Wednesday, July 9, 2008

Anulan fallo y llaman a juicio a Charro Espino

José Otero
jotero@prensa.com

El Segundo Tribunal de Justicia revocó el sobreseimiento provisional que dictó el Juzgado Segundo de Circuito penal de La Chorrera en favor de Rodolfo Charro Espino, tío del presidente, Martín Torrijos, y ordenó que se le abra causa criminal por delito ecológico.

El fallo de segunda instancia consideró que Espino había causado un daño ecológico irreversible a una zona costera ubicada en Punta Chame, al deforestarla para construir un proyecto turístico.

El dictamen del Segundo Tribunal contradice los puntos en los que se basó el fallo del juez segundo penal de La Chorrera, Ricardo Massa, para liberar de cargos a Espino.

El despacho del juez Massa es auditado y fue cerrado la semana pasada por orden del presidente de la Corte Suprema, Harley Mitchell.

Tribunal rebate fallo de juez Ricardo Massa


El juez segundo de circuito penal de La Chorrera, Ricardo Massa, cuyo despacho es auditado actualmente por supuestas irregularidades en la tramitación de casos, consideró que Rodolfo Charro Espino no había incurrido en ningún delito ecológico al deforestar 22 de hectáreas de terrenos costeros en Punta Chame.

El fallo del juez Massa, emitido el 15 de abril pasado, se fundamentó en cuatro elementos: La investigación no comprobó que se causó un daño irreversible a la zona deforestada; además que hubo inexistencia de documentación que indicara, con claridad, el área talada, y que esta, a su vez, no estaba considerada como un área protegida.

El juez Massa también incluyó en sus conclusiones para dictar un sobreseimiento provisional que el acusado había reforestado y recuperado el área afectada y, por último, que Espino ya había sido objeto de una sanción administrativa por parte de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá por este caso, por lo que no era procedente entrar a deslindar responsabilidades civiles dentro de este proceso.

Sin embargo, el Segundo Tribunal de Justicia, al entrar a considerar una apelación presentada por el Ministerio Público sobre este fallo, desechó todos estos argumentos vertidos por el juez Massa.

El fallo de segunda instancia sostiene que al menos tres peritos consultados en esta investigación coinciden en que se causó un daño irreversible a dicha zona.

Además, el Segundo Tribunal considera que, “a pesar de no ser el área afectada una zona protegida por disposición legal, esta situación no es relevante para deslindar las responsabilidades penales”.

El dictamen, que tiene como ponente al magistrado Wilfredo Sáenz, indicó que en la investigación se logró determinar con exactitud el globo de terreno que fue afectado.

Además, que la sanción administrativa que se aplicó en este caso a Espino es independiente de la responsabilidad civil y penal que pueda derivar de este proceso, y que el acusado solo reforestó 1.79 hectárea de las 22.37 que quemó.

El despacho de Massa es auditado desde la semana pasada por orden del presidente de la Corte, Harley Mitchell.

Imponente templo mormón


El templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue inaugurado ayer. La edificación, cuya construcción costó más de 13 millones de dólares y fue diseñada por Mallol & Mallol, se une a los cientos de su tipo en el mundo.

Solo estará abierta al público entre el 11 y el 26 de julio de este año, en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., los lunes; y hasta las 8:00 p.m., de martes a sábado.

Los mormones afirman que en la actualidad tienen en Panamá más de 40 mil miembros que se congregan en 69 centros de reuniones.

Para mantener el balance constitucional

Rubén Darío Paredes
opinion@prensa.com

Nuestros gobernantes y los políticos que se alternan en la dirección del Estado deberían terminar de robustecer nuestra democracia, al aceptar que nosotros –el pueblo soberano– los ubicamos en la Presidencia de la República tras el resultado del torneo electoral, cada quinquenio. Eso para que administren como si fueran los miembros escogidos para integrar la “junta directiva” de una gran corporación empresarial, en este caso el Estado panameño.

