CARLOS ALBERTO VARGAS
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El ministro de la Presidencia, Demetrio Jimmy Papadimitriu, cuestionó la convocatoria que hicieron miembros de la antigua Cruzada Civilista y de la sociedad civil, el pasado miércoles en la plaza Porras.
Papadimitriu dijo que le extrañó ver a Balbina Herrera, ex candidata presidencial del PRD, en el acto cívico que fue convocado para protestar por la intención del presidente, Ricardo Martinelli, de “concentrar” los poderes del Estado.
“Lo que yo vi ayer fue a Balbina Herrera, que no sé qué tan civilista sea, cuando ella dijo: ‘civilista visto, civilista muerto”, indicó.
También hizo referencia a que la participación había sido escasa.
Los señalamientos del ministro fueron refutados por Aurelio Barría, uno de los fundadores de la Cruzada Civilista.
“Le podemos recordar que en 1987, cuando se inició el movimiento civilista, dijeron que eran cuatro gatos... que luego se multiplicaron”, replicó.
“Cometen el error de medirlo todo en función de encuestas y votos, cuando en el fondo hay una enorme mayoría silente, que no habla por temor a represalias”, agregó.
De hecho, ayer, en el programa radial que conduce el presidente del opositor Partido Popular, Milton Henríquez, uno de los panelistas invitados, el mayor José Hilario Trujillo, asesor de Seguridad en el Ministerio de Gobierno y Justicia, dijo que ya tenían “fichados” a los asistentes a la manifestación en la plaza Porras.
“Después quiso decir que era una mala broma… Bromas de esas son las mismas que contaba Noriega para atemorizar a la gente”, dijo Barría.
Las palabras de Papadimitriu tampoco fueron bien recibidas en la Alianza Ciudadana pro Justicia, que ayer tenía una reunión para analizar “la crisis institucional y democrática” por la que atraviesa el país, “exacerbada” con la designación de Giuseppe Bonissi como “procurador suplente”, por parte del Ejecutivo.
“Es absurdo debilitar la participación ciudadana, porque no se está de acuerdo con un punto de vista del Gobierno”, expresó Yakarta Ríos, representante de la Asociación Consumo Ético, que es parte de la Alianza.
Ríos denunció que el Ejecutivo mantiene una “campaña sistemática para descalificar” a las organizaciones que tienen contacto directo con la sociedad, y pidió al Gobierno que no vea a la sociedad civil como “su enemiga”, sino como una instancia para resolver los problemas que enfrenta el país.
Por su parte, Carlos Lee, de la Comisión de Justicia y Paz, dijo que el Gobierno no debe preocuparse por las manifestaciones que haga la ciudadanía, “porque la sociedad civil no pretende desplazar a los partidos políticos del poder, sino que estamos para realizar un llamado con el fin de que el Gobierno administre el país respetando la institucionalidad”.
La Alianza, en alerta
La Alianza divulgó anoche un comunicado, en el que advierte de la existencia de un “excesivo presidencialismo”, que intenta a toda costa tomar control de los otros órganos del Estado.
“La suspensión de la Procuradora por parte de la Corte, con un voto dividido de cinco a cuatro [los cinco de gobierno y los cuatro de oposición] dejan en evidencia la gravedad del problema y la politización de la Corte”, señala el comunicado.
Rechazan la designación de Bonissi, ya que alegan que la Constitución es clara al señalar que el encargado tiene que ser nombrado por el Procurador titular y que, además, debe ser funcionario del Ministerio Público.
