Políticos y activistas rechazan rellenos
Conflicto de intereses, falta de transparencia, ausencia de información sobre proyectos que impactarán de forma importante a la ciudad, peligro por cambio de reglas en el manejo de los bienes públicos, son algunas de las alarmas que sonaron ayer al conocerse el proyecto Maritime City. La gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa, criticó a este diario durante su programa radial matutino, calificando de falsedades los detalles sobre el relleno de 368 mil metros cuadrados en Amador. El ingeniero Carlos Ho, del MOP, negó la relación entre el proyecto y la cinta costera.
|
|
| DETALLE. Maqueta del proyecto que implica rellenar 368 mil metros cuadrados de fondo marino en Amador. Cortesía de Amador Ciudad Marina |
 |
|
REDACCIÓN DE LA PRENSA
investigación@prensa.com
¿Existe una relación entre el empeño del gobierno en construir a toda prisa la tercera fase de la cinta costera y el proyecto Maritime City? Algunos políticos y activistas entrevistados por este diario parecen creerlo.
“Aquí hay una combinación de hechos, y que el pueblo panameño tiene que prestar atención, porque cuando se anunció el proyecto de la torre financiera se dijo que era privado, pero ahora el Gobierno tiene que invertir millones de dólares”, comentó la excandidata presidencial por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera.
La política de oposición calificó el relleno marino como “la cuarta fase del proyecto de desarrollo entre cinta costera y Amador”, y sostuvo que “ahora se está empezando a conocer por qué el gobierno está imponiendo la cinta costera”.
Su copartidario y precandidato presidencial Javier Martínez Acha calificó de “curiosa” la coincidencia entre la tercera fase de la cinta costera y el relleno marino que se pretende construir en la calzada de Amador.
“Definitivamente que hay un beneficio sustancial recíproco entre ambos proyectos. La inversión que el Gobierno hará en la tercera fase de la cinta costera potencia y valoriza sustancialmente el relleno marino” agregó Martínez Acha.
Para el presidente del también opositor Partido Popular, Milton Henríquez, la relación incluso va más allá de la cinta costera. “Te vas dando cuenta de que las cosas que han estado haciendo forman parte del deseo de Ricardo Martinelli de apropiarse del país”, recordando el momento en que el mandatario llegó mazo en mano a apropiarse del relleno de Jean Figali.
“El tema no se limita a si la ley permite o no que se haga un desarrollo privado sobre lecho marino, sino que, además, el proyecto es presentado por un alto funcionario del Estado [directivo del Canal], que además tiene un hijo en otro alto cargo del gobierno [Aeronáutica Civil] y que, además fue, según ha dicho, donante del presidente de la República. Aquí hay un evidente conflicto de interés”, añadió Henríquez.
Similar opinión tiene la presidenta ejecutiva del capítulo panameño de Transparencia Internacional, Angélica Maytín Justiniani. “El proyecto de ciudad marítima viola preceptos de la Constitución y de leyes que fueron producto de consensos nacionales, como la Ley de Usos de Suelos. Ahora, de manera discrecional, quieren torcer la ley y hacerla a su medida para beneficiar a sus amigos y, seguramente, donantes de la campaña electoral”, comentó la activista de la sociedad civil.
“Por lo visto, el actual gobierno (y los anteriores también) aplican el criterio de que para sus amigos todo, y para sus enemigos la ley...”, añadió Maytín Justiniani.
Otro precandidato presidencial por el PRD, Anel Bolo Flores, apuntó que este relleno marino levanta suspicacias y vaticinó que será rechazado por la población.
“Llama la atención que siempre son muy allegados al gobierno los que pretenden desarrollar este tipo de proyectos que representan un gran negocio para algunos”, sostuvo Flores.
“Lo que mal empieza, mal acaba. La noticia de La Prensa demuestra que el Presidente y el gobierno le estaban mintiendo al pueblo panameño”, denunció Juan Carlos Navarro, otro aspirante a la candidatura presidencial por el PRD.
Navarro agregó que “con esta impactante información ha quedado claro que le han mentido al pueblo, pues lo que se impulsa es un desarrollo inmobiliario comercial particular, y no el interés social de San Felipe, Santa Ana y El Chorrillo, como lo ha intentado vender el gobierno”.
Otro precandidato presidencial del PRD, Laurentino Cortizo, recordó que Amador es una zona de interés turístico. “El manejo de este tema refleja la falta de coordinación y conflictos entre funcionarios de un mismo gobierno”, afirmó.
Al respecto, el activista del Casco Antiguo Azael Barrera comentó que “los sectores poderosos del país quieren un relleno en el área de Amador, y de allí la razón por la que el Gobierno quiere una tercera fase en la cinta costera”.
