PANAMÁ, Panamá. (ANSA).- Gremios médicos panameños se declararon en estado de alerta ante la contratación de especialistas extranjeros. Julio Osorio y Fernando Castañeda, de la Comisión Médica Negociadora Nacional, afirmaron hoy que el Ministerio de Salud no ha dialogado con los gremios médicos sobre la contratación de especialistas extranjeros.
Según Osorio, no se han hecho consultas a sociedades académicas médicas que en su mayoría no están de acuerdo con esa medida.
Castañeda dijo que para traer médicos extranjeros se debe cumplir con todos los requisitos que la ley panameña establece, dentro de los cuales destacó como uno de los más importantes la homologación de los títulos y currículos.
Sin embargo, ambos galenos reconocieron que existe un problema de déficit de recurso humano en algunas especialidades y áreas geográficas del país, pero que ha sido producto de la mala planificación de las autoridades de salud.
Unos 70 médicos extranjeros, específicamente de República Dominicana, presentaron sus documentos, entre ellos 22 especialistas.
Friday, February 4, 2011
CSS contratará más de 200 médicos dominicanos
Panamá (EFE). Más de 200 médicos especialistas dominicanos serán contratados por la Caja de Seguro Social (CSS) de Panamá, para trabajar en zonas del interior del país donde no hay galenos panameños, informó una fuente oficial.
En total, se trata de la contratación de 247 especialistas que fue lograda a través de un acuerdo de intención con las autoridades de salud de República Dominicana, dijo a los periodistas el director de la CSS, Guillermo Sáez Llorens.
La contratación de los galenos dominicanos será por "tiempo determinado", indicó Sáez Llorenz.
Por su parte, el jefe de Prestaciones Médicas del Seguro Social, Javier Díaz, señaló que las autoridades de salud dominicanas se han comprometido a enviar los primeros especialistas en junio próximo.
"Nosotros solicitamos 247 (médicos), ahora falta que ellos digan que nos pueden aportar 247", añadió Díaz.
La Caja de Seguro Social informó en un comunicado de que se necesita esta cantidad de especialistas para"suplir la necesidad de cardiólogos, radiólogos, internistas, gastroenterólogos, patólogos, entre otros, principalmente en áreas apartadas del interior del país".
Un portavoz de la CSS dijo a Efe que la contratación de los galenos dominicanos es por un año, y se prorrogará hasta que se vayan capacitando especialistas nacionales.
En total, se trata de la contratación de 247 especialistas que fue lograda a través de un acuerdo de intención con las autoridades de salud de República Dominicana, dijo a los periodistas el director de la CSS, Guillermo Sáez Llorens.
La contratación de los galenos dominicanos será por "tiempo determinado", indicó Sáez Llorenz.
Por su parte, el jefe de Prestaciones Médicas del Seguro Social, Javier Díaz, señaló que las autoridades de salud dominicanas se han comprometido a enviar los primeros especialistas en junio próximo.
"Nosotros solicitamos 247 (médicos), ahora falta que ellos digan que nos pueden aportar 247", añadió Díaz.
La Caja de Seguro Social informó en un comunicado de que se necesita esta cantidad de especialistas para"suplir la necesidad de cardiólogos, radiólogos, internistas, gastroenterólogos, patólogos, entre otros, principalmente en áreas apartadas del interior del país".
Un portavoz de la CSS dijo a Efe que la contratación de los galenos dominicanos es por un año, y se prorrogará hasta que se vayan capacitando especialistas nacionales.
Ducruet extrañado con declaraciones de Roux sobre Biwater
El ex director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Juan Antonio Ducruet, ha dicho sentirse extrañado por las declaraciones de Rómulo Roux, ministro de Asuntos del Canal y encargado de la crisis del agua, sobre la situación en la planta potabilizadora de Chilibre y especialmente sobre el incumplimiento de contrato por la empresa Biwater.
Ducruet confirmó que bajo su administración se ordenó la auditoría de los trabajos realizados por la empresa inglesa, Biwater, en la planta potabilizadora de Chilibre, lo que produjo la retención del pago de 9 millones de dólares. El ex director de la entidad aseguró que todo esto se informó cuando se dio la transición.
Además, aseguró que producto de la auditoría se inició un proceso en el Tribunal de Contrataciones Públicas para rescatar o terminar por el incumplimiento de contrato. Pero, en febrero del 2010, esta administración hizo un acuerdo con Biwater, fuera del proceso, para que en seis meses culminara con los trabajos, cosa que no sucedió, luego se dio el suceso de diciembre.
Ducruet aclaró que Rómulo Roux conoce de todo el proceso, principalmente, porque forma parte de la firma de abogados que ha representado a Biwater desde el inicio de la causa.
Juan Antonio Ducruet aseguró que este proceso con Biwater debió culminar en un arbitraje, para darle cumplimiento a las leyes de protección de la inversión extranjera.
Adicionalmente, cuestionó el funcionamiento de la planta potabilizadora porque en teoría debería estar trabajando a un 100% con la turbiedad de 24 NTU, que han reportado las autoridades, sin embargo su producción se mantiene en un 65%.
