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Thursday, June 17, 2010

Ejecutivo ignora repudio ciudadano a la ley 9 en 1

isidro rodríguez
irodriguez@prensa.com

Ignorando el clamor de de ambientalistas, empresarios, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y estudiantes, el presidente, Ricardo Martinelli, sancionó la ahora llamada Ley 30 de 2010, “que dicta medidas para promover el desarrollo de la aviación comercial, reforma normas laborales y penales, y adopta disposiciones para posibilitar la ejecución de proyectos de interés nacional”. Atrás quedaba la escueta denominación original del proyecto que llegó a la Asamblea en sesiones extraordinarias el 7 de junio pasado, y que solo hablaba de aviación comercial y “otras disposiciones”.

Menos de 24 horas después de su llegada al país, y sin hacer declaración pública alguna, el Palacio de las Garzas informó de la sanción presidencial.

Los grupos ambientalistas habían sido invitados a la Presidencia en la tarde de ayer para reunirse con Martinelli, pero la reunión se canceló.

Grupos marcharán y demandarán la nueva ley

Unos 60 grupos que luchan a favor del ambiente, advirtieron que los cambios a la Ley General de Ambiente –que excluye los proyectos que así decida el Gobierno del proceso de evaluación ambiental– afectarán el financiamiento que recibe Panamá de organismos internacionales. Hoy, ambientalistas, sindicatos y otros grupos marcharán hasta la Presidencia, como muestra de rechazo a la Ley 30 (9 en 1), y mañana presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte.

isidro rodríguez

Martinelli no escuchó al país


GOLPE. Zuleika Pinzón, presidenta del Comité Panameño de UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), y representantes de otras organizaciones ambientalistas del país, expresan su decepción y preocupación por la sanción presidencial a la ley que modificó, entre otras cosas, la Ley General de Ambiente. LA PRENSA/Jihan Rodríguez
isidro rodríguez
irodriguez@prensa.com

Tras conocerse que el presidente, Ricardo Martinelli, había sancionado la Ley 30 –que reforma los códigos de Trabajo, Penal, Judicial, así como seis leyes–, los grupos que se opusieron a la también llamada ley 9 en 1 anunciaron nuevas acciones de rechazo.

En la tarde de ayer, 60 organizaciones que luchan a favor del ambiente repudiaron la acción presidencial que ignoró su petición de veto hecha pública durante una marcha de protesta del pasado martes.

Félix Wing, en representación de estas organizaciones, calificó de “bochornoso” el hecho de que los habían invitado a una reunión a las 3:30 p.m. en la Presidencia a dialogar, a pesar de que la ley había sido ya sancionada.

Wing comentó que las organizaciones ambientales del mundo están asombradas por el grave retroceso que representa la nueva legislación para Panamá.

El activista agregó que la norma que excluye del proceso de evaluación ambiental los proyectos que el Gobierno decida, viola convenios comerciales, de derechos humanos y ambientales. “Los únicos beneficiados de la eliminación de los estudios de impacto ambiental son los grandes intereses económicos, tanto nacionales como internacionales”, denunció.

Los ambientalistas no se darán por vencidos, y en los próximos días presentarán los recursos legales que correspondan ante la Corte Suprema de Justicia y los organismos internacionales.

Gabriela Etchelecu, de la Fundación MarViva, comentó que tienen información de que lo sucedido pone en peligro el financiamiento que pueda dar para proyectos el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial a Panamá.

Empresarios

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), la Cámara de Comercio, industrias y Agricultura de Panamá, y la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) enviaron misivas ayer al mandatario para intentar detener la sanción presidencial. Tampoco fueron escuchados.

La SPIA considera que la nueva legislación choca con otras normas que rigen la figura del ingeniero residente en las obras, creando una gran confusión legal.

Por su parte, Gaspar García de Paredes, del CoNEP, lamentó la sanción al proyecto que, dijo, se aprobó sin las consultas correspondientes a los sectores del país.

Nueva Marcha

Los ambientalistas hicieron un llamado a la ciudadanía para que participe de la marcha convocada para hoy a las 4:00 p.m. por los movimientos sindicales, y que partirá del parque Porras en dirección a la Presidencia de la República.

Genaro López, del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, y Samuel Rivera, de la Central General de Trabajadores de Panamá, invitaron a la población a la marcha, y lamentaron que el mandatario no escuchara la voz de la ciudadanía.

Los dirigentes sindicales no descartaron que el movimiento en rechazo a esta ley –que modificó el régimen legal de la huelgas– termine en una convocatoria a una huelga general.

Por su parte, Fernando Castañeda, de la Comisión Médica Negociadora Nacional, calificó la recién aprobada ley como nefasta y, por ello, apoyarán la marcha. Docentes y estudiantes también anunciaron que irán a la protesta.

