Wednesday, February 8, 2012

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El alarmante autoritarismo de Ricardo Martinelli

JUAN CARLOS HIDALGO 12:00 A.M. 08/02/2012
Panamá vive una de sus mayores crisis políticas desde el regreso a la democracia en 1989. Los fuertes enfrentamientos de los últimos días de la Policía con los indígenas ngäbe en la región occidental del país –que ya han dejado al menos dos muertos– son parte de un mayor clima de crispación política que tiene su origen en el creciente actuar autoritario del presidente Ricardo Martinelli.
Desde que llegó al poder en julio del 2009, Martinelli ha dado señales preocupantes de querer socavar las instituciones democráticas panameñas. No más empezando su mandato, Martinelli aprovechó la apertura de dos vacantes en la Corte Suprema para nombrar allegados suyos como magistrados, uno de los cuales es el actual presidente de la Corte. También ha puesto a exsubordinados o gente cercana al mando de instituciones claves como la Contraloría de la República y la Fiscalía General. Si bien Martinelli no violó la ley al realizar o promover los nombramientos, estos ciertamente atentan contra la independencia de dichas instituciones. Peor aún, a través del uso discrecional de partidas específicas, Martinelli ha logrado aumentar su bancada en la Asamblea Nacional de 13 a 36 diputados.
A esto se suman múltiples irregularidades en el manejo de fondos públicos. Los procesos de licitaciones públicas son comúnmente ignorados, y los contratos estatales son asignados a parientes y socios políticos.
Amenazas a la prensa. Martinelli también la ha emprendido contra los medios de comunicación, la sociedad civil y los empresarios. En los dos últimos años, Panamá ha caído 58 puestos en el índice de libertad de prensa elaborado por Reporteros sin Fronteras. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha advertido de las amenazas que reciben los medios de comunicación por parte no solo del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Judicial y la Fiscalía. Periodistas extranjeros han sido expulsados o se les ha negado la entrada al país.
Un cable de agosto del 2009 de la entonces embajadora estadounidense en Panamá, Barbara Stephenson, revelado por Wikileaks, advirtió de las “tendencias autocráticas” de Martinelli. La diplomática comentó una cita que tuvo con el mandatario panameño donde este le pidió ayuda a la Embajada de EE. UU. para intervenir las llamadas telefónicas de figuras de la oposición –petición que fue debidamente rechazada–. Stephenson añadió que Martinelli ha recurrido al “acoso y chantaje” de empresarios. De hecho, el Gobierno ha utilizado auditorías tributarias para intimidar a personas del sector privado que han ventilado su oposición a las acciones de Martinelli.
El ambiente político panameño se empezó a caldear hace unas semanas debido a los esfuerzos de Martinelli por resucitar un desaparecido tribunal constitucional dentro de la Corte Suprema que podría pavimentarle su camino a la reelección. Este tribunal, conocido como la Sala Quinta, existió durante un breve lapso en 1999 pero rápidamente fue derogado por el Congreso. Sin embargo, la Corte Suprema dictaminó el año pasado que la ley que lo abolió es ilegal.
Martinelli aprovechó el controversial fallo de la Corte Suprema para impulsar un proyecto de ley que rehabilitaría de nuevo a la Sala Quinta. De aprobarse, Martinelli tendría la facultad de nombrar a los tres magistrados del nuevo tribunal, el cual conocería temas constitucionales, siendo uno de ellos la constitucionalidad de los límites a la reelección presidencial. La Constitución panameña actualmente impide la reelección consecutiva del presidente. El mandatario de turno debe dejar pasar dos períodos para poder aspirar nuevamente al cargo. Muchos panameños temen que el objetivo de Martinelli con la Sala Quinta sea eliminar dicha restricción.
A pesar de que Martinelli cuenta con una amplia mayoría en la Asamblea Nacional, la oposición fue capaz de detener la creación de la Sala Quinta. Sin embargo, gracias al fallo de la Corte Suprema, e instigado por el presidente de dicho órgano, Martinelli ahora amenaza con nombrar a los tres magistrados e instalar unilateralmente a la Sala Quinta, aun cuando no haya una ley aprobaba por la Asamblea Nacional. Todo esto amenaza con desatar una seria crisis institucional en Panamá.
Oposición ciudadana. La población está empezando a reaccionar ante estos exabruptos y arremetidas contra la institucionalidad democrática. Un sondeo reciente publicado por La Prensa reveló que el 70% de los panameños considera a Martinelli como “autoritario” y el 73% se mostró preocupado por el futuro de la democracia en su país. El manejo represivo del Gobierno de las protestas de los indígenas ngäbe –quienes se oponen a la minería en sus comarcas– confirma estos temores. Prueba de ello fue la admisión por parte del ministro de Seguridad de que el Gobierno bloqueó este fin de semanas las telecomunicaciones en la zona del conflicto, una medida que atenta contra las garantías constitucionales y se asemeja al actuar de otros Gobiernos autoritarios como el de Egipto y Siria. La prensa también ha documentado el uso de armas de fuego contra los manifestantes. Dado el pasado reciente de Panamá, el carácter represivo con el que el Gobierno ha respondido a las protestas ha generado indignación en la mayoría de la población.
Los acontecimientos de los últimos días se suman a una larga secuencia de eventos que parecen confirmar los temores de los panameños por el futuro de su país. Sin duda, no resulta exagerado decir que Ricardo Martinelli es el hombre más peligroso para la democracia y el Estado de derecho en Centroamérica, luego de Daniel Ortega.
Juan Carlos Hidalgo es analista de políticas públicas para América Latina en el Cato Institute (www.elcato.org).

