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Monday, August 26, 2013

Balboa, re-redescubridor del Mar del Sur


PASTOR E. DURÁN ESPINO
Balboa, re-redescubridor del Mar del Sur 
Según la historia eurocentrista, Vasco Núñez de Balboa descubrió el Mar del Sur (Pacífico americano), en septiembre de 1513, pero, según el arqueólogo británico-panameño Richard Cooke, hay evidencias de que 9,000 A.C. ya el ser humano estaba presente en la vertiente del Caribe de Costa Rica y Panamá (finales del ultimo período glacial).
Entre los años 5,000 y 500 A.C. habían ya florecido focos de desarrollo cultural en las montañas de la actual provincia de Chiriquí y la Comarca Ngäbe-Bugle, en la costa de la Bahía de Parita (vertiente del Pacífico), en las montañas del Norte de Darién (actual provincia del mismo nombre limítrofe con Colombia) y en toda la costa del Pacífico. Estos asiáticos, antepasados de los indígenas actuales, fueron los verdaderos descubridores del llamado ‘Mar del Sur’.

Los segundos ‘redescubridores’ del Mar del Sur, fueron los africanos, pues cuando el ‘re-redescubridor’, Vasco Núñez de Balboa, cruzó el istmo de Darién, a principios de septiembre de 1513, para re-redescubrir el Mar del Sur, encontró, al llegar a la comarca denominada Cuarecuá, donde se enseñoreaba el cacique Torecha, ‘... es clavos negros de una región que dista de Cuarecuá solo dos días, en la cual no se crían más que negros, y éstos feroces y sobremanera crueles. Piensan que en otros tiempos pasaron de la Etiopía (África) negros a robar y que, naufragando, se establecieron en aquellas montañas. Los de Cuarecuá tienen odios intestinos con esos negros, y se esclavizan mutuamente o se matan’ (ver de Pedro Mártir de Angería, cronista de la conquista, su obra: ‘Décadas del nuevo mundo’). Estos africanos fueron los segundos descubridores del Mar del Sur. Hay un dejo de racismo en todo esto, pues Anglería dice: ‘... pasaron de la Etiopía negros a robar...’. Si hubieran sido europeos hubiera escrito: ‘pasaron a conquistar’.

Pero retrocedamos un poco. Cuando en octubre de 1510 los invasores españoles fundaron Santa María La Antigua del Darién en el poblado del cacique Cémaco y edificaron la iglesia sobre su casa, tal como se lo habían prometido a la Virgen, los indios, de vez en cuando, se acercaban al poblado, para intercambiar cosas con los españoles. Por ver si se marchaban, les hablaban de la existencia de oro en una vecina región llamada ‘Coiba’.

Antes del re-redescubrimiento, hubo combates contra los españoles. Entre otros, Cémaco, quien vivía en las montañas añorando su dulce hogar ahora convertido en templo de los ‘cristianos’, atacó a los españoles.

Panquiaco, hijo mayor del cacique Comagre, le dijo a Balboa que hacia el sur había un mar por donde surcaban naves tan grandes como las de los españoles, las cuales usaban también velas y remos, y que —en aquellos reinos— todos los utensilios eran de oro (se refería al Imperio Socialista de los Incas del Perú). Al amanecer el 25 de septiembre de 1513, continuaron la caminata y los indios le indicaron a Balboa una cima desde donde pudo contemplar aquella mar que denominó ‘Mar del Sur’.

Monday, October 29, 2012

Mafiosos lavaban dinero en Panamá


Mafiosos lavaban dinero en Panamá

La Estrella de Panamá


PANAMÁ. El pasado domingo 21 de octubre, cuando en el país se celebraban las fiestas del Cristo Negro de Portobelo y la provincia de Colón estaba sumergida en protestas, Panamá era mencionada en Madrid, España. 

Las protestas y la fiesta religiosa, sin embargo, no fue el motivo de la reseña del diario español El País, uno de los más influyentes de Europa. Ese día el rotativo mencionaba a Panamá como uno de los países utilizados por empresarios españoles para blanquear dinero de una red encabezada por el empresario chino Gao Ping, detenido en Madrid dos días antes (viernes 19 de octubre). 

Ping, considerado por los medios de comunicación españoles como el hombre fuerte de la mafia china en España, era el líder de la red que se dedicaba al blanqueo de capitales y evasión fiscal que fue desmantelada en una operación denominada ‘Emperador’. 

De acuerdo con el diario El País, las investigaciones realizadas durante los dos últimos años por el Grupo III de Delincuencia Internacional de la Unidad Central contra la Delincuencia y el Crimen Organizado revelaron que una de las formas de blanquear dinero, por parte del entramado encabezado por Ping, era a través de empresarios españoles que poseen grandes sumas depositadas en países laxos como Suiza, Liechtenstein, Panamá, Argentina, Andorra y paraísos fiscales. 

Los empresarios, cuyos negocios suelen generar grandes sumas de dinero en efectivo, entregaban ese capital a los intermediarios de la red asiática y esta se encargaba de reintegrar dichas sumas desde cuentas opacas de Suiza, Panamá y Hong Kong. La red, naturalmente, no hacía el trabajo gratis, sino que cobraba una suculenta comisión, agregó el rotativo. 

La información recopilada en el diario señala que entre enero y mayo pasado, el Gobierno español estimó que hubo una evasión de capitales total de 163 mil millones de euros. 

La nota periodística de El País menciona a los hermanos Pedro y Patxi Garmendia, este último amigo del rey Juan Carlos, como dos de los empresarios que hicieron transacciones con la red. Los hermanos fueron detenidos y puestos en libertad al pagar una fianza de 25 mil euros. 

Las autoridades españolas también detuvieron al empresario Oriol Mestre Risse, dueño de una empresa de promoción inmobiliaria. Según el diario, en la lista de detenibles figuran otros empresarios de la construcción, agrarios, cinegéticos, dueños de empresas de viajes, negocios de hostelería, comercio y transportes. 

Una vez más, Panamá es señalado, con hechos concretos, como un país que es usado para e l blanqueo de capitales.

Saturday, October 27, 2012

El mundo mira a Panamá en medio de caos, detenidos y zozobra


El mundo mira a Panamá en medio de caos, detenidos y zozobra

La Estrella de Panamá

La mirada de mundo estuvo en Panamá de eso no cabe la menor duda. La agencias EFE, AP, AFP, Xinhua, Reuter difundieron para el mundo la escena de terror que se vivía tras el estallido de disturbios y saqueos en la capital por infiltrados y personas de alrededores de la Asamblea Nacional. 

