Tuesday, June 17, 2008

Alza genera diferencias

Ereida Prieto-Barreiro
PA-DIGITAL

Se acaba el tiempo y aún no hay fecha oficial para dar a conocer la nueva alza de la tarifa eléctrica que deberán pagar los panameños a partir del 1 de julio.

El administrador de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), Víctor Urrutia, señaló que tienen lo que queda de este mes para analizar el reajuste a la tarifa, debido a que "esto no es tan sencillo como limpiar una botella".

Dijo que "no puede hacer milagros" para que no se dé el aumento tarifario, ya que el costo del petróleo sigue aumentando.

"Sabemos que las empresas están haciendo dinero, pero no podemos hacer nada, porque entonces no tendremos el servicio de la luz", reconoció Urrutia, quien manifestó que la ASEP sólo puede verificar "hasta donde la ley lo permita" para que no se cobre más de la cuenta.

Destacó que el Gobierno puede entregar el balance financiero de las empresas distribuidoras, al ser accionistas del 49%, no así de las compañías generadoras.

El funcionario expresó que una vez tenga la nueva tarifa, se realizará un foro público para que la ciudadanía conozca cómo se efectuará el aumento.

Modificación.
El defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, recomendó que se modifique la ley que crea la ASEP, para que le otorgue mayores facultades a la entidad y así acabar con la percepción ciudadana de que no hay quien los proteja.

Insistió en la necesidad de revisar los contratos entre las empresas eléctricas y el Estado, así como sus estados financieros, para que se garantice que los ajustes en la tarifa sean "justos" para el usuario.

Señaló que los incrementos en el costo de la electricidad "golpean una vez más" al panameño, a pesar de que los subsidios del gobierno se han convertido en "medidas paliativas" que no van más allá de las recomendaciones de ahorro energético.

"No me parece aceptable que el costo energético aumente, con el pretexto del precio del combustible, cuando el 60% de la generación de energía es hídrica", sostuvo el ombudsman, quien afirmó que se deben "develar" los estados financieros de las empresas eléctricas.

Transparencia.
Por su parte, Geovanni Fletcher, presidente del Instituto Panameño de Derechos del Consumidor y Usuarios, señaló que se está violentando la Ley 6 de Transparencia, ya que no se dará tiempo a la ciudadanía a que pueda debatir el aumento tarifario antes de que empiece a regir.

"Lamentablemente, las empresas eléctricas no han cumplido con la ley, al publicar anualmente su estado financiero para que la población conozca las ganancias que han tenido", planteó.

Fletcher anunció que presentará un recurso contra el nuevo aumento, en caso de que esta medida no sea anunciada con la debida anticipación por parte de las autoridades.

Economía creció 8.4% en 1er. trimestre

PIB. La economía panameña, que el año pasado había destacado como una de las de mayor crecimiento en América Latina, ha empezado a presentar signos de debilitamiento. El producto interno bruto (PIB) creció 8.4% en el primer trimestre, según informó anoche la Contraloría General de la República.

En similar periodo del año pasado había aumentado 9.4%, el porcentaje más alto en la región. Los sectores que sobresalieron son la construcción, restaurantes y hoteles, transporte y telecomunicaciones, mientras que decreció la banca y el sector agrícola, entre otros.

Edith Castillo Duarte

Se oponen a Transmóvil


Ana Teresa Benjamín
abenjami@prensa.com

El Movimiento de bases transportistas y usuarios ­un brazo disidente de la Cámara Nacional de Transporte­ anunció la paralización del servicio de transporte, por 48 horas, a partir de mañana, miércoles, a las 12:01 de la madrugada.

Sergio Molina, vocero del Movimiento, dijo que la protesta es para expresar su oposición al Transmóvil.

Piqueras que apoyan EL PARO

SIN SERVICIO: Tocumen, Pacora, Chepo, Concepción, Veranillo, Don Bosco, Chilibre, Gonzalillo, Torrijos-Carter y Alcalde Díaz.

DIVISIÓN: Los buseros de Pedregal no acuerpan la medida.

Bases amenazan con paralización del transporte


Mañana, miércoles, a partir de las 12:01 de la madrugada, los miembros del Movimiento de bases transportistas y usuarios realizarán un nuevo paro de labores, de 48 horas, para manifestar su oposición al proyecto Transmóvil lanzado por el Gobierno.

Sergio Molina, vocero del Movimiento, dijo que las piqueras de Tocumen, Pacora, Chepo, Concepción, Veranillo, Don Bosco, Chilibre, Alcalde Díaz, Torrijos-Carter y Gonzalillo participarán en el paro.

El llamado, sin embargo, no es apoyado por todos. El dirigente de la piquera de Pedregal, Leonel Broce, por ejemplo, dijo que ellos operarán “normalmente”.

