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| VIGILIA. Ambientalistas y opositores a la reforma protestaban ayer en los alrededores de la Asamblea, ante la mirada amenazante de los antimotines. LA PRENSA/Jorge Fernández |
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Sin dar nombres, el mandatario afirmó que “esas empresas no quieren que haya más cobre en ninguna parte del mundo, para ellos seguir manteniendo el monopolio y los precios altos”. También destacó que “existen personas que se están aprovechando de la situación para causar caos y malestar entre los panameños”.
El vicepresidente, Juan Carlos Varela, fue más allá. Acusó directamente a diputados de oposición por las protestas. “Son los mismos que incitaron a los más humildes en las protestas de Bocas del Toro”, aseguró.
En respuesta, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Yassir Purcait pidió al gobierno que asuma su responsabilidad en las protestas, “por imponer el proyecto”.
En su informe de minoría, los diputados del PRD alegaron que las reformas son lesivas para el país, que afectará a las futuras generaciones y que busca favorecer a empresarios locales y extranjeros.
Tras su lectura, 43 diputados rechazaron el informe de la oposición. Solo 17 diputados votaron a favor.
Paralelamente se vivieron momentos de tensión en un costado del Palacio Justo Arosemena, cuando ecologistas, indígenas y universitarios derribaron parte de la cerca que rodea el edificio para trata de ingresar a la Asamblea.
Sin embargo, los manifestantes fueron controlados por agentes antidisturbios que, armados con escudos, impidieron el acceso al recinto.
Por el contrario, obtuvieron cortesía de sala el viceministro de Comercio, Ricardo Quijano, así como representantes de la Autoridad Nacional del Ambiente y de la Cámara Minera.
Cerca de las 10:00 p.m., y tras escuchar largos alegatos contra el proyecto de parte de diputados opositores, se declaró un receso. El segundo debate del polémico proyecto, en consecuencia, continuará hoy.
Solicitan suspender debate
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| CERCA POLICIAL. 15 policías antidisturbios se colocaron en fila para impedir la entrada al Palacio Justo Arosemena de un grupo de manifestantes que previamente había roto parte de la cerca. LA PRENSA/Jorge Fernández |
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El defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, solicitó ayer a los diputados suspender el debate del proyecto de ley 277, que reforma el Código de Recursos Minerales. Vargas sustentó su solicitud en que se necesita un proceso de consulta más amplio y participativo en el que se escuche el clamor del pueblo sobre este tema.
El ombudsman lamentó los enfrentamientos entre indígenas y policías, y advirtió que esos hechos “nos trasladan a lo ocurrido en Bocas del Toro en julio de 2010”.
Horas después de esta petición, el presidente, Ricardo Martinelli, dijo que “no se va a hacer nada que tenga que ver con destruir el ambiente y los ríos; lo único que se está buscando es que el Estado tenga más recursos”.
El mandatario también acusó a políticos y a empresas extranjeras de las protestas que se han organizado contra las reformas mineras. Igual hizo el vicepresidente, Juan Carlos Varela, al señalar a los diputados de la oposición como responsables de las protestas.
Al paso de estos señalamientos salió el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Yassir Purcait, quien advirtió que “no es la primera vez que Martinelli intenta sacudirse de su responsabilidad. No entiendo por qué el gobierno ve como negativas las protestas legítimas del pueblo”, sostuvo, al tiempo que abogó por la suspensión del proyecto.
El Partido Popular, que tiene un diputado en la Asamblea Nacional (Irene Gallegos), también pidió la suspensión del proyecto. Aníbal Culiolis, presidente encargado del PP, expresó que enviaron una carta al presidente Martinelli y a su vicepresidente para solicitar la suspensión de las discusiones del proyecto. Culiolis también hizo la petición al presidente de la Asamblea, José Muñoz.
Ayer, en el segundo debate al proyecto, los diputados de oposición hicieron uso de los 15 minutos a los que tienen derecho, lo que dilató la discusión.
A favor y en contra
El economista Juan Jované afirmó que la explotación minera destruirá el ambiente y advirtió que los cambios propuestos no promoverán el desarrollo. En esa misma línea, Raisa Banfield, del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), apuntó que la minería ocasionará graves y perdurables daños en las selvas y bosques tropicales. Los ambientalistas e indígenas denunciaron que lo que se busca con esta iniciativa es explotar cerro Colorado.
