Tuesday, June 22, 2010

Contraloría investiga estado judicial de contrato

Leonardo Flores
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

lflores@prensa.com

El equipo legal de la Contraloría evalúa las acciones que tomará para enmendar la irregularidad que cometió al refrendar el contrato que permitió la apertura del casino Princess –ubicado en el hotel Four Point Sheraton– a pesar de que la Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión temporal del contrato.

Ayer, durante una reunión entre la contralora, Gioconda Torres de Bianchini, y su equipo de abogados se acordó que para hoy se presentará un informe detallado del caso, que incluirá las medidas que se podrían adoptar para corregir el error.

Las reuniones de ayer se programaron con urgencia, después que se conoció que el contrato con las empresas Sociedad Hotelera Marbella, S.A. y Princess Entertainment Panamá Inc., para la apertura de un casino completo en Marbella, fue refrendado de forma irregular por Torres de Bianchini el pasado 27 de abril.

La firma del documento se dio en medio de un proceso que se abrió en la Corte Suprema, luego de que se admitió un amparo de garantías constitucionales, el 5 de junio de 2009, y se pidió la suspensión de los efectos de la resolución de Gabinete que dio el visto bueno a dicho contrato. El casino está operando desde mediados de mayo y tendrá su inauguración oficial el próximo jueves.

En la Contraloría aseguraron que no tenían conocimiento del proceso legal que había en la Corte Suprema cuando Torres de Bianchini refrendó el documento, y por eso se ordenó la investigación del caso.

El documento judicial aún reposa en los despachos de los magistrados de la Corte Suprema, quienes se encuentran analizando un desistimiento de una de las partes que presentó el amparo de garantías, según informó la Secretaría General de ese órgano del Estado. El caso está en manos del magistrado suplente Jacinto Cárdenas.

El refrendo corre peligro, según fuentes de la Contraloría. El artículo 11 de la Ley 32 de 1984, que crea la Contraloría General de la República, establece que esta institución podrá “demandar la declaratoria de inconstitucionalidad o de ilegalidad de los actos que, en violación de la Constitución o de la ley, afecten patrimonios públicos”.

Para la adopción de esta medida se requerirá, según la citada ley, la autorización expresa del Contralor General o del subcontralor.

La Contraloría, igualmente, está facultada por el artículo 280 de la Constitución para pedir la nulidad temporal del contrato.

Se intentó contactar sin éxito a la secretaria ejecutiva de la Junta de Control de Juegos, Giselle Brea, para conocer las acciones que tomará esa dependencia luego de conocer la situación judicial del contrato del casino Princess. También se buscó la opinión de los representantes del casino Princess, pero no hubo respuesta.

Gremios y sindicatos demandaron la ‘ley 9 en 1’

Juan Manuel Díaz C.
jdiaz@prensa.com

Gremios de abogados, sindicatos obreros y organizaciones de funcionarios presentaron ayer, ante la Corte Suprema de Justicia, otras dos demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 30 del 16 de junio, con la que suman tres las acciones legales impulsadas contra la también llamada “ley 9 en 1”.

El abogado Carlos Herrera Morán, de parte del Colegio Nacional de Abogados, explicó que la norma viola el artículo 149 de la Constitución, que establece que, al ser convocada a sesiones extraordinarias, la Asamblea Nacional solo podrá aprobar leyes de temas para los que fue convocada, lo cual no ocurrió en este caso.

Además, dijo que el artículo 149 fue violado dos veces, ya que en la Asamblea se aprobaron normas que no fueron sometidas a discusión en primer debate, como establece el Reglamento Interno del Legislativo.

Morán calificó como “un peligro” el hecho de que sea el magistrado Alejandro Moncada quien actúe como ponente de las demandas presentadas, ya que este fue recientemente nombrado por el presidente, Ricardo Martinelli, pudiéndose ver afectada su independencia.

En la presentación de las demandas, miembros del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Similares (Suntracs) piquetearon la instalaciones del Palacio de Justicia Gil Ponce.

Cifra real de panameños, una respuesta pendiente


ANA TERESA BENJAMÍN
abenjamin@prensa.com

Una diferencia de 759 mil personas existe entre los datos de población que maneja el Registro Civil y los resultados preliminares del censo de población realizado el 16 de mayo pasado.

De acuerdo con información proporcionada por el magistrado del Tribunal Electoral (TE) Gerardo Solís, el Registro Civil mantiene en su base de datos a 4.1 millones de personas. De esta cantidad, 3.9 millones son panameños y 105 mil son extranjeros residentes en el país.

Los datos preliminares del censo, efectuado por la Contraloría de la República, indican por su parte que en el país viven 3 millones 322 mil 576 personas.

Aunque Solís arguyó que la diferencia puede explicarse por los fallecidos no declarados o los panameños que han migrado por estudios o trabajo, el economista Juan Jované comentó que ninguna de estas dos variables justifica una diferencia tan grande.

El ex contralor José Chen Barría fue aún más tajante: “Creo que la Contraloría no lo va a poder explicar. No lo va a poder justificar”.

