Monday, August 23, 2010

Aumenta fraude de tarjetas de crédito





IMPACTO. Cifras de la Asociación Bancaria de Panamá dan cuenta que 80% de los cinco millones de dólares defraudados a la banca en el país durante 2009 fue por casos de falsificación de tarjetas de crédito. LA PRENSA












RAFAEL LUNA NOGUERA
rluna@prensa.com

Entre enero y julio de 2010 fueron reportados 362 casos de fraudes con tarjetas de débito y crédito, 212 casos más que los 150 contabilizados en todo el año 2009. Se trata de un incremento de más del 100%, según registros de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Pero a pesar de lo alarmante de la cifra, esta no refleja la verdadera magnitud de un problema que, de acuerdo con ejecutivos de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), se agrava por días.

Solo en 2009, los bancos locales reportaron pérdidas por cerca de cinco millones de dólares. El 80% de estos casos fueron “clonación” o falsificación de tarjetas.

Según los expertos de la ABP, la llamada “cifra negra” –no conocida– en este ilícito es enorme, debido a que casi ninguna de las personas agraviadas denuncia los casos y prefiere esperar a que el seguro le reembolse lo perdido.

No obstante, las empresas aseguradoras han comenzado a pedir a sus clientes copias de las denuncias ante la DIJ, como requisito indispensable para procesar los reembolsos.

En el pasado, la “clonación” de tarjetas de crédito era un delito realizado por colombianos y venezolanos, pero en la actualidad el ilícito es cometido mayoritariamente por panameños.

De acuerdo con la ABP, los restaurantes, gasolineras, hoteles, arrendadoras de carros y casinos son los lugares donde la “clonación” de tarjetas ocurre con más frecuencia.


No pierda de vista su tarjeta


RAFAEL LUNA NOGUERA
rluna@prensa.com

Es un hecho. De los siete tipos de fraude con tarjetas de crédito que ha logrado identificar la banca, la “clonación” es el de mayor impacto en el país. Además, va en aumento.

En 2009, la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) calculó que 80% de los cerca de cinco millones de dólares defraudados a los bancos en el país fue por “clonación” de tarjetas de crédito.

A su vez, cifras internacionales indican que por cada 100 dólares vendidos con tarjetas de crédito en América Latina, 0.03 centésimos se quedan en esas operaciones fraudulentas.

Según la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), las denuncias no son proporcionales a la verdadera magnitud del delito, pues muy pocos acuden ante las autoridades o no lo hacen en el tiempo indicado.

La razón de ello, según la ABP, es que la gran mayoría de los tarjetahabientes tiene seguros contra fraudes y prefiere esperar a que estos los compensen.

Manuel Bonome, jefe de la División de Fe Pública de la DIJ, dijo que en 2009 se denunciaron 150 casos y este año van 362, incluyendo fraudes con tarjetas de débito y cajeros automáticos.

Pero, ¿qué significa “clonar” una tarjeta de crédito?, ¿cómo y dónde se hace? y, lo más importante, ¿cómo se evita?

DE VIEJA DATA

Santiago Herrera, coordinador del Comité de Seguridad, Alejandro Melo, miembro de esa misma comisión, y Gerardo Tejeira, coordinador del Comité de Prevención de Fraudes con Tarjetas, todos de la ABP, explicaron de qué se trata este ilícito –que se comete desde hace más de 30 años–y cuál es su alcance actual.

Lo primero que aclararon es que la “clonación” es el tipo de fraude con tarjetas con mayor incidencia en el país.

Le sigue el que se conoce como “uso fraudulento de las cuentas”, que consiste, como su nombre lo dice, en obtener ese número secreto para luego realizar compras por internet o por teléfono.

Por lo general, los delincuentes obtienen los números en los estados de cuenta desechados, en planillas de seguros, en facturas de empresas y otros documentos, a los que agregan el número de la tarjeta y su fecha de vencimiento, obtenidos de la misma forma que los anteriores papeles.

Los otros tipos de fraude con tarjetas de crédito ocurren cuando la tarjeta es robada a la persona, o cuando no la recibe tras solicitar una nueva por vencimiento o deterioro.

También puede pasar que el defraudador pida una tarjeta con datos falsos y después de usarla no pague el consumo; o que se apodere de los datos financieros del tarjetahabiente y robe su identidad para interceptar algunas de sus tarjetas.

DE PESCA

Todas las modalidades de “clonación” de tarjetas de crédito utilizan un aparato conocido como skimmer –“pescadoras”– que graba la información de la banda magnética: número de cuenta, cédula, entre otros.

Las pescadoras han evolucionado. Años atrás solo podían leer un número determinado de tarjetas y copiar parte de la información de la banda. Además, eran tan grandes como un control de televisión. Hoy graban miles de combinaciones con toda la información de la banda y son más pequeñas.

Después de que el defraudador “raspa” la tarjeta y copia la información de la banda, descarga esos datos en una computadora y los edita para cambiar la identidad del cliente, su número de cédula y otros dígitos de seguridad. El número de cuenta queda intacto.

Más tarde, la información editada es pasada a una nueva tarjeta, que puede estar en blanco o no.

Según explicó Herrera, los plásticos en blanco son comprados por internet, pero obligan al defraudador a tener cómplices en los comercios.

Por ello, las organizaciones delictivas usan como base para los “clones” tarjetas con los colores y logotipos de bancos reconocidos, pero que han sido desechadas por estar vencidas, porque se han extraviado o porque han sido robadas.

MODERNIDAD

Hoy en día suceden tres cosas que no ocurrían en el pasado. Lo primero es que de una misma cuenta son sacados varios “clones” o varias tarjetas “clonadas”.

Lo segundo es que los consumos con las tarjetas falsificadas ya no se realizan solo en el extranjero; ahora también tienen lugar en el país, lo que dificulta las investigaciones porque podría parecer una compra usual.

Y lo tercero es que el ilícito ya no solo es cometido por delincuentes colombianos y venezolanos, como en el pasado, sino que ahora se han sumado los panameños a la actividad.