"Saqueos en la capital panameña durante las protestas contra la ley de la Zona Libre", fue el titular del diario El País, de España, un rotativo de referencia en Europa. 

Desde España, el escenario no lo pintaron lindo. En la nota se lee que Panamá vivió un día marcado por la violencia de encapuchados contra establecimientos comerciales, con amagos de asaltos a bancos y choques callejeros en las principales vías de la capital, en un escenario de bloqueos y ataques con palos y piedras a las fuerzas antimotines, que respondieron con gases lacrimógenos y detenciones. 

El diario El Mundo, de España, tituló "Saqueos y caos en Panamá en medio de las protestas contra una polémica ley". 

Desde Estados Unidos, la cadena CNN en Español tituló "Los panameños 'acorralan' al presidente por el fin de la ley de tierras. Además, la periodista pregunta contundentemente al ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega. 

"¿Por qué esperar hasta que los disturbios escalaran y se extendieran al resto del país para tomar una decisión que una parte de Colón pedía a gritos hace más de una semana?", preguntó Patricia Janiot al ministro panameño. 

La cadena Univisión tituló "Saqueos en la capital panameña en medio de protestas contra polémica ley". 

En América Latina los titulares no favorecen nada a Panamá. La cadena radial RCN de Colombia tituló "Caos en Panamá no se resuelve a pesar de derogación de ley de tierras". 

"Este viernes, un número no precisado de comercios situados cerca de la sede del Parlamento, en el centro de la capital panameña, fueron saqueados por grupos de personas que se llevaron televisores, neveras y otros electrodomésticos", se lee. 

Prensa Latina, de La Habana Cuba, tituló "Caos en Panamá se resuelve con derogación de ley privatizadora". 

La televisora Teletica, de Costa Rica, tituló "Caos en Panamá: 200 detenidos y 50 mujeres se fugan de cárcel tras disturbios". 

La cadena Venevisión, de Venezuela, tituló "Estalla caos en Panamá tras masivos saqueos y disturbios contra ley de venta de tierras", el diario El Universal, de Venezuela, colocó "Disturbios y saqueos en Panamá en rechazo a la ley de tierras en Colón". 

El diario La Nación, de Costa Rica, puso de titular "Saqueos en Panamá tras protestas contra polémica ley de venta de tierras"; El Espectador, de Colombia, difundió "Disturbios y saqueos en Panamá tras protestas contra ley de venta de tierras"; La República, de Perú, tiene "Saqueos en Panamá en medio de protestas contra polémica ley". 

El diario Los Tiempos de Bolivia; la BBC de Londres también reportaron todo.














Monday, September 19, 2011

Los ´socios´ del Gobierno

Odebrecht y FCC son los principales contratistas de los grandes proyectos de la administración Martinelli. Cusa ha perdido protagonismo.


ROBERTO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
RECONSTRUCCIÓN. FCC recibió el contrato para recuperar el acceso al puente Centenario. La imagen muestra los trabajos hasta agosto. Esta empresa también participa en el Metro, el reordenamiento vial y construye un hospital en Veraguas.
Cuando el pastel es de $13 mil millones no es extraño que se acerquen muchos comensales a la mesa. Este es el caso de Panamá y el plan de inversiones de la administración de Ricardo Martinelli. Empresas de casi todas las latitudes se han mostrado interesadas en los contratos de este gobierno.
Desde compañías locales, de las vecinas Costa Rica y Colombia, hasta la habitual presencia de firmas europeas, especialmente españolas, y las no tan comunes asiáticas, como el consorcio chino que participó en los albores de la licitación del Metro, o la coreana Samsung, que pujó sin éxito por los hospitales del interior.
La suerte, sin embargo, ha sido desigual: la brasileña Norberto Odebrecht ha sido la más beneficiada, habiéndose adjudicado grandes proyectos como el Metro de Panamá –en consorcio con la española FCC– por mil 452 millones de dólares.
La firma brasileña, además, se ha hecho con la renovación de Curundú ($94 millones) y dos contratos del proyecto de reordenamiento vial que maneja el Ministerio de Obras Públicas: la interconexión de la Avenida Balboa y la Avenida de los Poetas –contrato que incluye la tercera fase de la cinta costera– por casi $777 millones y el proyecto de preservación del patrimonio histórico, proyecto que contempla trabajos en Panamá Viejo y el Casco Antiguo por $168 millones.
Además de estos contratos obtenidos mediante licitación, Odebrecht se ganó la confianza del gobierno para continuar proyectos millonarios que había iniciado en la anterior administración, con Martín Torrijos como presidente. Se trata del tramo entre Quebrada López y Cuatro Altos de la autopista Panamá Colón, que construye por $218.5 millones y el tramo de la cinta costera entre el Mercado del Marisco y San Felipe, que costó $52 millones.
FCC Construcción, la constructora española que tiene una participación del 45% en el consorcio que construye el Metro, también se ha hecho un hueco relevante en Panamá, un mercado pequeño, pero prolijo en contratos de infraestructuras. Es la encargada de mejorar las cinco intersecciones de la Vía Brasil (con Tumba Muerto, Transístmica, Vía España, Calle 50 y Vía Israel), proyecto incluido en el plan de reordenamiento vial y que se adjudicó en dos contratos que suman $385.5 millones.
Esta compañía también se ganó el contrato para la construcción del nuevo hospital Luis Chicho Fábrega en Santiago de Veraguas por $121 millones, además de recibir el proyecto de reconstrucción del puente Centenario, afectado por las inundaciones del pasado mes de diciembre, por $30 millones. Los accesos del puente Centenario fueron construidos originalmente por Cusa, que ha perdido protagonismo en el gobierno de Martinelli. Empresa y ejecutivo tuvieron diferencias a causa de un desastre del que todavía no se han deslindado responsabilidades.
De los grandes proyectos de este gobierno, Cusa solo ha podido hacerse con la ampliación de la carretera David-Boquete, por $120 millones.
Otras compañías locales y regionales han llenado ese hueco dejado por la principal constructora panameña. Transcaribe Trading se ganó la ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera por $152 millones y la Avenida Integradora de Barriadas en Tocumen, por $36 millones.
La costarricense Meco también ha ampliado de manera importante su cartera de proyectos en Panamá, con obras como la ampliación de la Domingo Díaz –junto a la mexicana ICA– por $238 millones, la ampliación de la carretera de La Villa a Las Tablas por $74 millones o la construcción de los aeropuertos de Colón ($58 millones) y Río Hato ($53 millones).
En infraestructuras de la salud destaca la presencia de otra empresa sin pedigrí en Panamá. Se trata de la empresa IBT Group, con orígenes españoles, que se adjudicó la construcción de cuatro hospitales en el interior por $237 millones.
Esta empresa también ha mostrado su interés por la construcción de la nueva ciudad hospitalaria, un proyecto que se estima en $450 millones.
A la espera de la aprobación de la Ley de Asociación Público Privada están proyectos como la torre financiera y la ciudad gubernamental, que también pondrán en la mesa contratos cuantiosos. Estos proyectos, junto con la posible ampliación de la Interamericana entre Santiago y David, y la última fase del reordenamiento vial, podrían ser los últimos grandes contratos adjudicados por esta administración, a expensas de lo que suceda con la segunda línea del Metro, de la que el presidente Martinelli ha dicho que se quedará licitada.