El presidente de la Cámara Nacional del Transporte (Canatra), Luis Rodríguez, fue enfático y dijo que la organización no apoya la medida.

Finalmente, el presidente electo de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Roberto Alfaro, calificó de “ilegal” la medida. “Ya el pueblo panameño no aguanta más esta situación”, señaló, refiriéndose al sistema de transporte vigente.

Acuerdo en quiebra de Adelag

Edith Castillo Duarte
ecastillo@prensa.com

Los propietarios del fallido Grupo Adelag, Aquilino y Carlos de la Guardia, firmaron la semana pasada un acuerdo que pondría fin a los procesos que se le siguen en el Juzgado Décimo Séptimo de lo civil y que le restituiría todos sus derechos, eliminando las restricciones que le fueron impuestas tras la declaración de quiebra.

El documento, firmado con acreedores, a título personal y en nombre de todas las empresas que integraban el consorcio, incluye bancos, proveedores y tenedores de bonos, y tiene una vigencia de 120 días.

Durante ese período, de acuerdo con el documento al que tuvo acceso “La Prensa”, debe producirse la terminación de los procesos, la rehabilitación de las empresas quebradas y la entrega de los valores a los acreedores.


Mutismo en la cinta costera




Mientras el presidente, Martín Torrijos y su ministro de Obras Públicas, Benjamín Colamarco, optan por el silencio, otros -como el diputado opositor José Blandón- acusan al Gobierno de renegociar con el hotel Miramar ‘en desventaja’ y sin reconocer que este local perdió su concesión en el año 2003.

Torrijos calla y AMP defiende

El Presidente ha evitado opinar sobre el acuerdo privado entre el MOP y el hotel Miramar, que obtuvo espacio para 300 estacionamientos en la cinta costera, en compensación por una concesión que, legalmente, no existe: el contrato venció en 2003 y la Contraloría no ha refrendado su permanencia.

“Ten la seguridad de que yo hubiera tomado la misma decisión”, dijo Balbina Herrera, cuya campaña se ha beneficiado con donaciones de Herman Bern. Actualmente, Miramar Development Corporation paga cuatro centavos por metro cuadrado; el contrato sin refrendar elevaría el canon a seis centavos el metro cuadrado.

Actualmente, Miramar paga 966.22 dólares, a razón de cuatro centavos por metro cuadrado. El contrato sin refrendar fija el nuevo canon en seis centavos el metro cuadrado. “Ten la seguridad que yo hubiera tomado la misma decisión”, dijo Balbina Herrera.

Mónica Palm
mpalm@prensa.com

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) salió ayer en defensa de Miramar Development Corporation, mientras el presidente, Martín Torrijos, prefirió guardar silencio.

La sociedad, propietaria del hotel Miramar Intercontinental, tiene un contrato de concesión con el Estado, pero este venció en 2003.

El administrador de la AMP, Fernando Solórzano, dijo que aunque Miramar tiene que “legalizarse”, eso no implica que está en “condición de incumplimiento o desacato”.

“El hotel Miramar hizo su solicitud [de prórroga del contrato] a tiempo. No se le otorgó la concesión, porque hubo una recomendación de la Contraloría para que se esperara a que se definiera el tema de la cinta costera. Por eso el contrato no se cerró”, dijo Solórzano.

Herman Bern -presidente de Miramar- reclamó al Ministerio de Obras Públicas (MOP) por la “afectación” que la cinta costera tendría sobre su concesión. El ministro Benjamín Colamarco respondió dando a Miramar un área de casi una hectárea junto al hotel, para 300 estacionamientos bajo tierra. (Ver foto).

Colamarco, un férreo defensor de este acuerdo privado, nunca reveló que pactó con Miramar pese a que el hotel tenía la concesión vencida desde hace tres años. Ayer, el ministro no atendió su celular para hablar del tema.

“Esto deja en evidencia que los asesores legales de dicho ministerio no cumplieron con su labor. Ellos debían verificar la situación legal de las concesiones que se verían afectadas con la obra y es obvio que no lo hicieron”, opinó Angélica Maytín, directora ejecutiva de Transparencia Internacional (Panamá).

“Ahora que se conoce esta grave situación, no creo que Colamarco pueda seguir justificando el precitado pacto, que no tiene justificación legal”, remarcó.

Lo que piensa el Presidente de la actuación de sus subordinados es un misterio: desde hace dos semanas, La Prensa intenta -a través de la Secretaría de Prensa- conocer su opinión, sin éxito.

¿Una bicoca?

La AMP indicó que Miramar Development Corporation ha pagado puntualmente por su “derecho de concesión”, pese a la actual “situación” legal.

