Santiago Fascetto
Unidad de Investigación
sfascetto@prensa.com
En los laberintos del poder siempre se comentó que el presidente, Martín Torrijos, tenía intereses en República Dominicana. El rumor siempre fue eso: un dato suelto sin sustento documental. Hasta ahora.
Una investigación de este diario ha logrado esclarecer vínculos económicos de Torrijos y algunos allegados íntimos.
Entre 2001 y 2004, el Presidente, Ubaldino Real y Luis Blanco recibieron 25 mil dólares mensuales por una supuesta "asesoría" al Gobierno de República Dominicana. El contrato tenía como objetivo sugerir sobre la ejecución de obras públicas al entonces secretario de Obras Públicas, Miguel Vargas Maldonado.
Resulta ser que Torrijos ha sido huésped de Vargas Maldonado en repetidas ocasiones en su residencia de playa en el exclusivo balneario de La Romana.
A pesar de no contar con experiencia previa en la materia, cobró –junto con sus dos colaboradores (por cada año del acuerdo)– 300 mil dólares del Gobierno dominicano. Hoy Vargas Maldonado es el principal candidato de la oposición y peleará, en mayo próximo, la Presidencia de República Dominicana con el actual mandatario, Leonel Fernández.
Aunque no hay registros sobre el cumplimiento del contrato por parte de los consultores panameños, Torrijos nunca dejó de facturar: no lo hizo cuando era secretario del Partido Revolucionario Democrático, ni cuando se convirtió en candidato presidencial del colectivo y tampoco cuando fue Presidente electo.
Torrijos no puntualizó los alcances de este contrato en la declaración patrimonial de bienes que hizo pública en abril de 2004, ni aceptó una entrevista con este diario.
Pero los detalles de este reportaje dejan demasiadas interrogantes sobre el propósito de esta contratación y su condición de asesor de un Gobierno extranjero.
EL CONTRATO SECRETO DE TORRIJOSUn contrato forjado al calor de la amistad
El partido no estaba en el poder. Los caminos dentro del Estado se habían cerrado, tras la victoria de Mireya Moscoso en la última elección presidencial del siglo XX.
Pertenecer al Partido Revolucionario Democrático era un inconveniente. Y ser el hijo del fundador, una cruz aún más pesada.
Pero había que seguir generando ingresos hasta que la tormenta pasara. Y a principios de 2001, Martín Torrijos cambió de rumbo: puso la proa hacia República Dominicana.
En la isla del Caribe, el gobierno del entonces presidente Hipólito Mejía lo recibió con los brazos abiertos. Y la billetera también: firmó, a principios de 2001, un contrato de asesoría con el Estado de República Dominicana.
El secretario de Obras Públicas de ese país, Miguel Vargas Maldonado, despejó el camino para que Torrijos –junto con Ubaldino Real– firmaran el contrato que les aseguraba 300 mil dólares por año, que por la extensión del acuerdo elevó esa cifra a casi un millón de dólares.
| EFE/Thais Llorca | LA PRENSA/Archivo |
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| MIGUEL VARGAS MALDONADO. El ex secretario de Obras Públicas de la isla del Caribe le abrió las puertas del Gobierno a los panameños. | UBALDINO REAL. El antiguo ministro de la Presidencia de Panamá fue el encargado de firmar el contrato de servicios en República Dominicana. |
La idea era que la dupla "asesorara" a Vargas Maldonado en torno a inversiones, ejecuciones de obras, obtención de préstamos internacionales, y futuras licitaciones de carreteras y puertos.
Para cerrar el círculo y comenzar el trabajo faltaba un detalle: alguien que supiera de obras públicas, puertos y carreteras. El objetivo, justamente, del contrato.
El elegido fue Luis Blanco, el ex ministro de Obras Públicas durante la presidencia de Ernesto Pérez Balladares.
El acuerdo se firmó el 23 de febrero de 2001.
Luego se prorrogó dos veces. La última extensión finalizó el 3 de noviembre de 2004, cuando el poder en Panamá había cambiado: Torrijos ya estaba instalado en el Palacio de las Garzas.
