El incendio ocurrido en el Centro de Cumplimiento de Menores se mantiene bajo la lupa, en especial de los abogados que representan a las víctimas. Carlos Herrera Morán, es uno de ellos y asegura que el Fiscal Auxiliar no ha cumplido con las expectativas del caso.
Herrera Morán sustenta su planteamiento al decir que el fiscal Dimas Guevara solo ha formulado cargos contra dos unidades policiales, que fueron los que introdujeron las bombas lacrimógenas por las ventanas de la celda.
Según el abogado, la Policía Nacional tiene que responder ante los tribunales por la crueldad y los actos de barbarie que se dieron el 9 de enero dentro del Centro de Cumplimiento. Añadió, que en el lugar había subcomisionados, capitanes y tenientes que deben enfrentar cargos de homicidio, incendiarismo, abuso de autoridad, vejación y trato cruel.
Herrera Morán sustenta su planteamiento al decir que el fiscal Dimas Guevara solo ha formulado cargos contra dos unidades policiales, que fueron los que introdujeron las bombas lacrimógenas por las ventanas de la celda.
Según el abogado, la Policía Nacional tiene que responder ante los tribunales por la crueldad y los actos de barbarie que se dieron el 9 de enero dentro del Centro de Cumplimiento. Añadió, que en el lugar había subcomisionados, capitanes y tenientes que deben enfrentar cargos de homicidio, incendiarismo, abuso de autoridad, vejación y trato cruel.
CIDH deplora muertes por incendio en centro de cumplimiento
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Washington (EFE). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deploró la muerte de cuatro adolescentes durante un incendio en un reformatorio en Panamá y urgió al Gobierno a que tome medidas para aclarar el suceso.El organismo considera de "suma preocupación" la información proporcionada por distintas organizaciones, incluida la Defensoría del Pueblo de Panamá, de que los responsables de la seguridad del centro no actuaron con la debida diligencia para proteger a los adolescentes.
El incendio se produjo el pasado 9 de enero en el Centro de Cumplimiento para Menores en la localidad de Tocumen, al este de la capital panameña. Siete adolescentes resultaron gravemente heridos y hasta el momento cuatro de ellos han fallecido.
Los jóvenes se habían amotinado en una de las celdas exigiendo una mejor alimentación y agua potable y fueron víctimas de un fuego que se inició dentro del recinto, cuyas causas están siendo investigadas por las autoridades.
La CIDH hizo un llamamiento "urgente" al Gobierno panameño para que adopte las medidas necesarias para investigar "debidamente" estos hechos y evitar que vuelvan a repetirse.
El confuso incidente se produce después de las denuncias hechas por grupos defensores de los derechos humanos sobre las malas condiciones en la cárceles de este país como hacinamiento, mora judicial y maltratos físicos.
La Comisión Interamericana subrayó que el Estado debe garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad y garantizar la vida e integridad personal de los reclusos, con "mayor cuidado y responsabilidad" en el caso de los menores.
"El deber de garantizar implica que debe tomar todas las medidas necesarias para prevenir situaciones de riesgo que, como la presente, amenacen gravemente los derechos fundamentales de los detenidos", advirtió la CIDH.
En este sentido reiteró que el Estado tiene el deber de prevenir, investigar y sancionar las presuntas violaciones al derecho a la vida e integridad personal, en particular cuando los hechos ocurren en centros penales para evitar la impunidad y la repetición de hechos similares.
El Ministerio Público inició la semana pasada una investigación para saber qué originó el motín, el motivo por el que se inició el fuego, esclarecer por qué los bomberos no pudieron intervenir a tiempo y confirmar si la Policía tomó las acciones correctas.
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