Martinelli se queda en Palacio

Tras ocho días de gira por Grecia, el presidente, Ricardo Martinelli, retornó al país en la madrugada del pasado martes 15. En su ausencia, la polémica ley 9 en 1 (aprobada en el Gabinete del 26 de mayo) recibió luz verde en la Asamblea, en medio del Mundial del Fútbol. Desde su llegada, Martinelli no ha participado de ninguna actividad pública. Según fuentes de Palacio, el Presidente ha sostenido diversas reuniones en su despacho.

Un día después de su llegada, en el Gabinete ratificó el nombramiento de José R. Mulino y Roxana Méndez como ministros de Seguridad y Gobierno, respectivamente. Al día siguiente (ayer), desoyendo a los grupos ambientalistas y otros gremios del país que pedían un veto, Martinelli sancionó la ley. Solo una foto puesta en la página web de la Presidencia dio fe de ese acto, que fue prácticamente privado en la Presidencia.

isidro rodríguez

Saturday, February 28, 2009

TPC continúa en espera

Mileika Lasso
PA-DIGITAL


Gaspar García de Paredes, presidente del CoNEP.

En el limbo. Así calificaron ayer los empresarios panameños la ratificación del Tratado de Promoción Comercial (TPC) de Estados Unidos y Panamá, luego de que legisladores de ese país, enviaran una carta al presidente, Barack Obama reiterando su oposición a dicho acuerdo.

La solicitud de los legisladores es el replanteamiento de la agenda comercial enfocada en la protección de los trabajadores estadounidenses.

Sin embargo, para Gaspar García de Paredes, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), "Panamá no tiene una plataforma industrial que amenace a Estados Unidos"

Para García de Paredes "el país ya hizo su parte".

Recientemente, Gisela Álvarez de Porras, ministra de Comercio e Industria, manifestó que la embajada de Panamá en Washington mantiene activo el tema, "nunca hemos parado las conversaciones, sólo estamos a la espera de que el Congreso a pruebe el TPC".

No obstante, para el representante del CoNEP, "los objetivos de la carta son meramente políticos, pues se están valiendo de argumentos que no hacen específicos, lo que no luce muy responsable".

Tanto García de Paredes, como Máximo Gallardo, presidente de la Asociación Panameña de Exportadores (APEX), creen que es muy poco lo que puede hacer el país en esa materia, ya que sólo se puede apelar a la sensatez y seguir con los "lobbys" ante los congresistas.

El presidente de la APEX señaló que el "TPC entre ambas naciones continúa en el limbo".

Según Gallardo "con el TPC el país tiene más oportunidad de enviar productos a Estados Unidos que los existentes en la Cuenca del Caribe".

Entre los productos o servicios panameños que se podrían enviar a Estados Unidos con el TPC son la reparación de barcos, así como el alcohol anhidro que es alcohol sin agua.

Aunque José Ramón Varela, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Panamá, no pudo ser contactado, en otras ocasiones ha manifestado que la empresa privada espera la ratificación del acuerdo.

Panamá ratificó en la Asamblea Nacional de Diputados el TPC con Estados Unidos, por lo que sólo falta que el Congreso estadounidense lo apruebe para que entre en vigencia.

Tuesday, January 20, 2009

Panamá continúa apostando al comercio con EE.UU.

María De Gracia
PA-DIGITAL



Todo indica que la llegada hoy de Barack Obama a la Casa Blanca no cambiará las relaciones comerciales entre Panamá y Estados Unidos, aunque tampoco acelerará la ratificación del Tratado de Promoción Comercial (TPC).

En declaraciones recientes, el viceministro de Comercio Exterior, Severo Sousa, dijo que Obama ha sido claro en su discurso al señalar que en la agenda de sus primeros 100 días de mandato no se contemplan los TLC.

Para Máximo Gallardo, presidente de la Asociación Panameña de Exportadores (APEX), las exportaciones hacia ese mercado continuarán su curso normal, pero el TPC tendrá que esperar hasta después de que Obama atienda los graves problemas económicos que enfrenta su país.

Gallardo indicó que las exportaciones no presentarán mayores problemas mientras se mantenga la prórroga de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, la que otorga comercio preferencial libre de impuestos a los productos que entren a EE.UU.

Esta iniciativa se venció en septiembre de 2008 y Estados Unidos tomó la decisión de aplicar una extensión a través de una medida unilateral que puede finalizar en cualquier momento.

Las exportaciones panameñas encuentran su principal mercado de exportación en Estados Unidos, alcanzando en los primeros nueve meses de 2008 los $350 millones.

Gaspar García de Paredes, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), indicó que lo ideal sería que Panamá empezara a diversificar su oferta de productos de exportación para poder aprovechar el TPC cuando se ratifique.

García agregó que hay que esperar porque la prioridad de Obama será la economía doméstica.

Aunque José Ramón Varela, presidente de la Cámara de Comercio e Industria, no pudo ser contactado, en otras ocasiones ha manifestado que la empresa privada espera la ratificación del acuerdo.

Thursday, June 26, 2008

Propuesta de aumento por inflación causa controversia

Ohigginis Arcia
PA-DIGITAL


El poder adquisitivo en muchos trabajadores ha disminuido.

