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Thursday, January 3, 2013

Las huellas en el caso Financial Pacific



Redacción de La Prensa

Pruebas. El 20 de diciembre de 2012, cuando los medios de comunicación empezaron a dar a conocer los presuntos vínculos del presidente Martinelli con el supuesto uso de información privilegiada para manipular acciones de Petaquilla, el mandatario le envió una carta al procurador saliente José Ayú Prado dándole instrucciones sobre el uso de dicha información. LA PRENSA/ Archivo
Una larga lista de sucesos se conectan entre sí, luego de 10 meses de haber empezado la investigación a Financial Pacific.

Ha cambiado el curso de una investigación, que pintaba ser un caso de fraude financiero.

Las huellas conducen a un solo camino. Paso a paso, este escrito recorre los tropiezos y las intromisiones de diversos órganos del Estado en lo que sería el escándalo financiero de los últimos años.

Las alertas
Primera parada. El 12 de marzo de 2012, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) empezó una investigación formal sobre Financial Pacific. El regulador tenía fuertes indicios de que la casa de valores incumplía la ley por el ofrecimiento masivo y público de acciones que no estaban registradas ante el regulador u otra jurisdicción reconocida.

Más pistas. La alarma que originalmente se encendió a lo interno de la SMV, empezó a sonar externamente. Un inversionista denunció el supuesto mal manejo de su cuenta. Y el regulador ordenó entonces comenzar otra investigación el 3 de agosto de 2012.

Hasta ese momento, aquel inversionista era el único cliente visible que daba pistas de posibles incongruencias en los estados financieros que manejaba la empresa.

Bolsa detecta irregularidades
Nuevos actores. Justo dos meses después de reportarse las quejas de ese cliente, entran al proceso de investigar a Financial Pacific la Bolsa de Valores de Panamá y la Central Latinoamericana de Valores (LatinClear).

En una inspección rutinaria en la casa de valores se enteran de un hecho relevante, hasta ese momento, manejado a puerta cerrada.

La Bolsa de Valores y LatinClear hallaron que el saldo en efectivo registrado en las cuentas de los clientes de inversión no coincidía con los saldos bancarios que debían tener estas cuentas. Se trataba de un descuadre, que para ese entonces ascendía a 7 millones de dólares.

En otras palabras, había diferencias importantes entre los saldos consignados a favor de clientes, las inversiones realizadas y sus cuentas bancarias.

El pronunciamiento de la Bolsa de Valores y de LatinClear se registró el 10 de octubre, y así se abrió paso a una reorganización, ordenada el 16 de octubre por la SMV.

Una reorganización frustrada
Fallido intento. El regulador nombró a Maruquel Pabón de Ramírez como reorganizadora de la casa de valores, pero Pabón de Ramírez no tuvo tiempo para hacer lo encomendado. Se le designa el 16 de octubre, y el 8 de noviembre el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada, en un acto sin precedentes, deja sin efecto este proceso al admitir abruptamente un amparo de garantías interpuesto por los propios directivos de la empresa.

El efecto Moncada. El recurso le permitió a Iván Clare y a West Valdés –directivos de Financial Pacific– volver a tener acceso y control sobre toda la empresa, lo que, a juicio de expertos, abría la posibilidad de alterar o destruir información sobre los movimientos y cuentas de Financial Pacific.

La decisión de Moncada podía dar tiempo, de acuerdo con voces del sector, para tapar algo más grande que un faltante que, tras nuevos hallazgos, alcanzaría los 14 millones de dólares.

El amparo de garantías se basó en un posible conflicto de interés de la reorganizadora –excomisionada de la extinta Comisión Nacional de Valores (Conaval)– y que en 2003 había seguido un proceso administrativo sobre la casa de valores.

Luego de casi dos meses de interpuesto el amparo, no se ha resuelto, y el proceso ordenado por el ente regulador continúa suspendido.

El caso penal. Nadie esperaba la decisión de este órgano máximo de justicia. Y menos aún la SMV, que hasta el 20 de noviembre, a las 5:00 p.m., acudió al Ministerio Público para presentar una denuncia por los delitos de estafa, falsedad de documentos y blanqueo de capitales contra Financial Pacific.

Fuentes del mercado aseguran que la denuncia se presentó por las presiones de la junta directiva de la SMV. “O la presenta usted, señor superintendente, o lo hacemos nosotros”, le dijeron a la máxima autoridad de la SMV, Alejandro Abood.

Reveladora vinculación
Para esa fecha, los directivos de Financial Iván Clare y West Valdés también habían recurrido a instancias legales. Exactamente el 26 de julio pasado, acusaron penalmente a Mayte Pellegrini, una exempleada de confianza de la casa de valores, de mover de forma fraudulenta el dinero de los clientes, lo que dio origen a un desfalco de 7 millones de dólares que, conforme avanzan las investigaciones, ronda los 14 millones de dólares.

Pieza clave. Esta acusación es determinante en el proceso. Pellegrini se entregó a la Fiscalía Decimotercera de Circuito el 20 de noviembre pasado. Dos días más tarde hizo reveladores señalamientos.

Pellegrini fue indagada por el fiscal entre el 22 y el 28 de noviembre.

Se destapan las relaciones
La conexión. Detenida y en medio de un proceso indagatorio, Pellegrini dijo, entre muchas otras cosas, que las supuestas irregularidades en el manejo de la casa de valores incluían la existencia de una cuenta secreta llamada High Spirit, que fue abierta para manipular acciones.

La acusada se refiere a los valores de Petaquilla Minerals.

En su indagatoria del 22 de noviembre señaló que los directivos Iván Clare y West Valdés habían dicho públicamente que una cuenta secreta llamada High Spirit se abrió para “manipular el mercado de valores con las acciones de Petaquilla”. Y que era del presidente, Ricardo Martinelli”.

“Existe una cuenta secreta llamada High Spirit, la cual el señor Iván Clare y West Valdés han manifestado públicamente que es del señor Ricardo Martinelli y que la misma solamente fue ´aperturada´ para manipular el mercado de valores con las acciones de Petaquilla. De esta manera podrían hacer dinero con la información interna que recibía el presidente Martinelli sobre el desempeño de Petaquilla”.

El secreto. Apenas terminó esa primera indagatoria, el Presidente de la República tuvo conocimiento del testimonio de Pellegrini.

De acuerdo con una carta que se desconocía hasta el día de hoy, el aún procurador, José Ayú Prado, recibió una inusual correspondencia. La carta llevaba el membrete personal del presidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal.

En esa misiva, el gobernante le reveló a Ayú Prado lo que ya era un rumor a voces en los corrillos del mundo financiero. Que él tenía una cuenta en esa casa de valores y que la tenía desde hacía más de 10 años, a pesar de que Financial Pacific, para entonces, no tenía 10 años de funcionar.

Acto seguido, el Presidente instruyó al Procurador. Le pidió a Ayú Prado que esa información no fuera usada con fines políticos y que no incidiera en la investigación que adelantaba el Ministerio Público.