Video: La Cacique intentando negociar con el gobierno

http://youtu.be/r-u9aQlD97s

Documento audiovisual que expone la posicion real de los dialogos panameños liderados por la comunidad Gnabe Bukle. La reticiencia del gobierno al diàlogo y la voluntad de sus dirigentes, encabezados por primera vez por una casica. Video de Orgun Wagua

Policía custodia empresa de presidente Martinelli; llueven críticas

Deivis Eliecer Cerrud
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 "¿En base a qué artículo están actuando?". Esa es la pregunta que se hace la abogada Idalia Martínez, coordinadora de la organización Justicia y Libertad, anexada a la sociedad civil, al ser consultada sobre la custodia por parte de la Policía Nacional del supermercado Súper 99. 

Se trata de la empresa más emblemática o representativa del presidente panameño, Ricardo Martinelli, quien es empresario y gobierna desde julio de 2009. 

Martínez, miembro de la Comisión de Derechos Humanos, expresó que la población panameña sufre de inseguridad, pero se le brinda seguridad a compañías de servidores públicos sin fundamento legal. 

En declaraciones a LaEstrella.com.pa, la abogada lamentó que al gobierno de Panamá "ya no le interesa guardar las apariencias y demuestran que en el país hay privilegios y preferencias de seguridad". 

Indicó que los servidores públicos pueden hacer solo lo que la ley les permite y recordó que no se puede utilizar recursos del Estado y servidores públicos, como policías, para cuidar a una empresa vinculada al presidente de la República. 

Hoy martes con la marcha de los indígenas, que salieron en la mañana de la 24 de Diciembre hasta la Asamblea Nacional, unidades policiales custodiaron el Súper 99 de Balboa, el de Río Abajo y en la sucursal de la vía Fernández de Córdoba, en Vista Hermosa, había un bus estacionado de la Policía. 

Igualmente, el Súper 99 de Plaza Carolina, en Juan Díaz, también fue vigilado por policías panameños. 

En la sucursal de Balboa se pudieron contabilizar 41 unidades policiales, que hacían una muralla humana frente al supermercado. 

Ayer la puerta de la sucursal del Súper 99 de Calidonia fue aporreada por los indígenas, quienes protestaban en la Plaza 5 de Mayo contra la minería.

Abogado insiste en legalidad de custodia policial de Súper 99 de Martinelli
Deivis Eliecer Cerrud
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Siguen las discrepancias por la vigilancia por parte de la Policía Nacional a la empresa del gobernante

El abogado Ernesto Cedeño sustentó este martes el uso de unidades de la Policía Nacional para custodiar algunas sucursales del Súper 99, ubicadas al paso de la marcha indígena contra minería, que salió desde la 24 de Diciembre a la Presidencia. 