Uno de los principales incumplimientos del contrato de la empresa inglesa Biwater es la reducción de tinas y filtros sedimentadores, cambio que no fue sustentado. La planta potabilizadora de Chilibre debe producir 250 millones de agua por día, sin embargo, actualmente, está produciendo 180 millones.
Ducruet confirmó que bajo su administración se ordenó la auditoría de los trabajos realizados por la empresa inglesa, Biwater, en la planta potabilizadora de Chilibre, lo que produjo la retención del pago de 9 millones de dólares. El ex director de la entidad aseguró que todo esto se informó cuando se dio la transición.
Además, aseguró que producto de la auditoría se inició un proceso en el Tribunal de Contrataciones Públicas para rescatar o terminar por el incumplimiento de contrato. Pero, en febrero del 2010, esta administración hizo un acuerdo con Biwater, fuera del proceso, para que en seis meses culminara con los trabajos, cosa que no sucedió, luego se dio el suceso de diciembre.
Ducruet aclaró que Rómulo Roux conoce de todo el proceso, principalmente, porque forma parte de la firma de abogados que ha representado a Biwater desde el inicio de la causa.
Juan Antonio Ducruet aseguró que este proceso con Biwater debió culminar en un arbitraje, para darle cumplimiento a las leyes de protección de la inversión extranjera.
Adicionalmente, cuestionó el funcionamiento de la planta potabilizadora porque en teoría debería estar trabajando a un 100% con la turbiedad de 24 NTU, que han reportado las autoridades, sin embargo su producción se mantiene en un 65%.
Uno de los principales incumplimientos del contrato de la empresa inglesa Biwater es la reducción de tinas y filtros sedimentadores, cambio que no fue sustentado. La planta potabilizadora de Chilibre debe producir 250 millones de agua por día, sin embargo, actualmente, está produciendo 180 millones.
Gobierno panameño impulsa polémica reforma minera
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PANAMA (AP). Enfrentando el rechazo de ambientalistas y sectores indígenas, el gobierno del presidente Ricardo Martinelli impulsa una reforma al antiguo código minero y permitir que estados extranjeros financien inversiones del ramo en Panamá.
El gobierno sostiene que las modificaciones buscan facilitar el acceso a capitales o fuentes de financiamiento, incrementar las regalías percibidas por las concesiones e introducir normas ambientales a una legislación que data de 1963.
El tema ha encendido alarmas entre organizaciones ambientalistas que advierten sobre los daños que puede traer la explotación minera a cielo abierto. Critican además que el gobierno no haya sometido el tema a una consulta antes de elaborar por su cuenta las reformas.
El ambientalista Félix Wing afirmó que lo que se pretende es "abrir el sector minero a la inversión sin ningún tipo de consideración".
El debate cobra vigor en un país que se precia de una pujante economía, históricamente fundamentada en el sector de servicios, pero con cerca del 35% de la población sumida en la pobreza. Y en que el aporte de la minería a la economía local han sido poco y fugaz.
Los ingresos fiscales, con la reforma propuesta, se van a multiplicar porque las regalías actuales de un 2% van a pasar a por lo menos un 4% y hasta 8%, según el mineral explotado.
El director ejecutivo de la Cámara Minera de Panamá Zorel Morales señaló que estudios han estimado que Panamá cuenta con tres enormes yacimientos de cobre, que en conjunto tienen capacidad para exportar unas 600,000 toneladas de ese metal anualmente. Dos de esos yacimientos están ubicados en la comarca Ngäbe-Buglé, el más numeroso pueblo indígena del país, el tercero en la caribeña provincia de Colón.
"Los metales que están allí que son cobre y oro tiene un valor de casi 200,000 millones de dólares al precio actual... son recursos de todos los panameños, que deben ser aprovechados", dijo Morales a la AP.
Morales respalda las reformas al código y asegura que una minería responsable puede impulsar el desarrollo económico y social de las comunidades.
Pero dirigentes indígenas y campesinos no creen que la minería traiga progreso sino estragos ambientales y han advertido al gobierno que defenderán sus tierras. Han escenificado protestas pacíficas en el interior del país y otros en la Asamblea Nacional.
También hay indígenas y campesinos que respaldan las reformas. "Es muy cierto que se van a talar árboles, pero estamos creando comités que velarán para que se cumpla con los informes y compromiso" con las comunidades, dijo Andrea Mejía residente de Gobea, en Colón, quien reveló que se organizan porque una empresa minera que pretende explotar un yacmiento cercano les está ofreciendo becas escolares y ayuda alimentaria.
Las reformas al Código de Recursos Mineros de Panamá deben pasar tres rondas de discusión en el legislativo antes de convertirse en ley. Ya fueron aprobadas en un primer debate sin mayor dificultad por la Comisión de Comercio e Industrias de la Asamblea Nacional, controlada por una alianza de partido oficialistas. El segundo debate en el pleno legislativo comienza el jueves.
Un pronunciamiento conjunto de casi medio centenar de organizaciones ambientales y de la sociedad civil propugnó por una moratoria en el tema minero y pidió que se suspendiera al menos un año el debate, con tal de que se entablen discusiones que transparenten la reforma y que reciban diferentes aportes técnicos, científicos y de las propias comunidades.