La carta de Martinelli llegó a manos del Procurador en un momento crucial de una de las investigaciones penales a Financial Pacific, cuya licencia ha sido suspendida por supuesto lavado de dinero.

El Ministerio Público, en tanto, guardó silencio ante la intromisión directa del Ejecutivo en un proceso judicial en marcha.

Tras las pistas. En sus ediciones del 20 y 21 de diciembre, el diario La Estrella publicó, por primera vez, parte de la indagatoria rendida por Pellegrini y menciona la confesión que señala la existencia de una cuenta usada para manipular el mercado –en la compra de acciones– con información privilegiada, pero omite la parte de la declaración que señala el nombre de Martinelli.

Este diario, por su parte, luego de haber solicitado y esperado por seis días la reacción del Presidente, publicó la investigación en su edición del 26 de diciembre, en la que incluye la cita completa de la indagatoria rendida por Pellegrini.

El mandatario, que no contestaba los requerimientos de este medio, sí tuvo tiempo para intervenir, por segunda vez, en el proceso que adelantaba el Ministerio Público.
Sin ser parte de este y sin que nadie se lo pidiera, Martinelli envió una segunda carta al procurador Ayú Prado el 20 de diciembre de 2012, en la que decía que debido a lo publicado por La Estrella, debía anexar al expediente que adelanta la fiscalía una certificación de los directivos de Financial Pacific en la que aseguran que ni él ni nadie de su familia” tenían relación con High Spirit.

Ambas cartas son publicadas hoy, por primera vez.

Hasta esa fecha todo indicaba que el sistema financiero panameño se enfrentaba a un caso aislado de fraude. Pero el desfalco de Financial Pacific fue tomando alto vuelo ante las declaraciones de Pellegrini.

Efecto dominó. Diversos sectores de la sociedad civil, políticos y empresarios exigían al Presidente una explicación.

En el hipotético caso de que el mandatario usara información privilegiada para manipular el mercado de valores, como señaló Pellegrini, se estaría frente a una causal de investigación internacional.

Las acciones de Petaquilla Minerals están listadas en la Bolsa de Valores de Ontario, Canadá, y al regulador de ese país le correspondería investigar si, en efecto, se usó información privilegiada a través de una casa de valores en Panamá para la compra y venta de acciones.

La Bolsa de Valores de Panamá fue contundente en un comunicado el 26 de diciembre: “Exigimos acciones para salvaguardar el sistema”.

Coincidencias en el proceso
La retractación. Ese mismo día, el 26 de diciembre a las 5:00 p.m., un mes después de su última comparecencia ante un fiscal, Pellegrini fue llamada a una nueva ampliación de su indagatoria.

En este trámite, ella aseguró que “no podía dar pruebas o indicio alguno o verificar sus aseveraciones, y que no le constaba lo que había dicho porque fue un rumor que se escuchaba en los pasillos y que por ello no podía mencionar ningún nombre en particular”, indicó Ayú Prado el 27 de diciembre, citando a Pellegrini.

Para esa fecha Martinelli acusó a La Prensa de “manipular información”, y de tratar de involucrarlo en un “pequeño problema”.

“Han jugado con mi honor y con mi familia, donde a punta de bochinches y rumores, el diario La Prensa, específicamente, se ha metido conmigo. Pero que rectifiquen, por tergiversar, mal informar y manipular información, porque acabar con la reputación de personas, empresa, país, con lo que fuera, no es correcto”.

Calificó de “novela periodística” la información publicada. Se basa en “bochinches de pasillos”, dijo.

Sus declaraciones se dieron en Colón, horas más tarde del pronunciamiento de Ayú Prado, quien aseguró que no había “pruebas o indicios” de los señalamientos de Pellegrini que supuestamente vinculan al presidente Martinelli con el uso de información privilegiada en el mercado de valores con las acciones de Petaquilla.

“El fiscal me informó a mí, así de manera coloquial, antes de venir para acá, que la señora [Pellegrini] había dicho, palabras más, palabras menos, que no podía dar prueba o indicio alguno de sus aseveraciones”, agregó.

En este tema, a Martinelli no le ha faltado defensa.

El 28 de diciembre, la viceministra de Desarrollo Social, Niurka Palacios, admitió en una entrevista con Telemetro que el Presidente tiene acciones en Petaquilla Minerals, pero no tantas como para manipular el mercado.

Minutos después, sin embargo, se retracta y afirma no tener información que confirme si el mandatario tiene o no dicha participación accionaria.

El director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, Ventura Vega, designado por el Gobierno para hablar sobre el escándalo de la casa de valores Financial Pacific, señaló que una vez el presidente, Ricardo Martinelli, termine su gestión, presentará los recursos necesarios para responder a las publicaciones hechas por el diario La Prensa.

Empresarios hablan. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, en tanto, demandó ayer que la SMV sea la que investigue el desfalco millonario en Financial Pacific.

Para esa investigación, el gremio empresarial pidió “el apoyo pleno” de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público.

En igual condición se pronunciaron la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Bolsa de Valores de Panamá y la Cámara Panameña de Mercado de Capitales.
El gerente de la Bolsa de Valores de Panamá, Roberto Brenes, exhortó a la Corte Suprema de Justicia a que resuelva lo más pronto posible los trámites que tienen que ver con Financial Pacific.

Según Brenes, la Bolsa tiene interés en conocer el porqué la Corte no falla el amparo de garantías presentado, y deja que vuelva a entrar el interventor a la casa de valores.

La defensa de Martinelli. Un día después, el 29 de diciembre, el presidente de Petaquilla Minerals, Rodrigo Esquivel, emitió un comunicado en el que, entre otros puntos, afirma que el Presidente “no ha sido y no es accionista de esta empresa y no aparece como directivo o dignatario de ninguna persona jurídica que sea accionista de esta compañía”.

Explicó que Petaquilla Minerals es una empresa pública listada en la Bolsa de Valores de Canadá, con 220 millones de acciones emitidas y en circulación, con cerca de 4 mil tenedores de acciones distribuidos en cuatro continentes.

La Cancillería también emitió un comunicado en defensa del mandatario. 

Advierte de que en la “investigación no ha encontrado pruebas del supuesto uso de información privilegiada para la posible manipulación de la cotización en bolsa de una compañía minera, así como tampoco de ningún vínculo entre dicho hecho”.

(Con información de Yolanda Sandoval, José Otero y Oscar Castaño).

Intromisión del Ejecutivo en investigación judicial

José Otero
Yolanda Sandoval

CONTRADICCIÓN. A pesar de que el mandatario afirma ser cliente de Financial Pacific por más de 10 años, dicha casa de valores no tiene aún los 10 años de existencia.


El presidente, Ricardo Martinelli, ha intervenido directamente en las investigaciones que el Ministerio Público adelanta sobre la casa de valores Financial Pacific.

Este diario logró confirmar que, al menos en dos ocasiones y por escrito, el Ejecutivo marcó pautas al Procurador General de la Nación sobre el caso que instruye la Fiscalía Decimotercera.