No es cualquier empresa, es la propiedad más emblemática del presidente panameño, Ricardo Martinelli. 

A juicio de Cedeño, el Gobierno tiene la obligación de proteger los bienes de sus nacionales de acuerdo a la Constitución Política en su artículo 17. 

El artículo 17 dice: "Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su juridicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir la Constitución y la Ley". 

Se trata del Título III Derechos y Deberes individuales y Sociales, del Capítulo de Garantías Fundamentales de la carta magna panameña. 

El experto, que tiene entre sus especialidades Contrataciones Públicas y Derecho Administrativo, indicó que algunos manifestantes golpearon conjuntamente un Súper 99 y se vislumbraba que iba a pasar lo mismo hoy. 

"El número de policías es consecuente con el de manifestantes. Mañana todos podríamos pedir el apoyo policial en casos semejantes", agregó Cedeño. 

El abogado dejó claro que la ley no faculta el uso de policías para cuidar la empresa especial del gobernante, sino "toda propiedad privada en donde el dueño que teme una agresión, pida la protección policial urgente". 

Incialmente, en la redes sociales se mostraba el rechazo al uso de agentes para custodiar una empresa privada en particular mientras la inseguridad ciudadana se impone. 

Por ejemplo, en el Súper 99 de Balboa se contaron fácilmente al menos 41 policías, que viajaban hasta allí en el bus 80813 de la entidad estatal, incluso hacían una muralla humana de protección frente al supermercado. 

"Que respuesta tan efectiva, yo he llamado (a la Policía) y me dicen que no tienen carros, así tampoco, eso es tráfico de influencia", escribió un tuitero enojado. 

En horas de la tarde, la abogada Idalia Martínez, coordinadora de la organización Justicia y Libertad, explicó que se trata de un tipo de privilegios y preferencias de seguridad sin fundamento. 

Insistió que la Constitución habla que no habrá fuero ni privilegios. 

Además, la Policía protegió este martes las sucursales del Súper 99 de Plaza Carolina, de Río Abajo y en la sucursal de la vía Fernández de Córdoba, en Vista Hermosa, estaba el bus estacionado de la entidad.

Universidad de Panamá reanuda clases este miércoles 8 de febrero

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 Universidad de Panamá reanuda clases este miércoles 8 de febrero
El pleno del Consejo Académico, ampliado, de la Universidad de Panamá decidió reanudar las labores administrativas en todas las instalaciones de la institución educativa a nivel nacional, a partir de este miércoles 8 de febrero. 

La estrategia, según dirigentes universitarios, es impedir que la Universidad se sume a su voz defensora de derechos y así manifestar un alto a los desmanes gubernamentales. 

Igualmente, se decidió convocar a los profesores para que se reporten a sus unidades también a partir de mañana miércoles, lo mismo que a los estudiantes de postgrado. 

Los estudiantes que toman los cursos de verano tendrán las puertas abiertas de la Universidad de Panamá para que prosigan con sus investigaciones y tareas asignadas. 

Asimismo, las clases de verano se reanudarán a partir de este jueves 9 de febrero. 

El Consejo Académico quedó citado desde las 10 de la mañana, este miércoles, para seguir discutiendo temas que igualmente atañen al desenvolvimiento de la institución y la actual situación nacional. 

La Universidad suspendió todas las clases a nivel nacional el día lunes 6 y lo extendió al martes 7 de febrero en medio de las revueltas indígenas contra la minería.

Indígenas y gobierno de Panamá firman acuerdo que pone fin a conflicto

Redacción La Estrella Online
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Indígenas y gobierno de Panamá firman acuerdo que pone fin a conflicto
Al final, en la firma del acuerdo. Foto: Eliezer Oses / La Estrella
En San Lorenzo, Chiriquí, los indígenas y el Gobierno Nacional firmaron esta tarde el "Acuerdo San Lorenzo 1", que pone fin a las manifestaciones por la no minería e hidroeléctricas en la Comarca Ngöbe Buglé. 