Bajo el concepto de administración democrática, esta junta directiva y su presidente, el Presidente de la República, deberían corregir la tendencia histórica de considerarnos y situarnos como si fuéramos sus súbditos, ciudadanos de segunda clase o sus rehenes, sin derecho a emitir opiniones, críticas y sugerencias públicas cuando estas van en la dirección contraria a los planes y deseos del Presidente.

Pasadas las elecciones y juramentados en la sede del palacio Presidencial se transforman en rabiosos autoritarios, prepotentes que dan la impresión de que nos hacen un favor o que constituye un sacrificio el trabajo de gobernar el país. Transmiten la sensación de que los recursos económicos que se requieren para estructurar el presupuesto nacional salen de sus bolsillos, ahorros o cuentas bancarias personales. De manera incomprensible, les irrita y se ofenden ante cualquier línea de pensamiento contraria y diferente a la del Gobierno; hasta corremos el riesgo de que nos ubiquen como opositores y adversarios políticos del partido que hace mayoría en dicha junta directiva, o sea el Gobierno nacional.

Al apreciado Presidente y amigo, y al compañero de armas, hoy ministro de Gobierno y Justicia, les recuerdo que he demostrado celos y legítima preocupación por el balance constitucional desde 1983, cuando junto al “Estado Mayor” y a los gobernantes civiles de turno, convocamos al pueblo a un referéndum y se democratizó nuestra Carta Magna. Todo lo anterior para sugerir al presidente Martín Torrijos, que no era necesario romper con el balance constitucional a través de los poderes extraordinarios, misterios, secretismos y despliegue de prepotencia, para alcanzar un sistema de seguridad nacional.

El Sr. Presidente debe ser consciente que el país es de los 3 millones de panameños y no solo de 12 funcionarios –aunque bien intencionados– con formación y vocación militarista en el campo de excesivo control y seguridad, ellos encajarían en un país totalitario que no aceptamos los panameños de ninguna forma. Todo lo anterior, con la excusa trillada de combatir el narcotráfico que pasa y entra a Panamá, cuando la fórmula y maniobras para resolver este flagelo existen, pero se nos diluye entre las manos.

No se observa, distinguido compatriota hijo de Omar, en su entorno a constitucionalistas como el Dr. Jorge Fábrega P., Dr. Carlos Bolívar Pedreschi, Dra. Aura Guerra de Villalaz; Dr. Edgardo Molino Mola, Dr. Arturo Hoyos y otros tan prestigiosos. Le sugiero tomar esa dirección. En mi caso, no solo recurrí a ellos en momentos que necesitaba luces constitucionales, cosa que me enseñó su padre Omar cuando me solicitó le acompañara a una visita con juristas, donde pude conocer a constitucionalistas de gran renombre entonces, como el Dr. Jorge Isaac Fábrega, Dr. Julio Linares, Dr. Dulio Arroyo, Dr. Jorge Illueca, Dr. Carlos Alfredo López Guevara, Dr. César A. Quintero, Dr. Mario Galindo, Dr. Rómulo Escobar Bethancourt y nada más.

En otro orden de cosas, se ha creado una situación disociante y estéril –tal como ocurrió con la Ampliación del Canal, cuando los norteamericanos fueron los primeros en conocer los detalles de la ampliación–. Nuestra junta directiva y el propio administrador viajaron a Washington para rendir cuentas, antes de participar a los dueños del Canal, es decir al pueblo panameño. Al menos, otros ciudadanos y yo nos enteramos gracias al Discovery Chanel.

¿Qué razón justifica que nuestro ministro de Gobierno tenga que ir a Washington a explicar el paquete de leyes en manos del Sr. Presidente. Son nuestros planes de seguridad, Sr. Presidente… ¿por qué no vienen ellos, si les interesa tanto el famoso plan Mérida?