De acuerdo con registros de la ABP, los comercios en los que más se clonan tarjetas de crédito son los restaurantes, estaciones de servicio, hoteles, arrendadoras de vehículos y casinos.

Según Melo, el 99.9% de los casos la clonación es realizada por algún empleado deshonesto, por lo que no se puede señalar a los propietarios de los locales.

Algunas cifras no confirmadas indican que un salonero puede llegar a recibir hasta 25 dólares por cada tarjeta que “clone”, pero si es descubierto de seguro pagará condenas de prisión que van de cuatro a 10 años, según el Código Penal vigente.

Pero aunque los dueños de los locales donde ocurren los hechos no están involucrados, los bancos llaman su atención y los exhortan a tener mayor control sobre sus empleados. Incluso, dijo Tejeira, se han tomado medidas como el retiro de los puntos electrónicos de venta en comercios reincidentes.

De hecho, la banca prevé suscribir una suerte de “pacto de caballeros” que implicará la confección de una lista de “comercios dudosos”, y si una entidad le quita el punto de venta a un comercio en particular, los demás también lo harán.

DENUNCIA OBLIGATORIA

Y como quiera que la denuncia de los casos ante la autoridad es crucial para la persecución del ilícito, las empresas aseguradoras han comenzado a exigir a sus clientes copia de ese trámite para pagar los reembolsos.

Para Herrera, no solo es importante que se denuncien los casos y se castigue a los responsables, sino que además las personas y los bancos deben tomar conciencia de la magnitud del problema para que adopten medidas de prevención (ver infografía).

Instó a la banca a cumplir los artículos 44 y 45 de la Ley 81 del 31 de diciembre de 2009, que regulan el uso de tarjetas de crédito y débito.

Asimismo, exhortó a los comercios a capacitar mejor a su personal, sin importar cuán alta sea su rotación, para que verifiquen que en toda transacción con tarjeta de crédito los números troquelados coincidan con los que quedan impresos en el recibo. Además, se deben verificar si la firma de la tarjeta coincide con la de otro documento de identidad de la persona.

“Este es un delito en el que es relativamente fácil atrapar al responsable, porque en su ejecución deja muchos indicios, pero no se está persiguiendo porque casi nadie lo denuncia”, dijo.

EL FUTURO

Tejeira anunció que pronto comenzará una campaña nacional para que el “banco sea llevado a su mesa”; es decir, para que se ponga en operación la mayor cantidad posible de puntos de venta inalámbricos, de modo que el tarjetahabiente nunca pierda de vista su tarjeta, que es la mejor forma de evitar que se la “clonen”.

Thursday, August 12, 2010

Martinelli retoma el mazo

OHIGGINIS ARCIA JARAMILLO
oarcia@prensa.com

El presidente de la República, Ricardo Martinelli, retomó el mazo, las denuncias y las promesas, durante una visita que realizó ayer a Colón. Allí derribó parte de la pared de una vieja casona de inquilinato, y se comprometió a invertir 125 millones de dólares para substituir 200 viviendas condenadas.

Martinelli llegó, con una hora de retraso, a la demolición del primero de 18 inmuebles deshabitados y condenados de los barrios Norte y Sur, en la ciudad de Colón. Se había anunciado que el Presidente daría inicio a los trabajos.

Minutos antes había hecho entrega de las llaves de 16 apartamentos a familias de escasos recursos de la provincia caribeña.

Durante su discurso de unos 15 minutos, el mandatario dijo que el dinero para la renovación de Colón saldrá de aquellos empresarios que evitan pagar impuestos. “Es mi responsabilidad encontrar estos recursos. Muchos empresarios para no pagar el impuesto de dividendos hacen retiros individuales de dinero de la empresas, para no tributar el 10% que les corresponde. Eso lo vamos a tener que revisar para sacar los 100 millones y renovar Colón”, afirmó el mandatario, como fórmula para sustentar su nueva promesa.

Una vez concluyó su disertación, Martinelli se dirigió al primer caserón que sería derribado, ubicado a unos 100 metros. Tomó un mazo y golpeó la antigua pared del inmueble unas 15 veces, saltando de alegría cuando logró abrir un boquete. Luego, le pasó la herramienta a su vicepresidente, Juan Carlos Varela.

No satisfecho con eso, el jefe del Ejecutivo tomó un taladro y comenzó a perforar parte de la casa condenada. En ese momento Martinelli era el centro de atracción de todos los presentes, a pesar de que el ardiente sol caribeño no invitaba a permanecer en el lugar.

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), en el barrio Norte de la ciudad de Colón hay 88 casas condenadas, mientras que en el barrio Sur existen 109.

La aventura de Martinelli en Colón continuó en el área de los 4 Altos, adonde se trasladó con su equipo para inaugurar la segunda fase de la autopista Panamá-Colón, que contará con una longitud de 13 kilómetros y costará 216 millones de dólares, según los informes del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Allí, Martinelli hizo otra advertencia a los empresarios. “Aquí hay un grupo de empresarios gallotes que no quieren pagar impuestos. Y no podemos permitir que estos tres bellacos se lleven la ilusión y esperanza de todos los panameños”.

Al presidente no le importó que en la tolda donde estaban los invitados se encontraran varios empresarios y comerciantes de la Zona Libre ubicada en la ciudad caribeña.

Ante los señalamientos del mandatario, Severo Sousa, presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, recordó el aumento de impuestos que para este sector empresarial se produjo en septiembre de 2009. “En los últimos cinco años hemos quintuplicado los aportes al Estado”, acotó el empresario.

Además del vicepresidente Varela, acompañaron a Martinelli en su gira colonense Federico Suárez y Carlos Dubois, ministros del MOP y el Miviot, respectivamente. También estuvieron varios directores de instituciones estatales.

Hoy por Hoy de La Prensa

La farsa llegó a su fin y una persona sin haber cometido delito alguno ha sido condenada por un grupo de magistrados al servicio incondicional del Ejecutivo. La Procuradora general de la Nación ha sido sometida a un inmerecido escarnio porque el Presidente de la República se encaprichó con su puesto. No olvidemos que si hay un responsable de esta patraña legal en contra de una funcionaria que no hizo otra cosa que cumplir con su deber, ese es el Presidente de la República.