Un aumento general de salarios por año, similar al crecimiento de la inflación registrada en el país, será discutido por la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional.

El proyecto de ley No. 418 que establece la indexación salarial viene generando diferencias entre los sectores empresariales y laborales.

Según los proponentes, el documento busca salvaguardar el poder adquisitivo de los trabajadores públicos y privados, así como los pensionados por invalidez y jubilados, según apunta en su artículo primero.

Además, se busca garantizar a través del Instituto de Mercadeo Agrupecuario (IMA) los productos básicos de consumo.

De aprobarse esta iniciativa, si en el país se registra una inflación del 5%, un trabajador que perciba un salario de B/500 éste se le aumentará a B/525.

En su artículo tres, el proyecto establece que el aumento de la tasa inflacionaria de los productos de la Canasta Básica Alimenticia lo determinará la Comisión Nacional de Salario Mínimo, en el mes de diciembre de cada año, esto en consulta con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), La Contraloría y la Autoridad de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor.

En ese sentido, los ajustes en los salarios, ingresos y pensiones por razón de la indexación, serán automáticos, a partir del segundo mes de la vigencia fiscal de cada institución o empresa, en el país.

Para el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), Gaspar García de Paredes, este problema no se puede resolver por "decreto".

De acuerdo con el empresario, este tipo de alternativas está totalmente alejada de la realidad, y al final lo que traerá será más dificultades.

"En los países donde se implementan estas medidas no se resuelven los problemas de la inflación", aportó.

En tanto, el ex presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Antonio Fletcher, dijo que este proyecto "no es el más adecuado", para solucionar la crisis.

Fletcher recalcó que se debe hacer un análisis más profundo del problema, ya que la inflación es generada por factores externos que causan un aumento general en el precio de los productos.

Por su parte, Leandro Ávila, vicepresidente de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional y proponente del anteproyecto se trata de una buena alternativa ante la crisis alimentaria.

Lamentó la actitud de los empresarios, ya que a su juicio, no quieren adquirir responsabilidad con los panameños.

"Cada vez que la empresa privada hace un aumento de salarios, también sube el precio de la canasta básica", puntualizó.

Por su lado, el secretario general de la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP), Mariano Mena, dijo que hay países en América Latina que utilizan esta fórmula, para equiparar los ingresos de los trabajadores.

Para Mena, este proyecto es una "buena medida", para compensar lo que pierden los trabajadores cuando se registran aumentos en las tasas de inflación.

Aún la Asamblea no ha iniciado la discusión de este proyecto de ley.

Thursday, February 21, 2008

Inconformes con reglamento


L a ausencia de infracciones para los empresarios que violen el reglamento de seguridad y la no regulación en materia de salud, son algunas de la objeciones realizadas por el SUNTRACS al decreto que promulgó el Ejecutivo para prevenir factores de riesgo en las construcciones públicas y privadas.

La dirigencia sindical también mostró su inquietud por la inclusión del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CoNATO) y del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), en la Comisión Tripartita Permanente que dará seguimiento al reglamento.

Estos aspectos pueden representar un problema en las discusiones, advirtió el dirigente Saúl Méndez, quien reiteró que en una semana dará a conocer la posición general del SUNTRACS sobre el documento.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Edwin Salamín, ha sido enfático al señalar que el reglamento de seguridad fue evacuado por el Gobierno, pero aún así invitó a la dirigencia sindical y a los empresarios a presentar sus recomendaciones.

En relación a la ausencia sanciones, el ministro Salamín aclaró que aparecen en el Código Laboral que faculta a las autoridades a multar y paralizar parcial o totalmente los proyectos de construcción que incumplan las normas de seguridad.

"Si de aquí salen otros tipos de responsabilidades, hay que ponerlas sobre las autoridades pertinentes", sostuvo el funcionario.

Los trabajadores aspiran a que se tipifique los accidentes laborales como "homicidios culposos".

Negociaciones.
Al margen de estas diferencias, el SUNTRACS volverá hoy a la Defensoría del Pueblo para discutir con el Gobierno un pliego de peticiones, que incluye el congelamiento de los precios de la canasta básica, un aumento general de salario y la eliminación de los sindicatos amarillos.

La agrupación presentará en la mesa de negociaciones el reordenamiento de sus exigencias, donde sobresalen las destituciones de Rolando Mirones y Daniel Delgado Diamante, director de la Policía Nacional y ministro de Gobierno y Justicia, respectivamente.

También insistirá en la creación de una comisión independiente e imparcial que investigue los homicidios de Al Iromi Smith, Osvaldo Lorenzo y Luiyi Argüelles, porque desconfían en la Policía Nacional y del Ministerio Público.

El descontento de los trabajadores se mantiene a pesar de que el lunes pasado, el secretario del Ministerio Público, Rigoberto González, ofreció un informe detallado de las investigaciones judiciales que adelantan sobre estas muertes.

La participación del secretario de la Procuraduría de la Nación responde a una petición que hizo el ombudsman a la jefa del Ministerio Público.