Fueron a los medios a justificarse. Los agentes enviados por Gustavo Pérez y José Raúl Mulino negaron que las bombas lacrimógenas pudieran ocasionar el incendio. Incluso llegaron a decir que el mismo fue provocado por los mismas víctimas para escaparse, en medio de un choque entre bandas.
Ya FRENADESO Noticias lo había denunciado y probado en su video "Infierno en el Centro de Custodia de Menores".
Cuatro adolescentes han muerto y tres se debaten entre la vida y la muerte. Los familiares de las Víctimas han creado el Comité de las Víctimas del 9 de Enero, día que los menores fueron quemados en una hoguera por la Policía, como en los tiempos de la Inquisición.
Sólo se han acusado a 2 policías a quienes se les concedió "Cuartel por Cárcel", protegido por sus jefes y compinches, esto a pesar que se contabilizaron más de 50 personas en el lugar de los hechos entre policías y custodios. Están amparado por la Ley que da Impunidad a los Policías asesinos y que era uno de los ingredientes de la repudiada Ley Chorizo (Ley 30) que Martinelli mantuvo en contra de los acuerdos de la Mesa Tripartita que derogó esta aberración jurídica.
Además, los informes revelan que fueron encontrados cartuchos de perdigones lo cual corrobora las denuncias en tal sentido. En un espacio tan pequeño como la celda que se incendió, esto demuesta que a los menores se les disparó a quemarropa, tal como aconteció durante la Masacre de Bocas del Toro.
Abogados de los familiares de las víctimas, emtre ellos Carlos Herrera Morán como parte del Colegio Nacional de Abogados, denuncian que entre el listado no aparecen Comisionados, sub comisionados y otros oficiales de la Policía Nacional que estuvieron en el lugar de los hechos, con lo cual, tal como ha sucedido antes, la Dirección de la Policía, junto a sus asesores legales, siguen con la práctica de encubrir asesinos e implantar pruebas falsas.
Los menores imploraban auxilio. La policía le gritaba: «¿Agua, no son hombrecitos? ¡Muérete!".
Mañana jueves 20 de enero, a las 4:00 p.m., se reúne la Coordinadora de Lucha por el Respeto a la Vida y Dignidad del Pueblo, en el Colegio Nacional de Abogados.
El jueves 27 se organiza una Marcha que partirá del Parque Porras a las 4:00 p.m.
El Gobierno de Martinelli debe ser juzgado por crímenes de lesa humanidad.
El Infierno en la Cárcel de Menores y La Masacre de Bocas del Toro son un claro ejemplo del tipo de Policía que tenemos, violadora de los Derechos Humanos que, siguiendo órdenes superiores, fueron a los medios a mentir y justificarse. Sólo por eso deberían haber sido ya sancionados.
Los carniceros de la Masacre de Bocas del Toro, siguen en sus cargos: Didier Degracia, Gustavo Pérez y José Raúl Mulino. Degracia incluso fue ascendido a jefe de la unidad que debe encargarse de investigar las faltas de la Policía. Es una burla.
El Gobierno ha montado una campaña sucia contra FRENADESO, activistas de derechos humanos y todo aquel que ose denunciar estos hechos, buscando al mismo tiempo justificar este horrendo suceso.
Panamá exige ¡Justicia!
Hoy el sepelio en Santa Marta de José Frías y mañana en Curundú de Omar Ibarra, el último de los cuatro muertos.
Vea aquí las impactantes fotos, el video completo "Infierno en el Centro de Custodia de Menores" y la noticia aparecida hoy en La Prensa:
Ya van Cuatro muertos y ni una sola persona detenida
Todo apunta a una granada de gasInformes periciales del Cuerpo de Bomberos y del Imelcf advierten que una bomba lacrimógena genera suficiente calor para encender un colchón.
Peritos del Cuerpo de Bomberos y de la Unidad Forense de Explosivos e Incendio del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) determinaron que “una fuente de calor externa” provocó el incendio en la celda 6 del Pabellón de Menores del Centro de Cumplimiento de Tocumen.