Sobre sus hombros y por el resto de sus días tendrá que cargar con la culpa de haber cometido una infamia contra una inocente. Y al igual que el autor intelectual de esta ignominia, no menos repugnante ha sido la actuación de la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que se convirtieron en los autores materiales de este entuerto.

¿Qué moral tendrán estos magistrados para seguir impartiendo justicia? Sin ningún reparo, han pisoteado el honor de una persona solo para complacer el antojo de un gobernante hambriento de un poder desmedido. Condenar a un inocente es, sin duda alguna, la más ruin, abominable y vil de todas las injusticias que se pueda cometer, y por ello la justicia en Panamá una vez más se viste de luto.

Seis meses de cárcel para la procuradora Ana M. Gómez

JUAN MANUEL DÍAZ C.
jdiaz@prensa.com


Tras unas dos horas de deliberación, cinco de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron condenar anoche a la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, por “abuso de autoridad y extralimitación de funciones”, al autorizar unas interceptaciones telefónicas en una investigación a un fiscal acusado de recibir una coima.

La condena implica seis meses de prisión y la inhabilitación para ejercer funciones públicas por un período de cuatro años. Los seis meses de prisión fueron conmutados por 40 días multa, a razón de 100 dólares por día, lo que totaliza 4 mil dólares.

El esperado juicio contra Gómez se inició a las 9:00 a.m. de ayer, en la sala de audiencias del Segundo Tribunal Superior de Justicia, del Palacio Gil Ponce. Estuvo presidido por el magistrado Aníbal Salas, mientras que Wilfredo Sáenz actuó como ponente. El secretario de la Procuraduría -en calidad de procurador encargado- actuó como fiscal.

Gómez tiene un plazo de un año para pagar la multa de 4 mil dólares, pero anunció que no lo hará. “Hay corruptos administrando justicia. No voy a pagar ni un real a la delincuencia”, expresó, con lágrimas, poco después de escuchar el veredicto. El público en el que se mezclaban familiares, amistades y fiscales que trabajaron con ella la aplaudió. Después se retiró a su casa.

La defensa de Gómez anunció que presentará un recurso de revisión, tan pronto se produzcan las notificaciones del fallo y sus salvamentos. Solo cuando todos estos trámites terminen, empezará a correr el término de un año otorgado a Gómez para pagar la multa. Si no lo hace, irá presa.

La procuradora repitió que su salida es consecuencia de no haber aceptado órdenes del presidente, Ricardo Martinelli. “Ese es el escarnio que me quiere dar el Ejecutivo... aquí, al que no le pueden poner precio, le abren un expediente”, manifestó.

Gómez fue designada en el cargo el 3 de enero de 2005, por el entonces presidente, Martín Torrijos. Fue suspendida del cargo el 5 de febrero pasado y le quedaban cinco años para completar su periodo. Con lo de ayer, se convirtió en el segundo procurador de la era post dictadura militar condenado y expulsado de su cargo. El primero fue Rogelio Cruz, en 1993.

La condena llega en medio de un escándalo por “pinchazos” en la Procuraduría de la Administración. Pero a diferencia de Gómez, que autorizó las interceptaciones para perseguir un acto de corrupción, las escuchas de las que conocía el procurador de la Administración, Oscar Ceville violaron las comunicaciones privadas de subalternos que no habían sido señalados por la comisión de delito alguno.


Once horas de agonía


JUAN MANUEL DÍAZ C.
jdiaz@prensa.com

“Culpable”, pronunció con evidente frialdad el presidente de la Corte Suprema, Aníbal Salas.

Ana Matilde Gómez Ruiloba escuchó el veredicto que la expulsaba definitivamente de la Procuraduría de la Nación. Sin lágrimas ni gestos. En silencio. Sentada frente a Salas y los otros ocho magistrados.

Arquimedes Sáez también escuchó el veredicto, sentado en el público, sonriente. El ex fiscal de La Chorrera, que está libre bajo fianza, en espera del juicio por el delito de concusión, es el responsable de que Gómez esté donde está: hace un año la denunció por abuso de autoridad y extralimitación de funciones por haber autorizado la interceptación de unos teléfonos como parte de un operativo encubierto para probar que estaba pidiendo una coima. (Ver cuadro).

A los magistrados les tomó 11 horas enjuiciar, valorar las pruebas, deliberar y sancionar a Gómez.

El juicio se programó para las 9:00 de la mañana. Gómez llegó 15 minutos antes, con sus padres y esposo.

Su madre hablaba de su fe en Dios. “Espero que los magistrados tomen una decisión basada en la justicia”, expresó Ana Evelia Ruiloba.

Su hija no era tan optimista. Desde que fue suspendida del cargo el 5 de febrero pasado, sabía que no regresaría más a su despacho. Por no ceder a las “presiones” del presidente, Ricardo Martinelli, aseguró. “Y me alegro de no haberlo hecho”, ratificó ayer.

Con ella también estaban Carlos Muñoz Pope, Aurelio Barría, Kenia Purcell (ex subsecretaria de la Procuraduría de la Nación) y los ex fiscales Ramiro Esquivel, Eduardo Guevara, Abril Arosemena y Eduardo Ulloa.

“En buen panameño, aquí to’ ta’ habla’o, y es muy difícil que se dé un cambio en la decisión de los magistrados de la Corte”, expresó el abogado y catedrático universitario Miguel Antonio Bernal a los periodistas.

A las 9:15 a.m., se abrieron las puertas de la sala de audiencias. Una larga fila de interesados pugnaba por entrar. Solo habían 200 sillas para lo que algunos calificaron como un hecho histórico. La última vez que un procurador fue enjuiciado fue hace 17 años.

El inicio de la audiencia tuvo algunos incidentes. El magistrado Harley Mitchell tropezó con una silla y casi se cae. A Winston Spadafora se le derramó un vaso de agua sobre la mesa.

