Monday, February 11, 2008

Policía panameña reprime protestas callejeras de trabajadores

Panamá, 11 feb (Prensa Latina) Policías antimotines reprimieron a palos y golpes hoy una manifestación callejera de trabajadores del Seguro Social en Colón, con la que comenzó una jornada nacional de protestas anunciada por varios sindicatos panameños.

Testigos y noticieros de televisión de la ciudad de la costa atlántica, segunda de mayor importancia de Panamá, precisaron que las fuerza policiales arremetieron contra los líderes sindicales, incluyendo mujeres, los arrastraron y llevaron presos.

Los manifestantes, pertenecientes a la Asociación Nacional de Funcionarios de la Caja de Seguro Social (Anfacss) cerraron uno de los carriles de la principal vía de la ciudad, para permitir el flujo del tráfico, pero igual fueron reprimidos, dijeron testigos.

Edgar Dunn, dirigente de los trabajadores afiliados a la Anfacss de Colón, señaló que llevan tres semanas de protesta y paro de labores sin ser escuchados por las autoridades del Seguro Social.

Ellos solicitan, dijo, un local apropiado para funcionarios de la agencia de pago hacinados en un lugar inhabitable, remodelación de la sala de operaciones del principal hospital de la ciudad y construcción de un nuevo centro médico en esa provincia.

La dirigencia nacional de los trabajadores del Seguro Social y de los constructores dijo que realizaría protestas callejeras este lunes en todo el país, y en particular en esta capital.

Genaro López, dirigente de del Sindicato Unico de Trabajadores de la Construcción, que agrupa a más de 50 mil afiliados, dijo que el Gobierno no ha mostrado interés en aprobar el Reglamento de Seguridad, del que depende la vida y bienestar de los obreros.

Por su parte, Gabriel Pascual, dirigente de Anfacss, informó que exigen el pago de un aumento salarial pendiente desde 2006 y se oponen a presuntos planes del Gobierno de privatizar los servicios de salud.

Chávez amenaza con cortar petróleo a EU

EMBARGO. El presidente venezolano, Hugo Chávez, amenazó ayer domingo con suspender el suministro de petróleo a Estados Unidos si la Exxon Mobile Corp. gestiona judicialmente el embargo de los activos de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

"Un tribunal ordena que le congelen a Venezuela (bienes de la estatal petrolera PDVSA)... si ustedes nos llegan a congelar y nos hacen daño, nosotros les vamos a hacer daño. ¿Saben cómo? No les vamos a mandar petróleo a los EU", afirmó Chávez en transmisión televisiva de su programa Aló, presidente.

Expertos venezolanos defienden soberanía petrolera ante Exxon


Caracas, 11 feb (Prensa Latina) Expertos petroleros venezolanos de diferentes posturas políticas coincidieron hoy en defender la posición del presidente Hugo Chávez frente a lo que calificó de guerra económica liderada por la petrolera estadounidense Exxon Mobil.

  • Ingresos petroleros respaldan el desarrollo en Venezuela
  • Gobierno venezolano defiende unidad frente a política de EE.UU.
  • Para el ex secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) Álvaro Silva, la acción de la empresa norteamericana, al intentar congelar fondos de la petrolera estatal, enfrenta una decisión soberana.

    En ese sentido recordó, en entrevista con Venezolana de Televisión, que los estados tienen reconocidos, sin ninguna duda, el derecho a ejercer soberanía sobre sus recursos naturales.

    Precisó que esa soberanía quedó comprometida durante la llamada “apertura petrolera” del siglo pasado -que puso ese recurso en manos de firmas extranjeras- pero Venezuela tiene derecho a recuperar la soberanía.

    Asimismo, en opinión del experto petrolero Hugo Hernández Raffali, el intento de la empresa norteamericana de congelar 12 mil millones de dólares a Petróleos de Venezuela (PDVSA) es una medida temeraria frente a una decisión soberana del Estado.

    En entrevista con la televisora local Canal-i, Hernández Raffali, opinó que Exxon Mobil debió pedir al Comité Arbitral la canalización de su reclamo ante la nacionalización.

    Sin embargo, dijo, pese a que Venezuela llegó a acuerdos de entendimiento con otros socios, tomaron una medida de presión y chantaje ante una decisión soberana del Estado basada en la Constitución, que reserva a la nación los recursos petroleros.

    Coincidentemente el abogado Braulio Jactar, quien crítica otros aspectos de la política internacional de Chávez, indicó que el caso de Exxon Mobil corresponde a los venezolanos exigir respeto a la soberanía como pueblo.

