Apagones afectan producción de crudo

BAGDAD, Irak
REUTERS

La producción ha bajado de 3 millones de barriles diarios hasta 2.2 millones por la invasión estadounidense.

Los sabotajes han interrumpido constantemente los intentos del país por aumentar la producción.

Los apagones eléctricos que afectaron esta semana a los yacimientos petroleros del norte de Irak y a la principal refinería del país fueron un oportuno recordatorio de que las esperanzas de elevar el bombeo de crudo dependen de algo que no tiene: un suministro seguro de energía.

Irak se las ha arreglado para mantener su producción en torno a los 2.2 millones de barriles por día (bpd), pero los niveles se aproximaban a los 3 millones de bpd antes de la invasión a Irak liderada por Estados Unidos en marzo de 2003.

Si bien los sabotajes han interrumpido constantemente los intentos del país por aumentar la producción de petróleo, los cortes de electricidad son prácticamente igual de perjudiciales.

La más reciente interrupción ocurrió el miércoles, cuando la mayor refinería de Irak en Baiji, 180 kilómetros al norte de Bagdad, debió ser paralizada al sufrir un apagón.

Irak también dejó de bombear crudo desde los yacimientos norteños de Kirkuk hasta el puerto turco de Ceyhan, después de que la principal planta de electricidad que los abastece se quedó sin combustible.

Baiji reanudó sus operaciones el jueves en la noche, pero los campos de Kirkuk seguían paralizados el viernes, de acuerdo a un ingeniero de la zona, quien habló con Reuters en condición de anonimato.

El Ministerio de Petróleo iraquí ha responsabilizado a la cartera de Electricidad por no proveer a sus refinerías un abastecimiento ininterrumpido de energía.

Pero el Ministerio de Electricidad afirmó que el de Petróleo no ha estado brindando el combustible suficiente para que operen sus plantas.

"Es un círculo vicioso", dijo un funcionario del Gobierno estadounidense, quien agregó que las autoridades de su país estaban trabajando para mejorar la cooperación entre ambos ministerios, con el fin de mejorar la estabilidad y capacidad del frágil sistema nacional de energía, golpeado por la guerra.

La presión sobre el sistema energético del país aumentó en medio de un invierno excepcionalmente frío que ha dejado a muchos iraquíes con menos de una hora de electricidad por día.

El Ministerio de Electricidad también atribuyó el problema a una decisión de la firma turca Kartet de dejar de exportar, desde el 4 de enero, electricidad a Irak.

Kartet dijo, por su parte, que Irak dejó de proveerle combustible refinado para su planta cerca de la frontera.

Chávez podría intervenir bancos

CARACAS, Venezuela/ AP

A la banca privada se le fijó una tasa máxima del 15% y se extendieron los plazos de de 3 a 20 años.

Venezuela sufre escasez de algunos productos básicos desde hace un año aproximadamente.

El presidente Hugo Chávez anunció el sábado que intervendrá los bancos privados que no cumplan con una reciente modificación de una ley agraria que fija una tasa máxima de interés y extiende el plazo de préstamo a los campesinos.

"Hemos fijado la tasa para la banca privada en un máximo de 15%... hemos hecho una modificación en la ley para el crédito agrícola para extender el plazo de 3 a 20 años... banco que no cumpla debe ser sancionado, y no se trata de una pequeña multa, no, el banco que no cumpla debe ser intervenido", apuntó.

El jefe de Estado reiteró que con estas medidas su gobierno de tendencia socialista lucha contra las prácticas capitalistas que han afectado a la población.

"Los (bancos) que cumplen, los felicitamos. Los que no cumplen, los intervenimos, hay que aplicar la ley... no podemos permitirle abuso a los capitalistas", dijo.

Asimismo, el mandatario dijo que "le daría en el hígado" al problema del contrabando de productos venezolanos a Colombia con batallones de reservistas si las fuerzas militares no fuesen suficientes para resguardar la frontera.

"Si no basta la Guardia Nacional para cuidar nuestras fronteras..., si hubiera que mandar al ejercito completo... pues tendrá que ir el ejército. Y si tuviéramos que armar al pueblo, los batallones de reservistas para mandarlos a la frontera a frenar el contrabando, pues tendremos que irnos pa' allá toditos", dijo Chávez en un encuentro con productores agrarios en el estado Lara, a unos 300 kilómetros al suroeste de Caracas.