´Son órdenes del Presidente´

El exviceministro de Gobierno Luis Ernesto Carles revela detalles de la pasada reunión del Consejo Consultivo de la Anati, en la que participó Papadimitriu.

CARLOS ALBERTO VARGAS
cvargas@prensa.com
El ministro de la Presidencia, Demetrio Jimmy Papadimitriu, pidió que “por órdenes del Presidente” no se juzgara la actuación de la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) Anabelle Villlamonte en la cesión gratuita del relleno de Paitilla, porque ella “recibió órdenes superiores”.
Papadimitriu, según reveló ayer el exviceministro de Gobierno Luis Ernesto Carles, dictó esta línea a los miembros del Consejo Consultivo de la Anati, en la polémica reunión del 22 de agosto pasado cuando se analizó cómo se iba a revertir al Estado el terreno cedido gratuitamente a César Segura, en Paitilla, y que beneficiaría a allegados del gobierno.
De acuerdo con Carles, Papadimitriu llegó sorpresivamente a esa reunión y dijo: “la directora Villamonte actuó así porque recibió órdenes superiores, no podemos juzgar la actuación de la directora... busquemos una salida y cerremos este caso. Esas son las órdenes del Presidente... busquemos la solución a esta vaina”.
Carles también indicó que Papadimitriu ordenó que no se grabara la sesión del Consejo Consultivo de la Anati y defendió en la reunión la figura de la expropiación del terreno “porque el tema de la indemnización lo arreglaba con Segura”. Interrogado sobre a qué tipo de acuerdos se llegaría con Segura, respondió: “No sé quién llegaría a un acuerdo con el señor Segura para que renunciara a la indemnización. Lo que dijo el ministro es que él buscaría la forma para que renunciara a la reclamación indemnizatoria”.
Ante estas declaraciones de Carles, el ministro Papadimitriu respondió que todo lo dicho por el exviceministro “es totalmente falso”. Negó haber dicho en ese encuentro que Villamonte recibió órdenes superiores, “ni llegué con ninguna línea a la reunión”, reiteró.
Papadimitriu también negó el supuesto acuerdo con Segura para que renunciara a la indemnización.
Este diario llamó a Villamonte a su celular, pero no respondió.
(Con información de Flor Mizrachi)

´Papadimitriu llevó la línea´

Según el exviceministro de Gobierno Luis Ernesto Carles, aquella sesión del Consejo Nacional de Tierras de la Anati fue el principio del fin de la alianza de gobierno, por la polémica entre los ministros panameñistas y los de Cambio Democrático. Ocho días después de esa reunión se rompió la alianza oficialista.


CARLOS ALBERTO VARGAS
ENFRENTADOS. El ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, confirma que participó en la sesión del pasado 22 de agosto donde se abordó el tema de la cesión gratuita del terreno de Paitilla. El exviceministro de Gobierno Luis Ernesto Carles revela detalles de esa reunión en la que, según él, se dictó la línea del mandatario Ricardo Martinelli. LA PRENSA/Archivo
La tarde del 22 de agosto fue el inicio del fin de una relación política que por 26 meses mantuvo aliada a la dirigencia de Cambio Democrático (CD) con la del Partido Panameñista.