Se comprende la importancia de mantener enlaces de inteligencia y hasta operaciones conjuntas contra el crimen internacional, no solo con EU, sino con todos los países del hemisferio. Vista las cosas desde la otra vertiente, ¿por qué los panameños tenemos que desestabilizar nuestro equilibrio de fuerzas que exige la Constitución en su Art. 310, para organizar un “híbrido” inoperante del Servicio Aeronaval? ¿Por qué los norteamericanos nos donarán dadivosos millones y unos cuantos barcos viejos? ¿Cómo se piensa sacrificar el Servicio Aéreo Nacional, cuando el país y sus futuras generaciones tienen por delante el compromiso de desarrollar toda la vertiente del Atlántico en los próximos 50 años, o sea el 66% del país todavía virgen? ¿Cómo piensa desproteger nuestro espacio aéreo y soberano, más el cielo del Canal de Panamá, amenazado por el terrorismo internacional? ¿Dónde está su laboratorio de cerebros apreciado Presidente? ...y por último Sr. Presidente, ¿por qué concentrar ese descomunal poder y control nacional bajo Gobierno y Justicia, cuando podríamos reestructurar el “Ministerio de Seguridad Pública”, separado de Gobierno y Justicia.

Además, en este tema se necesita el aporte de mucha materia gris de derecho constitucional no se trata solo de seguridad pública e inteligencia, más bien es un tema constitucional y de alta trascendencia en la vida de los panameños y para siempre. Ocurra lo que vaya a ocurrir, distinguido Sr. Presidente, sobre todo en el futuro infinito de la República cuando ya usted no esté en el poder… ¡La Patria sabrá a quienes pasar las facturas!

¿Qué dice a esto la honorable Corte Suprema de Justicia sobre el Art. 310? ¿Qué dice el Colegio Nacional de Abogados? ¿Qué dice el Consejo de Rectores de las Universidades? ¿Qué dicen los aspirantes a la Presidencia de la República sobre esta flagrante violación constitucional?

El autor fue comandante de la Guardia Nacional

El terrorismo en Panamá

Ricardo Gutiérrez
opinion@prensa.com

Recientemente fue motivo de alegría la liberación de los rehenes que estuvieron en cautiverio por las FARC. Indescriptible la felicidad de quien pierde la libertad, la esperanza y la recupera. Da gusto ver cómo un país entero une sus esfuerzos para lograr erradicar un mal que ha cobrado la vida de miles de personas, ha destruido familias y le ha puesto un freno al desarrollo.

En Panamá algunos “terrogobernantes”, “terropolíticos” y “paraciviles” se han adueñado de nuestro país desde hace mucho tiempo. Se han registrado miles de víctimas, algunas fueron envenenadas mientras se le ofrecía salud, otras quemadas mientras viajaban en un autobús, otras han sido encerradas en prisiones esperando una justicia que es lenta y no llega y a cientos de miles más se les ha secuestrado la esperanza, el derecho a un trabajo digno, a la alimentación, a la salud y a la educación.

Esta nueva forma de terrorismo de “manos limpias”, rara vez tiene contacto con la sangre, y la mayoría de los ejecutores ni siquiera ve la cara de sus víctimas.

A diferencia de los terroristas convencionales, estos no solo no son perseguidos, sino que tampoco pesan sobre sus cabezas jugosas recompensas. Han patentado un ingenioso sistema de inmunidad en donde la justicia es incapaz de alcanzarlos, porque está diseñada para que la única manera en que puedan recibir castigo es que cometan algún acto suicida por el que se les juzgue y condene entre ellos.

Nuestros terroristas usan como principal arma de guerra la corrupción, el tráfico de influencias, la incapacidad, succionando el futuro y la esperanza de miles de panameños que nos preguntamos ¿hasta cuándo? Financiados por nuestros impuestos, han socavado nuestras más sólidas bases morales y éticas, dando un mal ejemplo a nuestra juventud, reclutando adeptos que han abandonado la creencia de que el esfuerzo, la preparación y perseverancia son los caminos que conducen al éxito, con el apoyo en valores familiares, éticos y morales.

Están ante nuestros ojos, robando nuestro futuro, nuestras esperanzas. Mientras tanto, los “paraciviles”, están convencidos de que la única manera de sobrevivir y progresar es pagar a los “terrogobernantes” y “terropolíticos” cuantiosas sumas de rescate para acceder a derechos que, por ley, les corresponden; sin saber que una vez que realizan el primer pago quedan automáticamente matriculados de por vida.

