambio.

ATTT cede ante gremios taxistas

De acuerdo con la Resolución No AL-152 del 20 de junio de 2006, todos los taxis que circulan por las calles de Panamá debieron estar pintados de amarillo desde octubre de 2007. Pero la aplicación de esta norma será postergada por el Gobierno por tercera vez.

El subdirector de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Miguel Martínez, confirmó que no pondrán infracciones porque se evalúa una nueva fecha de prórroga.

“El lunes o martes debemos emitir un pronunciamiento para que esta medida no choque con la norma existente”, dijo el funcionario.

El secretario general de la Unión Nacional de Bases Taxistas y Transportistas de Panamá (Unbattp), Marcos González, sustentó que el plazo debe ser de un año, porque aún hay muchos conductores que no tienen los cupos o las placas en regla. Según él, la ATTT tiene grandes retrasos en estos trámites.

En cuanto a los cupos, dijo que solo en su gremio hay 119 casos de transportistas que tienen cupo, pero su placa no aparece.

“Hemos denunciado que hay funcionarios que venden las placas a taxistas que ya perdieron su cupo”, señaló.

También, dijo González, está el tema de la inversión de más de 800 dólares que acarrea pintar el carro, cambiar el registro vehicular –por el cambio de color– y el seguro. “Hay unos 4 mil conductores que compraron carro nuevo y sus aseguradoras no quieren que se pinte, porque se devalúa el vehículo”, argumentó.

El secretario de acta de Radio Taxis San Cristóbal, Jacinto Ubillus, asegura que hay grupos de taxis que simplemente no se acogerán a la norma porque no la consideran necesaria. “El taxista debe tener su número de circulación por todas partes y su identificación como conductor, visible”.

Ubillus dice que el gasto que hace en mantenimiento, gasolina y piezas es suficiente para su bolsillo. “Entre 1994 y 1999 se pidió que los taxis fueran rojos, ahora amarillos... después pedirán que sean azul, y nosotros gastando”, sentenció.

Los ‘vacíos’ del caso Murcia

Las declaraciones hechas la semana pasada por David Murcia Guzmán, así como las explicaciones dadas por los políticos señalados por el colombiano, dejan una serie de vacíos y contradicciones en las versiones de cada protagonista. Un análisis de ‘La Prensa’ presenta al público algunas inconsistencias en lo dicho por Murcia y en el actuar de los panameños.

Las contradicciones del ‘affaire’ Murcia

SANTIAGO FASCETTO
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

sfascetto@prensa.com

Las declaraciones de David Murcia Guzmán desde la cárcel La Picota, al sur de Bogotá (Colombia), cayeron como una bomba en Panamá. Y, varios días después, todavía se recogen las esquirlas de su confesión: que “invirtió” 6 millones de dólares en las campañas políticas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) que serían repartidos –dijo a La Prensa– en partes iguales para los dos principales candidatos: Balbina Herrera (Presidencia) y Roberto Bobby Velásquez (Alcaldía capitalina).

Las palabras de Murcia no hicieron más que confirmar lo que adelantó, misterioso, dos semanas antes en una entrevista con el canal de televisión TVN: que desde la campaña de Herrera y Velásquez le “tocaron la puerta” para pedirle dinero.

Pero lo que siguió abre algunos interrogantes de su versión de lo ocurrido, que Murcia –procesado en Panamá por supuesto blanqueo de capitales provenientes de la captación ilegal de dinero y del narcotráfico– deberá aclarar el día que el Ministerio Público se lo pregunte.

El fundador de DMG ha querido manejarse con ambigüedad sobre detalles clave: ¿Quién entregó físicamente el dinero que supuestamente repartió? ¿Qué día y en qué lugar? ¿En maletín o en bolsos? ¿Por partes o todo junto?

Estas respuestas quedaron, por voluntad del fundador de DMG, en las sombras, a pesar de la insistencia de este diario por mayor precisión.

Murcia sí dejó algunas pistas para reconstruir el rompecabezas: que la primera reunión con Bobby Velásquez y su padre fue en su apartamento de las Torres Miramar, en junio de 2008. Que el empresario Ernesto Chong Coronado ofició de enlace y que, luego de esa primera reunión, hubo al menos otro encuentro con el candidato a alcalde capitalino del PRD y con su padre en el hotel Sheraton, donde alquilaba la suite presidencial.

Del otro lado del mostrador ratifican, a medias, esas palabras: Bobby Velásquez reconoció que subió junto con su padre al apartamento de Murcia y que –entre jugos y café– se coló en la conversación el tema de la financiación de las campañas políticas en Panamá. “Me preguntó cuánto cuestan las diferentes campañas”, reconoció Velásquez durante una entrevista a W Radio el viernes pasado.

