Tuesday, August 5, 2008

Nueva ley iría contra TPC con EU


Santiago Fascetto
Unidad de Investigación

sfascetto@prensa.com

Los cambios a la Ley de Contrataciones Públicas que propuso el Ejecutivo, y aprobó la Asamblea Nacional el 30 de junio pasado, violarían el tratado de promoción comercial (TPC) entre Panamá y Estados Unidos. Y chocaría, además, con la maquinaria económica y política que puso en marcha el Gobierno para lograr el único trámite que aún falta: la ratificación del TPC por parte del Congreso de Estados Unidos.

Con los cambios, el Ejecutivo puede contratar consultorías en forma directa, y sin licitación, por hasta 300 mil dólares. Esto iría contra el apartado “Contratación Pública” del TPC, que fija un tope de 193 mil dólares a partir del cual Panamá se debe comprometer a llevar adelante procesos transparentes para la adquisición de mercancías y servicios.

“Pareciera haber una incompatibilidad”, dijo el presidente del Consejo Empresarial Estados Unidos-Panamá, Enrique de Obarrio. “Nuevamente la Asamblea envía un mensaje negativo a su contraparte”, agregó. Por su parte, el economista de la Cámara de Comercio, Manuel Ferreira, opinó que “los cambios son violatorios del TPC”. “Sería uno de los puntos por los cuales el Gobierno de EU puede poner una denuncia”, amplió.

Norma violaría TPC con EU


El Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y Estados Unidos aún espera la ratificación del Congreso de este último país. Los tiempos políticos de la potencia del norte —y la elección de Pedro Miguel González al frente de la Asamblea Nacional— minaron la posibilidad de contar con el TPC en un corto plazo.

A esos factores hay que agregarle otro más reciente que alejaría aún más la posibilidad de un acuerdo: la modificación de la Ley de Contrataciones Públicas —que el Ministerio de Economía y Finanzas redactó y envió a la Asamblea Nacional— estaría violando el TPC antes de que se ratifique en Estados Unidos (EU).

El 30 junio pasado la Asamblea Nacional, dentro de los cambios a la Ley de Contrataciones Públicas, flexibilizó las normas para que el Gobierno firme contratos de consultoría por hasta 300 mil dólares sin licitación pública.

Este sería el artículo clave. Según el apartado “Contratación Pública” incluido en el TPC, Panamá está obligado a establecer “reglas claras” en los procedimientos de compras gubernamentales que deberán enfocarse en el “respeto de los principios de no discriminación, transparencia y debido proceso”.

El TPC establece un tope de 193 mil dólares a partir del cual el Estado panameño se compromete a llevar adelante procesos transparentes —la contracara de la contratación directa— para la adquisición de mercancías y servicios. Estos mecanismos deberían incluir, según el TPC: publicación de las medidas para la contratación pública, avisos de contrataciones futuras, plazos otorgados a los proveedores para presentar ofertas, especificaciones técnicas, requisitos y condiciones para participar, entre otros.

Ese capítulo se incluyó para permitir que las empresas de EU compitan en igualdad de condiciones con empresas locales o de otros países.

La contratación directa de consultorías por hasta 300 mil dólares es superior al tope de 193 mil firmado en el acuerdo.

“La modificación a la Ley de Contrataciones Públicas viola el tratado con EU”, dijo Manuel Ferreira, presidente de la Cámara de Comercio de Panamá. “El periodo del Gobierno se está extinguiendo y ahora quieren hacer todo rápido; no se están haciendo bien las cosas”, completó. Para Ferreira, la Asamblea Nacional debería desandar sus pasos y volver al texto original de la Ley de Contrataciones Públicas.

“Flaco favor estamos haciendo a su ratificación por parte del Congreso de los Estados Unidos, si el TPC no ha sido siquiera ratificado y ya estamos unilateralmente cambiando las reglas del juego”, opinó, por su parte, el presidente del Consejo Empresarial Estados Unidos-Panamá (USPA), Enrique de Obarrio.

La urgencia del Gobierno se contagió también a la Asamblea Nacional. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Alemán (PRD), reconoció que no conocía esta supuesta violación. “Me agarra fuera de base; no tengo una respuesta certera”, dijo. Y agregó: “Evidentemente ahí hay un problema, habría que ver cómo se interpreta esto”.