Por su lado, Marcos Andrade, del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, dijo que el proyecto “es nocivo para los pueblos indígenas”. Andrade anunció que la agrupación continuará con los piquetes en las afueras de la Asamblea.
Contrario a esto, el viceministro de Comercio e Industrias, Ricardo Quijano, reiteró que nada tienen que ver las reformas con la explotación de algún proyecto en particular. El funcionario desestimó la posibilidad de hacer un referendo para reformar el Código de Recursos Minerales porque, dijo, se han hecho las consultas populares en la Asamblea.
“Tú das espacio cuando la gente está planteando algo que tiene una fuerza o sustancia, pero dejar seis meses para que la gente hable y hable y no diga nada que sea de consistencia, ¿para qué?, ¿perder tiempo? Lo que necesitamos es corregir esto rápido para lo que se nos viene”, dijo Quijano refiriéndose a los contratos de Petaquilla y Minera Panamá.
Los ánimos se caldearon cuando llegaron a los predios de la Asamblea ambientalistas, estudiantes universitarios, indígenas y dirigentes políticos, quienes exigían ingresar al pleno.
La protesta se trasladó a la parte lateral del palacio legislativo, donde los manifestantes lanzaron insultos hacia los agentes de seguridad de la Asamblea, quienes pidieron la colaboración de los agentes antidisturbios.
Por ello llegaron 15 policías antidisturbios, quienes se colocaron a un costado de la Asamblea para cerrar el paso a los manifestantes que habían derribado parte de la cerca, en medio de forcejeos con miembros de la seguridad del Palacio Justo Arosemena.
Segunda jornada violenta en la Universidad
Por segunda vez en dos semanas, estudiantes de la Universidad de Panamá protestaron contra las reformas al Código de Recursos Mineros impulsadas por el Gobierno.
En esta ocasión, los alumnos se enfrentaron a los agentes antidisturbios por más de tres horas, tiempo en que unos arrojaron piedras, botellas y fuegos artificiales –que lanzaban desde una improvisada bazuca–, y otros, gases lacrimógenos y perdigones.
En la vía Transístmica, los estudiantes quemaron basura y un esqueleto, alegando que simbolizaba la muerte que traería la minería.
No se reportaron heridos ni detenidos. En medio de la protesta, el periodista de TVN Enrique Arosemena fue asaltado por jóvenes que lo sorprendieron cuando compraba en una tienda en Viejo Veranillo.
En tanto, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción volvió a protestar en los predios de la Asamblea Nacional.
La protesta fue pacífica y comenzó cuando el pleno legislativo retomó el segundo debate del polémico proyecto. Los miembros del sindicato obrero llevaron una unidad móvil con música regué, que pusieron a todo volumen.
EDUARDO MENDOZASANTIAGO CUMBRERA
En Bocas del Toro vuelven a la calle; Veraguas, en alerta
En el interior del país, el movimiento antiminería y contra las reformas al Código de Recursos Minerales se concentró en Bocas del Toro. Unas 150 personas cerraron totalmente la carretera entre Chiriquí Grande y Almirante en el sector de Loma Azul, de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.
En el grupo había indígenas ngäbes y buglés, trabajadores de la construcción, estudiantes y educadores que se dirigían hacia Changuinola para reunirse con los dirigentes del poderoso Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano (Sitraibana), que en julio del año pasado protagonizó la lucha contra la Ley 30, que dejó varios muertos y obligó al gobierno a derogar esa legislación.
En la marcha, Pedro Ábrego, dirigente indígena de la comarca Ngäbe-Buglé, dijo que la presencia de empresas mineras, hidroeléctricas y de turismo los está obligando a salir de las tierras en las que viven hace cientos de años.
Cornelio Guerra, de la comunidad de Indio Tribu, dijo que los recursos naturales que por miles de años han estado ahí, son de la gente del área y no se deben entregar a empresas extranjeras.
En tanto, en Santiago de Veraguas, la Asociación de Educadores Veragüenses (Aeve) cerró por media hora la Avenida Central en protesta por la reforma minera. El presidente de Aeve, Juan Ramón Herrera, dijo que el sábado habrá un directorio del gremio para decidir si convocan a un paro de labores a partir del 21 de febrero (cuando empieza la semana de organización escolar).
YARITZA GRICEL MOJICA VÍCTOR ELISEO RODRÍGUEZ
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