    En un análisis difundido por la publicación Petroleumworld, Jactar indicó que cuando algunos venezolanos, por buscar la ruina política de Chávez, celebran un acto extranjero contra la República se colocan en sentido contrario a los intereses de la nación.

    Jactar recordó que Venezuela consideró el contrato firmado con Exxon Mobil contrario a sus intereses, el caso fue llevado a arbitraje y ahora a un tribunal ajeno a ese proceso dictó una medida cautelar.

    Eso, precisó, pero no quiere decir que una parte ganó, ni mucho menos que tenga razón en sus alegatos.

    TAL CUAL de La Prensa

    SALARIOS. Martín Torrijos ocupa el puesto número ocho (de un total de 18) en el ranking que preparó EFE, sobre el sueldo de los presidentes americanos. El primero es George Bush, de EU, con 33 mil dólares mensuales; el último, Fidel Castro: 30 dólares al mes, según él. Torrijos, con 7 mil dólares, gana menos que el guatemalteco Álvaro Colom (18 mil 657), Álvaro Uribe (9 mil 334) y Hugo Chávez (8 mil 372), pero más que el brasileño Lula Da Silva (6 mil 488) y la argentina Cristina Kirchner (4 mil 258). Al menos por esta vez no somos la vergüenza del ranking.

    MANDA. En la fiesta del Cristo de Atalaya estaban Martín Torrijos, Guillermo Endara, Mireya Moscoso, Pedro Miguel González, Juan Carlos Navarro, Juan Carlos Varela, Marco Ameglio y Elías Castillo, entre otros. Habría sido bueno ver si alguno iba caminando de espaldas o si entró a la iglesia de rodillas. O, mejor, si traía a alguien dándole latigazos. Voluntarios no habrían faltado.

    RECLAMO. Balbina Herrera tuvo que aguantar las quejas de varios delegados del PRD, reunidos en su centro, en la Transístmica. Dicen los quejosos que no tienen intención de reelegir ni a uno solo de los actuales miembros del CEN. La gente está pasando factura.

    Mónica Palm
    mpalm@prensa.com

    Fraude en el Canal: la justicia bajo presión



    Santiago Fascetto
    sfascetto@prensa.com

    La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) movió la primera pieza. Denunció ante el Ministerio Público un supuesto fraude en su contra por casi 700 mil dólares. ¿El principal sospechoso? Igor Tello Spadafora, empleado de la ACP y sobrino del magistrado Winston Spadafora.

    Tello Spadafora habría ganado, a través de la empresa TPM Suppliers S.A., 261 licitaciones gracias a información clave que manejaba por su cargo dentro del Canal. Pero el caso, que lleva adelante la fiscal tercera Anticorrupción, Yolanda Austin, y que instruye la jueza décimo quinta penal, Georgina Tuñón, podría diluirse. Los abogados del implicado presentaron una querella penal contra las dos. Las acusan de violar la correspondencia privada de su cliente, luego de un allanamiento que se hizo a la empresa TPM Suppliers.

    Además, interpusieron un recurso de amparo a favor de su cliente ante el Primer Tribunal Superior, quien le dio la razón al sobrino del magistrado en un trámite veloz. La investigación pende de un hilo.

    ACP sufre estafa por casi $700 mil

    No hay un manual para consumar el fraude perfecto y salir inmaculado. No obstante, si en algún momento alguien tiene la osadía de escribirlo, Igor Tello Spadafora podría contribuir con varios capítulos.

    Tello Spadafora, empleado de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), es investigado por un supuesto fraude a la ACP por casi 700 mil dólares. Sería una de las mayores estafas que sufriera el Canal desde que Estados Unidos lo entregó en 1999.

    Tello Spadafora tiene un segundo apellido famoso en el país: es el sobrino del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Winston Spadafora. Pero la vinculación va más allá de los lazos de sangre: el hijo del magistrado, Winston Spadafora Gálvez, también estaría involucrado en el supuesto ilícito.

    Tras una pesquisa interna, la ACP –a través de su fiscalizador general Víctor Diamond– presentó la denuncia penal contra Tello Spadafora y una empleada de compras el 13 de junio de 2007. El caso le tocó a la fiscal tercera Anticorrupción, Yolanda Austin, quien investiga a Tello Spadafora por tres supuestos delitos: fraude, peculado e inviolabilidad del secreto.

    Negocio redondo

    El mecanismo ilegal que habría organizado, pieza por pieza, Tello Spadafora es simple: primero inscribió una empresa –TPM Suppliers SA, de la cual es gerente general, según la Justicia– y luego la puso a competir en concursos públicos de la ACP que él mismo ayudaba a preparar desde su puesto de especialista en equipos eléctricos de alto voltaje.