Alemán afirmó, además, que durante el debate de la modificación a la Ley de Contrataciones Públicas —un día antes de entrar en el receso— nunca se trató este punto. Los cambios se dieron gracias a los votos que aportó la mayoritaria bancada del oficialismo.

Por su parte, desde el Ministerio de Comercio e Industrias prefirieron el silencio. La ministra Carmen Gisela Vergara evitó pronunciarse ni dar una explicación, a pesar de los reiterados contactos telefónicos que realizó La Prensa a través de su oficina de prensa.

Investigan nuevas anomalías en Amador



Rafael E. Berrocal R.
Unidad de Investigación

rberrocal@prensa.com

Los problemas en la calzada de Amador ya no solo se refieren a morosidad, rellenos fuera de lugar y demandas retenidas en la Corte Suprema.

Tras denuncias presentadas, la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos empezó una investigación por la venta de apartamentos dentro de concesiones dadas para proyectos turísticos. La entidad ha pedido por escrito a sus clientes, Las Brisas de Amador y Naos Harbour Island, que expliquen los negocios que están haciendo en esas concesiones, que tienen períodos fijos.

La investigación tiene como evidencia páginas en internet de firmas de bienes raíces que promocionan los apartamentos a precios que oscilan entre 200 mil y 500 mil dólares.

Julio Ross, jefe de la Unidad de Bienes Revertidos, dijo que el negocio de venta de apartamentos en estos lugares está prohibido. Los representantes de Las Brisas de Amador afirman que ellos pueden vender todas las mejoras que hagan sobre los terrenos del Estado. Sin embargo, estas concesiones no están refrendadas por el Estado.

Otro entuerto en Amador

Cuando el Gobierno decidió desarrollar la calzada de Amador, dejó claro que solo podría haber proyectos turísticos en estas áreas bajo la figura de concesiones.

Pero eso parece no estar cumpliéndose, según muestran publicaciones en varios sitios de internet donde se ofertan apartamentos a precios que oscilan entre 200 mil y casi 500 mil dólares, dentro de las concesiones para hoteles, marinas y restaurantes.

A raíz de ello, la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos empezó una investigación de los proyectos turísticos Las Brisas de Amador y Naos Harbour Island.

Esta vez no se trata de rellenos fuera de los límites o deuda morosa, sino de estar ejerciendo negocios que están fuera de lo que permiten las concesiones que tienen estas empresas con el Estado.

La institución adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas le ha solicitado información a estas dos empresas sobre la venta de apartamentos y propiedades dentro de las concesiones que tienen en la calzada de Amador.

Julio Ross, administrador de esta institución, indicó que la concesión no permite la venta de apartamentos, sino el desarrollo de proyectos turísticos como hoteles y restaurantes.

El quipo técnico de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos adelantó que estas ventas de apartamentos no se promocionan en las páginas web de los concesionarios, sino en sitios de bienes raíces independientes.

Algunas de las personas que han comprado en estos proyectos, pidiendo reserva de sus identidades, explicaron que las transacciones se hacen bajo la figura de “contrato de inversión”, disfrazando así la compra-venta de un apartamento.

AVANCES

Los proyectos de Las Brisas de Amador y Naos Harbour Island ya tienen sus construcciones adelantadas.

Los apartamentos o condominios son ofrecidos desde 299 mil 740 dólares hasta 375 mil dólares en Naos Harbour Island.

Mientras que en Las Brisas de Amador, las propiedades o apartamentos tienen precios más elevados: desde 473 mil dólares.

El ex presidente de la junta directiva de la antigua Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) Gustavo García de Paredes señaló que la prohibición de la venta de apartamentos en la calzada de Amador buscaba evitar que se “paitillizara” el lugar.

Por eso el plan de desarrollo de la calzada de Amador era estrictamente turístico, recalcó García de Paredes.

Explicó que la única forma de que ahora se estén vendiendo apartamentos es que se haya cambiado la zonificación de los terrenos.

SIN REFRENDO

Las promociones de apartamentos –por parte de estas empresas– tampoco advierten que sus contratos con el Estado no están refrendados.