Licitación y consulta
Los perredistas Martínez Acha y Flores, así como el fundador el partido Molirena Guillermo Quijano, aludieron en su reacción a la noticia de los rellenos de Amador al tema de la licitación.
“¿Por qué este proyecto no es llevado a una licitación para garantizar mayor transparencia… se daría esta concesión a alguien que no sea de la simpatía del Gobierno?”, se preguntó Martínez Acha.
Quijano, por su parte, considera que un proyecto como este debe manejarse con transparencia a través de un acto de licitación pública. “Se deben establecer los requisitos indispensables de especificaciones técnicas en el pliego de cargos y la experiencia de los consorcios… Si se incluyen apartamentos y viviendas, en el proceso debe participar el Ministerio de Vivienda para analizar y decidir si debe permitirse o no ese tipo de estructuras en el área”, agregó.
Al respecto, Flores comentó que el relleno marino debe ser sometido al escrutinio público, “porque, obviamente, cambiará la fisonomía de la ciudad y podría alterar la vida de los ciudadanos... si van a dar concesiones de fondo de mar, deben ser licitadas con transparencia y se debe cumplir con la consulta ciudadana y todas las instancias relacionadas con el tema”.
Desde la sociedad civil, la arquitecta y presidenta de la Alianza pro Ciudad, Magela Cabrera, hizo también alusión a la falta de transparencia que rodea el proyecto y su relación con la construcción de la cinta costera.
“El gobierno, de forma sistemática, ha dado información contradictoria con respecto a los planes de construcción de la cinta costera. El artículo 43 de la Constitución establece el derecho de los ciudadanos a tener acceso a información de interés colectivo, particularmente con respecto al uso de tierra pública. No ha habido consulta pública (según el capítulo VIII de la reglamentación de la Ley 6 sobre ordenamiento territorial)… Las autoridades urbanísticas (Miviot, Municipio ) tienen la obligación de garantizar el uso, integridad y conservación del espacio público, lo que incluye poner en valor los componentes del patrimonio histórico, cultural y natural”, comentó.
Cabrera también aludió al tema de los costos y beneficios para la ciudad: “Los propietarios de tierras en la zona de influencia de grandes proyectos urbanos, como por ejemplo la cinta costera y el Metro, deben pagar un impuesto por valorización, devolviendo así a la ciudad parte de la plusvalía obtenida…. De hacerse un desarrollo inmobiliario privado, ¿pagarían al ser beneficiados por la construcción de la tercera fase de la cinta costera y los rellenos?”.
Las alarmas
Para el analista político José I. Blandón, el relleno de Amador “viola claros preceptos constitucionales”.
Blandón agregó que “lo más preocupante es que este proyecto sería una competencia para la Autoridad Nacional de Autopista, que comprará los corredores sur y norte, ya que una parte del repago de la deuda se hará con los rellenos de la ampliación del Corredor Sur”.
Por su parte, el expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Adolfo Linares, aplaudió la posición del ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, al negar la autorización para hacer el relleno en Amador.
“Por mandato constitucional, artículo 258, el mar territorial y demás aguas lacustres y fluviales, así como las playas y riberas son de ‘uso público y, por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada’.... los rellenos que se hicieran sobre fondo de mar deben ser para uso público (parques, áreas verdes) o para realizar obras estatales de infraestructura (carreteras, puentes), pero no pueden venderse para un desarrollo privado, por más bonito y ambicioso que sea el proyecto”, añadió Linares.
El también abogado agregó que “desde un punto de vista institucional y de seguridad jurídica, sería muy grave, y un peligroso precedente, que se pretenda modificar una ley –la de Anati– para lograr que un funcionario más afín a un proyecto privado, si es que es el caso, dé una aprobación que ya el MEF negó fundamentado correctamente en la Constitución y la ley”.
En el mismo sentido, el presidente del Colegio de Abogados, Rubén Elías Rodríguez, comentó que “el gobierno se distingue por estas acciones, que no contribuyen a la seguridad jurídica del país. Además, manda un mensaje de que se cambian las leyes cada vez que un mandatario quiere. Si no se hacen los correctivos, todo esto podría desencadenar en una crisis institucional”.
El constitucionalista y defensor de derechos humanos Miguel Antonio Bernal reaccionó diciendo que “el gobierno tiene un doble discurso: por un lado criticó a Jean Figali por sus rellenos y ahora quiere hacer lo mismo. Esto solo es la punta del iceberg en los escándalos en los que está involucrado el gobierno. El presidente, Ricardo Martinelli, está manejando esto como un negocio”.