A pesar de que se tocó el tema “financiación”, Velásquez insistió en que no recibió dinero.

Murcia dijo que sí. Dijo: 3 millones de dólares para Bobby y 3 millones de dólares para Balbina.

Sin embargo, de lo recogido hasta ahora, la campaña de Herrera parece estar mucho menos comprometida que la del candidato alcaldicio por el oficialismo. Un solo contacto con uno de sus recaudadores, Budy Attie, breve y sin aceptación de fondos, ha sido confirmado.

Y entonces la pregunta: ¿Murcia entregó el dinero? ¿Fue en la suite presidencial del hotel Sheraton? ¿Pasó de la campaña de Velásquez a la de Herrera?

El fundador de DMG dijo a este diario que “las entregas” de dinero “se hicieron a través de Chong” porque –explicó– “él manejaba la parte económica” del grupo empresarial.

Chong Coronado, director de la empresa PMC Group y procesado también por el Ministerio Público por supuesto blanqueo de capital, negó haber pagado ese dinero al PRD. Como también negó –”falso”, dijo– cualquier vinculación con Murcia más allá del servicio de asesoría que le brindaba su empresa.

¿Tiene Murcia alguna prueba que avale sus palabras? ¿Algún recibo? ¿Existen testigos del pago?

Murcia señaló que el acuerdo con los políticos del PRD se cerró “de palabra” porque –aclaró– “así se manejan esas cosas”. En otras palabras: no aparecerá nunca un recibo o papel vinculado con el pago de los 6 millones de dólares.

Los que sí pueden aparecer son testigos. Si los hubo, claro.

Aparte del dinero, Murcia afirmó que colaboró con la campaña de Bobby Velásquez en dos campos que domina: imagen y marketing político.

Entre otras cosas, detalló que para apoyar sus aspiraciones e imponer su candidatura en la calle se mandaron a confeccionar a China, camisetas, gorros y útiles escolares.

Todo por cuenta y orden de DMG. ¿Habrá algún recibo de esa compra?

“Cuando son altas inversiones en política se maneja a través de terceros, precisamente para evitar fotos, videos y grabaciones Eso siempre se maneja así: tanto el empresario acepta esa condición como el político”. Así respondió Murcia y dejó de nuevo, en el centro, a Chong Coronado, su antiguo “tesorero”, según lo definió. Este último admitió en la indagatoria que le tomó la Fiscalía Primera de Drogas que conocía a Roberto Velásquez padre, aunque negó haber sido el “valijero”.

De cualquier forma, las palabras de Murcia no hacen más que desnudar la falta de transparencia en la financiación de las campañas políticas locales: porque si bien Murcia no tiene documentos que prueben el pago, tampoco el sistema político –ni los partidos– tiene forma de demostrarle a la gente y a las autoridades que el colombiano no “invirtió” en política.

La procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, dijo que no se puede descartar la declaración pública de Murcia. El primer paso que deberá dar el Ministerio Público será en dirección a La Picota: el dueño de DMG deberá ratificar lo que dijo a los medios de comunicación bajo juramento y ante una autoridad judicial. “Tenemos que darle fuerza procesal a esos señalamientos”, dijo Gómez.

Solo una investigación profunda del Ministerio Publico, con el aval del Tribunal Electoral, tendría manera de ingresar a la red bancaria de candidatos y empresarios para seguir el rastro que dejan los movimientos bancarios. Hasta la fecha, no hay evidencias de que una investigación de esta naturaleza, que involucre los fondos de las campañas políticas, se haya iniciado o se vaya a iniciar.

¿Es válida la declaración de Murcia? ¿Es importante lo que tenga que denunciar una persona presa en Colombia? El dueño de DMG, antes de estar tras unos barrotes en La Picota, era un empresario aparentemente exitoso que durante tres años realizó negocios en el istmo. El mismo Bobby Velásquez lo resaltó al justificarse: dijo que al momento de visitar su apartamento, Murcia tenía “vínculos sociales y de negocios con muchísima gente”. En Panamá, Murcia compró carros, alquiló y adquirió propiedades, y montó varios locales comerciales.

Su situación migratoria, por otra parte, resulta irregular: ingresaba al país en calidad de turista mientras manejaba un emporio comercial, y cada vez que necesitaba renovar el permiso salía y volvía a ingresar.

En el caso de que Murcia insista con su versión, Bobby Velásquez podría quedarse sin fueros electorales y ser objeto de una investigación penal. Igual suerte podría correr su padre, un viejo dirigente del PRD. “El que recibe dinero proveniente de captación ilegal de dinero o narcotráfico, puede ser procesado por lavado de capitales”, explicó un fiscal a este diario.

El affaire Murcia, lejos de terminar, apenas está dando sus primeros pasos.