Insistió el mandatario: "No podemos permitir que se sigan llevando los alimentos del pueblo para Colombia o para el Caribe".

Según Chávez "se los llevan porque allá es mucho más caro", pues su gobierno ha "logrado mantener los precios bajos".

Venezuela sufre escasez de algunos productos básicos desde hace un año aproximadamente. Para superar el problema el Gobierno importó leche, carne, huevos, pollo, leguminosas y otros alimentos a principios de 2006, pero las compras externas han sido insuficientes para suplir la demanda interna.

Algunos economistas han planteado que el agotamiento del control de precios ha llevado a los productores a bajar o suspender la producción de tales bienes, pues no son rentables, y esa sería la explicación del desabastecimiento.

Olloqui sufre revés en caso de Palacio de la Bahía

Mario A. Muñoz
andresm@prensa.com

La Corporación Iberoamericana de Negocios, de propiedad del empresario español Adolfo C, sufrió un revés cuando el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias falló en su contra en el conflicto con el arquitecto Jesús Díaz, a cargo del diseño y los planos del edificio Palacio de la Bahía.

El edificio era promocionado desde 2006 como el más alto del continente, pero Olloqui acusó a Díaz de que su diseño era inviable técnicamente y lo demandó por daños y perjuicios en el referido centro por 2.4 millones de dólares.

Al final del proceso, los tres árbitros, René Orillac, Moisés Castillo y Eduardo Rodríguez, decidieron que era Olloqui el que tenía que pagar a Díaz por los servicios prestados un monto de 530 mil dólares. Díaz reclamaba más: 1.9 millón de dólares.

"El fallo es inapelable, ya ha sido debidamente notificado a las partes y solo cabe un recurso de anulación en la Corte Suprema", dijo Orillac.

Efectivamente, el recurso de Olloqui fue admitido por la Sala Cuarta de Negocios Generales el pasado el 15 de enero y está bajo la ponencia del magistrado Víctor Benavides.

En la actualidad, el proceso se encuentra en la etapa de notificación a las partes, informó una fuente judicial.

Para obtener una reacción se llamó tanto a Díaz como a Olloqui en reiteradas ocasiones, pero ambos se negaron a dar declaraciones alegando que habían suscrito un acuerdo de confidencialidad sobre el caso.

Una vocera del empresario español dijo: "solo podemos confirmar que hemos presentado un recurso ante la Corte Suprema, pero en honor a un acuerdo previo no haremos comentarios".

Mientras en la Corte se resuelve el recurso, Olloqui promueve un nuevo Palacio de la Bahía Hotel & Tower, complejo que fue proyectado por el arquitecto Miguel López Piñeiro y los expertos estadounidenses Bermello, Ajamil & Partners.

Se espera que este año se inicie la construcción de la obra de 83 pisos, 13 menos que el Palacio original, y luego de que las autoridades municipales solicitaran hacer correcciones para acatar la normativa de zonificación urbana vigente.

El terreno en cuestión es de 5 mil 800 metros cuadrados en la Avenida Balboa y Avenida México. La corporación tiene oficinas de atención en Colombia, Miami, España y Panamá.

Uno de cada 15 detenidos en Panamá es extranjero

Flor Mizrachi Angel
flor@prensa.com

La capacidad física de las cárceles panameñas, según informes de la Dirección General del Sistema Penitenciario, es de 7 mil reclusos. Sin embargo, hoy en día albergan a 11 mil 300 detenidos, de los cuales 757 son ciudadanos de otras nacionalidades, lo que representa 6.7% de la población carcelaria. En otras palabras, uno de cada 15 detenidos es extranjero.

Pero, contrario a la percepción generalizada de la población y a las denuncias de los organismos de seguridad sobre la "cada vez mayor" participación de extranjeros en la comisión de delitos, la cifra de detenidos foráneos ha disminuido con respecto a los últimos cuatro años.

Los reportes del Sistema Penitenciario dan cuenta de que en 2004 había 917 presos extranjeros, pero al año siguiente el número bajó a 902; en 2006 se redujo a 785, y hasta el 15 de enero pasado la cifra se situaba en 757, como se dijo.