Aníbal Salas, quien dirigió la audiencia, declaró abierta la sesión casi inmediatamente. Le preguntó a Gómez cómo se consideraba. “Inocente”, respondió con aplomo.

Luego, el procurador encargado de la Administración, Nelson Rojas, que actuó como fiscal, pidió la palabra para impugnar los únicos dos testimonios en agenda: el de Rigoberto González, ex secretario de la Procuraduría de la Nación, y el de Miguel Ángel Sambrano, el hombre que denunció a Sáez por pedirle 2 mil dólares a cambio de una medida cautelar a favor de su hijastra. La moción fue rechazada por los magistrados. Posteriormente, Sáez que participó en el juicio como acusador particular se ocupó de quitar a Sambrano del medio: a través de su abogado, Ángel Álvarez, desistió del testimonio de Sambrano. Lo paradójico es que él mismo había convocado a Sambrano como testigo. Ahora no se sabrá con qué propósito.

Sambrano, que esperaba en un cuarto aparte, fue informado de que ya no era requerido. Ingresó un rato a la sala de audiencias y luego se marchó.

El que sí habló fue Rigoberto González, presentado por la defensa de Gómez. González defendió la facultad del Procurador de la Nación para autorizar interceptaciones telefónicas.

También dijo que al mes de agosto de 2005 cuando se autorizaron las escuchas sobre Sáez no había fallo alguno de la Corte que estableciera de forma taxativa quiénes eran “autoridad judicial”, como dicta el artículo 29 de la Constitución reformada en 2004.

“Para mí esto se trata de un asunto de interpretación, ya que muchos autores consideran a los funcionarios del Ministerio como una autoridad judicial”, planteó.

Las “explicaciones técnicas” de González le valieron que en dos ocasiones Salas le llamara la atención. Le acusó de no responder “de forma directa” a Álvarez, el abogado de Sáez.

Casi todos los magistrados tenían preguntas para González. Mitchell, incluso, llegó a decir que tenía 28 interrogantes, pero al final solo hizo una.

Terminado el testimonio de González, hubo un receso para almorzar y prepararse para los alegatos.

El primero en alegar fue Nelson Rojas, quien sostuvo que tanto Gómez como González violaron la ley, ya que conocían que la reforma constitucional de 2004 les prohibía ordenar escuchas telefónicas.

Después le tocó al abogado de Sáez. Ángel Álvarez planteó que Gómez quería perjudicar a su cliente: primero le degradó de fiscal superior a fiscal de circuito, y luego le “armó” una investigación por actos de corrupción.

Lo de Sáez según Álvarez fue parte de una “persecución” que emprendió Gómez contra otros fiscales, y mencionó a Argentina Barrera, Nedelka Díaz y Geovanni Olmos. Todos fueron separados en medio de investigaciones disciplinarias internas.

También acusó a Gómez de haber autorizado otros 53 casos de escuchas telefónicas “ilegales”. No aportó ni una prueba sobre este último señalamiento.

Grisel Mojica, abogada de Gómez, cerró la fase de alegatos. Llamó la atención sobre el hecho de que mientras su cliente es enjuiciada, Sáez cuyo juicio por el delito de concusión se ha dilatado inexplicablemente estaba como un hombre libre, sentado en la sala de audiencias.

Salas ordenó primero un receso de 30 minutos, y después, sesión permanente. Los magistrados deliberaban en el mismo salón reservado para las deliberaciones de los jurados de conciencia. Entraron a las 6:10. Poco antes de las 8:00 llamaron a todas las partes para leer el veredicto de culpabilidad.

Gómez no tardó en anunciar que no pagaría la multa de los días conmutables. Su padre se apresuró a decir que él sí lo haría. A la Procuradora se le quebró la voz. Entonces sí hubo lágrimas.

“No permitiré que mi hija vaya a la cárcel por una sanción que no se merece”, afirmó César Gómez.

Al final, la Procuradora se fue como llegó: con sus padres y su esposo. Pero escoltada esta vez por agentes de la seguridad del Órgano Judicial. Como si fuera una delincuente más.


Tuesday, August 3, 2010

PANAMÁ OESTE SE DESPIERTA A NUEVAS INVERSIONES

MELISSA NOVOA
mnovoa@prensa.com

Panamá oeste se ha convertido en terreno fructífero para que los promotores de inmuebles planten sus inversiones.

Desde que termina la carretera proveniente del puente Centenario y comienza la autopista Arraiján-La Chorrera, se ven los techos de proyectos nuevos que se han levantado en el área.

A lo largo, tanto de la carretera Interamericana como de la autopista Arraiján-La Chorrera, el equipo pesado, el movimiento de obreros y las grandes vallas de proyectos inmobiliarios y comerciales son una muestra de que el área está despertando.

¿Pero qué ha hecho que se esté dando este despertar?

Los promotores inmobiliarios coinciden en que el que se haya ampliado a cuatro carriles la carretera que une a los distritos de Arraiján y La Chorrera, el tener la vía al puente Centenario como otra opción para acceder a la capital, el desarrollo del proyecto Panamá-Pacífico en Howard y el no tener que pagar el peaje en la autopista son factores determinantes en su decisión de levantar nuevos proyectos residenciales.

Además, para ellos significa correr con suerte el poder adquirir tierras cuyos precios oscilan entre un dólar y 20 dólares el metro cuadrado, cuando en la ciudad capital estos oscilan entre 800 dólares y 5 mil dólares el metro cuadrado.

Diseños más costosos

A esto se le suma la necesidad de vivienda que hay entre la población que tiene que optar por residir en un pequeño apartamento en medio del bullicio de la ciudad o recorrer de 12.8 kilómetros a 32.2 kilómetros para llegar a un proyecto residencial más amplio y en un ambiente más tranquilo.

“En el área oeste se han dado las condiciones adecuadas que atraen a las personas a querer comprar en el lugar”, dice la presidenta de Convivienda, Elisa Suárez de Gómez.