La intromisión del gobernante ocurrió justo cuando Mayte Pellegrini, la principal acusada de un fraude que ronda los 14 millones de dólares, lo vinculó con el supuesto uso de información privilegiada para beneficiarse en la especulación de acciones de Petaquilla Minerals, y luego de mencionar a su hijo Ricardo Martinelli Linares como parte del grupo de empresarios que fundaría un banco con los socios de la casa de valores Financial Pacific, cuya licencia hoy se encuentra suspendida y sobre la cual recae una denuncia penal por lavado de dinero, estafa y falsedad de documentos.

Apenas había pasado un día desde que Pellegrini hiciera los primeros señalamientos respecto al Presidente –sin que ningún medio de comunicación hubiera entonces reportado sobre el contenido de su indagatoria–, cuando Martinelli envió la primera carta al procurador, José Ayú Prado.

Las instrucciones fueron breves, pero claras. Luego de admitir que tenía una cuenta personal en Financial Pacific “desde hace más de 10 años”, el Presidente insta a Ayú Prado a que dicha información “no sea usada con fines políticos”.
Seguidamente, “le solicito que esa información no incida en las investigaciones”. En sus primeras indagatorias, Pellegrini dijo que “existe una cuenta llamada High Spirit, la cual el señor Iván Clare y West Valdés han manifestado públicamente que es del señor Ricardo Martinelli y que la misma solamente fue aperturada para manipular el mercado de valores con las acciones de Petaquilla.

De esta manera podrían hacer dinero con la información interna que recibía el presidente Martinelli sobre el desempeño de Petaquilla”. La evidencia de la carta del mandatario se encuentra en el folio 7465 del expediente judicial.

Casi un mes después, el 20 de diciembre, cuando las declaraciones de Pellegrini empezaban a captar la atención de los medios de comunicación, el mandatario interviene nuevamente ante Ayú Prado, que ya había sido designado en la Sala Penal de Corte Suprema de Justicia por el mismo Martinelli.

En esta segunda ocasión le instruye que anexe al expediente una certificación que ha conseguido, de parte de los dueños de Financial Pacific. “Debido a la publicación que apareció hoy en La Estrella”, dice el mandatario, se le adjunta copia de la “nota recibida” de Iván Clare, en la cual se asegura que el mandatario ni ningún miembro de su familia tienen relación con la empresa ni con una cuenta denominada High Spirit Overseas Ltd. Así, el jefe del Ejecutivo le indica al Procurador que la nota “sea anexada al expediente”.

En sus indagatorias originales, Pellegrini advirtió precisamente de este tema. Dijo entonces que en esta cuenta “no aparece como firmante autorizado el señor Martinelli, sino que aparece el abogado [que no identificó], y no tiene cuenta bancaria en ningún banco. Por esto, todo depósito y retiro eran girados a nombre de terceras personas”.

La semana pasada, Mayte Pellegrini se retractó de lo dicho, alegando que “yo solamente repetí lo que el señor Iván Clare manifestó en la oficina en diferentes ocasiones; a mí no me consta que dicha cuenta sea del señor Martinelli”, afirmó.

Saturday, August 13, 2011

Oficinas públicas estarán cerradas el próximo lunes 15 de agosto

Las oficinas públicas y municipales permanecerán cerradas el próximo lunes 15 de agosto, día en que se celebran 492 años de fundación de Panamá La Vieja.

Lo establecido en el Decreto Ejecutivo 1100, que dispone el cierre de las oficinas públicas, no aplica para la Autoridad de Panamá ni para la empresa privada.

Igualmente se exceptúa de lo dispuesto "a las oficinas públicas que por naturaleza del servicio que prestan deba permanecer funcionando como Idaan, instituciones de salud, fuerza pública, Cuerpo de Bomberos y servicios de migración".

Por su parte, la Superintendencia de Bancos de Panamá anunció que no laborará el lunes, dejando a discreción de cada banco la opción de cerrar.

Thursday, March 10, 2011

Billetera móvil llegará próximamente a Panamá

Alma Solís

El Capital

Cada vez son más las funciones que se están adaptando en el mundo para ser realizadas a través de los celulares, algunas de estas son nuevas en nuestras regiones, pero muy utilizadas en países altamente avanzados en materia tecnológica como Japón, Una muestra son las billeteras móviles.

Esto es simplemente reemplazar la tarjeta plástica por el celular, en este caso un smartphone, para hacer los pagos en supermercados, farmacias y cualesquier otro punto de venta tal como se hace con el denominado dinero plástico en este momento. En estos países se utiliza el crédito en el celular para pagar la tarifa del metro.

Ya en Panamá hay varias empresas que están dando los pasos necesarios para implementar este servicio en el país.

Telered, la empresa que maneja el sistema Clave, está preparándose para adquirir nueva tecnología que le permitirá soportar este tipo de servicio de billetera móvil. Se encuentran ya en el proceso de evaluación de la nueva plataforma tecnológica para el Sistema Clave que además le permita otras aplicaciones como lo son: Tarjetas inteligentes y banca móvil, por mencionar algunos.

Igualmente la marca Visa ya tiene este servicio probado en varios países, sin embargo no tiene fecha exacta para Panamá, aunque si reconoce que está entre las prioridades.

Visa cuenta con Visa payWave en varios países incluyendo Guatemala, donde lo lanzó en el 2008, siendo el primer país de la región donde se probó.

La aplicación les permite hacer compras con una tarjeta sin contacto, a través de un lector habilitado en caja. La tarjeta utiliza la radio frecuencia (RF) para enviar la información de pago a través de una distancia muy corta para un terminal de punto de venta.

“La función Visa payWave es muy versátil, se puede añadir a cualquier producto Visa, incluido las tarjetas de crédito tradicionales, tarjetas de débito, tarjetas prepagadas, las tarjetas mini y hasta llaveros. Visa payWave también puede ser incorporada en dispositivos móviles, permitiendo a los consumidores realizar pagos directamente en el punto de venta a través de sus aparatos”, aseguró Lee Araujo, director Regional de Pagos Móviles de Visa, América Latina y el Caribe

Visa más recientemente estableció el sistema en Brasil, junto al Banco do Brasil, Bradesco y CBMP, hoy Cielo, puso en marcha un programa piloto de Visa payWave que permite a los teléfonos celulares Nokia 6212, que ya tienen la tecnología Near Field Communications (NFC), hacer los pagos electrónicos de forma rápida, segura y fácil.

También tiene una alianza con DeviceFidelity, una compañía que desarrolla tecnologías “plug-and-play” para instituciones financieras de la que salió la tecnología In2Pay, para los pagos de proximidad con teléfonos móviles. La idea es habilitar a los consumidores que poseen teléfonos con ranura para tarjetas de memoria MicroSD para los pagos sin contacto con teléfonos celulares, mientras la industria trabaja para incorporar la tecnología NFC (comunicación de campos cercanos) a nuevos dispositivos móviles.

Movilway es otra empresa que esta desarrollando este servicio, recientemente anunció que impulsará su proyecto de la billetera electrónica en América Latina incluyendo Panamá.