Siento que quejarse no resuelve los problemas, quizás reconocer los problemas sea el primer paso. No todo está perdido, hay funcionarios, políticos y ciudadanos con genuinos intereses de construir una patria mejor. Dios quiera que estas buenas intenciones logren sobrevivir y materializarse por encima de los mezquinos intereses de quienes tienen por bandera el oportunismo y juega vivo.

El autor es ingeniero y administrador de empresas

El cambio social desde adentro

Luis Calvo Rodríguez
opinion@prensa.com

Cuando hablamos de cambio social, nos referimos a la alteración, transformación o variación de lascondiciones políticas, económicas y culturales, de un determinado segmento social. Esta variación del statu quo, puede implicar cambios de tipo retrógrado (profundización del sistema dominante) o de tipo progresista (superación del sistema dominante).

Partiendo de estas ideas, el cambio social progresista, está políticamente ubicado en la izquierda y toda práctica política de izquierda que se considere consecuente, lleva inherente una ruptura con el capitalismo. Los métodos para lograr el cambio social progresista, deben tomar en cuenta ciertos elementos. Primero, partimos del hecho concreto, cierto e innegable, de que vivimos en una sociedad de clases, sociedad dividida entre ricos y pobres, entre los que son dueños de los medios de producción y los que sobreviven con la venta de su fuerza de trabajo. Este control de las riquezas por una minoría frente a la marginación económica de las mayorías, es un primer elemento que sostiene el statu quo.

Segundo, el Estado no es un aparato neutral, históricamente ha representado un instrumento de defensa de los intereses de la clase económicamente dominante. Las leyes, la educación, las fuerzas armadas o policiales y demás instrumentos oficiales, velan por la conservación y reproducción del sistema social dominante.

Y tercero, pero no menos importante, el control que ejercen las clases dominantes sobre los medios de comunicación social, nervio motor de control ideológico, utilizado para hacer creer al pueblo que vive en el mejor de los mundos posibles y para satanizar a sus enemigos.

Enfrentar el reto del cambio social progresista, conlleva el enfrentamiento a esta enorme estructura social, al servicio de la defensa de las clases dominantes y su sistema de privilegios. Es por ello, que las transformaciones sociales no las hacen los individuos, ni las grandes personalidades, las transformaciones sociales las hacen los pueblos.

Por más ideas y fortalezas que demuestre un individuo, solo, no podrá enfrentar y menos transformar las estructuras que sostienen y reproducen el sistema dominante. En una sociedad dividida en clases como la nuestra, el cambio social pasa por el trabajo colectivo y la organización de los marginados y empobrecidos por el sistema, enfrentando la explotación, no colaborando con ella, buscando superar el statu quo y no incorporándose a él, para supuestamente, “derrotarlo desde dentro”, táctica que finalmente termina en una vulgar absorción.

En las condiciones actuales de nuestro país, con un Estado defensor a ultranza del capitalismo, con unos partidos politiqueros que se hacen eco unánime de la demagogia electoralista, con unas leyes electorales hechas a la medida del marketing, plantearse el método de los cambios desde adentro, no es más que hacerle el juego al sistema dominante, explotador, opresor e injusto en el que vivimos.

Pueden considerarse planteamientos de derecha con cuero de izquierda, el reformismo burgués o el populismo demagógico, que no son más que posiciones oportunistas, que ofrecen una salida de escape, que liberan presión de las periódicas crisis del capitalismo.

Los defensores de estos postulados, como los teóricos del cambio desde adentro, niegan el carácter preponderante de la economía sobre el resto de las relaciones sociales, buscan la fiebre en la manta, encontrando curas milagrosas en medidas decorativas, que no van a la raíz de los problemas sociales.

El cambio social progresista, no está en las instituciones e instrumentos de la burguesía, sino en la construcción del poder popular, con un profundo sentido clasista. Creer lo contrario, es caer en la ingenua esperanza de que los instrumentos de defensa de los privilegios y las exclusiones será el mismo que dará libertad, felicidad y justicia a los pueblos que oprime.

El autor es estudiante graduando de derecho