Mientras el presidente, Martín Torrijos y su ministro de Obras Públicas, Benjamín Colamarco, optan por el silencio, otros -como el diputado opositor José Blandón- acusan al Gobierno de renegociar con el hotel Miramar ‘en desventaja’ y sin reconocer que este local perdió su concesión en el año 2003.
Torrijos calla y AMP defiende
El Presidente ha evitado opinar sobre el acuerdo privado entre el MOP y el hotel Miramar, que obtuvo espacio para 300 estacionamientos en la cinta costera, en compensación por una concesión que, legalmente, no existe: el contrato venció en 2003 y la Contraloría no ha refrendado su permanencia. “Ten la seguridad de que yo hubiera tomado la misma decisión”, dijo Balbina Herrera, cuya campaña se ha beneficiado con donaciones de Herman Bern. Actualmente, Miramar Development Corporation paga cuatro centavos por metro cuadrado; el contrato sin refrendar elevaría el canon a seis centavos el metro cuadrado.
Actualmente, Miramar paga 966.22 dólares, a razón de cuatro centavos por metro cuadrado. El contrato sin refrendar fija el nuevo canon en seis centavos el metro cuadrado. “Ten la seguridad que yo hubiera tomado la misma decisión”, dijo Balbina Herrera.
Mónica Palmmpalm@prensa.com La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) salió ayer en defensa de Miramar Development Corporation, mientras el presidente, Martín Torrijos, prefirió guardar silencio.
La sociedad, propietaria del hotel Miramar Intercontinental, tiene un contrato de concesión con el Estado, pero este venció en 2003.
El administrador de la AMP, Fernando Solórzano, dijo que aunque Miramar tiene que “legalizarse”, eso no implica que está en “condición de incumplimiento o desacato”.
“El hotel Miramar hizo su solicitud [de prórroga del contrato] a tiempo. No se le otorgó la concesión, porque hubo una recomendación de la Contraloría para que se esperara a que se definiera el tema de la cinta costera. Por eso el contrato no se cerró”, dijo Solórzano.
Herman Bern -presidente de Miramar- reclamó al Ministerio de Obras Públicas (MOP) por la “afectación” que la cinta costera tendría sobre su concesión. El ministro Benjamín Colamarco respondió dando a Miramar un área de casi una hectárea junto al hotel, para 300 estacionamientos bajo tierra. (Ver foto).
Colamarco, un férreo defensor de este acuerdo privado, nunca reveló que pactó con Miramar pese a que el hotel tenía la concesión vencida desde hace tres años. Ayer, el ministro no atendió su celular para hablar del tema.
“Esto deja en evidencia que los asesores legales de dicho ministerio no cumplieron con su labor. Ellos debían verificar la situación legal de las concesiones que se verían afectadas con la obra y es obvio que no lo hicieron”, opinó Angélica Maytín, directora ejecutiva de Transparencia Internacional (Panamá).
“Ahora que se conoce esta grave situación, no creo que Colamarco pueda seguir justificando el precitado pacto, que no tiene justificación legal”, remarcó.
Lo que piensa el Presidente de la actuación de sus subordinados es un misterio: desde hace dos semanas, La Prensa intenta -a través de la Secretaría de Prensa- conocer su opinión, sin éxito.
¿Una bicoca?
La AMP indicó que Miramar Development Corporation ha pagado puntualmente por su “derecho de concesión”, pese a la actual “situación” legal.
Originalmente, Miramar pagó 488 dólares mensuales (dos centavos por metro cuadrado) por 2.4 hectáreas. A razón de los ajustes de 5% anual, la sociedad paga actualmente 966.22 dólares mensuales (cuatro centavos por metro cuadrado), informó el director de Asesoría Jurídica de la AMP, Augusto De León.
El contrato que la Contraloría no refrenda fija el nuevo canon en seis centavos el metro cuadrado. No faltan los que dicen que esa cifra es desfavorable para las arcas estatales.
“Todo este tema de la cinta costera debió servir para que el Estado revisara esas dos concesiones -la del Miramar y la del Club de Yates y Pesca-, y no como ha sucedido, que el Estado ha terminando cediendo todavía más”, opinó el diputado panameñista José Blandón.