El sistema de Movilway facilitará incorporar a los teléfonos móviles microservicios financieros, como la retirada y depósito de efectivo, la realización de transferencias de dinero, el pago en establecimientos y el pago de microcréditos, entre otros.

¿Qué se necesita?

Para la implantación de los pagos móviles sin contacto, es necesario invertir en la red de aceptación, de modo que esté lista para aceptar pagos con la tecnología NFC o comunicación de campos cercanos.

En cuánto a temas de seguridad señalaron que tiene los mismo estándares de sus otros servicios y en caso de robo del dispositiva procede exactamente igual que ante la pérdida del plástico.

Por su parte Amauri Castillo, secretario general de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) indicó que ya se está preparando la regulación necesaria para aprovechar este tipo de tecnologías, no solo para comodidad de las personas, sino también para facilitarla bancarización de quienes actualmente están al margen del sistema financiero. Para ello se están normando el tema de los corresponsales no bancarios, que pueden llegar a lugares donde incluso no hay sucursales bancarias.

Indicó que ya existe interés de operadores telefónicos, pero uno de los temas a resolver es cómo se flexibiliza un poco la política de conoce a tu cliente, por ejemplo, para el uso de cuentas de ahorro en el celular, aunque advirtió que estas cuentas tendrán restricciones en el número de transacciones y límites en los montos

Monday, August 23, 2010

Aumenta fraude de tarjetas de crédito





IMPACTO. Cifras de la Asociación Bancaria de Panamá dan cuenta que 80% de los cinco millones de dólares defraudados a la banca en el país durante 2009 fue por casos de falsificación de tarjetas de crédito. LA PRENSA












RAFAEL LUNA NOGUERA
rluna@prensa.com

Entre enero y julio de 2010 fueron reportados 362 casos de fraudes con tarjetas de débito y crédito, 212 casos más que los 150 contabilizados en todo el año 2009. Se trata de un incremento de más del 100%, según registros de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Pero a pesar de lo alarmante de la cifra, esta no refleja la verdadera magnitud de un problema que, de acuerdo con ejecutivos de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), se agrava por días.

Solo en 2009, los bancos locales reportaron pérdidas por cerca de cinco millones de dólares. El 80% de estos casos fueron “clonación” o falsificación de tarjetas.

Según los expertos de la ABP, la llamada “cifra negra” –no conocida– en este ilícito es enorme, debido a que casi ninguna de las personas agraviadas denuncia los casos y prefiere esperar a que el seguro le reembolse lo perdido.

No obstante, las empresas aseguradoras han comenzado a pedir a sus clientes copias de las denuncias ante la DIJ, como requisito indispensable para procesar los reembolsos.

En el pasado, la “clonación” de tarjetas de crédito era un delito realizado por colombianos y venezolanos, pero en la actualidad el ilícito es cometido mayoritariamente por panameños.

De acuerdo con la ABP, los restaurantes, gasolineras, hoteles, arrendadoras de carros y casinos son los lugares donde la “clonación” de tarjetas ocurre con más frecuencia.


No pierda de vista su tarjeta


RAFAEL LUNA NOGUERA
rluna@prensa.com

Es un hecho. De los siete tipos de fraude con tarjetas de crédito que ha logrado identificar la banca, la “clonación” es el de mayor impacto en el país. Además, va en aumento.

En 2009, la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) calculó que 80% de los cerca de cinco millones de dólares defraudados a los bancos en el país fue por “clonación” de tarjetas de crédito.

A su vez, cifras internacionales indican que por cada 100 dólares vendidos con tarjetas de crédito en América Latina, 0.03 centésimos se quedan en esas operaciones fraudulentas.

Según la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), las denuncias no son proporcionales a la verdadera magnitud del delito, pues muy pocos acuden ante las autoridades o no lo hacen en el tiempo indicado.

La razón de ello, según la ABP, es que la gran mayoría de los tarjetahabientes tiene seguros contra fraudes y prefiere esperar a que estos los compensen.

Manuel Bonome, jefe de la División de Fe Pública de la DIJ, dijo que en 2009 se denunciaron 150 casos y este año van 362, incluyendo fraudes con tarjetas de débito y cajeros automáticos.

Pero, ¿qué significa “clonar” una tarjeta de crédito?, ¿cómo y dónde se hace? y, lo más importante, ¿cómo se evita?

DE VIEJA DATA

Santiago Herrera, coordinador del Comité de Seguridad, Alejandro Melo, miembro de esa misma comisión, y Gerardo Tejeira, coordinador del Comité de Prevención de Fraudes con Tarjetas, todos de la ABP, explicaron de qué se trata este ilícito –que se comete desde hace más de 30 años–y cuál es su alcance actual.

Lo primero que aclararon es que la “clonación” es el tipo de fraude con tarjetas con mayor incidencia en el país.

Le sigue el que se conoce como “uso fraudulento de las cuentas”, que consiste, como su nombre lo dice, en obtener ese número secreto para luego realizar compras por internet o por teléfono.

Por lo general, los delincuentes obtienen los números en los estados de cuenta desechados, en planillas de seguros, en facturas de empresas y otros documentos, a los que agregan el número de la tarjeta y su fecha de vencimiento, obtenidos de la misma forma que los anteriores papeles.

Los otros tipos de fraude con tarjetas de crédito ocurren cuando la tarjeta es robada a la persona, o cuando no la recibe tras solicitar una nueva por vencimiento o deterioro.

También puede pasar que el defraudador pida una tarjeta con datos falsos y después de usarla no pague el consumo; o que se apodere de los datos financieros del tarjetahabiente y robe su identidad para interceptar algunas de sus tarjetas.

DE PESCA

Todas las modalidades de “clonación” de tarjetas de crédito utilizan un aparato conocido como skimmer –“pescadoras”– que graba la información de la banda magnética: número de cuenta, cédula, entre otros.

Las pescadoras han evolucionado. Años atrás solo podían leer un número determinado de tarjetas y copiar parte de la información de la banda. Además, eran tan grandes como un control de televisión. Hoy graban miles de combinaciones con toda la información de la banda y son más pequeñas.

Después de que el defraudador “raspa” la tarjeta y copia la información de la banda, descarga esos datos en una computadora y los edita para cambiar la identidad del cliente, su número de cédula y otros dígitos de seguridad. El número de cuenta queda intacto.

Más tarde, la información editada es pasada a una nueva tarjeta, que puede estar en blanco o no.

Según explicó Herrera, los plásticos en blanco son comprados por internet, pero obligan al defraudador a tener cómplices en los comercios.

Por ello, las organizaciones delictivas usan como base para los “clones” tarjetas con los colores y logotipos de bancos reconocidos, pero que han sido desechadas por estar vencidas, porque se han extraviado o porque han sido robadas.

MODERNIDAD

Hoy en día suceden tres cosas que no ocurrían en el pasado. Lo primero es que de una misma cuenta son sacados varios “clones” o varias tarjetas “clonadas”.

Lo segundo es que los consumos con las tarjetas falsificadas ya no se realizan solo en el extranjero; ahora también tienen lugar en el país, lo que dificulta las investigaciones porque podría parecer una compra usual.