Video:
http://media.telemetro.com/video/Hay-acuerdo-entre-Ng%25C3%25A4bes-y-Gobierno-tras-una-semana-de-conflictos/99e127702928d0991df3f699cf3d9ff9

http://media.telemetro.com/video/Pueblo-Ngabe-Bugl%25C3%25A9-mantiene-pie-de-lucha/da280f3a693c49605027273223eafbc2
Es el fin de las protestas de los ngöbes, que bloquearon la vía Interamericana desde el martes 31 de enero y con 200 horas de manifestaciones en rechazo del proyecto minero. 

En el documento se logró ordenar la liberación de detenidos sin formulación de cargo, la atención urgente de los afectados e indemnización permanente a la familia del indígena muerto Jerónimo Rodríguez, la no represión de dirigentes indígenas, cacica general, caciques regionales y miembros solidarios. 

El monseñor José Luis Lacunza, quien actuó como garante, leyó el acuerdo de 10 puntos a eso de las 6 de la tarde. 

Los indígenas logran el retiro de expedientes de todos los expedientes que adelanta el Ministerio Público y que se decrete el sobreseimiento definitivo de todo. 

Asimismo, la garantía de seguridad para la dirigencia y que se reestableza el sistema de comunición de telefonía móvil. 

Las dos partes acuerdan el retiro de las unidades antidisturbios de la zona de conflicto, el cese de sobrevuelos de helicópteros de reconocimiento aéreo y los indígenas se comprometen a salir de todas las áreas de bases. 

Ahora iniciará un diálogo en la que la iglesia será mediadora, y participará como observadora la iglesia evangélica de Panamá, la relatora de la ONU de Panamá y el rector de la Universidad de Panamá. 

También se reconsiderará en primer debate del proyecto 415 sobre la minería y se retome con urgencia el miércoles 8 de febrero de 2012, incluyendo el artículo 5 en cuestión. 

Se solicitará a los organismos de derechos humanos una exhaustiva investigación de los hechos ocurridos sobre la cantidad de heridos, detenidos y muertos durante el conflicto. 

Se designa una comisión de médicos indígenas para dar seguimiento a heridos y afectados, que se encuentran en hospitales del país. 

El "Acuerdo San Lorenzo 1" lo firma Silvia Carrera, cacica general de la Comarca Ngöbe Buglé; el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, representante del Ejecutivo; Rogelio Montezuma, presidente de la Coordinadora y monseñor Lacunza, como garante. 

Antes de estampar su firma, la cacica ngöbe pidió que se cumpla el acuerdo y no pase como el del año pasado que se incumplió y "muchos de sus hermanos tuvieron que dar vida y ser reprimido para que el Ejecutivo viniera a hablar con nosotros". 

Al final firmaron los miembros del Legislativo, presentes en el diálogo, entre ellos el diputado José Muñoz, quien ya había estado encomendado a esos temas.

Video: Domingo Sangriento. Cruce de SAN FELIX.

Represión Policiaca al Pueblo Ngabe-Bugle en el cruce de San Felix. En la mañana del domingo 5 de febrero del 2012 (en el video dice 2011, pido mil disculpas).

Btesh y Virzi, el fondo del lío de las hidroeléctricas

NICANOR ALVARADO DIXON
El gobierno aseguró que podría suspender la minería en Ngäbe Buglé, pero las hidroeléctricas no. ¿A quiénes les pertenece la actividad? Los caminos llevan a Gabriel Btesh y a Felipe Virzi
Btesh y Virzi, el fondo del lío de las hidroeléctricas
NEXOS. El escándalo por el terreno de Paitilla persiguió a Felipe Virzi (i) y Gabriel Btesh (d). Militan en el PRD . Foto: Archivo | La Estrella
PANAMÁ. Ha ocurrido una vez más. Los amigos del poder parecen estar detrás de toda la crisis desatada en el oriente de Chiriquí, por el rechazo de los indígenas ngäbes a la minería y las hidroeléctricas en su comarca. Y el fondo del problema tiene nombres y apellidos a los que varios de los problemas de este gobierno han conducido: Felipe Virzi y Gabriel Btesh. 