“Según las características observadas puede tratarse de algún tipo de granada de gas lacrimógeno”, dice el informe suscrito por el Imelcf.
En el expediente está la declaración de uno de los forenses, quien señaló: “no puedo decir cuál fue la causa que produjo el incendio, pero sí puedo decir que una granada de gas lacrimógeno genera suficiente calor para encender cualquier tipo de material sólido inflamable, como es el caso de los colchones y otro tipo de material que se encontró en la celda No. 6 del Centro de Cumplimiento de Tocumen”.
Tanto el peritaje del Imelcf como el del Cuerpo de Bomberos descartó que el incendio fuera producto de una falla eléctrica.
En la parte trasera de la celda incendiada, los bomberos encontraron el “pasador” o “pin de seguridad” de una bomba lacrimógena, y un “hollín” en la pared. En la entrada del pabellón, ubicaron dos cartuchos de perdigones. Debajo de un escritorio ubicaron más cartuchos de perdigones, como una pieza o parte de una bomba lacrimógena, con la inscripción “Triple Chase CS”.
Según las investigaciones que adelantó inicialmente la Fiscalía Auxiliar, el 9 de enero pasado Luis Ortega, jefe de la Zona Policial de Tocumen, ordenó a los agentes policiales echar gas pimienta en la celda y desalojar a los menores detenidos, que en ese momento tenían un motín. La acción se haría con autorización de la directora del Centro, Iris Cedeño.
Posteriormente, se cambió el plan: en lugar de gas pimienta, utilizarían gas lacrimógeno.
Hasta ahora, la Fiscalía Auxiliar ha formulado cargos contra dos policías Joel Rodríguez y Maikol González, por el delito de homicidio y tentativa de homicidio. Los dos se acogieron al artículo 25 de la Constitución que les exime de declarar contra ellos mismos.
El expediente fue remitido a la Fiscalía Primera Auxiliar, a cargo de Geomara de Jones.
‘Los quemaron vivos’
Según Carlos Herrera, abogado de las familias de las víctimas, se debió ordenar la detención preventiva de Rodríguez y González. También dirigió sus dardos contra Ortega y el jefe de la seguridad perimetral del Centro, Ernesto Blake, a quienes ya querelló penalmente.
“Él [Blake] era uno de los que le gritaba a los menores ‘mueranse’, además que tiene siete denuncias por falta a los derechos humanos”, sostuvo el abogado.
José Manuel Faúndes, otro abogado de las familias afectadas, dijo que a los menores detenidos “los quemaron vivos”, calificó este hecho como “sádico”, y realizado con “premeditación, ventaja y alevosía”.
Los familiares de los jóvenes quemados acordaron crear el “Comité de las Víctimas del 9 de Enero”.
CIDH deplora incidente
Lo ocurrido el 9 de enero en el Centro de Cumplimiento de Menores ya originó un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington (CIDH).
Ayer, el organismo deploró la muerte de cuatro adolescentes y las graves lesiones que sufrieron otros tres, y se mostró preocupado por las informaciones según las cuales los agentes encargados de la seguridad del Centro “no actuaron con la debida diligencia para salvaguardar la vida e integridad personal de los adolescentes”.
“La Comisión Interamericana reitera que el Estado se encuentra en una posición especial de garante frente a los derechos de las personas privadas de libertad”, dijo el organismo vía comunicado de prensa.
Infierno en una Cárcel de Menores en Panamá (vea documental de denuncia al MUNDO)
Nos vemos obligados, de antemano, a pedir sinceras disculpas por la durísimas imágenes que verá. Pero no hay otra manera de describir el horror que vivieron estos jóvenes en la tarde del domingo 9 de enero pasado.
Podría parecer una película de terror, pero no lo es. Es la cruda y macabra realidad.
Siete menores ingresaron con graves quemaduras al Hospital Santo Tomás. Tres de ellos han fallecido y el resto se debate entre la vida y la muerte.