Y lo tercero es que el ilícito ya no solo es cometido por delincuentes colombianos y venezolanos, como en el pasado, sino que ahora se han sumado los panameños a la actividad.

De acuerdo con registros de la ABP, los comercios en los que más se clonan tarjetas de crédito son los restaurantes, estaciones de servicio, hoteles, arrendadoras de vehículos y casinos.

Según Melo, el 99.9% de los casos la clonación es realizada por algún empleado deshonesto, por lo que no se puede señalar a los propietarios de los locales.

Algunas cifras no confirmadas indican que un salonero puede llegar a recibir hasta 25 dólares por cada tarjeta que “clone”, pero si es descubierto de seguro pagará condenas de prisión que van de cuatro a 10 años, según el Código Penal vigente.

Pero aunque los dueños de los locales donde ocurren los hechos no están involucrados, los bancos llaman su atención y los exhortan a tener mayor control sobre sus empleados. Incluso, dijo Tejeira, se han tomado medidas como el retiro de los puntos electrónicos de venta en comercios reincidentes.

De hecho, la banca prevé suscribir una suerte de “pacto de caballeros” que implicará la confección de una lista de “comercios dudosos”, y si una entidad le quita el punto de venta a un comercio en particular, los demás también lo harán.

DENUNCIA OBLIGATORIA

Y como quiera que la denuncia de los casos ante la autoridad es crucial para la persecución del ilícito, las empresas aseguradoras han comenzado a exigir a sus clientes copia de ese trámite para pagar los reembolsos.

Para Herrera, no solo es importante que se denuncien los casos y se castigue a los responsables, sino que además las personas y los bancos deben tomar conciencia de la magnitud del problema para que adopten medidas de prevención (ver infografía).

Instó a la banca a cumplir los artículos 44 y 45 de la Ley 81 del 31 de diciembre de 2009, que regulan el uso de tarjetas de crédito y débito.

Asimismo, exhortó a los comercios a capacitar mejor a su personal, sin importar cuán alta sea su rotación, para que verifiquen que en toda transacción con tarjeta de crédito los números troquelados coincidan con los que quedan impresos en el recibo. Además, se deben verificar si la firma de la tarjeta coincide con la de otro documento de identidad de la persona.

“Este es un delito en el que es relativamente fácil atrapar al responsable, porque en su ejecución deja muchos indicios, pero no se está persiguiendo porque casi nadie lo denuncia”, dijo.

EL FUTURO

Tejeira anunció que pronto comenzará una campaña nacional para que el “banco sea llevado a su mesa”; es decir, para que se ponga en operación la mayor cantidad posible de puntos de venta inalámbricos, de modo que el tarjetahabiente nunca pierda de vista su tarjeta, que es la mejor forma de evitar que se la “clonen”.

Thursday, June 24, 2010

British también se llevó depósitos

RAFAEL E. BERROCAL R.
rberrocal@prensa.com

British American (BA) no solo sacó del país bonos que respaldaban el dinero de los panameños, sino también parte de sus depósitos y otras inversiones.

El informe del interventor nombrado por la Superintendencia de Seguros en octubre de 2009, reveló que entre los fondos que no se han podido recuperar está un depósito de $715 mil 820, que ahora está en manos de la empresa Caribbean Money Market, una filial de BA en Trinidad y Tobago.

Además, la aseguradora trasladó inversiones en acciones de empresas y otros bonos por un valor de $1.9 millón a Wachovia Bank, entidad que fue adquirida por Wells Fargo. Sin embargo, estos recursos no están disponibles porque las firmas autorizadas, para transferirlos nuevamente a Panamá, son de los directivos de Trinidad y Tobago.

A estos montos desaparecidos se suman $7.5 millones en bonos del Estado panameño que la aseguradora trasladó en 2007 a su casa matriz y los pignoró a favor de terceros, a pesar de que eran parte de sus reservas comprometidas en Panamá.

El interventor Ciro Cano dejó sentado en su informe, que se trató de una figura engañosa de parte de la empresa aseguradora que, durante tres años, incluyó estos montos en sus estados financieros como activos disponibles para la operación panameña.


Informe: British ocultó su situación por tres años


RAFAEL E. BERROCAL R.
rberrocal@prensa.com

El colapso financiero de la filial local de British American Insurance (BA) ha puesto al descubierto una serie de irregularidades que no solo implican a los administradores de la compañía, sino también a la Superintendencia de Seguros y a los auditores externos.

Todos los controles fallaron, y durante los tres últimos años la empresa operó con reservas ficticias.

Los reportes oficiales sostenían que la empresa tenía un excedente de liquidez por 11 millones de dólares, cuando la situación real era otra: no había reservas que garantizaran las pólizas y los programas de jubilación de miles de panameños.

Hasta ahora, las versiones que ha dado la Superintendencia de Seguros y otras autoridades no coinciden y despiertan muchas dudas entre los afectados.

¿Cuál es la cifra real de afectados y el monto de los daños económicos? ¿Por qué las auditorías no identificaron el problema a tiempo? Estas son preguntas que el Gobierno no ha querido responder con precisión.

Sin embargo, este diario ha tenido acceso a documentos y al informe de intervención que revelan que la situación de BA es más grave de lo que se ha anunciado, y que las medidas tomadas en Panamá llegaron tarde.

Los problemas financieros de la casa matriz de British American en Trinidad y Tobago estallaron en enero de 2009. Sin embargo, no fue hasta el 10 de septiembre de este año, que la Superintendencia de Seguros en Panamá aplicó una “vigilancia estrecha”. Para ese momento, la compañía ya estaba desbalanceada financieramente en Panamá. Es decir, no contaba con recursos para atender un reclamo de alto perfil, y solo podía con los casos de bajos montos.

El viceministro de Comercio, Ricardo Quijano, aceptó que a la actual administración le tomó tiempo conocer la verdadera situación de la empresa, pero indicó que el problema se inició durante el anterior gobierno, sin que se identificaran las fallas y se establecieran los correctivos.

Una vez iniciado el período de vigilancia, la Superintendencia solo identificó la existencia de un déficit de 2.6 millones de dólares.

Esta diferencia produjo la orden de intervención directa el 5 de octubre de 2009, que permitió establecer que los estados financieros que había presentado la empresa, en los últimos tres años, estaban alterados.

La descapitalización

A través de un viaje realizado el 28 de octubre de 2009 a Trinidad y Tobago por el interventor local de BA, Ciro Cano, se identificó la jugada que había realizado la compañía tres años atrás: en diciembre de 2007 había trasladado a su sede en el extranjero 7 millones 518 mil dólares en bonos, pignorándolos a favor de terceras personas sin comunicarle al ente regulador en Panamá.

Cano también destacó en su informe otra serie de fallas que se cometieron durante los tres últimos años de operación de la aseguradora. Según el documento, el faltante de las reservas desde diciembre de 2007 contrasta con las cartas oficiales de la compañía, las certificaciones de la Superintendencia y los estados financieros avalados por la firma auditora externa PricewaterhouseCoopers.