Más allá de la diferencia numérica evidente, las implicaciones para el país preocupan aún más.

Chen Barría, por ejemplo, planteó que si las cifras de la Contraloría no son las correctas, “vamos a adoptar decisiones durante 10 años basadas en números equivocados”.

Jované, además, dijo que unas cifras equivocadas supondrían, por ejemplo, un mal cálculo del producto interno bruto o de la inversión social per cápita.

Dicho de otra forma, las estadísticas dirían que la riqueza de los panameños y la inversión en salud o educación es mayor que la real.

Antes de realizarse los censos, la Contraloría había proyectado que la población sería de 3.5 millones de personas. Sin embargo, un experto en temas censales, que pidió la reserva de su nombre, dijo que las proyecciones pueden cambiar, precisamente porque son expectativas basadas en comportamientos anteriores.

Se llamó a la Contraloría para conocer su versión, pero no fue posible obtener una declaración.

Un solo país y dos cifras, la gran confusión estadística

ANA TERESA BENJAMÍN
abenjamin@prensa.com

El abismo entre las dos cifras es, sin duda, llamativo.

Mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría de la República afirmó en mayo pasado que en el país viven 3.3 millones de personas (según los resultados preliminares del último censo realizado el 16 de mayo), los datos de la Dirección Nacional de Registro Civil dicen otra cosa: que somos 4.1 millones.

Gerardo Solís, magistrado del Tribunal Electoral (TE), asegura que la diferencia de 759 mil personas se explica porque “el censo es una medición sociocultural” que depende de la voluntad del encuestado, mientras que las cifras del Registro Civil son precisas, porque incluyen los nacimientos y defunciones registrados, así como la residencia permanente dada a extranjeros.

Solís agregó que la diferencia pudiera deberse a fallecidos no registrados o panameños que han migrado para estudiar o trabajar.

El economista Rolando Gordón comparte esta opinión: “A lo mejor [el TE] no sacó a los muertos ni a los que han salido a otro país”, planteó, porque “no puede ser” que se haya censado a 700 mil personas menos.

Por su parte, un experto en temas censales –que pidió la reserva de su nombre– calificó la diferencia como “interesante” y agregó que aunque todo censo tiene un porcentaje de omisión, “más del 20% de población no incluida es inadmisible”.

De hecho, el ex director del INEC, Dimas Quiel, dijo que el porcentaje de omisión no debe ser mayor del 5%, aunque recalcó que hay que esperar los análisis finales que se darán en diciembre.

“En los censos siempre ha habido problemas... Quizás ahora se conocieron más, aunque antes los problemas no tuvieron la magnitud de los de este año”, dijo, refiriéndose a los formularios que se empaparon y tuvieron que reemplazarse con los que se usarían para censar a la población de Tocumen, Mañanitas y 24 de Diciembre, al este de la ciudad de Panamá.

CONSECUENCIAS

Sobre la posibilidad de que la falta de registro de los fallecidos sea un factor determinante en la diferencia de cifras, el ex contralor de la República José Chen Barría comentó que, aunque para efectuar un entierro se necesita un certificado de defunción expedido, precisamente, por el Registro Civil, esto ocurre en las ciudades pero no necesariamente en los campos, donde “la gente muere en sus casas”.

Pero los propios datos de la Contraloría sobre nacimientos y defunciones aportan más elementos a la confusión, porque esta institución se nutre de la misma fuente que el Registro Civil para sus estadísticas (los registradores en hospitales, por ejemplo).

Las estadísticas oficiales indican que en Panamá mueren unas 13 mil personas cada año. Desde el año 2000 hasta 2009 sumarían unas 130 mil personas. Los nacimientos, por su parte, rondan los 65 mil anuales: 650 mil en una década.

Una operación matemática –y usando las cifras citadas– permite decir que el crecimiento de la población panameña fue de 520 mil individuos. Si se suma esta cantidad a la población censada en 2000 (2.8 millones de personas), da 3.3 millones de habitantes, precisamente la cantidad que el INEC contó el 16 de mayo.

Sin embargo, la diferencia con el Registro persiste.

El ex contralor Chen Barría no encuentra explicación. “Creo que ni la Contraloría va a poder explicarlo”, manifestó.

Para el economista Juan Jované, “la diferencia es muy grande” como para explicarla con defunciones no registradas o migración, pero más asombroso aún es que dos instituciones del Estado manejen cifras distintas sobre la población.

Se intentó conocer la posición del director del INEC, Danis Cedeño, pero desde la oficina de Relaciones Públicas se informó que no se encontraba disponible y que la petición se le había dado a los asesores de la Contraloría. Hasta el cierre de esta nota no se había obtenido su versión.

NÚMEROS DE INTERÉS

3.3 Millones de personas contó el Instituto Nacional de Estadística y Censo el pasado 16 de mayo.

4.1 Millones son las personas que, según el Registro Civil, viven en Panamá. Este número incluye a panameños y extranjeros residentes.