Erick Batista, Benjamín Mojica y José Frías son los jóvenes fallecidos, de 17, 15 y 16 años, respectivamente. Algunos de ellos y de los que sobreviven aún, les quedaban apenas unos cuantos días para alcanzar la libertad. Jose Frías abandonaba la prisión el próximo domingo 16 de enero, junto a su primo, también quemado. Ambos, de origen muy pobre, estaban en prisión por hurtar una computadora. A José Frías se le ve en el video clamando socorro. Desgarradora imagen.
En el hospital se viven momentos de llanto, angustia y dolor. Las horas transcurren lentas, mientras las madres y demás familiares de los heridos van perdiendo las esperanzas. Los médicos prácticamente han deshauciado a sus seres queridos. Sólo un milagro puede salvarlos y se aferran a esa última oportunidad. Unen sus manos y rezan una oración. Pero hay quienes proponen acciones más enérgicas para exigir justicia.
Las quemaduras alcanzaron órganos vitales en los cuatro jóvenes que todavía sobreviven, hay infección pues no tienen piel que los proteja, están sedados y con respiradores, tienen serios problemas pulmonares por el humo que inhalaron. Reciben tratamiento de hemodiálisis, fueron golpeados brutalmente y heridos de perdigones y a pesar que son jóvenes y luchan por sus vidas, los pronósticos no son alentadores.
Crece la indignación y la sed de Justicia. Que estos crímenes no queden impunes. Los dedos acusadores se levantan contra la Policía y el Gobierno. En los oidos del pueblo resuenan todavía los gritos, las lamentaciones y los ruegos de ayuda de los jóvenes que se quemaban por las llamas que provocaron en la celda las bombas lacrimógenas lanzadas por la policía.
Y es que este Gobierno, a pocos más de año y medio en el poder, parece empecinado en emular los tenebrosos días del régimen militar.
Ya la policía, bajo el mando atroz y cobarde de su Director, Gustavo Pérez y José Raúl Mulino, Ministro de Seguridad, ha escrito verdaderas páginas de crueldad, tortura, sadismo, abuso y de flagrantes violaciones a los derechos humanos.
El Ministro Mulino, con la arrogancia que lo caracteriza, advirtió que “que retirará a la Policía Nacional de todos los centros penales del país, haya o no custodios civiles preparados”.
“Tiene —Roxana Méndez— seis meses para resolver el problema de los custodios que no ha resuelto, porque la Policía se sale de custodiar las cárceles del país”, dijo Mulino en medio de las acusaciones mutuas que mantiene con el Ministerio de Gobierno acerca de quién es el responsable de estos horrendos y espeluznantes hechos.
Sólo en noviembre del año pasado, hace poco más de 2 meses, el Gobierno de Panamá fue sentado en el banquillo de los acusados por delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. Esto ocurrió en Ginebra, Suiza, durante la IX sesión del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Roxana Méndez, Ministra de Gobierno y también Directiva de la ONG “Casa Esperanza”, recibió los cuestionamientos de distintos gobiernos, principalmente europeos, por la Masacre de Bocas del Toro, violaciones a la libertad de expresión, los casos de violencia contra la mujer, ausencia de una política en relación a los refugiados y por casos de discriminación racial contra la población indígena y afrodescendiente.
En aquella oportunidad Roxana Méndez mintió cuando dijo que Panamá "mantiene un alto compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos", y aseguró que se trata de "un propósito común y compartido por las autoridades nacionales, internacionales y la sociedad civil".