Abraham Hasky, presidente de Las Brisas de Amador, ha señalado que la falta del refrendo de su contrato no le ha permitido conseguir los inversionistas para su proyecto.

“El esfuerzo que hacemos para embellecer el país nos está costando el alma. En lugar de ayudarnos, todo es una demora”, ha manifestado Hasky.

Ambos proyectos, Las Brisas de Amador y Naos Harbour Island, también han sobrepasado la altura permitida.

El máximo es seis pisos, y ambos proyectos tienen entre ocho y diez pisos.

Deuda morosa se mantiene

Tanto Las Brisas de Amador como Naos Harbour Island mantienen saldos morosos con el Estado, según un informe del MEF.

En el caso de Las Brisas de Amador, el canon mensual es de 44 mil 66 dólares, que no incluye la concesión de la marina por la cual deben pagar dos centésimos por metro cuadrado. A pesar de ello, la morosidad reportada por el MEF es de un millón 681 mil 142 dólares.

Mientras, en Naos Harbour Island el canon mensual fijado es de 30 mil 176 dólares y la morosidad acumulada hasta la fecha es de un millón 190 mil 75 dólares. La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos indicó que ha hecho los acercamientos para poner las cuentas al día, y que en algunos casos se han hecho depósitos importantes.

ENFOQUE
Rellenos que son un crimen urbanístico

Marcelo Narbona
panorama@prensa.com

OPINIÓN. Naos, Perico y Flamenco son tres islas unidas por una calzada de relleno de piedras que contiene una parte de la historia de Panamá. Pero además cumplen con una razón técnica para el funcionamiento seguro del Canal, del cual pocas personas recuerdan.

Hoy, esta área se ha convertido en el epicentro de uno de los “crímenes urbanísticos” de la ciudad capital, borrando parte de la historia del país sin que nadie haga algo. Los rellenos fuera de toda escala en la calzada de Amador están dando paso a que las islas se conviertan en una península, y ningún gobierno hasta ahora le ha puesto final a este desorden. Se sigue sin ponerle atención al tema urbano.

Esto no le importa a nadie, solo a algunas cuantas personas que no tienen peso en el gobierno. Todo se empezaría a resolver si se creara una entidad independiente que evalúe todos los temas urbanos. Pero no hay un control suficientemente serio, y en el caso de los rellenos en la calzada de Amador no pasa nada: sigue la fiesta y pronto nos quedaremos sin las islas Naos, Perico y Flamenco.

El autor es arquitecto.

Presidente anuncia adelanto de pago del décimo tercer mes

Meredith Serracín
PA-DIGITAL

El presidente de la República, Martín Torrijos, anunció que en conversaciones con el Contralor, Carlos A. Vallarino, decidieron adelantar el pago del décimo tercer mes a los funcionarios públicos.

Torrijos señaló que la medida responde a la necesidad de los padres de familia de tener dinero antes que los estudiantes retornen a las escuelas luego del periodo de vacaciones.

El mandatario agregó que el pago del décimo se hará efectivo a partir de mañana miércoles.

ÁREAS REVERTIDAS. LOS PRECIOS DE LAS PROPIEDADES LLEGAN A SUPERAR LOS 500 MIL DÓLARES.


Otro entuerto en Amador

Sitios en internet promueven la venta de apartamentos en la calzada de Amador, algo prohibido. La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos empezó una investigación y advierte que podría haber sanciones.


Rafael E. Berrocal R.
Unidad de Investigación
rberrocal@prensa.com

Cuando el Gobierno decidió desarrollar la calzada de Amador, dejó claro que solo podría haber proyectos turísticos en estas áreas bajo la figura de concesiones.

Pero eso parece no estar cumpliéndose, según muestran publicaciones en varios sitios de internet donde se ofertan apartamentos a precios que oscilan entre 200 mil y casi 500 mil dólares, dentro de las concesiones para hoteles, marinas y restaurantes.

A raíz de ello, la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos empezó una investigación de los proyectos turísticos Las Brisas de Amador y Naos Harbour Island.

Esta vez no se trata de rellenos fuera de los límites o deuda morosa, sino de estar ejerciendo negocios que están fuera de lo que permiten las concesiones que tienen estas empresas con el Estado.