Ese día, a las 3:00 p.m., se llevó a cabo una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Tierras de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati), cuyo tema único en agenda era cómo revertir la titulación gratuita del relleno de Paitilla, valorado en más de $35 millones, que se le había adjudicado en julio pasado a César Segura y cuyos beneficiarios serían dos empresarios ligados al presidente, Ricardo Martinelli, quienes desarrollarían un proyecto de edificios en el lugar. La convocatoria de la reunión venía directamente de la Presidencia.
A la cita fueron la directora de la Autoridad Nacional del Ambiente, Lucía Chandeck; el director del Registro Público, Luis Barría, los ministros Alberto Vallarino, de Economía y Finanzas; Salomón Shamah, de la Autoridad de Turismo de Panamá, y Carlos Dubois, de Vivienda. También estuvieron el viceministro de Gobierno, Luis Ernesto Carles; el director de la Autoridad Nacional de Tierras, Alejandro Castillero, y sorpresivamente, sin ser miembros del Consejo, llegaron el ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, y la directora de Titulación y Regulación de Tierras de la Anati, Anabelle Villamonte. Luego de un mes de aquella reunión “tensa y con mensajes confusos”, el ahora exviceministro Carles narra lo sucedido esa tarde en el Consejo de Anati.
¿Cuál era el motivo de la presencia del ministro Papadimitriu?
Esa fue mi sorpresa, qué hacía el ministro de la Presidencia en un Consejo. La primera orden que dio fue que se retirara el personal técnico de las instituciones, protocolo, y que se apagaran los equipos que graban cada sesión del Consejo.
¿Por qué da esa orden...no es la regla grabar las sesiones del Consejo?
Sí, así es, la norma es realizar las grabaciones. El que empezó la reunión fue, precisamente, el ministro de la Presidencia, para decir que había evaluado que con relación a la adjudicación del terreno de Paitilla se debía proceder con una figura legal de expropiación. El ministro Alberto Vallarino intervino diciendo que era necesario que se supiera qué fue lo que hizo la directora Villamonte. Vallarino exigió que la directora Villamonte explicara su actuación.
¿Cuál fue la reacción de ustedes como miembros del Consejo ante esta exigencia del ministro Vallarino?
La directora Villamonte hizo una exposición de motivos, argumentando que el señor César Segura probó que cumplía con el tiempo que la ley exige para reconocer los derechos posesorios de un particular. Dijo que él aportó recibos de luz, agua... que fue un proceso que duró cuatro meses... Luego la interrumpió el director de la Anati, Castillero, argumentando que Villamonte actuó con apego a la ley; que Anati había sido creada precisamente para adjudicar [tierra] a los pobres, sin burocracia; que él no entendía cuál era el pecado de haber adjudicado un terreno en Paitilla, si en otros puntos del país, cumpliendo con el espíritu de la ley, se les había adjudicado a cientos de personas, tierras con título de propiedad; que lo que había era un morbo de los medios, porque en este país los ricos no admiten que un pobre, una persona trabajadora, tuviera derecho posesorio sobre un terreno en Paitilla. Castillero agregó que “el gobierno del presidente, Ricardo Martinelli, le está adjudicando títulos de propiedad a los pobres y a quienes cumplan con la ley... el señor Segura cumplió con la ley”.
Luego intervino el ministro Salomón Shamah, y planteó que “había que planear bien la estrategia, porque había que limpiar la imagen del gobierno, y no se podía afectar a la señorita directora [Villamonte]”.
¿Convenció la explicación del personal de Anati?
Hubo cuestionamientos fuertes a la vaga explicación de la directora Villamonte y del director de Anati. El ministro de la Presidencia intervino, manifestando que Villamonte actuó así porque recibió órdenes superiores. “No podemos juzgar la actuación de la directora, busquemos una salida y cerremos este caso. Esas son las órdenes del Presidente... busquemos la solución a esta vaina”, dijo Papadimitriu, quien usó palabras impublicables.
¿Se habló de expropiación sin indemnización? ¿Qué se dijo sobre eso?
El director del Registro Público, Luis Barría, advirtió que el artículo 48 de la Constitución, si bien es cierto permite la figura de expropiación por utilidad pública, exige un juicio y la indemnización; ¿quién determinaría la indemnización?... estaríamos legalizando o siendo cómplices de esta inscripción o argumentando que el terreno de Paitilla se adjudicó de forma legal, explicó Barría.
El ministro Papadimitriu manifiestó que hablaría con [César] Segura y le haría firmar un documento donde él renuncie a la reclamación e indemnización. A esto, el ministro Vallarino apuntó que las cosas no se hacían así... todos lo respaldamos y manifestamos ciertos cuestionamientos a lo propuesto por Papadimitriu.
¿Quiere decir que el ministro Papadimitriu bajó con la línea sobre lo que había que hacer?
Nos comunicó [Papadimitriu] que el Presidente [Ricardo Martinelli] estaba enterado de todo y nos dijo que procediéramos con la figura de expropiación, porque el tema de la indemnización lo arreglaba con Segura, y si este no quería firmar la renuncia a la indemnización, entonces que cobrara sus millones en otra administración, porque eso ya no iba a ser problema nuestro.
Papadimitriu dijo que lo que se había decidido era decir que el Gobierno nacional expropiaría la tierra en Paitilla para cumplir con el pueblo y construir un parque de uso público, que la directora Villamonte no diera declaración a la prensa, y que sería la Secretaría de Prensa de la Presidencia la que emitiría los comunicados.
¿Cómo se entienden las palabras de Papadimitriu de que el presidente, Ricardo Martinelli, llegaría a un acuerdo con César Segura? ¿Llegaron a un acuerdo por fuera de lo legal?
No sé quién llegaría a un acuerdo con el señor Segura para que renunciara a la indemnización. Lo que dijo el ministro Papadimitriu es que él buscaría la forma de que renunciara a la reclamación indemnizatoria.
¿Qué hizo cuando finalizó la reunión del Consejo de Anati?
Le comuniqué de inmediato al vicepresidente, Juan Carlos Varela, las conclusiones de la reunión.
Se citó a un Consejo de Gabinete, que se celebró el 24 de agosto en la Presidencia de la República. En esa reunión, el ministro Papadimitriu insistía en que la expropiación debía ser la vía.
Por solicitud del ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, y el respaldo del vicepresidente Varela con otros ministros, se convenció al presidente Martinelli de que la manera correcta era recuperar el terreno por la vía de bien oculto, y que se iniciara la investigación y se culpara a los responsables.
El ministro Papadimitriu no estaba de acuerdo con esta figura, porque culparían a la directora Villamonte. Ese día hubo fuertes debates en el Consejo de Gabinete, donde estuve porque fui de ministro encargado de Gobierno. Luego del Gabinete, Varela advirtió al presidente Martinelli que escogiera entre los dos empresarios que se beneficiarían de la titulación, o él, como aliado en la gestión de gobierno.
(Con información de Flor Mizrachi Angel).

Versión textual del ministro Demetrio Papadimitriu

Sí, llegué a la reunión con el equipo de legal del Ministerio de la Presidencia para ver el tema de cómo se echaba para atrás el terreno de Paitilla. Todo lo demás que dice Carles no es cierto. Es totalmente falso. Que salgan testigos a decir que eso es verdad.
Nunca dije que Anabelle Villamonte recibió órdenes superiores ni llegué con ninguna línea a la reunión. El Presidente no estaba en Panamá, me pidió que yo arreglara el tema y echara el terreno para atrás. La forma en que lo vi más factible fue por medio de ir al Consejo de Tierras y recomendar lo que nos habían dicho los abogados, que era hacerlo a través de la expropiación sin indemnización, basados en la Ley 57 de 1946. Busca el diario La Prensa, lo publicaron ustedes en primera plana... Eso fue lo que yo presenté ante el Consejo de Tierras como una propuesta, porque no soy parte de ese Consejo.
El Consejo lo acogió, pero eso tenía que ir a Gabinete, donde el martes siguiente se decidió lo que propuso Mulino –no Varela–, que fue irse por la recuperación por vía de bien oculto. Eso se decidió tras un largo debate, y todos votamos a favor. Fue unánime. En la reunión del Consejo de Tierras nunca se habló de arreglar absolutamente nada con Segura. De hecho, dije que no se indemnizará.
Esto obviamente es una táctica de Varela para tirar una cortina de humo, desviar la atención y obviar la pregunta que se hacen todos los panameños, que es: ¿por qué insistió en pagar 1.8 millón de dólares por un terreno en Chilibre que el año pasado costaba menos de 300 mil dólares? Ya es hora de que Varela deje de usar el terreno de Paitilla, tema que ya está en el Ministerio Público, para evitar responder la pregunta de quién se iba a quedar con ese 1.5 millón de dólares restante.