Originalmente, Miramar pagó 488 dólares mensuales (dos centavos por metro cuadrado) por 2.4 hectáreas. A razón de los ajustes de 5% anual, la sociedad paga actualmente 966.22 dólares mensuales (cuatro centavos por metro cuadrado), informó el director de Asesoría Jurídica de la AMP, Augusto De León.

El contrato que la Contraloría no refrenda fija el nuevo canon en seis centavos el metro cuadrado. No faltan los que dicen que esa cifra es desfavorable para las arcas estatales.

“Todo este tema de la cinta costera debió servir para que el Estado revisara esas dos concesiones -la del Miramar y la del Club de Yates y Pesca-, y no como ha sucedido, que el Estado ha terminando cediendo todavía más”, opinó el diputado panameñista José Blandón.

“El Estado ha negociado como si estuviera en desventaja, cuando es todo lo contrario”, agregó. De hecho, hay cláusulas en el contrato con el Miramar que permiten rescindir la concesión. (Ver recuadro).

Ricardo Martinelli -presidente del opositor Cambio Democrático- fue más suspicaz. “Ya veo por qué alguien que no ha estado en política nunca, está apoyando a la candidata del PRD”, dijo, en referencia a las preferencias electorales de Herman Bern, quien financia parte de la campaña de Balbina Herrera, aspirante a la Presidencia por el partido oficialista y defensora del acuerdo de Colamarco con Miramar.

“Ten la seguridad de que yo hubiera tomado la misma decisión. Sea cual sea, la decisión había que tomarla. El Estado hacía el proyecto o se iba a los trámites legales”, dijo Balbina Herrera. Eso es exactamente lo que Bern le comunicó una vez a Colamarco: que si las “afectaciones” al hotel no se incorporaban al pliego de cargos, llevaría el tema “a la vía judicial”.

“La gente, cuando quiere afectar un proyecto, se va a la Corte y ahí duerme el sueño eterno”, agregó Herrera. “De ganar la Presidencia, respetaría la seguridad jurídica de todas las inversiones”, remató.

Lo que dice la precandidata -y presidenta del PRD- no es necesariamente compartido por todos sus copartidarios.

“Ese edificio no se ha debido construir allí. Para comenzar. Ahora solo queda renegociar de manera favorable para el Estado”, dijo Laurentino Cortizo, rival de Herrera en las internas del PRD.

Se intentó conocer la opinión del alcalde Juan Carlos Navarro -quien también disputa la candidatura presidencial del PRD-, pero éste no atendió los requerimientos de La Prensa.

ENFOQUE: Ordenamiento o feria de concesiones

Álvaro Uribe
urbio@orbi.net

OPINIÓN. La ciudad de Panamá cada vez vale más. Esa frase, salida de los anuncios de la promoción inmobiliaria, parece no haber llegado a los oídos de nuestros gobernantes. Por eso es necesario repetirla continuamente, porque un siglo después de la mayor concesión de todas, aquella que hicimos a perpetuidad, hemos vuelto a las andadas. La historia se repite en espiral, una vez como tragedia, otra como farsa.

Y es preciso suspender esa feria de las concesiones, que se ha vuelto farsa y que amenaza la integridad de la ciudad: las marinas que se vuelven rellenos en Amador, el precarismo del Club de Yates y Pesca, el juega vivo de Punta Pacífica respecto a las áreas públicas que no cedió, la desfachatez y voracidad del Miramar, dándole la espalda a la ciudad (mostrándole el culo humeante de sus calderas) y quitándole la vista, y los múltiples casos de intromisión en el espacio aéreo y peatonal, en viejos barrios amables, son ejemplos de una largueza que nos debe situar entre las ciudades más generosas del mundo… a expensas del espacio público y de la ciudadanía.

Si la ciudad cada vez vale más, es preciso avisarle a nuestras autoridades que esa valorización puede ser recuperada también por la ciudad. El discurso de la Ley 6 de 2006 sobre ordenamiento territorial, donde se habla de la distribución equitativa de cargas y beneficios, significa más que centavos por metro cuadrado, especialmente si esos metros cuadrados representan valores que se cotizan por millares, no de centavos, sino de balboas.

Retomemos el espíritu que hizo posible la recuperación de la antigua Zona del Canal y pongamos en práctica lo que estamos haciendo con él: si mejorar la infraestructura del Canal se paga con aumentos en las tarifas, mejoremos las tarifas de la tierra urbana, para mejorar sus infraestructuras y para que esta no sea apenas la ciudad de Pan, donde todo el que puede le muerde un pedazo, sino la ciudad de Panamá, donde todos nos sintamos ciudadanos y podamos disfrutar del banquete que nos dan el bosque, el aire, la vista y el mar.

El autor es arquitecto y urbanista

ENCUESTAS DE OPINION PUBLICA / Mayo 2008

http://dichter-neira.com/opinion/