Todas estas instituciones confirmaron por tres años consecutivos (2007, 2008 y 2009) la existencia y tenencia de estos bonos del Estado panameño en la filial local de BA.

“Con estos hechos surge una figura engañosa e intencional en las finanzas de British, sucursal de Panamá, ya que desde esa fecha se mantuvo la operación de forma irregular y con la captación de dinero del público mediante planes de ahorro y renta vitalicia”, advirtió el informe del interventor.

El traslado de fondos desde BA Panamá al exterior no quedó solo en los bonos de 7.5 millones de dólares. En la investigación se encontró que la empresa había trasladado a su casa matriz otros recursos, entre ellos un depósito de 715 mil 820 dólares. Nada se sabe del destino de los intereses ganados por estas cuentas.

A pesar de ello, la compañía reportó estos depósitos como activos válidos en Panamá.

Las inconsistencias financieras de la aseguradora no terminan aquí. En la investigación también se identificó otro grupo de inversiones de BA Panamá por 1.9 millón de dólares, ubicado en la casa custodia del desaparecido banco estadounidense Wachovia Bank. Pero la sucursal de Panamá no tiene acceso a estos valores, ya que la firma autorizada para disponer de ellos es potestad de la empresa matriz.

El 7 de junio pasado, el Gobierno panameño sostuvo que no había otra salida que la quiebra, y emitió una solicitud a los tribunales. Quijano señaló que se agotaron todas las opciones para una venta, pero que no funcionaron porque los dueños de BA nunca aparecieron, y además las ofertas se retiraban cuando se conocía la realidad de las reservas.

“La única solución para los clientes es que se puedan rescatar los bonos. Pero esto es una lucha que tienen que emprender las autoridades judiciales panameñas en Trinidad y Tobago”, comentó el viceministro.

Los corredores de seguros tienen sus dudas sobre si el Gobierno agotó todas las opciones de venta antes de pedir la quiebra. “Es una decisión mal tomada, había otras opciones”, dijo el corredor de seguros Beny Rozenbaum.

María Elena González, ex superintendente de Seguros, manifestó su preocupación por la forma como el Gobierno decidió guardarle consideraciones a los dueños, cuando “fueron ellos los que cometieron la estafa” y ahora no aparecen.

Por el contrario, el presidente de la Asociación Panameña de Aseguradores, Mario Ruiz, defendió a la Superintendencia y dijo que la institución jugó su rol como ente regulador.

Los afectados ya denunciaron a los representantes de BA y a los dos últimos superintendentes de Seguros, Ricardo García Reyes y Luis Della Togna, por delitos contra el patrimonio, el orden económico y la fe pública.

El Caribe anuncia rescate

La posición del Gobierno panameño varía mucho de las soluciones que se están planteando en los países del Caribe, que también han sido afectados por la caída de British American. Ayer los tribunales superiores de Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y San Vicente, y las Granadinas, aprobaron crear una nueva sociedad para que asuma los pasivos de British American con el fin de salvar las inversiones de los clientes.

Estos gobiernos facilitarán 50 millones de dólares para la capitalización de la nueva empresa, a la que se sumarán contribuciones del grupo Caricom. Los tribunales aclararon que la administración de la nueva empresa se dejará en manos de un socio privado.

Clientes: los perdedores en el fraude

Tras la quiebra de British American en Panamá, aún no se conoce la cifra completa de los afectados. Sin embargo, hay resultados parciales de los daños que no coinciden con los datos proporcionados por el Gobierno. Según la Superintendencia de Seguros, la empresa aseguradora en problemas tenía 10 mil clientes que podrían enfrentar pérdidas por 10 millones de dólares. También se informó que la compañía solo tiene activos líquidos por 4 millones de dólares para afrontar estos compromisos.

Estos datos difieren de las cifras que ha obtenido este diario: solo en el programa de renta vitalicia existen 6 mil clientes afectados que tienen aportes por 11 millones de dólares. Además, en pólizas directas de hospitalización y vida hay otros 19 mil clientes; mientras que en los programas de ahorro para pensiones, BA tenía clientes que habían ahorrado por 32 años. Beny Rozenbaum, de la firma de corredores Labero, señaló que los asegurados con planes de renta vitalicia se sienten “devastados” porque han depositado sus ahorros en supuestos documentos que deberían estar regulados por la Superintendencia de Seguros, subordinada al Ministerio de Comercio e Industrias.

“Ayer, uno de los clientes de British American que había depositado 200 mil dólares en un plan de renta vitalicia, me decía con lágrimas en los ojos que eran los ahorros de su vida, y que se sentía defraudado, porque cuando compró el plan de renta vitalicia le garantizaron que sus ahorros iban estar a salvo porque era un documento emitido por una compañía de seguros altamente protegida por la ley panameña”, comentó Rozenbaum.

Eduardo Linares, un afectado indirecto, comentó que su hija, con un hijo de dos meses, “tenía 8 años de ahorrar en el programa de renta vitalicia de British American, el cual prefirió por encima de la oferta de la compañía Progreso”. “Ahora se siente burlada y decepcionada consigo misma ya que hizo la mala escogencia, aceptando de buena fe la propuesta de British. Esta situación bien pudo evitarse con un poco de buena voluntad de los que dirigen y toman decisiones actualmente en el Gobierno. Faltó quizá considerar a cuántas personas estaban afectando en su vida personal y familiar, y en qué forma, así como en su futuro”, agregó.

Los daños provocados por la quiebra de BA también se extienden a otras empresas. Fuentes oficiales revelaron que los hospitales y clínicas privadas mantienen a la fecha reclamos contra la empresa aseguradora por 650 mil dólares que, probablemente, serán declarados como pérdida porque son los últimos en el orden de prelación (preferencia) en un proceso de liquidación.

El derrumbe financiero también tocó a la empresa constructora Infinity Group. La compañía construía una torre que llevaría el nombre y sería la nueva sede de British American en Panamá. La empresa informó que la torre en construcción, en Vía Brasil, cambiará de nombre y está en busca de un nuevo cliente.

Wednesday, June 9, 2010

Fiscalización de la British American falló

Rafael E. Berrocal R.
rberrocal@prensa.com

Certificaciones sobre el margen de solvencia y liquidez en 2007, 2008 y 2009, revelan que la Superintendencia de Seguros y Reaseguros falló en la fiscalización del manejo de la filial local de British American, que enfrenta desde ayer una solicitud formal de quiebra.

En sus tres últimos reportes, incluido uno del 28 de agosto pasado, el ente regulador certificó que la compañía tenía excedentes de liquidez entre $11 millones y $11.5 millones.

Un mes después, la Superintendencia de Seguros ordenó la intervención de la empresa por tener reservas inferiores al nivel permitido. Sin embargo, la decisión llegaba tarde. Dos años antes, la empresa utilizó $10 millones que garantizaban la operación de Panamá, para comprar bonos fuera del país.