Niegan versión

La jefa de la Anam, Lucía Chandeck, quien dijo que estuvo presente en la reunión del Consejo Nacional de Tierras de la Anati, negó categóricamente que el ministro Papadimitriu hubiese dicho que Villamonte actuó por órdenes superiores en la cesión gratuita del relleno de Paitilla. “Ese señor miente”, dijo. Las palabras de Chandeck fueron secundadas por Sygrid Barragán, técnica de la Anam, que la acompañó en esa reunión.


Carles pide al Presidente que ‘reoriente el timón del Gobierno’

REDACCIÓN DE PRENSA.COM
LA PRENSA/Archivo
Luis Ernesto Carles, exviceministro de Gobierno
El exviceministro de Gobierno, Luis Ernesto Carles, exhortó este lunes 19 de septiembre al presidente de la República, Ricardo Martinelli, a que “reoriente” el timón del Gobierno.

Según Carles, esta acción por parte del mandatario permitirá “fortalecer la democracia del país”, al tiempo que denunció que se están dando ataques contra distintos sectores de la sociedad, como periodistas y empresarios.

Asimismo, el exviceministro comentó que en el Gabinete hay gente buena que quiere trabajar, y otra que solo se encarga de investigar a los demás. Carles, militante del Partido Panameñista, aseveró que estas últimas personas solo quieren buscarle “la quinta pata al gato”.

TERRENO EN PAITILLA 

En TVN Noticias, Carles se refirió también al escándalo por el relleno cedido gratuitamente en Paitilla. El exviceministro dijo que, sobre ese tema, “hay que hablarle con la verdad al país”.

Aseguró, además, que este “no es un tema político” o para afectar la imagen o dignidad de alguien en particular. Dijo que, por el contrario, busca enviar el mensaje de que los servidores públicos deben hacer bien las cosas.

En cuanto a esta polémica, Carles explicó a La Prensa, el ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, pidió que “por órdenes del Presidente” no se juzgara la actuación de la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Tierras Anabelle Villlamonte en la cesión gratuita del relleno de Paitilla, porque ella “recibió órdenes superiores”




Thursday, June 16, 2011

En Panamá desconocen proyecto inmobiliario anunciado en España



Mientras en España se anuncia la construcción en Panamá de 70,000 viviendas que tendrán un costo de 35,000 dólares, en Panamá se desconoce sobre el tema, según dejó entrever Carlos Duboy, ministro de vivienda.

En una entrevista durante la edición matutina de Telemetro Reporta, Duboy calificó de interesante el proyecto, sin embargo aceptó que no ha mantenido conversaciones con el cónsul panameño Rolando Reyna, quien dio a conocer la información en rueda de prensa en la localidad de Murcia, al sureste de España.

El titular resaltó que al final de cuenta hay que evaluar la legitimidad del interés de las empresas y que se acerquen a Panamá a conseguir las tierras para construir esa gran cantidad de viviendas. Aceptó que Panamá está viviendo un auge económico y presenta las condiciones para construir viviendas de interés social, pero lo importante es que estas empresas tengan el financiamiento, métodos constructivos y demás.

Thursday, March 3, 2011

Gómez Nadal fue expulsado de Panamá, Julio Yao


La polémica por la salida del periodista español Paco Gómez Nadal de Panamá continúa. Julio Yao, conocedor de la materia internacional, califica esta repatriación como una expulsión. Así es, para Yao el español “fue expulsado del país”.

Explica el conocedor que el periodista español posee una cobertura internacional, porque pertenece a la organización Human Rights Everywhere, que está avalada por el Sistema Internacional de Derechos Humanos.

Según Yao, el español estuvo bajo la coacción de las circunstancias y que no fue una repatriación voluntaria.

Wednesday, March 2, 2011

Periodistas españoles repatriados de Panamá recurrirán a CIDH

Panamá (EFE). Los periodistas Pilar Chato y Paco Gómez Nadal, repatriados el lunes a España tras haber sido acusados en Panamá de instigar protestas indígenas, dijeron hoy que fueron obligados a aceptar su "deportación voluntaria" y anunciaron que recurrirán a los tribunales internacionales.

"Ahora empezamos la batalla para dejar todas las cosas claras, ante la Justicia de Panamá y ante las instancias internacionales, como la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), a las que podamos llegar", dijo la periodista española en un mensaje enviado a Efe desde Madrid, a donde ambos llegaron hoy.

"Queremos manifestar nuestro repudio a la política arbitraria y autoritaria del Gobierno de Ricardo Martinelli, que nos ha expulsado del país sin derecho a una defensa", aseguró, asimismo, la pareja en un "mensaje al pueblo panameño" remitido tras su llegada.

Pilar Chato y Gómez Nadal, columnista de La Prensa de Panamá y activista de los derechos humanos, denunciaron que, tras su detención, el pasado sábado, fueron objeto durante 48 horas "de todo tipo de presiones, arbitrariedades, ilegalidades y aislamiento".

"Nunca quisimos irnos de Panamá, donde están nuestro hogar, nuestros amigos, nuestra vida profesional (...) Pero no hay condiciones para afrontar un proceso judicial justo ni transparente" en ese país, agregaron.

Al anunciar la detención de la pareja, el Gobierno aseguró el sábado que Gómez Nadal fue arrestado "en momentos en que instigaba y organizaba a un grupo de ciudadanos" para protestar contra la minería.

El Gobierno panameño señaló que la participación del periodista español estaba "plenamente documentada en vídeos de las cámaras de vigilancia", pero las imágenes divulgadas hasta ahora sólo lo muestran hablando con manifestantes.

Gómez Nadal ha indicado que se encontraba en el lugar con Pilar Chato para dar seguimiento a la protesta de la etnia Ngöbe Buglé contra la minería en su calidad de coordinador en Panamá de la organización humanitaria "Human Rights Everywhere", que presta especial atención a los derechos de los pueblos indígenas.

‘No saben de qué acusarme’

REDACCIÓN DE LA PRENSA
panorama@prensa.com
PROCESO. El lunes, Paco Gómez Nadal aceptó una ‘repatriación voluntaria’, después de unas 48 horas detenidos en diferentes despachos, como el SNM. Ahora está en Madrid. LA PRENSA/Jorge Fernández

El Gobierno panameño ha puesto a circular una nueva versión sobre las razones que motivaron la salida “voluntaria” del país del periodista y activista de derechos humanos, el español Francisco Gómez Nadal.

El ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, aseguró que Gómez Nadal estaba ilegal en Panamá desde agosto de 2010, cuando, asegura, se le vencieron “todas las sustentaciones legales para permanecer en el país”.

Agregó que entonces se “le hizo una comunicación formal, con copia al Consulado de España, en la que se establecía que se le estaban dando 30 días para regularizar su estatus migratorio”.

“Él se amparó en una visa de trabajo, fundamentada en el 10%, cuando era empleado de Corporación la Prensa. Eso se venció en el año 2007. De allí para acá, a él no lo amparaba ningún contrato de trabajo. Sin embargo, recibía renta, no pagaba impuestos ni seguro social, y ejercía como columnista, porque ni siquiera a los gremios [periodísticos] estaba acreditado”, agregó.

“Una cosa es hacer un trabajo de acuerdo con la ley, y otra es vivir en un país por encima de la ley. Este señor puede decir lo que quiera. Él, definitivamente, jamás aceptará, como tampoco lo aceptarán ciertos grupos, que estaba viviendo en Panamá ilegalmente”, recalcó.

Mulino hizo estas acotaciones al salir de una reunión protocolar con el procurador de la Nación, José Ayú Prado, y como respuesta a los señalamientos de Gómez Nadal en el sentido de que en Panamá hay una “absoluta falta de garantías para el trabajo como defensores de derechos humanos”.

Más temprano, en la emisora de radio Omega Estéreo, Mulino acusó a Gómez Nadal de tener “problemas migratorios” y de no pagar impuestos.

“Ya estaba bueno”, dijo en tono molesto, asegurando que ya se analizaba la expulsión de Gómez Nadal, antes de que este y su pareja Pilar Chato Carral fueran detenido y firmaran el documento de repatriación voluntaria, el lunes pasado. También se quejó de que el periodista escribía “insultos” contra su persona y el presidente, Ricardo Martinelli, en las páginas de Opinión de La Prensa.

La supuesta ilegalidad del estatus migratorio de Gómez Nadal no está consignada en la Resolución 5194 del 28 de febrero de 2011 del Servicio Nacional de Migración (SNM) –un ente adscrito a su despacho–, en la que se ordenó el “retorno voluntario” del periodista a España.

En esa resolución se argumentó lo mismo que originalmente dijo la Presidencia de la República el sábado pasado: que Gómez Nadal fue detenido junto con otras 15 personas, por “instigar y organizar” una protesta ciudadana contra las reformas al Código Minero.

La Presidencia primero y el SNM después alegaron que los extranjeros tienen prohibido participar en actividades políticas o protestas.

Desde Madrid, Gómez Nadal afirmó que Mulino habla sin conocer las razones de su detención. “Tratan de provocar un linchamiento público. El Gobierno se toma la justicia en sus manos y ni siquiera sabe por qué delito acusarme”, enfatizó.

“La actitud del Gobierno ante esta expulsión es simétrica con las mentiras repetidas que vertieron en julio de 2010, cuando trataron de impedirme el ingreso al país”, agregó.

Negó que el Gobierno le hiciera llegar una carta en agosto de 2010. “El último estatus migratorio en perfecto estado que me facilitó el SNM es de septiembre”, acotó.

De hecho, tiene cédula panameña E-8-97696. Todos sus trámites se concedieron mucho antes de que fuera aprobado el Decreto Ley 3 de 2008 (que reformó el SNM), por lo que este no le sería aplicable, explicó su abogada Giulia De Santis.

Versiones encontradas

No es la primera vez que el Gobierno cae en contradicciones en relación a Gómez Nadal.

El 4 de julio de 2010, el periodista acudió al aeropuerto de Tocumen para abordar un vuelo a Colombia, cuando los funcionarios de la terminal le avisaron que si salía del país, no podía regresar. Se le retuvo el pasaporte y después se le avisó que el impedimento de entrada estaba relacionado con una deuda con el fisco.

Gómez Nadal probó aquella vez que, en realidad, tenía un crédito tributario por 2 mil dólares. Posteriormente presentó un hábeas data en la Corte Suprema, ante la renuencia del SNM para informarle sobre su situación. Este recurso nunca fue resuelto.

Por su parte, la directora del SNM, María Cristina González, negó ayer que Gómez Nadal fue obligado a abandonar el país contra su voluntad.

Además, González afirmó que ni el periodista ni su pareja tenían credenciales como comunicadores.

La funcionaria explicó que el artículo 84 del Decreto Ley 3 de 2008, que sirvió de fundamento para la repatriación a España, establece que a Gómez Nadal se le impide ingresar al país por dos años, y que para poder levantar esta prohibición se debe hacer una solicitud formal al SNM.

El afectado ha dicho que apelará todo el proceso en su contra y que, agotadas las instancias internas, acudirá a foros internacionales.

Robo de identidad

Ayer, la identidad de Paco Gómez fue usurpada en la red social Twitter.

En una cuenta abierta bajo su nombre y con una foto en la que se le aprecia con unas enormes orejas, gafas de sol y un collar con un dije con el símbolo del dólar, alguien escribió: “Soy comunista, ambientalista y periodista, deje a mi esposa y me fui con mi amante y qué? Todos lo hacen, voy a protestar desde el Twitter”. Adjunto aparecía una dirección –www.fundacionmeimportauncoño.com– que no está activa.

Una década de lucha

Gómez Nadal es un activista a favor de los pueblos indígenas desde hace más de 10 años. Empezó como colaborador de la Pastoral Indígena de la Diócesis de Chocó, en Colombia, y después como miembro de Human Rights Everywhere en Panamá.

“Este compromiso humano significa ayudar a las comunidades originarias en la defensa de sus derechos territoriales, políticos y culturales. Lo que hacemos es visualizar sus problemas, proveerles herramientas tecnológicas y levantar informes de alcance internacional cuando se violan sus derechos”, explicó.

En Panamá, ha dado soporte a las comunidades emberá de la frontera con Colombia, a los nasos de Bocas del Toro, y a los ngäbe y buglé de la comarca. También levantó un informe sobre las violaciones en Changuinola.

(Con información de Rafael Luna, Juan Manuel Díaz y Mónica Palm)

Gobierno ‘penalizó’ labor informativa

La organización no gubernamental de origen francés Reporteros Sin Fronteras (RSF) consideró que la acción emprendida contra Francisco Gómez Nadal y Pilar Chato constituye una “negación de la libertad de expresión”.