Pero una decisión, ajena a él, lo salvó de ejercer un polémico doble papel.
PANAREDO, LA CLAVE
| LA PRENSA/Archivo |
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| TRANSICIÓN. El 4 de mayo de 2004 Martín Torrijos ingresó por primera vez al Palacio de las Garzas en calidad de Presidente electo. Luis Blanco ya estaba en su equipo de trabajo. |
El contrato se firmó entre la Secretaría de Obras Públicas y el Consorcio Panaredo, integrado por dos empresas: Constructores y Consultores, S.A. (Panamá) y Land & Construction (República Dominicana).
Este diario viajó a la isla y logró acceder al expediente completo del acuerdo: la parte legal, la operativa y la administrativa. Según los documentos, el contrato evadió casi todo lo que se podía evadir: un concurso público, la evaluación técnica, una genuina contraparte local, personal propio y la exigencia de presentar un informe mensual sobre los trabajos realizados (ver recuadro).
Nada se presentó.
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¿Por qué se eligió el contrato de asesoría? La respuesta es confusa.
Real dijo en una entrevista con este diario que Blanco fue quien propuso ese negocio.
Blanco dio vuelta a la moneda: "A mí me invitaron [Real y Torrijos] a participar por mi experiencia", dijo. "A Vargas Maldonado –amplió– lo conocí cuando me llevaron a ejecutar el contrato". La contradicción deja una duda sobre las piezas del negocio: ¿Quién era el peón y quién el rey?
LEJOS, PERO CERCA
Real y Torrijos conocieron a Vargas Maldonado el día que volaron a la isla del Caribe para participar de la asunción de Hipólito Mejía, quien llegó a la Presidencia de la mano del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en 2000.
La amistad prosperó y luego se tradujo en negocios. Y el dúo Torrijos-Real tenía en Panamá una empresa justo para eso: Constructores y Consultores, S.A.
La sociedad, que nació en junio de 1998, pasó a ser controlada por ellos el 30 de septiembre de 1999, según el Registro Público.
Los papeles indican que en esa fecha, Real asumió el cargo de presidente. Completaban la junta directiva: su hermano Eduardo Antonio Real (secretario) y Ana Hilda González (tesorera).
Detrás de los directores, dos personas controlaban la sociedad: Torrijos con el 40% de las acciones –según afirmó en su declaración jurada de 2004– y Real con el restante 60%.
LA ‘Pata’ DOMINICANA
La empresa panameña estaba lista para ganar plata. Pero para completar el acuerdo faltaba la contraparte dominicana. Es que la Ley 322 (del 15 de junio de 1981) prohibía en esa época a las compañías extranjeras hacer negocios con el Estado de República Dominicana sin tener una contraparte local.
Faltaba eso: encontrar la contraparte.
El problema se podía resolver con solo 900 dólares. O tal vez mil. Eso vale, en promedio, constituir una sociedad anónima en un estudio de abogados de Santo Domingo.
Land & Construction, la pata local de Consorcio Panaredo, la creó el estudio legal Asesores Jurídicos y Financieros.
El bufete lo manejan dos personas: Julio César Martínez y su hijo homónimo.
Martínez hijo afirmó a este diario que el bufete vendió a Real la sociedad Land & Construction en el año 2001.
Las dos sociedades eran de las mismas personas: y menos de mil dólares, parece, costó burlar la ley.
Real, sin embargo, lo negó. "No tenemos sociedades con el Presidente [Torrijos] en República Dominicana" .
El ex ministro de la Presidencia de Torrijos no recordó los nombres de sus socios. Y Blanco tampoco recordó si en algún momento se cruzó con alguien de Land & Construction. La "pata" dominicana parecía un espectro.
En 2001, cuando supuestamente Asesores Jurídicos y Financieros le vendió a Real la sociedad, Julio César Martínez padre trabajaba horas extras: aparte de atender su bufete, era el director legal de la Secretaría de Obras Públicas de Vargas Maldonado.
