Podría parecer una película de terror, pero no lo es. Es la cruda y macabra realidad.
Siete menores ingresaron con graves quemaduras al Hospital Santo Tomás. Tres de ellos han fallecido y el resto se debate entre la vida y la muerte.
Erick Batista, Benjamín Mojica y José Frías son los jóvenes fallecidos, de 17, 15 y 16 años, respectivamente. Algunos de ellos y de los que sobreviven aún, les quedaban apenas unos cuantos días para alcanzar la libertad. Jose Frías abandonaba la prisión el próximo domingo 16 de enero, junto a su primo, también quemado. Ambos, de origen muy pobre, estaban en prisión por hurtar una computadora. A José Frías se le ve en el video clamando socorro. Desgarradora imagen.
En el hospital se viven momentos de llanto, angustia y dolor. Las horas transcurren lentas, mientras las madres y demás familiares de los heridos van perdiendo las esperanzas. Los médicos prácticamente han deshauciado a sus seres queridos. Sólo un milagro puede salvarlos y se aferran a esa última oportunidad. Unen sus manos y rezan una oración. Pero hay quienes proponen acciones más enérgicas para exigir justicia.
Las quemaduras alcanzaron órganos vitales en los cuatro jóvenes que todavía sobreviven, hay infección pues no tienen piel que los proteja, están sedados y con respiradores, tienen serios problemas pulmonares por el humo que inhalaron. Reciben tratamiento de hemodiálisis, fueron golpeados brutalmente y heridos de perdigones y a pesar que son jóvenes y luchan por sus vidas, los pronósticos no son alentadores.
Crece la indignación y la sed de Justicia. Que estos crímenes no queden impunes. Los dedos acusadores se levantan contra la Policía y el Gobierno. En los oidos del pueblo resuenan todavía los gritos, las lamentaciones y los ruegos de ayuda de los jóvenes que se quemaban por las llamas que provocaron en la celda las bombas lacrimógenas lanzadas por la policía.
Y es que este Gobierno, a pocos más de año y medio en el poder, parece empecinado en emular los tenebrosos días del régimen militar.
Ya la policía, bajo el mando atroz y cobarde de su Director, Gustavo Pérez y José Raúl Mulino, Ministro de Seguridad, ha escrito verdaderas páginas de crueldad, tortura, sadismo, abuso y de flagrantes violaciones a los derechos humanos.
El Ministro Mulino, con la arrogancia que lo caracteriza, advirtió que “que retirará a la Policía Nacional de todos los centros penales del país, haya o no custodios civiles preparados”.
“Tiene —Roxana Méndez— seis meses para resolver el problema de los custodios que no ha resuelto, porque la Policía se sale de custodiar las cárceles del país”, dijo Mulino en medio de las acusaciones mutuas que mantiene con el Ministerio de Gobierno acerca de quién es el responsable de estos horrendos y espeluznantes hechos.
Sólo en noviembre del año pasado, hace poco más de 2 meses, el Gobierno de Panamá fue sentado en el banquillo de los acusados por delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. Esto ocurrió en Ginebra, Suiza, durante la IX sesión del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Roxana Méndez, Ministra de Gobierno y también Directiva de la ONG “Casa Esperanza”, recibió los cuestionamientos de distintos gobiernos, principalmente europeos, por la Masacre de Bocas del Toro, violaciones a la libertad de expresión, los casos de violencia contra la mujer, ausencia de una política en relación a los refugiados y por casos de discriminación racial contra la población indígena y afrodescendiente.
En aquella oportunidad Roxana Méndez mintió cuando dijo que Panamá "mantiene un alto compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos", y aseguró que se trata de "un propósito común y compartido por las autoridades nacionales, internacionales y la sociedad civil".