Por su parte, el arquitecto urbanista Álvaro Uribe se mostró en desacuerdo con el proyecto. “Creo que en vez de estar rellenando en torno a un centro ya congestionado, deberíamos buscar espacios existentes desintegrados e incorporarlos a la ciudad mediante la creación de nuevas centralidades (nodos). ¿Se nos olvidó el área del Canal? Amador es un rompeolas, dejémoslo así y pensemos más en el resto del área revertida que, con el transporte colectivo, son nuestras soluciones para la ciudad del futuro”, afirmó Uribe.
“Amador no aguanta un relleno más. El cambio de las corrientes marinas que causan estos rellenos está afectando estructuras en ese lugar, y las autoridades nacionales no hacen las evaluaciones previas al respecto. Me parece una irresponsabilidad ambiental que se piense en rellenos, sin pensar primero en el ambiente”, fue la reacción de la ambientalista Raisa Banfield.
Otras reacciones
Carlos Ho, del Ministerio de Obras Públicas (MOP), aseguró ayer que el proyecto Maritime City en Amador, nada tiene que ver con la tercera fase de la cinta costera; mientras que la gobernadora de Panamá, Mayín Correa, atacó a este diario asegurando que lo publicado era falso.
Por su parte, el presidente de la Asociación Panameña de Ingenieros y Arquitectos, Julio Rovi, calificó como “positivo el desarrollo de Amador siempre y cuando se cumplan las normas y leyes del país”.
Fue imposible obtener una reacción de Apede y de la Cámara de Comercio.
(Con información de Lina Vega Abad, Santiago Cumbrera, Ereida Prieto-Barreiro y Ohigginis Arcia).
Corredores, cintas costeras, rellenos marinos y fallos contradictorios
La petición para arrendar, invertir y tener la primera opción de compra de unos rellenos que la empresa Maritime City, S.A. pretende hacer en lo que un día fue la joya más valiosa de las llamadas áreas revertidas, pone en la agenda pública el debate constitucional sobre la utilización de bienes de dominio público para fines privados.
Las islas artificiales que hoy crecen frente a Punta Pacífica y que serán un desarrollo privado sin espacio público, son parte del pago a la empresa mexicana ICA por la construcción del Corredor Sur.
Estos rellenos sobre el lecho marino se hicieron gracias a uno de esos bruscos giros jurisprudenciales propios de nuestra Corte Suprema de Justicia.
En 2004, un fallo de la Corte puso momentáneamente freno a los planes inmobiliarios de ICA sobre los terrenos que se ganarían al mar, al determinar que “si el Estado permite que los rellenos que se hagan sobre bienes de dominio público sean propiedad privada, estará perdiendo parte del patrimonio y de los elementos constitutivos del Estado como lo es el mar territorial, las playas y el lecho marino”.
Solo dos años después, el 11 de diciembre de 2006, la Corte cambió de parecer a pesar de que sus fallos son finales, definitivos y obligatorios. “Una vez creado el relleno, se crea un bien de dominio público que puede permanecer con tal carácter o bien, a través de una decisión del Estado por medio de un acto administrativo, puede ser desafectado y entonces pasar a ser un bien susceptible a ser vendido a un particular”, fue la opinión que, en contrario, emitieron Alberto Cigarruista, Winston Spadafora, Aníbal Salas y José Troyano, más dos nuevos magistrados que no participaron de la primera decisión: Harley Mitchell y Roberto González. Los exmagistrados Adán Arnulfo Arjona, Esmeralda de Troitiño y el actual magistrado Víctor Benavides salvaron su voto.
Un año más tarde –el 22 de junio de 2007– otro fallo de la Corte amplió las fórmulas para la llamada desafectación de un bien de dominio público, de manera que no fuera solo una prerrogativa del Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El ponente: Alberto Cigarruista.
“No existe una sola forma de desafectar bienes de dominio público, sino más de una”, declara el extraño fallo que tenía como objeto de análisis constitucional una norma ya derogada. El absurdo jurídico fue objetado por los ya citados exmagistrados Arjona y de Troitiño.
Por el momento, el MEF ha negado la petición de Maritime City utilizando los clásicos argumentos de que la desafectación de los bienes de dominio público –su conversión en bienes que pueden ser puestos a disposición de particulares– tiene carácter excepcional, con el objetivo de que cumplan una función social o sean utilizados para beneficio de la colectividad.
Lo cierto es que el artícu-lo 258 de la Constitución es claro al determinar que el lecho y el subsuelo del mar territorial “pertenecen al Estado, son de uso público y, por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada...”.
Y mientras el promotor de Amador Ciudad Marina, Rafael Bárcenas, enfrenta la oposición del MEF, habla claramente de la relación entre su proyecto y la cinta costera. “Sería una belleza [la cinta costera]. El que viva ahí [en su proyecto en Amador] en tres minutos llegaría a Panamá”, comentó.