Según RSF, la doble expulsión permite recordar los riesgos a que se exponen los periodistas que cubren temas medioambientales.

En tanto, el Consejo Nacional de Periodistas (CNP) rechazó los intentos de “penalizar y sancionar” la labor informativa en el país, como ocurrió con los dos comunicadores españoles.

Señaló que las acusaciones no probadas ni demostradas que recaen sobre ambos periodistas extranjeros de alta estima y respeto en el país, “se convierten en una prueba irrefutable de violación persistente y peligrosa de los derechos humanos”.

La repatriación de ambos periodistas constituye un vergonzoso precedente para la democracia, remarcó el CNP.

El Fórum de Periodistas también rechazó ayer lo que llamó una “política del gobierno dirigida a silenciar periodistas y voces que cuestionan y critican sus actuaciones, evidenciando una profunda ignorancia respecto del papel que juegan”.

Lo ocurrido con Gómez Nadal “no hace más que evidenciar una política autoritaria y la intolerancia ante las críticas”.

El Fórum invitó a los gobernantes a reconocer que el escrutinio público es un derecho del ciudadano “y que el periodismo, desde tiempos inmemoriales, es una de las vías para validar este derecho en sociedades democráticas”.

JUAN MANUEL DÍAZ C.



Martinelli dice que Gómez Nadal optó por irse de forma voluntaria


Getzalette Reyes
De prensa.com

greyes@prensa.com

El presidente de la República, Ricardo Martinelli, volvió hoy a referirse al caso del periodista Paco Gómez Nadal, quien fue repatriado España el pasado lunes 28 de febrero.

Martinelli aseguró que a Gómez Nadal se le aplicó la ley, como era debido, ya que –dijo– estaba “de forma ilegal en el país”. Sin embargo, añadió que fue el propio periodista quien “optó por irse de forma voluntaria” del país.

El gobernante panameño reiteró que una cosa es ser periodista y otra diferente es ser un activista. “Él fue periodista pero terminó su contrato de trabajo… estaba de forma ilegal en Panamá”, sostuvo.

Sobre su caso, Gómez Nadal dijo ayer desde Madrid que “el Gobierno se toma la justicia en sus manos y ni siquiera sabe por qué delito acusarme”.

En la Resolución 5194 del 28 de febrero de 2011 del Servicio Nacional de Migración (SNM), en la que se ordenó el “retorno voluntario” del periodista a España, no está consignada la supuesta ilegalidad del estatus migratorio de Gómez Nadal.

Lo que se dice en el documento es que fue detenido junto con otras 15 personas, por “instigar y organizar” una protesta ciudadana contra las reformas al Código Minero.

Rechaza intereses en la minería

Por otra parte, el Presidente volvió a pronunciarse sobre la Ley 8 del 11 febrero de 2011, por la cual se reformó el Código de Recursos Minerales. El mandatario expresó que “no tengo interés, ni me interesa” y que tampoco tiene participación o acuerdo con ninguna minera.

“No tengo nada que ver con esa gente, ni me importa esa gente”, añadió.

Las declaraciones de Martinelli se dieron durante la inauguración del Centro de Educación Básica General 24 de Diciembre.

Allí anunció que, con un reciente préstamo aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo, se construirán tres escuelas completas en tres comarcas del país.

Tuesday, March 1, 2011

MENSAJE DE PACO GOMEZ NADAL A SU LLEGADA A MADRID NOS DICE SU VERSION

Acabamos de llegar a Madrid custodiados por dos agentes del SANM. Les envío este comunicado que redactamos en la escala de San José. Les pido que lo reboten a los compañeros de los medios.

Desde San José de Costa Rica, camino a Madrid (España)

He sido expulsado de Panamá en el día de hoy por el Gobierno de Ricardo Martinelli. La fórmula legal se denomina retorno voluntario pero ni es voluntario ni es retorno. Explico las circunstancias:

1. El sábado 26 de febrero fui detenido ilegalmente cuando, claramente identificado como miembro de la organización de Derechos Humanos Human Rights Everywhere (HREV), documentaba el desalojo de los indigenas ngäbe que cortaban la Plaza 5 de mayo. La detención se produjo con violencia y sin ningún tipo de contemplación. En el operativo también fue detenida de forma arbitraria e ilegal mi compañera, Pilar Chato, que estaba en el andén de la esquina entre 5 de mayo y Calle L esperando el final de los acontecimientos.

2. En las siguientes 20 horas fuimos recluidos en tres instituciones diferentes y en ningún momento se nos indicó de qué se nos acusaba, no se nos permitió comunicación con nuestros abogados ni recibir asistencia consular de la Embajada de España, país del que somos ciudadanos. Los propios funcionarios de la DIJ de Ancón nos manifestaron que no había expediente ni documentación que justificara nuestra detención en esas instalaciones (donde tuvimos que dormir en el suelo sobre periódicos)

3. Que en la tarde del día 27 de febrero, 23 horas de spués de la detención, fuimos víctimas de un juicio express en la corregiduría de Balboa con acusaciones falsas de la Policia Nacional (como que no estaba identificado al momento de la detendicón o que se nos leyeron nuestros derechos o que fuimos informados de las razones del acto) y en base a un video sin audio que, a todas luces, no es probatorio de ningún acto delictivo o contrario a las leyes panameñas.

4. Que Aproximadamente a las 4:30 p.m. fuimos trasladados a las oficinas del Servicio Nacional de Migración donde ni siquiera sabían por qué recibirnos hasta, tal y como nos indicaron, "recibir una llamada de Presidencia". Una vez que nos recibieron en calidad de "retenidos", los funcionarios del SNM aseguraron al consul de España, a nuestra abogada y a representantes de la Defensoría dl Pueblo que ningún trámite sería realizado hasta la mañana del día 28 de febrero y que por esa razón debiamos permanecer en las celdas de Migración, a pesar del compromiso de los funcionarios nacionales e internacionales de servir como garantes de nuestra comparecencia al día siguiente.

5. Que después de irse el equipo de acompañamiento, la directora del SNM junto a sus abogados dictaron un decreto ilegal y arbitrario en que sin pruebas nos condenan a detención por haber alterado el orden público e "instigar" protestas". Fuimos despertados pasada la media noche, intimidados e irrespetados y obligados a firmar un documento en que se afirmaba que el SNM había escuchado nuestra defensa y respetado nuestros Derechos Humanos, cuando esto no se había producido.