La realidad misma le ha dado un claro mentís. Las situaciones mencionadas en Ginebra de faltas graves a los derechos humanos se han acentuado. Reina la impunidad, el abuso policial y el irrespeto a los derechos civiles y humanos. Se intentó imponer una Ley Mordaza. Se profundizó la corrupción y la penetración del narcotráfico en el Ministerio Público con la responsabilidad del Gobierno. Martinelli busca imponer reformas constitucionales antidemocráticas para prolongarse en el poder. Se le ha negado justicia a las víctimas de la Masacre de Bocas del Toro. Se mantiene la Ley Pinchazo, la Ley Carcelazo y las normas que protegen a los policías asesinos. Las revelaciones de Wikileaks ponen en evidencia las arbitrariedades y prácticas antidemocráticas del mismo presidente y sus más cercanos colaboradores; la relación de familiares y copartidarios de Martinelli y de otros altos funcionarios en el lavado de dinero; y las implicaciones del Ministro de Turismo, Salomón Shamah, en el narcotráfico y tráfico de armas. Se mantiene la política represiva contra el pueblo y la creciente remilitarización. Persiste la persecución política y el terrorismo judicial.
Y a todo esto se agrega el horrible incendio en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen, cuando policías y custodios prendieron la hoguera donde fueron quemados siete jóvenes.
Familiares denuncian que en un sótano en otro centro en Arco Iris, se mantienen ocultos a otros jóvenes heridos de perdigones, golpes y quemaduras menores. Son jóvenes testigos de cuanto aconteció ese domingo infernal.
La Policía se defiende señalando que cumplieron con el “Protocolo”.
¿Pero, cuál es el “Protocolo”?
¿Si hay un motín en un Centro de Menores lanza una bomba e incendia los colchones, aun cuando sepas que no hay agua?
¿En medio del incendio impide la entrada de los bomberos? (El propio Viceministro de Gobierno reconoció que esto sucedió.)
¿Cuando los menores se quemen, mantente tranquilo, lanza una carcajada, no te muevas de tu sitio, no actúes en su auxilio?
¿Si piden ayuda, recuérdales lo que son, diles que se mueran?
¿Cuando estos, ya quemados, logran salir, pégales con el tolete?
Todo esto lo podrá ver en el siguiente documental.
Así actúa la Policía a sabiendas que, gracias al Gobierno de Ricardo Martinelli, gozan de total impunidad. Fue el contenido de la Ley 30 que Martinelli mantuvo en contra de los acuerdos de la Mesa Tripartita que derogó dicha ley, también conocida como Ley Chorizo.
Esta es la Escuela de Noriega, de quien Gustavo Pérez, actual Director de la Policía, fue sub jefe de la UESAT.
Todos sabemos lo que ocurrió cuando la Masacre de Bocas del Toro y el caso de Virgilio Castillo. Allí también se cumplió con el salvaje “Protocolo”.
Virgilio Castillo fue herido de perdigones, en el suelo le dispararon a quemarropa, moribundo se le obligó a caminar y fue lanzado a la parte posterior de una patrulla junto a otros detenidos a quienes, impresionados por el rostro desfigurado y bañado en sangre del mártir bocatoreño, les advirtieron: "No lo miren sino quieren quedar como él". Castillo murió poco después en el Hospital. Esto es Terrorismo de Estado.
En esa ocasión la Policía intentó justificar la represión y hablaron que cumplìan con el protocolo. Los represores hicieron de Martinelli un nuevo Herodes. De los más de 10 muertos, la mitad son niños.
Vaya "hombría" de la Policía que el domingo 9 de enero quedó desenmascarada cuando las camáras de televisión grabaron el siguiente diálogo:
Los menores gritaban: "Viejo echa agua"
El jefe de la Policía respondía: "¿viejo, no son hombrecitos? ¿agua, no son hombrecitos? ¡Muérete!".
Estos son uno de los capítulos más horrorosos de la historia de abusos, represión y atropellos de la Policía contra el pueblo.
Gracias a la presencia de periodistas en el lugar, se dejó entrar finalmente a los bomberos y se abrió la puerta para que los jóvenes quemados pudieran salir moribundos y abandonar el lugar en ambulancias. De lo contrario, hoy estarían todos muertos y la versión prefabricada de la Policía diría que “se quemaron ellos mismos en una pelea entre pandillas rivales”.
Presentamos este documental como una denuncia al mundo de las flagrantes violaciones de los Derechos Humanos cometidas por el Gobierno del sátrapa, Ricardo Martinelli.
Washington (EFE). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deploró la muerte de cuatro adolescentes durante un incendio en un reformatorio en Panamá y urgió al Gobierno a que tome medidas para aclarar el suceso.