El texto de los activistas que los cambios propuestos atentan contra la "seguridad ambiental y la soberanía de Panamá" al permitir que estados extranjeros puedan adquirir acciones o participar como entes financistas en las empresas que quieran explotar la minería en Panamá.
El gobierno sostiene que las modificaciones buscan facilitar el acceso a capitales o fuentes de financiamiento, incrementar las regalías percibidas por las concesiones e introducir normas ambientales a una legislación que data de 1963.
El tema ha encendido alarmas entre organizaciones ambientalistas que advierten sobre los daños que puede traer la explotación minera a cielo abierto. Critican además que el gobierno no haya sometido el tema a una consulta antes de elaborar por su cuenta las reformas.
El ambientalista Félix Wing afirmó que lo que se pretende es "abrir el sector minero a la inversión sin ningún tipo de consideración".
El debate cobra vigor en un país que se precia de una pujante economía, históricamente fundamentada en el sector de servicios, pero con cerca del 35% de la población sumida en la pobreza. Y en que el aporte de la minería a la economía local han sido poco y fugaz.
Los ingresos fiscales, con la reforma propuesta, se van a multiplicar porque las regalías actuales de un 2% van a pasar a por lo menos un 4% y hasta 8%, según el mineral explotado.
El director ejecutivo de la Cámara Minera de Panamá Zorel Morales señaló que estudios han estimado que Panamá cuenta con tres enormes yacimientos de cobre, que en conjunto tienen capacidad para exportar unas 600,000 toneladas de ese metal anualmente. Dos de esos yacimientos están ubicados en la comarca Ngäbe-Buglé, el más numeroso pueblo indígena del país, el tercero en la caribeña provincia de Colón.
"Los metales que están allí que son cobre y oro tiene un valor de casi 200,000 millones de dólares al precio actual... son recursos de todos los panameños, que deben ser aprovechados", dijo Morales a la AP.
Morales respalda las reformas al código y asegura que una minería responsable puede impulsar el desarrollo económico y social de las comunidades.
Pero dirigentes indígenas y campesinos no creen que la minería traiga progreso sino estragos ambientales y han advertido al gobierno que defenderán sus tierras. Han escenificado protestas pacíficas en el interior del país y otros en la Asamblea Nacional.
También hay indígenas y campesinos que respaldan las reformas. "Es muy cierto que se van a talar árboles, pero estamos creando comités que velarán para que se cumpla con los informes y compromiso" con las comunidades, dijo Andrea Mejía residente de Gobea, en Colón, quien reveló que se organizan porque una empresa minera que pretende explotar un yacmiento cercano les está ofreciendo becas escolares y ayuda alimentaria.
Las reformas al Código de Recursos Mineros de Panamá deben pasar tres rondas de discusión en el legislativo antes de convertirse en ley. Ya fueron aprobadas en un primer debate sin mayor dificultad por la Comisión de Comercio e Industrias de la Asamblea Nacional, controlada por una alianza de partido oficialistas. El segundo debate en el pleno legislativo comienza el jueves.
Un pronunciamiento conjunto de casi medio centenar de organizaciones ambientales y de la sociedad civil propugnó por una moratoria en el tema minero y pidió que se suspendiera al menos un año el debate, con tal de que se entablen discusiones que transparenten la reforma y que reciban diferentes aportes técnicos, científicos y de las propias comunidades.
El texto de los activistas que los cambios propuestos atentan contra la "seguridad ambiental y la soberanía de Panamá" al permitir que estados extranjeros puedan adquirir acciones o participar como entes financistas en las empresas que quieran explotar la minería en Panamá.
Carnaval de Juan Díaz no necesitará apoyo gubernamental
Pese a que este año, habrá dos carnavales en Panamá Centro siguen las disputas entre las autoridades y la denominada Junta del Carnaval del Pueblo, liderada por Carlos Arias.
La organización de Arias pretende realizar un Carnaval en el corregimiento de Juan Díaz, para lo cual cuentan con el apoyo de la empresa privada y de la junta de corregimiento, según se ha dado a conocer.
Las autoridades avanzan en la organización del Carnaval de Panamá, sin embargo Salo Shamah, ministro de Turismo, ha recalcado en varias ocasiones que no asumirán las deudas de ningún Carnaval privado. Al respecto, Carlos Arias ha confirmado que no se necesitará el apoyo gubernamental, porque llevan un año trabajando para realizar este Carnaval.
La organización de Arias pretende realizar un Carnaval en el corregimiento de Juan Díaz, para lo cual cuentan con el apoyo de la empresa privada y de la junta de corregimiento, según se ha dado a conocer.
Las autoridades avanzan en la organización del Carnaval de Panamá, sin embargo Salo Shamah, ministro de Turismo, ha recalcado en varias ocasiones que no asumirán las deudas de ningún Carnaval privado. Al respecto, Carlos Arias ha confirmado que no se necesitará el apoyo gubernamental, porque llevan un año trabajando para realizar este Carnaval.
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