    ¿El resultado? Entre marzo de 2005 y mayo de 2007, TPM Suppliers ganó 261 licitaciones por un monto de 698 mil 200 dólares. Todo gracias a la información clave que manejaba Tello Spadafora.

    El negocio "redondo" recién lo descubrió la ACP el 28 de mayo de 2007, tras una auditoría interna de rutina. Es decir, el sobrino del magistrado tuvo unos 26 meses de "ventaja" para llenarse los bolsillos.

    Tello Spadafora era el encargado de pedirle a la oficina de compras los insumos que necesitaba la sección de Electricidad de Exteriores de la ACP. Desde camperas especiales, sierras, hojas, y hasta juegos de empalmes sumergibles.

    Según consta en la investigación, Tello Spadafora enviaba por correo electrónico a su socio en TPM Suppliers, Luis Pinto, la lista de materiales que precisaba la ACP. Eso le daba tiempo suficiente a la empresa para solicitarlos en el exterior y tener los insumos en Panamá antes de la licitación.

    Así, TPM Suppliers sabía de los pedidos que realizaría la ACP antes de que se hiciera público el concurso. Una "trampa" al estilo Nostradamus.

    Luis Pinto, según información judicial, fue socio de Tello Spadafora en otros negocios.

    La supuesta estafa no respetó ni la prolijidad: Tello Spadafora llegó a enviarle a Pinto, por correo electrónico, una copia completa del presupuesto de operaciones 2006-2007 de la ACP, que incluía desde el mantenimiento eléctrico programado para el período, hasta el detalle exacto de los suministros que necesitarían.

    Una vez que TPM Suppliers tenía la información, se dedicaba a buscar en diferentes partes del mundo los repuestos y accesorios, que luego vendería –con toda seguridad– a la ACP.

    La empresa de Tello Spadafora pagaba parte de sus compromisos con los proveedores con tarjetas de crédito de familiares y amigos.

    Según el expediente, Winston Spadafora Gálvez –hijo del magistrado y ex embajador en Italia durante la gestión de Mireya Moscoso– colaboró con el "negocio" de su primo: abonó en varias ocasiones los materiales que adquirió la empresa en el exterior.

    Un detalle que llamó la atención de los investigadores fue la escasa habilidad de TPM Suppliers de abrirse mercado fuera de los límites del Canal. Según las facturas que secuestró la Justicia, durante sus cortos años de vida TPM Suppliers solo hizo negocios con la ACP.

    BREVEDAD

    El poco apego que tenía Tello Spadafora de competir con otras compañías lo trasladó a sus negocios con la ACP: gracias a sus conocimientos técnicos, Tello Spadafora creaba mecanismos para descalificar a las otras empresas que se presentaban en las licitaciones públicas para pugnar con la suya.

    El artilugio favorito era poner plazos breves de entrega. Así, ningún competidor del sector podía arriesgarse a pedir los materiales fuera de Panamá y, ante cualquier contratiempo, no cumplir los cortos períodos establecidos en las bases del concurso. Eso despejaba el camino para la única empresa local que tenía en sus depósitos cada uno de los materiales solicitados: TPM Suppliers.

    Inclusive, la ACP hacía pedidos, a instancias de Tello Spadafora, de materiales que tenían en sus propios depósitos.

    La Justicia también analiza si Tello Spadafora infló los precios de los insumos para aumentar el margen de ganancias de TPM Suppliers.

    Por lo pronto, la sede de la empresa no refleja su éxito empresarial: el edificio –ubicado en una calle de Parque Lefevre– se parece más a una humilde casa familiar que a una empresa próspera que ganó 261 concursos públicos que organizó el principal actor económico de Panamá.

    LA RUTINA, IGUAL

    Hoy, Tello Spadafora llega todas las mañanas a la ACP para presentarse a trabajar. A pesar de la denuncia penal en su contra, no fue suspendido ni despedido. No obstante, la ACP tomó algunas medidas preventivas: lo trasladó a otra dependencia, lejos de la oficina de compras y le prohibió el acceso a cualquier computadora.

    Sin "su hombre" dentro de la ACP, la empresa no ha ganado ninguna licitación más. Incluso, la compañía se encuentra sancionada por el Canal desde el 28 de enero de 2008.

    Esta rutina diaria del empleado seguirá igual hasta que la ACP termine el proceso que lleva adelante para conocer si su comportamiento violó el Reglamento de Ética y Conducta de la organización.