Miles de afectados por colapso de aseguradora

Rafael E. Berrocal R.
rberrocal@prensa.com

Los hospitales privados procedieron a notificar a los asegurados de British American que no están aceptando reclamos u hospitalización contra las pólizas de esta aseguradora, la cual tiene un pedido de quiebra vigente desde ayer.

Igualmente, algunas empresas corredoras de seguro informaron a sus clientes con pólizas de renta vitalicia (programas de pensiones) de British American que sus ahorros ya no están disponibles.

La situación ha puesto en aprietos a miles de asegurados, quienes ahora deberán esperar el proceso de liquidación de la compañía para ver si pueden recuperar algo de lo que habían invertido. Los más afectados son los clientes del programa de renta vitalicia, donde se captaban fondos desde 1999 a una tasa de retorno de 7%. Oficialmente, el Gobierno anunció que 10 mil panameños están afectados por el colapso de la filial local de British American.

Ayer el ministro de Comercio e Industrias Roberto Henríquez, quien tiene bajo su paraguas a la Superintendencia de Seguros, señaló que la conclusión técnica es que la compañía “no tiene salvación”, por lo cual va a un proceso de “quiebra dolosa”.

“Paciencia y rezar mucho”, le recomendó ayer el corredor de seguros Beny Rozenbaum, a uno de sus clientes que llamó preocupado por sus ahorros.

Rozenbaum, dueño de la empresa Nabero, tenía la mayor cartera de clientes de renta vitalicia de British American: 257 personas con ahorros por 2 millones 273 mil dólares.

Para este corredor de seguros, la responsabilidad de esta quiebra es compartida entre la empresa, por haber hecho uso de forma irregular de sus reservas, y la Superintendencia de Seguros que falló en la fiscalización y no identificó el problema de solvencia a tiempo.

Entre 2007 y finales de 2009, la Superintendencia de Seguros certificó en varios reportes que British American mantenía excedentes de liquidez por encima de 11 millones de dólares (ver documentos).

Ahora la compañía no cuenta con las reservas para hacerle frente a primas de seguros por 9.7 millones de dólares y va rumbo a la liquidación forzada.

Por ello, la empresa Nabero procedió legalmente y no solo denunció a los representantes de British American, sino también a los dos últimos Superintendentes de Seguros, Ricardo García Reyes y Luis Della Togna, por delitos contra el patrimonio, el orden económico y la fe pública.

El ministro Henríquez reiteró que una de las principales causas del deterioro de la compañía fue que la empresa tomó hace dos años un paquete de bonos que debían conservar como garantía de su operación en Panamá, para hacer frente al problema que estaba teniendo en Trinidad y Tobago. “Ello nos obligó a poner una denuncia que puede concluir con la quiebra de esta empresa”, dijo Henríquez.

Fuentes del sector seguros criticaron la decisión del Gobierno de llevar a la quiebra a la empresa, cuando compañías como Aseguradora Ancon y Mundial estuvieron interesadas en una compra. Sin embargo, el Ministerio de Comercio señaló que no tiene la potestad legal de traspasar los activos de una empresa privada.

CERTIFICACION DE LA SUPERINTENDENCIA


Tuesday, March 24, 2009

Ingresos del Gobierno cayeron en $66.9 millones

roberto gonzález jiménez
rgjimenez@prensa.com

El Gobierno central recaudó en enero 267.5 millones de dólares, 66.9 millones o un 20% menos de lo ingresado en el mismo mes del año anterior.

Los ingresos por impuestos subieron, pero a menor ritmo que en años anteriores, mientras los aportes del ITMBS, que marca el comportamiento del consumo, cayeron 22.6%.

Reserva bancaria, una carta a favor


MARIANELA PALACIOS R.
mpalacios@prensa.com

El gremio de abogados internacionales aún no ha llegado a un consenso respecto a lo que Panamá debe hacer para evitar ser discriminado como un paraíso fiscal.

El presidente de la Asociación de Abogados Internacionales (AAI), Jean Castillero, destacó ayer que el país no puede desconocer los compromisos de intercambio de información fiscal que asumió ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2002 y que la actual administración podría ratificar próximamente en vista de las ‘movidas’ ensayadas por Suiza, Luxemburgo, Lichtenstein y otros países considerados paraísos fiscales, para evitar ser discriminados por las principales economías del mundo, que están enfrentando déficits fiscales gigantescos y necesitan recaudar más impuestos.

“El compromiso de Panamá en 2002 quedó sujeto a ciertas condiciones, como el level playing field (si otros países se mueven, Panamá no puede dejar de moverse). El país no puede ahora desconocer ese compromiso, sería irresponsable de nuestra parte”, dijo Castillero.

Pero uno de los principales bufetes del país, Morgan & Morgan, sostiene que Panamá no tiene que ceder ante las presiones internacionales actuales, sino defender su posición vigente.

Una de las cartas que podría el país mostrar a su favor es la condición especial de su centro bancario. “En Panamá no tenemos secreto bancario, sino confidencialidad (reserva) bancaria, que es distinto”, recordó Enrique de Obarrio, ex director jurídico de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

Monday, February 23, 2009

Disminuye número de préstamos hipotecarios

María De Gracia
PA-DIGITAL


El 70% de las casas construidas el año pasado estuvieron dentro de los rangos de interés preferencial.

Durante el 2008 se dio una baja en el otorgamiento de créditos hipotecarios, registrándose 1,410 préstamos menos que en el 2007.

El año pasado el sistema bancario concedió 17,614 créditos para hipotecas, mientras en el 2007 se dieron 19,024, según la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

No obstante, el monto otorgado en el 2008 en préstamos creció en $11,595 millones sumando un total de $76,595 millones, cuando en el año anterior fue de $64,612 millones.

Para el superintendente Olegario Barrelier, este año pueden reducirse aún más los préstamos hipotecarios, ya que los bancos deben ser más exigentes y solicitarles un mayor margen de patrimonio al deudor.

Barrelier indicó que hay que obligar a los clientes en Panamá a comprometerse con el préstamo, porque no se puede caer en la misma trampa de las hipotecas "subprime" de Estados Unidos.

La disminución en la concesión de créditos también coincide con el descenso en la construcción y ventas de casas y viviendas.

En 2008 las ventas de los agremiados en el Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (CONVIVIENDA) fueron de $406,098,780 millones, con una disminución de $85,577,926 millones en relación con 2007, cuando sumaron $491,676,706 millones.

El año pasado se logró construir y vender 4,822 viviendas, o sea, 1,476 unidades menos que en el 2007 cuando fueron 6,298 unidades.

De acuerdo con Mitzila Espino, directora ejecutiva de CONVIVIENDA, esta baja está relacionada con la crisis en los mercados financieros internacionales y el incremento en los precios de las viviendas, debido al aumento en los precios de los materiales de construcción.

Indicó que también influyó el alza en los precios de las tierras y el ajuste de las políticas crediticias.

Préstamos.
Al 31 de diciembre de 2008 la mayor concentración de créditos para viviendas los representan aquellos que van hasta los $50,000 con 59,248 préstamos, seguidos de los que llegan hasta los $20,000 con un total de 42,738 préstamos y luego los de hasta $62,000 con 10,195.