Balbina: Martinelli y los ‘narcoempresarios’


PRESIDENCIA. Balbina Herrera busca mantener al PRD en el poder. LA PRENSA/Archivo

La candidata a la Presidencia por el oficialismo, Balbina Herrera, echó mano al viejo artilugio que reza “la mejor defensa es el ataque” para contrarrestar la revelación de David Murcia Guzmán, quien dijo que le entregó 3 millones de dólares para financiar su campaña política.

La estrategia de Herrera fue de manual: en vez de dedicarse a rechazar las acusaciones, se concentró en atacar a su principal competidor, Ricardo Martinelli. Y lo hizo el mismo día en que se daban a conocer los señalamientos de Murcia.

La ex ministra de Vivienda acusó al postulante de Cambio Democrático (CD) de ser un “narcocandidato” porque el Súper 99 fue proveedor de Comercializadora Virtual S.A., la empresa de Murcia en Panamá.

“Este país ha sido tomado por el narcotráfico”, gritó en los medios, un día después de que Murcia revelara que aportó dólares a su campaña presidencial.

Herrera pidió a la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, que investigue al empresario a raíz del acuerdo comercial de la empresa de Murcia con el Súper 99. Sin embargo, ese pacto no era diferente a los otros 134 acuerdos comerciales que tenía el colombiano con diferentes empresas del país.

Este diario accedió al documento que le presentó Herrera a la Procuradora. Y, según reconocidos juristas, la denuncia que aportó al Ministerio Público dista mucho de lo que dijo: Herrera acusó a Martinelli de ser un “narcocandidato” y, lo más importante, dijo que tenía “pruebas” que involucran al candidato de CD en el supuesto delito de lavado de activos.

El escrito presentado por la candidata presidencial del PRD, de escasas cuatro páginas y unos anexos de “prueba”, no es una denuncia contra Martinelli ni tampoco una querella. Se pide que se incluya dentro de las investigaciones que se le siguen a Murcia una serie de ambiguas aseveraciones genéricas.

¿Cuáles son esas “pruebas”? Herrera dice en su denuncia que el Súper 99 era proveedor de Murcia dentro de una “vasta red de comercios”. Según el razonamiento de Herrera –explicó un jurista– esa “vasta red” debería entonces, siguiendo su lógica, incluir además a 17 bancos, todos los comerciantes que aceptaban los bonos de Murcia para vender, y una cadena de proveedores, tales como las empresas distribuidoras de energía eléctrica, de telefonía, el Idaan y hasta la empresa que le vendió los muebles, por ejemplo.

¿Se puede tildar de narco y lavador de dinero a un empresario, solo porque la cadena de supermercados de su propiedad vendió certificados de compra para ser gastados por los clientes afiliados con Murcia? La respuesta la deberá dar el Ministerio Público.

Hay otro punto: en la denuncia se afirma que Alma Cortés es abogada de Ernesto Chong Coronado –tesorero de DMG, según Murcia– y que además ocupa el cargo de vicepresidenta de CD. Y nada más.


Murcia afirma, el Gobierno niega: la polémica por el SPI


Ministro. Mezquita defendió al Ejecutivo. LA PRENSA/Archivo

“Escoltas del Gobierno me acompañaron el último mes que estuve en Panamá. Ellos me dieron protección”. David Murcia se refería, así, a los supuestos agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI) que le cuidaron las espaldas hasta el 19 de noviembre pasado, día en que fue detenido en el área de Capira.

Sus declaraciones a este diario, el miércoles pasado, llegaron hasta el riñón del Palacio de las Garzas, que no tardó en contestar. “La única participación que ha tenido un estamento de seguridad del Estado panameño con Murcia, fue durante su arresto y conducción al Aeropuerto Internacional de Tocumen para su pronta extradición a Colombia”, dijo el jueves pasado el ministro de la Presidencia, Rafael Mezquita.

¿Es posible que Murcia haya tenido a su lado agentes del SPI? El Gobierno dijo que, al momento de su detención, a Murcia lo acompañaba Alfonso Mosley Martínez, un ex agente del SPI que fue dado de baja en 1995. Lo que no se aclaró fue quiénes eran los otros escoltas que estaban allí.

Murcia declaró, por otro lado, que mantenía contacto directo con el Ejecutivo. La idea –contó– era que el Gobierno lo mantuviera informado si llegaba –vía Interpol– desde Colombia la orden de captura.

Hay un antecedente, en este caso, que podría inclinar la balanza: el 10 de noviembre pasado, Murcia compartió una mesa en el restaurante Los Camisones –en la zona de playas– con Rafael Mezquita y el viejo dirigente del PRD Pedro Pereira. “Había muchos papeles sobre la mesa”, contó un testigo directo de ese encuentro.