    El trámite –paralelo al que lleva adelante la Fiscalía Tercera Anticorrupción en el Juzgado Décimo Quinto penal, que preside la jueza Georgina Tuñón– es un rosario burocrático, por lo que aún no concluyó. No obstante, la ACP se constituyó en querellante en la denuncia penal.

    El próximo paso que dará la fiscal Austin será escuchar el descargo de los imputados, aunque en los pasillos del Ministerio Público ponen en duda que se llegue hasta el fondo del asunto a raíz de las presentaciones judiciales contra la jueza y la fiscal que interpuso el representante legal Tello Spadafora.

    Según este, durante el allanamiento a la empresa se violó el derecho a la correspondencia privada de su defendido al hacer una copia del disco duro de una computadora (ver recuadro). Este diario intentó hablar con Tello Spadafora a través de su abogado, pero este solo se limitó a atacar a la fiscal y a este medio de comunicación. La acusación contra Austin y Tuñón ha congelado la investigación. Por eso, aún resta saber si el caso llegará hasta el final o habrá, en cambio, que ir buscando la gaveta en la que quedará olvidado.

    Otra vez la justicia está bajo presión

    La primera señal tuvo como destinataria a la fiscal Maribel Cornejo: investigar a la cúpula del poder judicial de Panamá tiene sus consecuencias.

    Ahora, su colega Yolanda Austin –fiscal tercera Anticorrupción– y la jueza del Juzgado Décimo Quinto penal, Georgina Tuñón, recibieron el mismo mensaje: el abogado de Igor Tello Spadafora presentó una querella penal contra la jueza ante el Segundo Tribunal Superior, y otra contra la fiscal ante la Sala Penal de la Corte.

    Dentro de la pesquisa contra Spadafora Tello, Austin allanó la empresa TPM Suppliers y grabó información de una computadora. Una vez que comenzó a analizar los datos, la fiscal se percató de que dentro del aparato había una carpeta con correos electrónicos. Por eso, el 21 de septiembre pidió autorización a Tuñón para revisar ese material. El permiso llegó el 9 de octubre.

    El proceso no pudo continuar porque el abogado de Tello Spadafora presentó, además, un amparo de garantías constitucionales argumentando que la fiscal grabó la información de la computadora sin contar con el permiso de la jueza y así violó comunicaciones electrónicas privadas. En primera instancia el recurso se rechazó, pero luego el Primer Tribunal Superior aceptó el amparo. La investigación está en la cuerda floja: como en el caso de Cornejo, el cazador está bajo el fuego del cazado.

    Suntracs y Anfacss, a la calle


    José Somarriba Hernández jsomarriba@prensa.com

    El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y la Asociación Nacional de Funcionarios de la Caja de Seguro Social (Anfacss) cumplirán sus amenazas desde hoy. Ambos grupos volverán a las calles en protesta por lo que llaman "reclamos justos".

    Genaro López, dirigente de Suntracs, dice que el Gobierno no ha mostrado interés en aprobar el Reglamento de Seguridad. Se trata de un documento de 373 artículos que, según Suntracs, ha sido consensuado en su totalidad y no termina de reglamentarse.

    Gabriel Pascual, de Anfacss, indicó que volverán a bloquear la Transístmica para que se les pague su ajuste salarial.

    René Luciani, director de la CSS, ha dicho que en marzo se cumplirá con el pago.

    Dos grupos programan cierres

    Hoy comienza una semana de protestas en la capital, que podrían extenderse al interior del país tras la advertencia de los dirigentes de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Caja de Seguro Social (Anfacss) y del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs).

    Concluida la tregua de Carnaval, miembros de la Anfacss seguirán el bloqueo frente al Complejo Hospitalario Metropolitano, en la vía Transístmica, a partir del mediodía, para exigir el pago de un ajuste salarial de 60% que dicen se les adeuda y que les fue aprobado en 2006, así como para protestar por las supuestas intenciones del Gobierno de privatizar los servicios de salud.

    Gabriel Pascual, dirigente de Anfacss, dijo que el año pasado se les canceló el 40% del ajuste y que en enero pasado debieron recibir 25% más, pero la administración de la CSS informó que lo pagaría en marzo próximo, lo que califican como "una falta de respeto".

    En tanto, Genaro López, secretario general del Suntracs, amenazó con bloquear calles desde hoy, por la falta de interés del Gobierno de aprobar un reglamento de seguridad que rija a la construcción.

    El pasado 10 de enero el Gobierno aprobó el Convenio sobre Seguridad y Salud en la Construcción, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo, en 1988.