Morosidad.
Los préstamos hipotecarios morosos y vencidos han ido en aumento en los últimos tres años, indicó la SBP.

Mientras en el 2006 los créditos vencidos y morosos alcanzaban los 247 millones de dólares, en el 2007 eran de $268 millones, creciendo a $359 millones en el 2008.

El mayor saldo de morosos y vencidos se encuentran en el rango de préstamos hasta los $50 mil sumando $138 millones hasta el 2008.

Monday, November 24, 2008

La telaraña de David Murcia




Rafael Pérez G.
rperez@prensa.com

David Eduardo Hermut Murcia Guzmán, quien la semana pasada fue deportado a su país natal, Colombia, donde enfrenta un proceso por lavado de dinero, construyó en Panamá, en menos de tres años, un andamiaje de sociedades anónimas que servían de sostén legal y fachada de sus operaciones.

Una investigación realizada por este diario revela que solo la sociedad anónima Grupo DMG Inversiones Inteligentes, que Murcia Guzmán usó para suscribir un contrato de arrendamiento del apartamento 47 de la torre 2 del PH Miramar Plaza, en la Avenida Balboa, tiene como dignatarios, directores y suscriptores a otras sociedades anónimas (ver infografía).

Sin embargo, el número de ficha de la sociedad que aparece en el citado contrato de alquiler, suscrito el 11 de julio de 2006, y notariado al día siguiente, corresponde a otra sociedad: DMG Commercial Corp. que, a su vez, tiene como miembros de su junta directiva a otras sociedades anónimas.

Es, de hecho, una fórmula de cascada que pretendía ocultar el rostro del colombiano que había montado en su país una red de captadoras de dinero sin autorización que ofrecían a los “ahorristas” intereses de entre 100% y 150%, cuyos tentáculos fueron extendidos a Panamá a partir de noviembre de 2005. En esa fecha, según registros migratorios, fue la primera vez que Murcia Guzmán entró a territorio panameño.

Velo corporativo

No gratuitamente la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez –que la semana pasada ordenó una investigación por las operaciones de DMG en Panamá–, pidió paciencia porque, dijo, no es fácil desentrañar el “velo corporativo” que se creó en Panamá detrás de las sociedades anónimas del grupo.

Las investigaciones en Panamá, al igual que en Colombia, abarcan posibles actividades de blanqueo de dinero vinculadas al narcotráfico, han advertido las autoridades de ambos países.

Contactos

Para poner en marcha sus actividades aquí, Murcia Guzmán contrató básicamente los servicios de dos firmas de abogados que le estructuraron el andamiaje que por ahora se empieza a conocer: Garrido & Garrido, de Jorge Garrido, y PMC Internacional Legal Services, que tiene entre sus responsables a Ernesto Chong.

Garrido, quien hace nueve días recibió un disparo en la boca a la salida de una discoteca en calle Uruguay, Bella Vista, dijo, a través de un miembro de la Policía Nacional que custodia la habitación del hospital donde se recupera, que no haría comentarios sobre su relación con Murcia Guzmán.

A Chong, un corredor de autos de carrera que se presenta como “asesor financiero” no se le pudo ubicar en los números de teléfonos de oficina a donde se le llamó.

Chong, según un acta de junta directiva de la casa colombiana Cambios y Capitales de marzo de 2007, que está en manos de las autoridades colombianas, sostuvo reuniones con sus directivos en las que se expuso el interés que el grupo DMG, S.A. tenía de comprar esa compañía.

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos en el Extranjero de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, Cambios y Capitales figura entre las compañías colaboradoras del narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta.

Ramírez Abadía, según medios colombianos, era el jefe del Cartel del Norte del Valle, y fue capturado en un condominio en Sao Paulo, Brasil, durante la Operación Farrapos, lanzada por la Policía Federal de ese país este año 2008.

Otras referencias

En un acta de junta directiva de Cambios y Capitales también se menciona el nombre de la sociedad panameña Amazing Asset Inc. que, en 2006, hizo transacciones con ellos.

Amazing Asset Inc, según el Registro Público, tiene a sociedades anónimas en su junta directiva, pero como suscriptores aparecen Arquímedes Pérez y Eduardo Bonilla. Esos mismos nombres están en las juntas directivas de las sociedades anónimas que PMC Internacional Legal Services le creó al Grupo DMG.

La sociedad Amazing Asset Inc., que según el Registro Público fue disuelta en noviembre de 2007, tuvo como agente residente a Garrido & Garrido. Esa misma sociedad figura junto a otras, en un comunicado de la Superintendencia de Bancos –del 18 de noviembre pasado­, en el que advierte que “no son ni han sido titulares de licencias expedidas” por la Comisión Nacional de Valores. Además, dice el comunicado, no tienen autorización de esa entidad para realizar “negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde Panamá”.

Guardan distancia

Tras el arresto de Murcia Guzmán, alguno de sus viejos colaboradores empiezan a guardar distancia.

La sociedad Comercializadora Virtual, otra de las compañías que pertenecen a Murcia, tenía hasta hace una semana, según el Registro Público, como agente residente a Ortega-González & Asociados y su presidente era Luis Antonio Espinosa.

Ayer, en una búsqueda de esa misma sociedad en el sistema del Registro Público en internet, revela que ambos renunciaron a sus cargos.

Luis Hugo Pinto, una de las personas más cercanas a Murcia, a su llegada a Panamá, también guardó distancia de su coterráneo. En el edificio Courtyard View, en Punta Pacífica, donde reside, dijo a este diario que no haría comentarios sobre el escándalo en el que está envuelto Murcia, porque tiene año y medio de haberse separado de DMG.

¿Usted conoce a David Murcia?, le preguntó este diario el pasado jueves 20 de noviembre. “Insisto, no voy a hacer comentarios”, recalcó Pinto, quien habría administrado la primera empresa que montó Murcia en Panamá, situada en Marbella.

Tres semanas antes de que Murcia fuera detenido, su oficina de calle 54 Marbella fue allanada por Migración, luego de denuncias de que allí laboraban extranjeros sin permiso.

Cuñado de David Murcia, podría estar en Panamá

Las autoridades colombianas saben que el cerebro de la organización –cuyo rostro visible es David Murcia Guzmán– es William Suárez Suárez, un ex taxista que en pocos meses pasó a ser el propietario de las más acreditadas pistas de motocross de Suramérica, reveló ayer el diario El Espectador.

Suárez es el cuñado de Murcia y según pruebas aportadas por la fiscalía, en varias ocasiones transó con él, al fraccionar gruesas sumas de dinero para eludir controles fiscales y tributarios. Así como el envío de capitales para pagar sobornos, comprar políticos y posicionar la organización. ¿Es él, el eslabón entre DMG y el narcotráfico?, se preguntó el diario. La Policía colombiana por ahora sabe que es un hombre bien armado y que registra el doble de las entradas de su cuñado a Panamá. De hecho, las autoridades del vecino país sospechan que se esconde aquí. Es, según el diario, el personaje a capturar.