YASMINA REYES
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La procuradora, Ana Matilde Gómez, con sus maneras delicadas, era el último obstáculo que el recién instaurado presidente, Ricardo Martinelli, debía salvar para cumplir con su meta de acabar con la oposición y, por eso, ella –nombrada por el expresidente perredista Martín Torrijos para un período de 10 años– no tenía salvación.
Los funcionarios de la embajada estadounidense lo vieron claro y así lo reportaron a Washington en el cable 245638 del 26 de enero de 2010, filtrado por Wikileaks y entregado a La Prensa.
En ese documento, el subjefe de la misión David Gilmour explica a sus jefes en la capital estadounidense que “con sus nominados a la Corte Suprema confirmados, el presidente Martinelli aparentemente inicia sus intentos por defenestrar a la procuradora general de la nación, Ana Matilde Gómez, y poner al Ministerio Público bajo su control personal.
Martinelli persigue a Gómez bajo la premisa de su in-competencia y desinterés en procesar al prominente expresidente del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) Ernesto Pérez Balladares, alias El Toro”. Y reitera: “Martinelli no se ha molestado en ocultar su descontento con Gómez por sus tibios esfuerzos por procesar a Pérez Balladares”.
Y eso que, según la exembajadora Barbara Stephenson, Gómez le confió que la había llamado 70 veces. Y aunque parece como demasiado, la exprocuradora aclaró que lo que le dijo era que la había llamado 70 veces 7, para darle a entender que “no paraba”, pero no las contó.
Pero, además del afán de acabar con la oposición, la propia Gómez, ahora reposada, pondera que ella está convencida de que “a Martinelli lo convencieron de que el Presidente que no nombra a su Procurador, está frito, y que él no podía trabajar conmigo”.
No hay dudas en su mente de que la aparente tregua a la que hacen alusión los reportes de la Embajada de EU, no fue tal. Una vez que consiguió ubicar a sus magistrados en la Corte, dejó el asunto en sus manos y se desligó.
DECISIÓN TOMADA
“Pienso que eso ya era una decisión. Él soltó y dejó que la corrupción en la Corte corriera, y con los enemigos que ya yo tenía allá montados, que me gané por tratar de quitarnos los privilegios, …estaban con ganas. Eran como perros rabiosos esperando… y Martinelli les soltó la presa. Por eso se atrevieron a violar la Constitución y la ley, porque a mí me condenaron violando la ley” con un fallo de 5-4.
Una mayoría formada por los magistrados nombrados por el Partido Panameñista y el Partido Cambio Democrático: Alberto Cigarruista, Winston Spadafora, Aníbal Salas, Wilfredo Sáenz (suplente de José Abel Almengor, recusado) y Alejandro Moncada.
Los cuatro votos disidentes fueron los de los magistrados designados por el PRD: Harley Mitchell, Oydén Ortega, Jerónimo Mejía y Víctor Benavides.
Dado que Gilmour contaba con que su reporte se mantendría en reserva –al ser clasificado “confidencial”– fue poco “diplomático” y pintó un retrato del presidente Martinelli como una persona determinada a hacerse con el control de todos los órganos del Gobierno, principalmente del Judicial para blandirlo como arma contra la oposición, el PRD.
Gilmour explica: “Copar la Corte Suprema de Justicia le permite a Martinelli perseguir a sus (ampliamente considerados corruptos) enemigos políticos de dos maneras; deshaciéndose de una procuradora independiente y poco complaciente, y asegurándose de que la Corte manejará los casos por llegar de acuerdo con sus deseos”.
Ya Martinelli había penetrado en la Corte con la designación de dos magistrados altamente cuestionados por ser personas que le eran muy cercanas y que la comunidad considera no tienen la independencia necesaria para ejercer la alta magistratura. Ahora, colige la Embajada estadounidense, iba al asalto de la última institución judicial que no controlaba: el Ministerio Público, que dirigía Ana Matilde Gómez.
Todo el país lo tenía claro. Las señales abundan, pero los cables filtrados nos ponen al alcance ahora versiones de primera mano.
Un ejemplo elocuente es este pasaje del cable fechado el 26 de enero de 2010, que da cuenta de un comentario que Juan Antonio Tejada, el abogado de Gómez, hiciera a oficiales de política estadounidenses: “he asumido la defensa legal de Gómez, pero este es un caso político y no legal. Según Tejada, la decisión está tomada y ella será destituida”.
Técnicamente –explicaba Tejada– la CSJ no puede removerla por un cargo de abuso de poder, pero lo hará de todos modos. Lo mejor que su equipo de defensa puede hacer es comprar tiempo para trabajar en el otro asunto: quién la sucederá”. Y Ana Matilde Gómez fue destituida.