La realidad misma le ha dado un claro mentís. Las situaciones mencionadas en Ginebra de faltas graves a los derechos humanos se han acentuado. Reina la impunidad, el abuso policial y el irrespeto a los derechos civiles y humanos. Se intentó imponer una Ley Mordaza. Se profundizó la corrupción y la penetración del narcotráfico en el Ministerio Público con la responsabilidad del Gobierno. Martinelli busca imponer reformas constitucionales antidemocráticas para prolongarse en el poder. Se le ha negado justicia a las víctimas de la Masacre de Bocas del Toro. Se mantiene la Ley Pinchazo, la Ley Carcelazo y las normas que protegen a los policías asesinos. Las revelaciones de Wikileaks ponen en evidencia las arbitrariedades y prácticas antidemocráticas del mismo presidente y sus más cercanos colaboradores; la relación de familiares y copartidarios de Martinelli y de otros altos funcionarios en el lavado de dinero; y las implicaciones del Ministro de Turismo, Salomón Shamah, en el narcotráfico y tráfico de armas. Se mantiene la política represiva contra el pueblo y la creciente remilitarización. Persiste la persecución política y el terrorismo judicial.
Y a todo esto se agrega el horrible incendio en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen, cuando policías y custodios prendieron la hoguera donde fueron quemados siete jóvenes.
Familiares denuncian que en un sótano en otro centro en Arco Iris, se mantienen ocultos a otros jóvenes heridos de perdigones, golpes y quemaduras menores. Son jóvenes testigos de cuanto aconteció ese domingo infernal.
La Policía se defiende señalando que cumplieron con el “Protocolo”.
¿Pero, cuál es el “Protocolo”?
¿Si hay un motín en un Centro de Menores lanza una bomba e incendia los colchones, aun cuando sepas que no hay agua?
¿En medio del incendio impide la entrada de los bomberos? (El propio Viceministro de Gobierno reconoció que esto sucedió.)
¿Cuando los menores se quemen, mantente tranquilo, lanza una carcajada, no te muevas de tu sitio, no actúes en su auxilio?
¿Si piden ayuda, recuérdales lo que son, diles que se mueran?
¿Cuando estos, ya quemados, logran salir, pégales con el tolete?
Todo esto lo podrá ver en el siguiente documental.
Así actúa la Policía a sabiendas que, gracias al Gobierno de Ricardo Martinelli, gozan de total impunidad. Fue el contenido de la Ley 30 que Martinelli mantuvo en contra de los acuerdos de la Mesa Tripartita que derogó dicha ley, también conocida como Ley Chorizo.
Esta es la Escuela de Noriega, de quien Gustavo Pérez, actual Director de la Policía, fue sub jefe de la UESAT.
Todos sabemos lo que ocurrió cuando la Masacre de Bocas del Toro y el caso de Virgilio Castillo. Allí también se cumplió con el salvaje “Protocolo”.
Virgilio Castillo fue herido de perdigones, en el suelo le dispararon a quemarropa, moribundo se le obligó a caminar y fue lanzado a la parte posterior de una patrulla junto a otros detenidos a quienes, impresionados por el rostro desfigurado y bañado en sangre del mártir bocatoreño, les advirtieron: "No lo miren sino quieren quedar como él". Castillo murió poco después en el Hospital. Esto es Terrorismo de Estado.
En esa ocasión la Policía intentó justificar la represión y hablaron que cumplìan con el protocolo. Los represores hicieron de Martinelli un nuevo Herodes. De los más de 10 muertos, la mitad son niños.
Vaya "hombría" de la Policía que el domingo 9 de enero quedó desenmascarada cuando las camáras de televisión grabaron el siguiente diálogo:
Los menores gritaban: "Viejo echa agua"
El jefe de la Policía respondía: "¿viejo, no son hombrecitos? ¿agua, no son hombrecitos? ¡Muérete!".
Estos son uno de los capítulos más horrorosos de la historia de abusos, represión y atropellos de la Policía contra el pueblo.
Gracias a la presencia de periodistas en el lugar, se dejó entrar finalmente a los bomberos y se abrió la puerta para que los jóvenes quemados pudieran salir moribundos y abandonar el lugar en ambulancias. De lo contrario, hoy estarían todos muertos y la versión prefabricada de la Policía diría que “se quemaron ellos mismos en una pelea entre pandillas rivales”.
Presentamos este documental como una denuncia al mundo de las flagrantes violaciones de los Derechos Humanos cometidas por el Gobierno del sátrapa, Ricardo Martinelli.
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