Esta necesidad de vivienda y la mejora en las vías de acceso son oportunidades que los promotores han aprovechado para diseñar productos diferentes a los que ya están en el mercado, a precios por arriba y también por abajo del interés preferencial, cuyo tope son 80 mil dólares, y en zonas cercadas que incluyen área social y otras amenidades.

Esto ha cambiado el panorama de Panamá oeste, así lo reconoce la presidenta de Convivienda.

Ella admite que cada vez hay menos proyectos cuyos costos están por debajo de los 30 mil dólares —que era el grueso de lo que había en el área— a desarrollos más costosos que superan los 100 mil dólares.

Grandes proyectos

El rostro de la región oeste está cambiando. Desde una vista aérea se pueden observar los masivos desarrollos de casas que tienen años de estar allí, al lado de nuevas inversiones residenciales y comerciales que le dan valor a las ya existentes.

En La Mitra de La Chorrera y accediendo por el hospital Nicolás A. Solano o por la vía de la feria de La Chorrera, se levanta uno de estos nuevos vecinos.

Allí, la empresa Royal Consulting Investment construye el complejo residencial María Bonita, de 400 casas, que incluye área social, piscinas, jacuzzi, cancha de básquet, capilla, guardería y clínica en un terreno de 221 mil metros cuadrados.

“Las viviendas son de 130 a 165 metros cuadrados de construcción y cuyos precios oscilan entre 90 mil dólares y 195 mil dólares”, dice Paolo Quarta, presidente de la promotora inmobiliaria.

A unos metros de María Bonita y entrando por la autopista Arraiján-La Chorrera, el Grupo Roble continúa la construcción de su proyecto Arboledas.

Se trata de una urbanización desarrollada en forma de comunidades cerradas con un muro perimetral, con parques de 8 mil metros cuadrados, área social y ciclovías.

En la actualidad están terminando la primera de las nueve comunidades o cluster, como la empresa le llama a las etapas que tiene programadas desarrollar en el área. La primera etapa consta de 480 casas de uno o dos niveles.

A finales de año se espera comenzar la preventa de la segunda etapa del proyecto, que incluirá residencias de 59 mil 800 dólares a 80 mil dólares que es lo que está exigiendo la demanda.

Para todos los gustos

Del otro lado de la autopista también la construcción se dinamiza.

Allí, en Calle Larga en La Chorrera, la empresa The Group Panamá levanta 680 casas que van de 57 mil dólares a 175 mil dólares en el proyecto Mystic City.

Una obra que al igual que las otras promete amenidades como cancha de básquet y de fulbito, área de barbacoa, salón de reuniones y área de juegos para niños.

Estos valores agregados son los que están influyendo en los consumidores al momento de decidir por determinado proyecto.

Esto lo sabe bien Walter Cárdenas, gerente general de Grupo Inmobiliario Universal, que está desarrollando un proyecto en La Chorrera y que está comenzando el movimiento de tierra de otro en Arraiján.

“Ahora eso es lo que está buscando el comprador”, resalta.

Por eso, sus dos proyectos, uno ubicado en Llano Largo cerca de La Herradura de La Chorrera y el otro en Vista Alegre en Arraiján, incluyen áreas sociales con piscina, gazebo y canchas deportivas.

Se trata de Valle Bonito, en La Chorrera, un complejo de mil 500 residencias cuyos costos van desde 35 mil 900 dólares hasta 48 mil dólares.

El otro es el proyecto Arraiján Country Club, conformado por 108 casas cuyos precios oscilan entre 79 mil 900 dólares y 120 mil dólares.

Centro comercial potencia el área

Más cerca o más lejos, a todos estos proyectos los está potenciando la construcción del Grupo Los Pueblos. Una inversión donde se levanta el proyecto West Land Mall, valorado en 80 millones de dólares.

Los promotores coinciden en que el desarrollo de este centro comercial empujará mucho más las inversiones en el lugar, ya que los residentes ya no tendrán que viajar a la ciudad para hacer compras y tendrán acceso a todo en un solo lugar.

“Esto hace mucho más atractiva la compra de terrenos en estas áreas, porque las personas ya no se tendrán que desplazar los fines de semana hasta la capital”, señala Walter Cárdenas, quien es el que más ha salido beneficiado por tener su proyecto cerca del centro comercial.

El avance del centro comercial ha hecho que sus ventas repunten en los últimos meses, dice Cárdenas quien reconoce que no muchos le auguraban éxito a este tipo de proyecto en Arraiján que supera los 100 mil dólares.

Los contra del crecimiento

Si bien, el crecimiento residencial y comercial que se está dando en el sector de Panamá oeste tiene contentos a los residentes porque sus casas están adquiriendo más valor, este puede ejercer presión sobre las infraestructuras y los servicios públicos de no adecuarse a la misma velocidad que lo que está haciendo la demanda.

Quizás una de las primeras necesidades que hay que tomar en cuenta es la de crear más rutas internas de transporte para que los futuros residentes puedan acceder a los proyectos que no están próximos a las vías principales.

Y si bien, las principales vías de acceso se están rehabilitando, todavía hay que mejorar las calles internas de algunas barriadas en el sector.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) licitó recientemente la rehabilitación de caminos y puentes de Panamá Oeste a un costo de 34 millones 750 mil dólares.

Sobre cuáles serían estos proyectos, los representantes del MOP aseguran no poder confirmar esta información, porque la licitación que se dio por mejor valor está en manos de la comisión evaluadora que está en proceso de revisión de los pliegos de cargo.

Y agregan que una vez termine este proceso se darán a conocer los proyectos de infraestructura que se ejecutarán en el sector.

Pero, en general, los promotores opinan que se deben mejorar los servicios que se prestan en Panamá oeste.

El representante de Grupo Inmobiliario Universal, Walter Cárdenas, es víctima de esta situación.

Él señala que desde diciembre solo una empresa está ofreciendo los servicios de telefonía en uno de sus proyectos, porque se robaron los cables de la otra compañía que ofrecía el servicio en el lugar.

“Lo que tuvimos que hacer, al igual que otros, fue cambiarnos de compañía para seguir teniendo servicio de telefonía y de internet”, admite.