Frente a esa realidad, en una entrevista reciente se le preguntó a la exprocuradora si ella tenía fe en el desempeño de los tribunales en su caso. Y, sin alzar la voz, respondió: “No. Pero tampoco creí que se atreverían a violar la ley y la Constitución, porque para condenarme violaron la Constitución y la ley”. Por eso, recurrió a los tribunales internacionales.
SÍMBOLO
No es que la representación diplomática de EU en Panamá fuera incondicional de la procuradora Gómez. Se la consideraba cuando menos “poco efectiva”, pero reconocía sus esfuerzos para mantener la independencia de la institución que consideran clave como “institución de la democracia”. “Ella se ha convertido en un símbolo de las instituciones bajo sitio”, comentó Stephenson.
El tema de la “ineficacia” de Gómez se toca varias veces en los reportes. Ante ello, la exprocuradora señala: “Creo que ella está repitiendo lo que algunos miembros de la sociedad civil le transmiten en algún momento basados en sus situaciones personales. Eso y el desencanto por el caso del dietilene glycol por la falta de respuesta, que no es solo el tema procesal, sino también la respuesta institucional inadecuada ante un caso que rompe todos los paradigmas. Así que la investigación en el Ministerio Público era uno de los temas por los que el ciudadano y la sociedad podían sentirse disgustados, frustrados. De todos modos, yo no tramitaba directamente casi ningún caso”.
En su reporte del 2 de febrero de 2010, Stephenson explicaba cómo el ataque a la Procuradora –y mediante ella al Ministerio Público y la Justicia– llegaría directamente al ciudadano común que tal vez no se sentía directamente aludido.
“Los costos para Panamá de esas acciones –escribió– no se limitan a los problemas constitucionales. Con el deterioro de la independencia judicial de Panamá y la poca habilidad para hacer cumplir los contratos, el clima de negocios e inversiones sufrirá”. Pero además aludía al peligro del surgimiento de “opciones” contraproducentes. “Hemos visto en otros países de la región cómo el deterioro de la fe en las instituciones democráticas ha permitido la aparición de líderes populistas que trabajan para erosionar aún más el sistema de pesos y contrapesos”.
Los esfuerzos de la embajada estadounidense no se limitaron a palabras.
Stephenson explica en un cable que rechazó invitaciones a eventos destinados a promover Panamá como destino de inversiones, en un intento “diplomático” de mostrar con claridad “el vigoroso apoyo del Gobierno estadounidense por instituciones democráticas robustas. Como modesto primer paso, proponemos declinar una invitación hecha a un funcionario de la embajada a dar un discurso en una conferencia para aumentar las inversiones estadounidenses en Panamá –y explicar al Gobierno de Panamá por qué actualmente no estamos dispuestos a promover Panamá como un gran sitio para la inversión”.
Por si faltara más claridad, el TPC sigue varado.
Defensa de la institucionalidad
La gente se preguntaba en el momento de la crisis, y todavía hoy lo hacen:
—¿Por qué usted, Ana Matilde Gómez, no salió a denunciar públicamente el acoso?
—Sí hablé, pero no podía hacerlo públicamente. Como le dije a la exembajadora Stephenson –en una ocasión en que hablamos de la soledad de la empresa–, creo que un procurador tiene que ser muy prudente al expresar cualquier situación de injerencias externas.
Un Procurador General de la Nación no puede hacer una conferencia de prensa y denunciar injerencias, porque eso puede ser utilizado por grupos de interés y podía afectar investigaciones muy sensitivas que se estaban llevando en el Ministerio Público.
Yo creí que lo correcto era hablar, como lo hice, con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá; la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa; la Alianza pro Justicia; los consejos editoriales de La Prensa, Panamá América, La Estrella de Panamá; la Conferencia Episcopal y los representantes diplomáticos de países como Estados Unidos, México y España (grandes cooperantes en materia de justicia). Les expliqué a ellos, como actores importantes de la vida nacional y generadores de opinión, lo que estaba pasando.
Les planteé la injerencia y las llamadas de Martinelli. Y luego de hacerlo saber, pensé: ‘ahora yo tengo que quedarme en mi trinchera, resistir y esperar que la sociedad civil organizada, a través de sus actores más beligerantes, de los generadores de opinión, defiendan la institucionalidad’. Y ya ve lo que pasó”.
Vea: cables originales en inglés cable 1, cable 2, cable 3 , cable 4 , cable 5, cable 6