6. Que ante las arbitrariedades cometidas, la agresividad de los comunicados públicos del Gobierno desde el mismo sábado 27 y los antecedentes del intento de expulsión del 4 de julio de 2010 y ante la TOTAL FALTA DE GARANTÍAS jurídicas para un proceso justo o para nuestra seguridad física ni jurídica, decidimos aceptar la deportación voluntaria.

7. Manfestamos la absoluta falta de garantías para el trabajo como Defensores de Derechos Humanos en Panamá y alertamos a NAciones Unidas y a la Comisión INteramerciana de DDHH sobre el grave riesgo al que están sometidos otros defensores en Panamá y cualquier líder social.

8. Agotaremos todos los recursos legales disponibles en Panamá y en el sistema Interamericano de JUsticia para revertir esta situación y exigiremos la compensación por los daños morales, económicos y personales a los que hemos sido sometidos al abandonar nuestro hogar, nuestros amigos, nuestra misión como defensores de Derechos Humanos y nuestro desarrollo profesional.

9. HREV y mi persona sólo hemos tratado de promocionar y defender los derechos humanos de los colectivos más desfavorecidos de Panamá, tal y como es nuestro mandato. Nuestros informes sobre violación de derechos humanos en Changuinola o en el Centro de Cumplimiento de Tocumen o nuestro seguimiento a todo el proceso de defensa territorial de los pueblos Naso, Ngäbe y Buglé han molestado a las autoridades que han desconodio las recomendaciones de las organizaciones internacionales respecto a los Derechos HUmanos de estas poblaciones. A esta situacion se suma mi labor como periodista y columnista en el diario La Prensa con trabajos críticos que incomodan al Gobierno tal y como lo han manifestado en diversas ocasiones.

10. El trato de los funcionarios de rango bajo de la DIJ y de Migración fue en todo momento correcto y ellos mismos nos mostraron su perplejidad ante este proceso.

11. Los pueblos originarios de Panamá no necesitan de instigadores. Son autónomos y dignos y cuando protestan suelen ser provocados por medidas del Gobierno que, además del abandono secular, aprueba medidas que afectan contra la autonomía territorial, cultural y política de los pueblos originarios.

12. Reconocemos y agradecemos profundamente la valentía, el ánimo y la solidaridad que numerosas organizaciones, ciudadanos y, en especial, los representantes de los pueblos originarios de Panamá nos han mostrado en las últimas horas.

No nos echa Panamá. Nos echa su gobierno.
La lucha por los Derechos Humanos es irrenunciable y los delitos de lesa humanidad imprescriptibles.

Paco Gómez Nadal
Pilar Chato Carral




Gómez Nadal estaba haciendo su rol como periodista

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Muchas reacciones ha generado la repatriación del periodista Francisco (Paco) Gómez Nadal a España, después de haber sido acusado de instigar a manifestantes en Panamá. Sobre este tema. Carlos Lee, de la Asamblea Ciudadana Pro Justicia, sostiene que el español se encontraba en el lugar de la protesta ejerciendo su función como periodista.

Además, resaltó que fue notoria la intervención del Ejecutivo en el administración de justicia, porque cuando Gómez Nadal y la periodista cántabra Pílar Chato se mantenían en la sede policial de El Chorrillo, la Secretaría de Comunicación del Estado emitió un comunicado en el que se expresaba que el español incitaba a la violencia.

Según Carlos Lee, el procedimiento fue una burla a la democracia y a la institucionalidad de Panamá.

Ministra: Gómez Nadal no estaba acreditado como periodista

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Según Roxana Méndez, ministra de Gobierno, el caso de Paco Gómez Nadal es un tema de migración, un proceso que se abrió por haber incumplido como extranjero en Panamá y porque no está acreditado.

La titular enfatizó en que Gómez Nadal no estaba acreditado como periodista, que las evidencias de lo ocurrido el 26 de febrero no señalan que él estaba trabajando, como ha sostenido él mismo en un comunicado.

Méndez explicó que los extranjeros no pueden participar en este tipo de actividades, al referirse a las protesta de los indígenas.

Alba Pedrol "Repatriación de Gómez viola acuerdos de San Félix"

En piqueteo frente a MIgración, la dirigente indígena Ngäbe Buklé, Alba Pedrol, indicó que la repatriación de Paco Gómez Nadal y Pilar Chato constituye una flagrante violación de los acuerdos firmados anoche en San Félix entre el Gobierno y representantes de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos del Pueblo Ngäbe Buklé.

Uno de los puntos del acuerdo era:

Liberación de todos los detenidos durante las manifestaciones y sin represalias para los participantes de esta Jornada de Resistencia.

En estos momentos unos 40 dirigentes de la Coordinadora se encuentran reunidos en San Félix analizando la situación.

Paco Gómez Nadal será repatriado hoy a las 4:00 p.m. a través del Aeropuerto de Tocumen hacia Costa Rica y de allí en vuelo de Iberia a España.

Al medio día trabajadores del SUNTRACS efectuaron un piqueteo en la sede de Migración. Pronto tendremos el reportaje.

FRENADESO emitió el siguiente comunicado al país al respecto:

FRENADESO repudia acción contra periodistas españoles

Acaba de anunciarse que los periodistas y activistas de derechos humanos Paco Gómez Nadal y Pilar Chato están siendo deportados hacia España acusados de instigar las últimas manifestaciones de los indígenas contra la Ley 8.

Se trata de otro atentado de parte de la “Gestapo” de Martinelli contra los más elementales derechos humanos, la libertad de expresión de los panameños, una muestra más de la criminalización de la protesta social y una violación de nuestras garantías fundamentales.

A Martinelli y sus secuaces le advertimos que lejos están de frenar con esta medida, que nos retrotrae los episodios más oscuros de la dictadura militar, la protesta social y el accionar combativo del pueblo panameño contra las aritrariedades y desmánes del régimen autoritario.

Llamamos al pueblo panameño a repudiar esta medida y reiteamos que hoy lunes 28 de febrero, a las 4:00 p.m., estaremos celebrando una Vigilia y Concentración en la Iglesia Don Bosco.

Más temprano que tarde los hoy autores de crímenes de lesa humanidad y de violaciones a los derechos humanos y las libertades democráticas habrán de comparecer ante la Justicia en una sociedad donde impere realmente el Estado de Derecho.