Al igual que la construcción y rehabilitación de calles internas, la mejora del servicio de transporte y de otros servicios en el lugar, tal vez el mayor dolor de cabeza de los que se mudan al área es que el servicio de agua potable no se interrumpa.

Al respecto, la representante de Convivienda, Elisa Suárez de Gómez, dice que con la puesta en funcionamiento de la planta potabilizadora de La Chorrera se abastece mucho más de agua al sector, pero reconoce que de seguir el crecimiento como se está dando, hay que pensar en qué se va a hacer para atender esa demanda que está llegando al área.

Sobre este tema se contactó al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Por lo pronto, los promotores están tratando de curarse en salud incluyendo en sus proyectos plantas de tratamiento, tanques de agua o pozos para abastecer a la población que va a residir en sus complejos residenciales.

Ese es un valor agregado con el que están atrayendo a los compradores.

Panamá oeste se ha puesto en el mapa de los inversionistas, pero para que no se dé un desorden urbanístico, las autoridades deben garantizar que haya una planificación eficaz, ya que solo en los proyectos mencionados se estarían agregando más de 12 mil nuevos residentes al área, a los más de 300 mil que viven en esos distritos.

Monday, August 2, 2010

"Pinchazos" en la Procuraduría de la Administración deben ser investigados de oficio

Redacción
WEB

Ana Matilde Gómez.
La procuradora separa de la Nación, Ana Matilde Gómez, considera que el Ministerio Público debe iniciar una investigación de oficio sobre los "pinchazos telefónicos" a los que fueron sometidos varios funcionarios y ex funcionarios de la Procuraduría de la Administración.


Las declaraciones de Gómez surgen tras una publicación del diario Panamá América que tuvo acceso a varios audios de conversaciones telefónicas de ex y actuales funcionarios entre enero y agosto del 2005.


Gómez destacó que se está ante un delito muy grave que debe ser investigado. "Cualquiera que escuche o que intercepte conversaciones no destinadas al público y fuera del contexto de una investigación penal, y ahora desde el 2007 sin la autorización de la Sala penal de la Corte Suprema de Justicia, está cometiendo un delito".


Explicó que este caso es muy diferente a la investigación que la separó del cargo de Procuradora, "esto es mucho más grave desde el punto de vista de la violación de la intimidad, el hecho de que se escuchen las conversaciones de los subalternos debe ser explicado", enfatizó.


Reiteró que en su caso se le investiga por haber autorizado, con apego a la ley, estas escuchas en una investigación de delitos graves, al referirse al caso del entonces fiscal de La Chorrera, Arquimedez Sáez.



Nota extraída de: http://www.pa-digital.com.pa/periodico/edicion-actual/hoy-interna.php?story_id=947648#ixzz0vSskH1jX
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‘PN seguirá usando los perdigones de plomo’

EDUARDO MENDOZA
emendoza@prensa.com

El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, dijo ayer que, pese a las críticas surgidas tras los sucesos de Bocas del Toro, en los que dos obreros murieron, la Policía Nacional (PN) seguirá usando perdigones de plomo.

En el programa Cara a Cara, de RPC Canal 4, Mulino explicó que se trata de municiones necesarias para el control de multitudes.

Sin embargo, la Gran Alianza por la Seguridad Ciudadana presentó un proyecto de ley para regular el uso de la fuerza por parte de la PN, y en especial la utilización de perdigones de plomo, que califica como “potencialmente letales”. La Defensoría del Pueblo también pidió que no se use más ese tipo de munición.

En sus declaraciones, Mulino admitió que en las protestas actuaron funcionarios de Fronteras, que no tienen experiencia en el control de multitudes, pero reiteró que detrás de los disturbios hubo personas que incitaron a los huelguistas.

Gehry, el ‘arquitecto más importante de nuestra era’


El arquitecto Frank Gehry, de 81 años, quien diseñó el Museo de la Biodiversidad que se construye en Amador, fue proclamado como el “arquitecto más importante de nuestra era”, informó la edición digital de la revista colombiana Semana.

Además, una de sus obras, el Museo Guggenheim de Bilbao, fue elegida por la revista Vanity Fair como el edificio más significativo de las últimas tres décadas. La elección estuvo a cargo de un grupo de más de 50 arquitectos, críticos y especialistas de todo el mundo.


Diputados pellizcan pastel de publicidad

JOSÉ GONZÁLEZ PINILLA
jagonzalez@prensa.com

Un informe de la Asamblea Nacional revela que diputados, así como familiares y amigos de estos, fueron los principales beneficiados con contratos que la Asamblea Nacional firmó con diversos medios de comunicación durante el primer año de gestión del actual gobierno.

De julio de 2009 a junio de 2010 la Asamblea destinó cerca de 335 mil dólares para contratos de divulgación de las actividades legislativas, a pesar de que ese Órgano del Estado tiene un equipo de prensa permanente y una estación de televisión.

Entre los beneficiados está Lidia Esther Vega –suplente del concejal de Tocumen, José Muñoz M., actual presidente de la Asamblea–, quien es dignataria de la sociedad Radio Panamericana, a la que se adjudicó la mayor cantidad de contratos (por 41 mil dólares).

También figuran el diputado oficialista Hernán Delgado, quien es presidente dignatario de Radio Liberación, S.A.; la esposa del diputado de Los Santos, Carlos Tito Afú, Eleida Eloísa Brandao de Afú, quien es tesorera dignataria de La Chabela, S.A., que maneja la emisora Tipikal; el hijo del diputado Aristides De Icaza Hidalgo, Aris De Icaza González, de la cadena La Exitosa. De Icaza puso distancia. Dijo que es su hijo el que está al frente de las emisoras

Publicidad, negocio legislativo

JOSÉ GONZÁLEZ PINILLA
jagonzalez@prensa.com

En los últimos meses la imagen de la Asamblea Nacional ha perdido puntos en la opinión pública. Esto, a pesar de la millonaria inversión realizada en contratos de publicidad y pago de personal para manejo de información e imagen.

