Tuesday, December 2, 2008

ASEP abre investigación contra empresas eléctricas

Yaritza Mojica
PA-DIGITAL



Hasta el mes de octubre, el sector eléctrico registró la mayor cantidad de reclamaciones con un total de 709, superando al sector de las telecomunicaciones.
Una investigación pública fue abierta en contra de las empresas distribuidoras de energía eléctrica en Panamá por parte de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), por la alta facturación en los recibos de luz.

Tanto Elektra Noreste y EDEMET-EDECHI deberán suministrarle información a la ASEP del porqué aún se registra una alta tarifa eléctrica.

Las empresas de distribución tendrán 10 días para entregar toda la información que se requiera a fin de iniciar las investigaciones.

Son muchas las denuncias que se registran por los aumentos injustificados en la tarifa de luz eléctrica.

La ASEP, que es administrada por Víctor Urrutia, exige que se le proporcione los días de consumo por ciclo de facturación de enero a noviembre de este año.

Igualmente, solicita la lista de clientes que reflejaron un incremento del 30% entre los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008.

Las empresas distribuidoras están obligadas a establecer un plan anual de verificación de los medidores de los clientes para descartar cualquier daño o error.

El error máximo permitido es de 0.5% para medidores de tipo electrónico y de 2% para medidores del tipo electromecánico.

Defensa.
Anteriormente, el defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas, solicitó revelar los informes de estados financieros consolidados y auditados por parte de las empresas eléctricas, que permitiera a su vez, una verdadera transparencia.

También pidió, en su momento, un ajuste a la facturación de la energía eléctrica, debido a los "desproporcionados" incrementos superiores al 30% en los últimos años.

Esta acción, según Giovanni Fletcher, presidente del Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios, es tardía por parte de la ASEP.

"Ahora la ASEP debe aplicar los controles, regular los precios y poner al descubierto los mecanismos de cobro", dijo Fletcher.

La Ley 6 del 2002, que dicta las normas para la transparencia en la gestión pública, advierte que para cualquier aumento en la tarifa primero deberá someterse a una consulta pública, recordó Fletcher.

"Esto no se está realizando como lo estipula la ley, tampoco las empresas están cumpliendo con el decreto Ley 10 de 2006, el cual las obliga a publicar un resumen de sus ganancias".

Tanto el defensor del Pueblo, como el defensor de los Consumidores coincidieron en que se debe promover, responsablemente, el desarrollo de mecanismos de energía limpia con plena participación comunitaria y respeto a la legislación ambiental.

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