Martínez era la persona que levantaba o bajaba el pulgar a los contratos. En otras palabras, fue la persona que levantó el pulgar al contrato de Consorcio Panaredo. La misma persona que –según Martínez hijo– le vendió el "atajo" legal al trío Torrijos-Real- Blanco.
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Martínez padre atendió a este diario: desde el otro lado de la línea telefónica llegaba una voz seca, glacial.
–Si quiere información venga a Santo Domingo y yo le doy toda.
–Es imposible, me encuentro en Panamá.
–No sé con quién estoy hablando, usted podría ser una persona que lo está imitando a usted.
–¿Recuerda el contrato de Consorcio Panaredo?
–Fui director jurídico por cuatro años cuando Vargas Maldonado fue secretario de Obras Públicas. Conocimos más de 2 mil casos: es posible que no lo recuerde. No somos una computadora.
–¿Su estudio le vendió la sociedad Land & Construction a Ubaldino Real?
–No creo, yo tengo muchas sociedades, que las constituyo de manera institucional.
Martínez aclara que está dispuesto a colaborar. Pero únicamente si es "necesario".
–Nosotros no tenemos instrucciones para darle esa carpeta, mándeme un e-mail con sus preguntas.
–Se lo envío ahora mismo.
–Estudiaré ese e-mail.
Martínez aún está estudiando el correo electrónico.
Su hijo no solo dio otra versión cuando este diario lo visitó en su oficina de Santo Domingo –en diciembre de 2007–, sino que además se comprometió a entregar una carpeta con todos los documentos relacionados con la inscripción. La carpeta, sin embargo, nunca llegó.
Una cosa sí está clara: en representación de la empresa dominicana firmó el contrato la abogada Andrea Martínez, empleada del estudio de los Martínez. La relación laboral la reconoció ella misma en charla con este diario.
¿SERVICIO FANTASMA?
El no contar con una genuina contraparte local, no sería la única supuesta irregularidad del contrato. En los registros no figura un informe técnico que los consultores debían presentar una vez por mes.
Blanco juró que sí. "El contrato era de asesoría e incluía una parte presencial, por eso en ese período estuve viajando mucho a República Dominicana", explicó.
Para reforzar la parte "presencial" dijo que alquiló en forma temporal una residencia en Santo Domingo.
La mudanza transitoria de Blanco no era parte de las cláusulas del acuerdo. Pero los informes por su asesoría sí. Y, según el expediente, no se redactó ni una línea. "Se entregaron los informes e incluso tuve que dar charlas", insistió Blanco.
Blanco también aclaró que él era únicamente un empleado del Consorcio Panaredo y que Real se ocupaba de la parte contractual y de recibir el dinero.
La idea, según dijo, era llevar a República Dominicana la experiencia adquirida en Panamá con las concesiones de los corredores Norte y Sur durante el gobierno de Pérez Balladares.
Y detalló que las recomendaciones se le hicieron en forma directa a Vargas Maldonado. Una asesoría "oral" que costó 25 mil dólares por mes.
El contrato del Consorcio Panaredo se prorrogó por otro año el 14 de enero de 2003. La extensión pasó el filtro de la Contraloría de República Dominicana.
La primera extensión mantenía las mismas condiciones. Y los 300 mil dólares anuales.
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AUSENTE EN LA DECLARACIÓN
En su declaración jurada de 2004, Torrijos no detalló el negocio en República Dominicana. Este diario intentó sin éxito hablar con el jefe de Estado –a través del vocero presidencial Eric Rodríguez Auerbach– el jueves pasado.
Hoy no se sabe si lo agregó u omitió en la declaración oficial en su patrimonio que, por ley, tuvo que presentar a la Contraloría General al inicio de su mandato. El organismo que preside Carlos Vallarino no entregó esa información el viernes último.
Tampoco se sabe el destino de la plata del contrato.