“El Estado ha negociado como si estuviera en desventaja, cuando es todo lo contrario”, agregó. De hecho, hay cláusulas en el contrato con el Miramar que permiten rescindir la concesión. (Ver recuadro).
Ricardo Martinelli -presidente del opositor Cambio Democrático- fue más suspicaz. “Ya veo por qué alguien que no ha estado en política nunca, está apoyando a la candidata del PRD”, dijo, en referencia a las preferencias electorales de Herman Bern, quien financia parte de la campaña de Balbina Herrera, aspirante a la Presidencia por el partido oficialista y defensora del acuerdo de Colamarco con Miramar.
“Ten la seguridad de que yo hubiera tomado la misma decisión. Sea cual sea, la decisión había que tomarla. El Estado hacía el proyecto o se iba a los trámites legales”, dijo Balbina Herrera. Eso es exactamente lo que Bern le comunicó una vez a Colamarco: que si las “afectaciones” al hotel no se incorporaban al pliego de cargos, llevaría el tema “a la vía judicial”.
“La gente, cuando quiere afectar un proyecto, se va a la Corte y ahí duerme el sueño eterno”, agregó Herrera. “De ganar la Presidencia, respetaría la seguridad jurídica de todas las inversiones”, remató.
Lo que dice la precandidata -y presidenta del PRD- no es necesariamente compartido por todos sus copartidarios.
“Ese edificio no se ha debido construir allí. Para comenzar. Ahora solo queda renegociar de manera favorable para el Estado”, dijo Laurentino Cortizo, rival de Herrera en las internas del PRD.
Se intentó conocer la opinión del alcalde Juan Carlos Navarro -quien también disputa la candidatura presidencial del PRD-, pero éste no atendió los requerimientos de La Prensa.
ENFOQUE: Ordenamiento o feria de concesiones
Álvaro Uribe
urbio@orbi.net
OPINIÓN. La ciudad de Panamá cada vez vale más. Esa frase, salida de los anuncios de la promoción inmobiliaria, parece no haber llegado a los oídos de nuestros gobernantes. Por eso es necesario repetirla continuamente, porque un siglo después de la mayor concesión de todas, aquella que hicimos a perpetuidad, hemos vuelto a las andadas. La historia se repite en espiral, una vez como tragedia, otra como farsa.
Y es preciso suspender esa feria de las concesiones, que se ha vuelto farsa y que amenaza la integridad de la ciudad: las marinas que se vuelven rellenos en Amador, el precarismo del Club de Yates y Pesca, el juega vivo de Punta Pacífica respecto a las áreas públicas que no cedió, la desfachatez y voracidad del Miramar, dándole la espalda a la ciudad (mostrándole el culo humeante de sus calderas) y quitándole la vista, y los múltiples casos de intromisión en el espacio aéreo y peatonal, en viejos barrios amables, son ejemplos de una largueza que nos debe situar entre las ciudades más generosas del mundo… a expensas del espacio público y de la ciudadanía.
Si la ciudad cada vez vale más, es preciso avisarle a nuestras autoridades que esa valorización puede ser recuperada también por la ciudad. El discurso de la Ley 6 de 2006 sobre ordenamiento territorial, donde se habla de la distribución equitativa de cargas y beneficios, significa más que centavos por metro cuadrado, especialmente si esos metros cuadrados representan valores que se cotizan por millares, no de centavos, sino de balboas.
Retomemos el espíritu que hizo posible la recuperación de la antigua Zona del Canal y pongamos en práctica lo que estamos haciendo con él: si mejorar la infraestructura del Canal se paga con aumentos en las tarifas, mejoremos las tarifas de la tierra urbana, para mejorar sus infraestructuras y para que esta no sea apenas la ciudad de Pan, donde todo el que puede le muerde un pedazo, sino la ciudad de Panamá, donde todos nos sintamos ciudadanos y podamos disfrutar del banquete que nos dan el bosque, el aire, la vista y el mar.
El autor es arquitecto y urbanista