Las medias verdades de Bobby: que sí, que no...


ALCALDÍA. Roberto ‘Bobby’ Velásquez aspira a manejar el distrito capital. LA PRENSA/Archivo

Sus propias palabras lo arrastraron al ojo de la tormenta. Roberto Bobby Velásquez primero negó cualquier vínculo con David Murcia Guzmán y luego, ante la amenaza de que salga a la luz un video, reconoció que conocía al fundador de DMG.

Incluso, dijo que lo visitó junto con su padre en el apartamento que rentaba Murcia en las Torres Miramar. Primero no, después sí.

El candidato a alcalde capitalino del Partido Revolucionario Democrático (PRD) le atribuyó el desliz de primero negar y luego admitir que conocía a Murcia a la presión y a su poca experiencia política. “No encontré ninguna grabación donde decía que yo no lo conocía”, dijo además Velásquez, durante una entrevista con W Radio el viernes pasado.

En otras palabras: nadie le preguntó si lo conocía y por tanto él omitió aportar ese “detalle”. “Siento no haber mentido, pero si en algún momento por el estrés de la tensión di a entender algo que no era, no fue mi intención”, aclaró después.

Según Murcia, el aporte de 6 millones de dólares al PRD lo cerró con Bobby Velásquez y su padre.

“No recibí ni un solo centavo, ni mi padre ni nadie de mi campaña, de este señor”, replicó el ex director del Sinaproc.

Velásquez dijo que un empresario panameño –que no identificó– le presentó al dueño de DMG. “Me llevan a conocerlo en su apartamento, él me habló de todo lo que ha hecho, de su proyecto. Me habló de dos canales de televisión, de su experiencia como publicista”, relató.

En otro tramo de la entrevista contó que, en cierto momento de la charla, Murcia lo interrogó sobre el tema de la financiación de su campaña.

“Me preguntó cuánto cuestan las diferentes campañas”, narró y después agregó: “Me dijo que cómo se podían hacer aportes a las campañas y yo le planteé las diferentes alternativas que nosotros utilizamos”.

Bobby Velásquez, sin embargo, insistió en que no recibió ni un centavo de DMG. A los Velásquez no parece haberles llamado la atención el evidente estilo de vida del inversionista colombiano con el que se reunieron.

“Las idas y vueltas de Velásquez dejan un mal sabor en la boca”, opinó un miembro de la cúpula del PRD.

En el partido hay una pregunta que se repite: no es posible que Bobby Velásquez y su padre hayan negociado aportes de dinero en nombre de Herrera, justo en una época –mediados de 2008– en que las dos campañas se miraban de reojo. En el PRD se preguntan: ¿Realmente los Velásquez tenían la autorización de Herrera?

Bobby Velásquez siempre estuvo más cerca de Juan Carlos Navarro que de Balbina”, explican. Todo cambió, claro, tras la derrota de Navarro en las internas del PRD en septiembre pasado. Para esa época, según los protagonistas del escándalo, ya Murcia había cerrado su acuerdo de “inversión” y los millones de DMG –según él– empezaron a fluir.


¿Cómo se gestionó la entrevista con Murcia?


BOGOTÁ. Con ‘La Prensa’, el martes pasado. LA PRENSA/Archivo

Hace casi un mes, en plenos carnavales, este diario viajó a Bogotá (Colombia) para entrevistar a David Murcia Guzmán. Aquella entrevista no prosperó. Al llegar a la cárcel La Picota, la falta de un documento que debía entregar Murcia a las autoridades de la prisión hizo que el encuentro se cancelara.

Sin embargo, de vuelta en Panamá se continuó con las gestiones formales ante las autoridades penitenciarias colombianas para lograr conseguir las declaraciones del dueño de DMG.

El último 2 de marzo se pidió, a través del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC), autorización para entrevistarlo.

Dos días después, Murcia autorizó la entrevista y solo faltó que el juez coordinador de servicios judiciales aprobara el ingreso a La Picota.

Ese visto bueno estuvo listo el pasado 6 de marzo. Entonces, este diario volvió a Bogotá. Una vez allí, la oficina de prensa del INPEC informó que la entrevista sería el martes pasado a las 11:00 a.m. en las oficinas de la dirección de la prisión.

También, la misma oficina adelantó que otros dos medios de comunicación de Panamá tenían cita con Murcia el mismo día, aunque todas las gestiones fueron hechas en forma individual por cada medio de comunicación.

Y así fue: al canal de televisión TVN le tocó entrevistar a Murcia de 9:00 a 10:00 a.m. A La Estrella le correspondió la hora siguiente, y este diario tenía turno de 11:00 a.m. a 12:00 de mediodía. Cada entrevista fue individual y estuvo presente un funcionario del INPEC.