Son los ciudadanos colombianos los que constituyen el mayor número de extranjeros detenidos en Panamá, pero a pesar de que se les liga con gran parte de los hechos punibles que ocurren en el país, su número en las cárceles ha disminuido progresivamente. En 2004 eran 552, y actualmente suman 396.

Le siguen los presos mexicanos que, curiosamente, sí son más que en años anteriores. En 2004 había 27, y hoy en día hay 47. Luego figuran los guatemaltecos, que hace cuatro años sumaban 49, pero actualmente son 40.

Aunque el Sistema Penitenciario tiene bien identificados a los extranjeros detenidos, no posee información acerca de su estado procesal, pues hasta la fecha no se ha elaborado un registro formal sobre el tema, según admitió el director de la entidad, Luis Gordon.

El funcionario precisa, no obstante, que sí tienen claro el perfil general de los extranjeros. De hecho, se sabe que la mayoría tiene entre 25 y 40 años de edad y está detenido en la capital. "No se ven muchos jóvenes de otras ciudadanías involucrados en actos ilegales. Y en el interior hay muy pocos", acotó Gordon.

Delitos contra la salud (drogas) son los más comunes entre la población de reos extranjeros. El número de involucrados en homicidios es muy bajo, según Gordon, quien aclara que por lo general estas personas "son menos problemáticas y participan en menos actos de violencia dentro de la cárcel que los panameños […], mantienen sus alojamientos aseados y son unidos entre ellos".

Sus huelgas, indica, son pacíficas, pero "raras". Son los extranjeros, por ejemplo, los que implementaron la manifestación de coserse los labios.

Guerrilla del ELN libera a secuestrados

La segunda fuerza guerrillera de Colombia liberó ayer a nueve personas que mantenía secuestradas desde hacía dos semanas en una zona montañosa del suroeste del país, cerca a la frontera con Ecuador, informó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

La liberación de los rehenes se produjo en una zona rural del municipio de Samaniego, en el departamento de Nariño, unos 500 kilómetros al suroeste de Bogotá. Ese grupo mantiene desde diciembre de 2005 conversaciones exploratorias con el gobierno del presidente Álvaro Uribe, en Cuba, con miras a una negociación de paz. Reuters

Un servicio que dejó de ser selectivo

Ana Teresa Benjamín
abenjami@prensa.com

Los gremios del transporte selectivo esperan que entren en vigencia las nuevas tarifas por zonificación.

En la provincia de Panamá existen 27 mil taxis que parecen ser insuficientes para los usuarios.

Mientras las organizaciones de transporte selectivo exigen al Estado el alza de tarifas, mayor seguridad en las calles y la entrada en vigor de las nuevas zonificaciones, los usuarios de la ciudad de Panamá siguen lidiando con un servicio que el propio Marcos González, secretario general de la Unión Nacional de Bases Taxistas y Transporte Público (Unbatt), califica de "muy malo".

Desde sus oficinas ubicadas en una casa vieja de Monte Oscuro, el secretario general de la Unión Nacional de Bases Taxistas y Transporte Público, Marcos González, no tiene empacho para admitirlo: "Con justificada razón los usuarios se quejan del mal servicio".

Porque como dirigente, González sabe muy bien que, aun cuando en la provincia de Panamá circulan 27 mil taxis, el servicio de transporte selectivo está lejos de ser bueno.

La situación se ha puesto tan grave que el usuario ya no está en posición de solicitar el servicio; ahora le toca rogarlo. Más que pedirle el destino al taxista con la seguridad de que será servido, los ciudadanos han quedado en tal indefensión que primero hay que preguntar hacia dónde va el taxista.

Es entonces cuando sale el "no voy" de los conductores de taxi, que muchas veces va acompañado de sonrisas de burla, gestos de indiferencia y hasta insultos. "¡Cómo se le ocurre, doña!", grita uno, desde su silla. "¿Usted sabe el tranque que hay para allá? Váyase en bus, no sea loca", termina diciendo, mientras cambia a primera y mete hasta el fondo el acelerador, y el pasajero se queda impotente y rabiando alzando infinitamente la mano en la acera.

Para González, el problema es producto de "la falta de decisión del Estado". En el hecho de que, aun cuando la ley lo prevé, las concesiones están en manos del Gobierno y no de las piqueras. "Mientras las concesiones de líneas y rutas no se den a las piqueras, seguirá la anarquía", afirma.

