Mónica Palm
Unidad de Investigación
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La concesión que le otorgó el Estado a la sociedad Miramar Development Corporation, que preside Herman Bern y que es dueña del hotel Miramar Intercontinental, venció hace más de tres años.
El último día en que la sociedad tuvo los papeles en orden fue el 14 de marzo de 2005. Desde esa fecha ocupa de manera ilegal las 2.4 hectáreas rellenadas de fondo de mar y playa, que le fueron dadas en la Avenida Balboa.
Pero esa situación no fue óbice para que el ministro de Obras Públicas, Benjamín Colamarco, pactara en 2007 un acuerdo con el hotel, para que éste adecuara sus instalaciones al proyecto de la cinta costera y le autorizara a construir 300 estacionamientos soterrados, en el corazón de la cinta, como compensación por la “afectación” que la obra tendrá sobre su concesión ya expirada.
Colamarco, sin revelar que la concesión no está vigente, ha defendido el convenio privado con el Miramar. Sin embargo, este acuerdo carece del refrendo de la Contraloría General de la República, lo que permitiría al Miramar mantener su concesión.
Una investigación realizada por este diario, da cuenta de los hechos.
Sin permiso, marina del Miramar
El 16 de abril de 2007, Herman Bern, presidente de la sociedad Miramar Development Corporation, escribió una carta al ministro de Obras Públicas, Benjamín Colamarco.
El contenido de esta misiva no dejó indiferente a nadie.
Bern reclamó que en el pliego de cargos de la cinta costera -divulgados dos semanas antes- no se habían incluido las “afectaciones” que la obra ocasionaría a los estacionamientos, los accesos y el paisajismo del hotel, la marina y el helipuerto del Miramar Intercontinental, estos dos últimos construidos sobre una concesión del Estado.
Si estas afectaciones no eran incorporadas al pliego de cargos, Bern advirtió que se vería obligado “a llevar el tema a la vía judicial”.
En ningún momento, el empresario mencionó que la concesión donde opera su marina y parte del hotel -que data de 1993-, no está vigente y, a la fecha, no ha sido debidamente prorrogada.
Para que el mensaje llegara alto y claro, mandó copia de la carta al entonces ministro de Economía y hoy contralor, Carlos Vallarino; al director de Desarrollo Urbano y ahora también viceministro de Vivienda, José Batista; al director de Catastro, Mariano Quintero, y a todos los miembros de la junta directiva de Miramar Development Corp. También remitió copia a la entonces ministra de Vivienda, Balbina Herrera, que hoy es la candidata favorita de Bern para llegar a la Presidencia de la República, con la papeleta del PRD.
Colamarco no se hizo rogar. El 5 de mayo de 2007, firmó una adenda al pliego de cargos de la licitación, en la que incluyó el acuerdo privado que su despacho pactó con el Miramar, y que permitirá al hotel construir a su costo un túnel-cajón debajo de la nueva vialidad; carriles de acceso a la marina y el helipuerto, y un semisótano para 300 estacionamientos.
La Contraloría, renuente
En la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) entidad que otorgó la concesión original, en 1993 aparentemente no participaron de este acuerdo privado entre el MOP y el Miramar. Se habrían enterado de su existencia el 18 de marzo de 2008, cuando Bern le hizo llegar una copia de la adenda a Fernando Solórzano, actual administrador de la AMP.
En esa misiva, Bern instó a Solórzano a hacer los “ajustes” a su contrato a sabiendas de que está expirado, considerando que, por culpa de la cinta costera, el espacio concesionado se reduce de 2.4 a 1.5 hectárea.
No es la primera vez que hay que “ajustar” la concesión del Miramar, cuya vigencia original era de 10 años; por tanto, vencía en octubre de 2003.
El 14 de febrero de 2005, el entonces administrador de la AMP, el segundo vicepresidente de la República, Rubén Arosemena, firmó una resolución (la No. 044-2005) en la que prorrogó por 30 días hasta el 14 de marzo de ese año la concesión del hotel. Se supone que en ese periodo se revisaría el canon y se formalizaría un nuevo contrato.
Y así fue. En el nuevo documento se elevó el canon de 2 a 6 centavos el metro cuadrado. También se incluye un canon variable equivalente a un centavo por galón de combustible despachado a las naves que atraquen en la marina, que tiene capacidad para 24 barcos.
