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“¡Raaamóóón teléééfoono!”, grita una residente de Puerto Obaldía en la comarca de Kuna Yala.
“María, corra que le llama su hija desde la capital”, grita una vecina de Río Diego en Colón.
En pleno siglo XXI, estas dos escenas parecen sacadas de una película de las dos últimas décadas del siglo XX en que el medio para comunicarse no era el celular ni la internet, sino el teléfono público.
El antiguo aparato era el medio más buscado por los miles de estudiantes universitarios –que abandonaron sus pueblos en el interior del país para prepararse en la capital– para comunicarse con sus padres; y por extranjeros que se mudaron a Panamá para avisarles a sus familiares el envío de algún dinerito para sus gastos médicos.
Ahora esto parece cosa del pasado.
De hecho, Cable & Wireless Panamá (CWP), la empresa que más teléfonos públicos mantiene activos en el mercado (91%), calcula que durante el año 2010, el tráfico de llamadas por esta vía cayó 50%. En todo el territorio nacional la compañía tiene operando 13 mil teléfonos públicos, más los mil 300 terminales que tienen activos las otras empresas que brindan el servicio (Cable Onda, Galaxy, Advanced y Telecarrier).
Del “ejército” de teléfonos públicos que maneja CWP, 115 terminales se encuentran en poblaciones de tan remoto acceso, que solo viajando en helicóptero los técnicos de la empresa pueden llegar a ellos para realizar sus reparaciones.
La mayoría de estos terminales de difícil acceso, donde los “doctores telefónicos” acuden a ver a sus pacientes por vía aérea, se encuentran en poblaciones de Veraguas, como Santa Fe, Guasaro, Ortiga y Río Luis.
Lugares que son tan remotos, que no hay luz eléctrica, por lo que los teléfonos funcionan con celdas solares o son satelitales.
El costo de un teléfono público puede ir desde los 2 mil dólares para los modelos sencillos, hasta 15 mil dólares para los de conexión satelital.
Aunque no respiran, los teléfonos públicos sí tienen “vida propia”. Al menos una vez al día, todos los terminales del país se comunican con una central telefónica y transmiten un reporte.
Ellos tienen una memoria programada que los hace comunicarse con nosotros. Cuando llaman, nos dicen si los han descolgado, la cantidad de llamadas realizadas y el número de monedas acumuladas, entre otras informaciones” explica Josué Obando, jefe de operaciones de acceso público de CWP.
Cuando se comunican con la central, cada teléfono produce un reporte de color: verde si todo está bien, amarillo si hay una alerta, y rojo si hay un problema urgente que atender.
Como sus pares humanos, la comunidad de teléfonos públicos también es víctima de la delincuencia.
Una de las modalidades de vandalismo más utilizadas es la colocación de carrizos para obstruir el canal de monedas. Otra trampa utilizada por los delincuentes es la colocación, en el “devolvedor de monedas”, de un trozo de papel o foam para detener el cambio que no ha sido utilizado.
Para eludir a los malhechores, los técnicos de CWP recomiendan utilizar monedas de un centavo. “Esa denominación no es aceptada por los teléfonos, de modo que si la introduces por el canal, inmediatamente debe caer por debajo. Si no sale enseguida es porque el teléfono tiene una trampa”, señala Obando, al mejor estilo de un sheriff telefónico.
La ley no obliga a las empresas
Según las estadísticas de la Autoridad de Servicios Públicos de Panamá (Asep), en el país hay 15 mil 108 teléfonos entre públicos y semipúblicos. Estos últimos son administrados por locales comerciales que ofrecen las llamadas a clientes. En la actualidad no hay ninguna ley que les exija a las empresas que ofrecen servicios de telefonía residencial, la colocación de un mínimo de teléfonos públicos.
“En este caso rige la oferta y la demanda”, explica César Díaz, subdirector de redes de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones de la Asep.
Lo que sí hay es una ley que obliga a las empresas de telefonía celular que incursionan en telefonía residencial, a través de equipos inalámbricos, a colocar un teléfono público por cada 450 vendidos. Este mercado aún no se ha desarrollado y, por tanto, no se han colocado los terminales, puntualiza Díaz.
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