La institución adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas le ha solicitado información a estas dos empresas sobre la venta de apartamentos y propiedades dentro de las concesiones que tienen en la calzada de Amador.

Julio Ross, administrador de esta institución, indicó que la concesión no permite la venta de apartamentos, sino el desarrollo de proyectos turísticos como hoteles y restaurantes.

El Equipo técnico de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos adelantó que estas ventas de apartamentos no se promocionan en las páginas web de los concesionarios, sino en sitios de bienes raíces independientes.

Algunas de las personas que han comprado en estos proyectos, pidiendo reserva de sus identidades, explicaron que las transacciones se hacen bajo la figura de “contrato de inversión”, disfrazando así la compra-venta de un apartamento.


AVANCES

Los proyectos de Las Brisas de Amador y Naos Harbour Island ya tienen sus construcciones adelantadas.

Los apartamentos o condominios son ofrecidos desde 299 mil 740 dólares hasta 375 mil dólares en Naos Harbour Island.

Mientras que en Las Brisas de Amador, las propiedades o apartamentos tienen precios más elevados: desde 473 mil dólares.

El ex presidente de la junta directiva de la antigua Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) Gustavo García de Paredes señaló que la prohibición de la venta de apartamentos en la calzada de Amador buscaba evitar que se “paitillizara” el lugar.

Por eso el plan de desarrollo de la calzada de Amador era estrictamente turístico, recalcó García de Paredes.

Explicó que la única forma de que ahora se estén vendiendo apartamentos es que se haya cambiado la zonificación de los terrenos.

SIN REFRENDO

Las promociones de apartamentos –por parte de estas empresas– tampoco advierten que sus contratos con el Estado no están refrendados.

Abraham Hasky, presidente de Las Brisas de Amador, ha señalado que la falta del refrendo de su contrato no le ha permitido conseguir los inversionistas para su proyecto.

“El esfuerzo que hacemos para embellecer el país nos está costando el alma. En lugar de ayudarnos, todo es una demora”, ha manifestado Hasky.

Ambos proyectos, Las Brisas de Amador y Naos Harbour Island, también han sobrepasado la altura permitida.

El máximo es seis pisos, y ambos proyectos tienen entre ocho y diez pisos.
Deuda morosa se mantiene

Tanto Las Brisas de Amador como Naos Harbour Island mantienen saldos morosos con el Estado, según un informe del MEF.

En el caso de Las Brisas de Amador, el canon mensual es de 44 mil 66 dólares, que no incluye la concesión de la marina por la cual deben pagar dos centésimos por metro cuadrado. A pesar de ello, la morosidad reportada por el MEF es de un millón 681 mil 142 dólares.

Mientras, en Naos Harbour Island el canon mensual fijado es de 30 mil 176 dólares y la morosidad acumulada hasta la fecha es de un millón 190 mil 75 dólares. La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos indicó que ha hecho los acercamientos para poner las cuentas al día, y que en algunos casos se han hecho depósitos importantes.

ENFOQUE

Rellenos que son un crimen urbanístico
Marcelo Narbona
panorama@prensa.com

OPINIÓN. Naos, Perico y Flamenco son tres islas unidas por una calzada de relleno de piedras que contiene una parte de la historia de Panamá. Pero además cumplen con una razón técnica para el funcionamiento seguro del Canal, del cual pocas personas recuerdan.

Hoy, esta área se ha convertido en el epicentro de uno de los “crímenes urbanísticos” de la ciudad capital, borrando parte de la historia del país sin que nadie haga algo. Los rellenos fuera de toda escala en la calzada de Amador están dando paso a que las islas se conviertan en una península, y ningún gobierno hasta ahora le ha puesto final a este desorden. Se sigue sin ponerle atención al tema urbano.

Esto no le importa a nadie, solo a algunas cuantas personas que no tienen peso en el gobierno. Todo se empezaría a resolver si se creara una entidad independiente que evalúe todos los temas urbanos. Pero no hay un control suficientemente serio, y en el caso de los rellenos en la calzada de Amador no pasa nada: sigue la fiesta y pronto nos quedaremos sin las islas Naos, Perico y Flamenco.