Los registros oficiales de República Dominicana indican que la Unidad Ejecutora del acuerdo fue la oficina de "Servicios de Mantenimiento Vial y Equipos", una dependencia ajena al trabajo que estaban realizando los consultores panameños.
Los fondos, por otro lado, se pidieron para "gastos de asfalto y combustible". Esa fue la justificación contable para pagar a los asesores.
Los cheques que abonó la Secretaría de Obras Públicas, incluidos en el expediente, se hicieron a través de la cuenta del Tesoro Nacional de República Dominicana.
No se informa dónde terminó el dinero. Real dijo que se depositó en un banco de la isla, sin precisar en cuál y si luego el dinero se giró a Panamá.
El 3 de noviembre de 2003 Vargas Maldonado prorrogó por última vez el contrato con Consorcio Panaredo. El vínculo se extendía hasta el 3 de noviembre de 2004. El monto se mantuvo: 300 mil dólares anuales.
El 2 de mayo de 2004 la carrera política de Torrijos llegó al cielo. El 47% de los votos lo convirtió en el inquilino del Palacio Presidencial por cinco años. El lema de campaña más seguridad, más empleo y cero corrupción le funcionó.
A Real –amigo desde los tiempos de estudiantes en la Universidad de Texas y tesorero de la campaña–, el flamante jefe de Estado le reservó un lugar de privilegio: el Ministerio de la Presidencia. Blanco también recibió un empleo: volvió a ser asesor, pero esta vez del Gobierno panameño.
Por esa misma época el tiempo de Vargas Maldonado en el poder se extinguía. El gobierno de Mejía y su secretario de Obras Públicas estaba llegando a su fin.
Por eso, la última prórroga del contrato no llegó a completarse. El 5 de julio de 2004, Vargas Maldonado –ya siendo Torrijos presidente electo– dio por finalizado el vínculo.
La cancelación del contrato le evitó un problema al nuevo gobernante: cumplir en forma simultánea un doble papel, el de Presidente de Panamá y el de asesor de un Gobierno extranjero.
El 24 de diciembre de 2005, el avión de Torrijos aterrizó en el aeropuerto de La Romana, una zona exclusiva de playas blancas al este de la isla. Era su primer descanso desde que llegó al Palacio de las Garzas.
Llegó a la isla acompañado de su esposa, Vivian Fernández, y sus hijos. En la terminal aérea fue recibido por Vargas Maldonado.
Según informó ese día la prensa local, Torrijos y su familia comparten desde hace varios años el período navideño con el ex ministro de Obras Públicas y actual candidato presidencial.
No comparten playa, sino casa: se alojan en la residencia que tiene el político dominicano en "Casa de Campo".
Los amigos, de festejo.
Qué dice la ley de contrataciones
El reglamento de compras que estaba vigente en 2001.
El Reglamento 262 (10 de julio 1998) sobre compras y contrataciones públicas de República Dominicana establecía que el Estado debe llamar a una licitación pública si los contratos superan los 3 millones de pesos dominicanos. Convertido a moneda local al valor de 2001, el acuerdo con Consorcio Panaredo –300 mil dólares por año– alcanzaba los 4 millones 800 pesos dominicanos.
Sin embargo, la Secretaría de Obras Públicas no llamó a un concurso público. Al contrario, le adjudicó el contrato a Consorcio Panaredo tras organizar una licitación por invitación, un mecanismo que prevé que solo pueden ofertar los que han sido invitados. Para poder aplicar este proceso, el monto del contrato no puede superar los 3 millones de pesos. No obstante, esta modalidad obliga al Estado a invitar a por lo menos 10 oferentes, una obligación que no consta en los registros del contrato.
El mismo reglamento prohíbe a los funcionarios jerárquicos participar de negocios con el Estado para evitar conflicto de intereses.
En el acuerdo, sin embargo, el director legal de la Secretaría de Obras Públicas, Julio César Martínez, constituyó en su estudio privado –y luego se la habría vendido a Ubaldino Real– la empresa Land & Construction.
2 comments:
Osea que la investigación no quedó en nada.
Familia Guzmàn
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