Con las piqueras como concesionarias –explica el dirigente– habría mayor control sobre los agremiados. De recibirse alguna queja –sostiene– se puede llamar la atención; hasta retirar la licencia. Pero como las cosas no son así, "cada transportistas hace lo que quiere".

Y sí que lo hacen. En diciembre, por ejemplo, no hay poder humano capaz de convencer a un taxista que haga una carrera hacia la Terminal de Transporte de Albrook o hacia las barriadas sobre la vía Tocumen. El costo del combustible es el argumento porque, como explica González, de San Miguelito al centro de la ciudad se gastan 3.30 dólares en gasolina, "pero la carrera cuesta dos dólares".

Por eso es que en cualquier época del año, los taxistas se enojan si algún usuario les pide una carrera más allá de su "círculo natural"; ese que no requiere más que el pago de un dólar o de un dólar con 25 centésimos.

En el Super 99 de Los Pueblos, por ejemplo, la piquera ha establecido un mecanismo de taxi colectivo: si un primer cliente pide una carrera hacia San Antonio, por ejemplo, el taxista se queda allí esperando a un segundo y a un tercero que vaya por el mismo camino.

Es que, como dice Pedro Acosta Isturain, secretario general de la Unión de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), tal vez la solución en este sentido sea reglamentar de una vez por todas rutas de taxis colectivos, con tarifas fijas, en las que el cliente sepa de antemano que el servicio no será selectivo. Así, por lo menos, la cosa sería legal.

Es que, aunque se supone que el que busca taxi quiere evitarse, cuando menos, los apretujamientos y sudores de los autobuses, la realidad ha obligado a hacer ciertas concesiones: los usuarios hasta felices se ponen cuando un taxista dice que sí –"Venga..", mascullan, con un gesto leve– aunque dentro del auto haya tres más sentados. Los taxistas ya ni piden permiso.

Mientras todo esto ocurre, las más de 100 organizaciones de taxis que existen en la ciudad esperan un aumento del 40% del pasaje y la entrada en vigor de las nuevas tarifas por zonificación, que incluye sectores de Panamá este y de las áreas revertidas que hace 20 años no existían. "La tarifa tiene más de 23 años de no ser revisada", concluye González.

Arrasan con isla

Rafael E. Berrocal R.
rberrocal@prensa.com

La compañía que desarrolla el proyecto fue multada por segunda ocasión por tala no autorizada.

Gremios ambientalistas consideran que se debió aplicar una sanción más fuerte y paralizar la obra.

El desarrollo de la isla Viveros parece no estar teniendo compasión con la vegetación del lugar ubicado en el archipiélago de Las Perlas. La empresa que desarrolla el proyecto por 100 millones de dólares, Viveros Development, ha vuelto a ser multada por la tala no autorizada de más de dos hectáreas en el lugar.

Esta vez la sanción aplicada por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) es de solo 9 mil 214 dólares, que se suman a la primera multa de 40 mil dólares también por tala no autorizada en el lugar. El monto de las sanciones incluyen la indemnización por daños ambientales.

Lizandro Arias, director de la Anam para la región metropolitana, señaló que las inspecciones en ese proyecto son constantes ya que el mismo se encuentra dentro de un área ecológica delicada.

Arias indicó que en la primera violación que cometió Viveros Development, la Anam ordenó la paralización del proyecto por siete meses hasta que cumplieran con algunas correcciones, entre ellas la colocación de mallas para que la erosión de la tierra no fuera a afectar las cristalinas aguas marinas.

La empresa alega estar cumpliendo con las normas ambientales y continúa adelante con el desarrollo del proyecto que contempla la intervención directa de 27 hectáreas, incluyendo la construcción de una pista aérea, canchas de golf, carreteras, hotel, residencias, muelles y marina.

La Asociación para la Conservación de la Naturaleza (Ancon) advirtió que el proyecto también le está haciendo un daño enorme a una de las zonas coralinas más importantes del país debido a que la deforestación en la isla genera sedimentación de tierra a las aguas marinas. La institución señaló que por la reincidencia en la tala no autorizada el proyecto debió paralizarse.

"No se puede jugar con nuestro futuro y la naturaleza so pretexto de que inversiones generan unos cuantos empleos temporales y lucran por mucho tiempo a unos pocos", comentó el ecólogo Elvin Britton.