Solo en planilla de los departamentos de Comunicación y Protocolo la entidad desembolsó unos $700 mil de julio de 2009 a junio de 2010, renglón que incluye a al menos 15 periodistas y 5 camarógrafos, así como fotógrafos, relacionistas públicos, editores, técnicos, entre otros.

En igual período, para pautas en radio y periódico el Legislativo gastó cerca de $335 mil, según un reciente informe (ver cuadro).

Los beneficiados

El gasto más fuerte se hizo en las radioemisoras. En total, destinaron unos $207 mil, y entre los beneficiarios de esos contratos hay diputados oficialistas que tienen vínculos con estaciones radiales. Por ejemplo, en el Registro Público consta que el diputado de Chepo, Hernán Delgado, es presidente dignatario de Radio Liberación, S.A., empresa que firmó un contrato de $4 mil 725 con la Asamblea. Radio Liberación, S.A. se conoce comercialmente como Radio Ancón, que tiene cobertura en Panamá y provincias centrales, con excepción de Darién y Bocas del Toro.

Delgado también aparece como secretario dignatario de Metropolis Latinoamericana, S.A., que firmó un contrato por $4 mil 725. El nombre comercial de la emisora es Tropi Q, y tiene cobertura solo para Panamá, de acuerdo con registros de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep).

La esposa del diputado de Los Santos Carlos Tito Afú, Eleida Eloísa Brandao de Afú, aparece como tesorera dignataria de La Chabela, S.A., que fue contratada por el legislativo por un monto de $7 mil 500. Esta sociedad maneja la emisora Tipikal, con cobertura en Las Tablas, según la Asep.

Brandao de Afú ocupa el mismo cargo en la empresa Los Carlitos, S.A., que recibió un pago de $7 mil 875 por sus servicios. Esta empresa está detrás de la estación radial Radikal 99.1 F.M., con cobertura en Las Tablas.

La cadena radial La Exitosa, cuyo fundador es el diputado de La Chorrera Aristides De Icaza Hidalgo, también fue contratada. Sus contratos con el Legislativo suman $21 mil. El diputado asegura que en este momento no es el representante legal ni el presidente de La Exitosa. “Es absurdo hacer un contrato. Además, ilegal. Un diputado no puede hacer contratos con el Estado”, respondió. Aclaró que al frente de la empresa está su hijo Aris De Icaza González, no obstante, en el Registro Público el diputado aparece como suscriptor de las sociedades La Nueva Cadena Exitosa de Panamá y La Nueva Cadena Exitosa de La Chorrera, con las cuales la Asamblea firmó contratos. Esta cadena de emisoras tiene cobertura en todo el país.

El hijo del diputado también figura como representante legal de La Gran Cadena Q. S.A., que maneja la emisora Tipy Q., que también recibió un contrato, en este caso por $4 mil.

Radio Panamericana, S.A. es la emisora con el mayor monto en contratos: $41 mil. Allí figura como tesorera dignataria la representante suplente de Tocumen, Lidia Esther Vega. Vega es suplente del representante José Muñoz M., quien además es diputado y presidente de la Asamblea. Según la Asep, Radio Panamericana solo tiene cobertura en la capital.

Los diputados Afú, Delgado y Muñoz no respondieron a las llamadas que se les hicieron para que dieran su versión.

La Asociación Panameña de Radiodifusión confirmó que actualmente no realiza estudios de rating, cuyas puntuaciones sirven de base para la obtención de pautas publicitarias.

Las contrataciones publicitarias contrastan con el hecho de que la Asamblea tiene un canal de televisión por cable.



Hoy por Hoy de La Prensa

Después de los acontecimientos de la provincia de Bocas del Toro, en el que dos personas murieron y decenas resultaron heridas en la cara y el resto del cuerpo, el examen de las consecuencias por utilizar perdigones contra manifestantes habría aconsejado prudencia en el manejo de este tipo de municiones para el control de multitudes.

Pero no ha sido así. El ministro de Seguridad no ha titubeado para afirmar que se seguirán usando, pese a que decenas de personas han perdido la visión de forma parcial o total, tras ser heridas con perdigones. Antes de hacer advertencias como esta, quizás habría sido cosa de sabios esperar el resultado de una investigación que lleva a cabo una comisión nombrada por el Ejecutivo para aclarar lo ocurrido.

Es triste comprobar cómo el ministro ha olvidado que cuando protestó contra la dictadura militar una de las denuncias más comunes de los civilistas era, precisamente, el uso de perdigones contra los opositores al régimen del tirano Noriega. Pero ni en aquellos momentos la represión fue tan brutal.
El ministro parece haber sido su mejor alumno.

Mulino no teme a investigación sobre hechos violentos en Bocas

Redacción
WEB

José Raúl Mulino. Foto/Archivo.
El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, no teme a las investigaciones que iniciará el Ministerio Público a través de una comisión especial para investigar los hechos que se registraron en Changuinola durante los 10 días de huelga en las bananeras.


Mulino, quien dijo sentirse tranquilo, reiteró que tienen fotos de cómo y quiénes repartieron armas, asaltaron a transeúntes en la provincia y cómo instruyeron la fabricación de bombas molotov y destruyeron la propiedad pública sin ninguna razón.


"Todos sabemos qué pasó y quiénes manipularon Bocas del Toro", manifestó Mulino en el programa dominical "Cara a Cara" que se transmite por RPC canal 4.


El titular destacó que si la Policía Nacional "no hace lo que hizo", la provincia de Bocas del Toro se hubiese perdido, reconociendo que personalmente le tocó dar instrucciones de abandonar dos cuarteles en la frontera con Costa Rica, pues las unidades que se encontraban en el lugar no tenían experiencia, armamento, ni capacidad para controlar a una multitud enardecida y anárquica.


En cuanto a la utilización de perdigones, el titular de Seguridad respondió que se trata de un equipo necesario para controlar a la multitud, "si no hubiesen perdigones, ¿cuál era la opción...balas?, igual nos hubiesen criticado", enfatizó.