El problema está en que la Contraloría se niega a refrendar el nuevo contrato con el Miramar. Primero, argumentó que éste requería un estudio de impacto ambiental. Pero, en consulta a la administradora de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), se concluyó que, en lugar de un EIA, era recomendable una auditoría ambiental.
Ahora, las razones para no avalar el contrato son otras. Arosemena señaló que el nuevo contrato “no ha sido refrendado por la Contraloría, debido al inicio de los estudios de la cinta costera”.
Así también lo reconoció el propio Herman Bern. “Por la cinta costera, esa área [concesionada] se está reduciendo bastante. Precisamente por esos cambios, [el contrato] no ha sido ratificado. Ahora se está haciendo el ajuste correspondiente”, dijo.
“Queremos hacer las cosas conforme a la ley. Ustedes [La Prensa] tienen desde hace meses una campaña injusta”, se quejó.
La letra muerta
Aunque no hay un contrato a toda regla, para Arosemena eso no implica que el Miramar opera ilegalmente.
“Al día de hoy, sigue vigente el contrato de 1993, por esta resolución”, comunicó Arosemena, en referencia a la Resolución No. 044-2005. Pero sucede que esa resolución señala que si en 30 días no se ha formalizado el nuevo contrato, quedará automáticamente sin efecto.
Tanto la Resolución 044-2005 como el contrato original de 1993 contienen cláusulas que le dan derecho a la AMP a dar por terminada la concesión, “sin indemnización, dando un aviso previo de 90 días, cuando el área sea requerida por cualquier causa de utilidad pública o interés social”... “o para llevar a cabo obras del Estado”.
Se supone que la cinta costera es una de esas obras.
Mientras, la cinta costera avanza: las obras ya están ejecutadas en un 25.31% y el MOP pretende estrenarla en junio de 2009.
Por eso, el 7 de mayo de 2008, Bern, a través de sus abogados, volvió a pedir por su concesión. Adicional, los abogados apuran otra solicitud, esta vez ante la Dirección de Catastro, para que permita levantar un edificio de hasta seis pisos para adosarlo a las actuales estructuras del hotel, utilizando para ello el mismo espacio que le fue concesionado por la AMP en 1993. Como en el MOP, acá tampoco dijeron que esa concesión no está vigente.
CRONOGRAMA
. 22 DE OCTUBRE 1993: Jerry Salazar, entonces director de la Autoridad Portuaria (hoy AMP), firma contrato que otorga 2.4 hectáreas de fondo de mar y área de playa a Miramar Development.
OCTUBRE 2003: Se venció el contrato de concesión del Miramar.
14 DE FEBRERO 2005: AMP firma Resolución No. 044-2005, que da 30 días al Miramar para que formalice un nuevo contrato de concesión.
JUNIO 2006: Contraloría informa que no refrendará el nuevo contrato.
2 DE MAYO 2007: Benjamín Colamarco (MOP) firma adenda que contiene el acuerdo privado con el Miramar.
El Miramar rebasó los límites del contrato
La sociedad Miramar Development Corporation utilizó el área de playa y fondo de mar que le otorgó la AMP para “un uso distinto” al pactado en el contrato.
La concesión original que data de 1993 es para construir una marina turística. Pero un informe de septiembre de 1995, de la Dirección General de Catastro, da cuenta de que parte de las instalaciones del hotel y de los condominios Miramar Towers, se ubican fuera de los límites de propiedad.
Según el informe, el área de playa rellenada fue ocupada por “estructuras permanentes” (edificios, puerta cochera y rampa) que totalizan 623.15 metros cuadrados.
Ninguna de estas obras fue autorizada por la AMP o el Ministerio de Economía y Finanzas (entonces, Hacienda y Tesoro). De hecho, la AMP dijo que no podía autorizar este tipo de estructuras, ya que esto está fuera de sus “límites de competencia”.
“No podemos aceptar que una portacochera, un edificio de cuatro pisos y 202.32 metros cuadrados del nuevo edificio son parte de una marina turística”, consideró Hugo Torrijos Richa actual asesor marítimo presidencial el 12 de enero de 1996, siendo administrador de la AMP.
Según el contrato de concesión, las partes acordaron que todas las mejoras de carácter permanente pasarán a ser propiedad de la AMP “sin cargo alguno”, al concluir el término de duración del presente contrato.
El contrato venció en octubre de 2003. Fue brevemente prorrogado, por un mes, a partir del 14 de febrero de 2005. Más allá de eso, legalmente, no existe otra cosa.
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