Ambos son los mismos que, a la final, estaban tras el embrollo por la titulación gratuita del terreno de Paitilla al florista César Segura. Y los mismos que han logrado romper el estigma de la ‘monedita de oro’ para ostentar favorables vínculos con cuanto político llegue al Palacio de Las Garzas. Como si se tratara de una tradición familiar. 

Btesh y Virzi son los dueños del proyecto hidroeléctrico Tabasará, que se levanta a contrapelo en el afluente homónimo, y que arranca en las entrañas de la región comarcal de Mune, atraviesa el distrito chiricano de Tolé y termina cerca del Puerto Vidal, al sur de la ciudad de Santiago. 

Lo empezaron en 2003, cuatro años después de que Virzi dejara la segunda vicepresidencia de la República del período de Ernesto Pérez Balladares, y entre los trámites de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y las objeciones legales que ha sufrido aún no termina de construirse. 

Tampoco logra ganar aceptación entre los indígenas, quienes exigen al gobierno frenar el proyecto, porque pone en peligro los recursos hídricos de su comarca y el legado de su tierra. (Ver Tabasará I y II: riesgo para legado ngäbe) 

Pero el presidente Ricardo Martinelli se niega a prohibir la explotación hidroeléctrica en la comarca. Según dijo, —en base a un informe de la Secretaría de Energía— si se detienen las obras la energía eléctrica aumentaría 30% su costo. 

PROPORCIONES 

Sin embargo, la central hidroeléctrica sobre el Tabasará generará, según las propias proyecciones de Virzi (tan veragüense como el mandatario y con vínculos a familiares de tercer grado) y Btesh, apenas el 4.5% del consumo nacional. 

El proyecto, de 105 millones de dólares, pasa sobre 45 comunidades y afecta a 50 mil personas. Aunque en el acuerdo de San Félix el gobierno de Martinelli se comprometió a prohibir la minería comarcal y a proteger los recursos hídricos, ha preferido ahora defender a capa y espada la actividad en la que, casualmente, sus amigos participan. Los mismos cuyos negocios le han provocado las mayores crisis políticas en dos años de gestión. 

Incluso, el escándalo de Paitilla y el feroz interés del dúo Virzi-Btesh (ambos del PRD) en las aguas del Tabasará tiene más coincidencias: Aliedsabel González. Esta abogada creó Segura Ventures Inc. (la empresa a la que el florista Segura traspasó el terreno de Paitilla un día después de lograr su titulación) y es la agente residente del Consorcio Hidroeléctrico Tabasará, responsable del proyecto en el potente río. 

‘HAY INTERÉS MERCANTIL’ 

Para el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal no hay mayor duda de que el interés del gobierno de Martinelli por promover las hidroeléctricas en Ngäbe Buglé ‘es de carácter mercantil y de codicia’. 

‘La decisión de que se deba o no tener hidroeléctricas debe ser del pueblo y no por imposición del gobierno en turno’, sostiene Bernal. 

Mitchell Doens, el secretario general del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), tiene una posición similar. ‘Indudablemente hay intereses sobre las hidroeléctricas, y si tendrán que pasar sobre la comarca, la Ley 10 (que da sustento legal al territorio Ngäbe Buglé), sencillamente lo harán’. 

Doens denunció a principios del año pasado lo profundo de los vínculos de Martinelli con Btesh, el conducto directo a Virzi. El dirigente del PRD sostuvo que el mandatario utilizó a Btesh como ‘emisario’ para pedirle que bajara el tono de sus críticas a cambio de dinero. 

Entre los ecologistas la decisión del gobierno de seguir adelante con el negocio hidroeléctrico en la comarca pese al rechazo de los indígenas causa indignación. 

‘No se puede tomar el caudal ecológico a la brava’, enfatizó la directora de ANCÓN, Alida Spadafora. 
 
APOYO 
 
 
 
Si tienen que pasar sobre la comarca, sobre la Ley 10 y matar indígenas lo harán’. 

M. DOENS 

SECRETARIO DEL PRD