Popularidad


Reconociendo ser uno de los ministro con menor popularidad, Mulino aseguró que si ese es el precio que tiene que pagar por hacer su trabajo, entonces lo paga con mucha satisfacción.


Mulino reiteró que cuando el presidente de la República, Ricardo Martinelli, le hizo la oferta, sabía que se dirigía hacia la tormenta perfecta y que el "escenario no era una posición para repartir flores y resolver problemas sociales, sino de combatir el hampa, el crimen, la mafia, las pandillas y restablecer una sociedad de orden y ley en un país que vivía al garete y en anarquía ".



Nota extraída de: http://www.pa-digital.com.pa/periodico/edicion-actual/hoy-interna.php?story_id=947375#ixzz0vRtDMNXJ
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Panamá América

Los principales “blancos” de la Procuraduria

Santiago Cumbrera
PA-DIGITAL

Alma Montenegro de Fletcher identificó la voz, en uno de los audios, de su ex secretaria ejecutiva.
La mayoría de los funcionarios a los que les intervinieron y grabaron sus conversaciones telefónicas en la Procuraduría de la Administración fueron de “confianza” de la ex procuradora Alma Montenegro de Fletcher.

La fuente afirmó que además de Benavides, se optó por interceptar las comunicaciones de otros funcionarios, pues el procurador Oscar Ceville quería conocer lo que hablaban sus subalternos y si mantenían comunicación con Montenegro de Fletcher.

El primer “blanco”, explicó el informante, fue Ligia Alfaro de Landau, secretaria ejecutiva de Montenegro de Fletcher.

De hecho, entre los audios de conversaciones a los que tuvo acceso Panamá AméricaLigia Alfaro mantiene más de 15 conversaciones privadas con algunos parientes. Otras comunicaciones guardan relación con sus responsabilidades dentro de la entidad.

Montenegro de Fletcher identificó la voz de Ligia Alfaro al escuchar un fragmento de una de las grabaciones que sostenía ésta con su empleada.

Ligia Alfaro es esposa de Emanuel Landau, quien a finales de 2005 fue designado como subdirector de la Policía Nacional, en reemplazo de Juan José Cerezo, quien se jubiló de la institución durante la gestión de Rolando Mirones.


Nota extraída de: http://www.pa-digital.com.pa/periodico/edicion-actual/nacion-interna.php?story_id=947512#ixzz0vRsAHtUS
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Personal de la Procuraduría de la Administración fue víctima de “pinchazos


Santiago Cumbrera
PA-DIGITAL

SILENCIO. El procurador Oscar Ceville no aceptó una entrevista y se limitó a informar, a través de un allegado, que no haría comentarios.
En la Procuraduría de la Administración, a cargo de Oscar Ceville, se interceptaron y grabaron, por varios meses, conversaciones telefónicas de anteriores y actuales funcionarios, sin contar con una autorización judicial.

Esta actividad se registró entre enero y agosto del año 2005; y pudo alcanzar hasta al hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Benavides, cuando este era secretario general de la Procuraduría de la Administración.

El Código Penal actual sanciona con penas de hasta cuatro años de prisión a quien intercepte comunicaciones o utilice artificios técnicos de escuchas sin orden judicial (ver cuadro).

El procurador Ceville no aceptó una entrevista con Panamá América y se limitó a informar, a través de un allegado, que no haría comentarios.

Este medio tuvo acceso a varios audios de conversaciones telefónicas sostenidas por ex y actuales funcionarios de esa institución, en los que se revelan desde favores personales hasta intimidades. La Procuraduría de la Administración también levantó una bitácora de llamadas entrantes y salientes (número de teléfono, fecha, hora y duración) de la línea telefónica que tenía Benavides en su oficina, ubicada en la sede central, al lado del Parque Porras.

El magistrado Benavides -quien laboró por 31 años en la Procuraduría de la Administración, 22 como secretario- se mostró sorprendido cuando Panamá América le mostró los registros de las llamadas en su despacho, el pasado miércoles.

“He quedado frío con la información que me están suministrando”, se limitó a decir, mientras movía lentamente la cabeza de un lado a otro, en señal de desaprobación.

Benavides dijo que por haber pasado “tanto tiempo” no recordaba algunos números telefónicos que se le mostraron.

No obstante, identificó los nombres de cada una de las personas que visitaron su despacho en julio de 2005 y que reposan en una lista, incluyendo sus respectivos números de cédula.

El funcionario prefirió no emitir -en grabación- una opinión ni usar calificativos por su condición de magistrado de la Corte Suprema.

Un mes después que se levantó esta bitácora, Benavides renunció al cargo y al ser cuestionado sobre su decisión en aquel momento, dijo: “Por mí, yo no hubiera renunciado”.

Se pinchó en el CIMAP. Los “pinchazos” telefónicos y las grabaciones no solo se realizaron en las antiguas oficinas de Benavides, aseguró una fuente que conoció de esta situación y que accedió a entrevistarse con Panamá América bajo la estricta confidencialidad de su identidad.

Asimismo hubo interceptaciones y grabaciones telefónicas en el Centro Istmeño de Modernización de la Administración Pública (CIMAP), en Curundú. En este lugar se reunía la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, nacida en 2005, a raíz de acusaciones de corrupción entre magistrados de la CSJ. De hecho, los audios también contienen información relacionada con esta iniciativa.

Génesis. Todo empezó semanas después de que Óscar Ceville reemplazó a Alma Montenegro de Fletcher en la Procuraduría de la Administración. El informante narró que la orden de las interceptaciones telefónicas y las grabaciones fue verbal y la dio el Procurador y que de esto tenía conocimiento el secretario general, Nelson Rojas. Sin embargo, Panamá América no pudo corroborar esta versión.

El equipo utilizado para esta actividad se compró en Radio Shack y por él se pagó dinero en efectivo, agregó el informante. “El trabajo lo realizó una persona con conocimientos”, sostuvo.


Nota extraída de: http://www.pa-digital.com.pa/periodico/edicion-actual/nacion-interna.php?story_id=947511#ixzz0vRsQWovM
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