L a ausencia de infracciones para los empresarios que violen el reglamento de seguridad y la no regulación en materia de salud, son algunas de la objeciones realizadas por el SUNTRACS al decreto que promulgó el Ejecutivo para prevenir factores de riesgo en las construcciones públicas y privadas.
La dirigencia sindical también mostró su inquietud por la inclusión del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CoNATO) y del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), en la Comisión Tripartita Permanente que dará seguimiento al reglamento.
Estos aspectos pueden representar un problema en las discusiones, advirtió el dirigente Saúl Méndez, quien reiteró que en una semana dará a conocer la posición general del SUNTRACS sobre el documento.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Edwin Salamín, ha sido enfático al señalar que el reglamento de seguridad fue evacuado por el Gobierno, pero aún así invitó a la dirigencia sindical y a los empresarios a presentar sus recomendaciones.
En relación a la ausencia sanciones, el ministro Salamín aclaró que aparecen en el Código Laboral que faculta a las autoridades a multar y paralizar parcial o totalmente los proyectos de construcción que incumplan las normas de seguridad.
"Si de aquí salen otros tipos de responsabilidades, hay que ponerlas sobre las autoridades pertinentes", sostuvo el funcionario.
Los trabajadores aspiran a que se tipifique los accidentes laborales como "homicidios culposos".
Negociaciones.
Al margen de estas diferencias, el SUNTRACS volverá hoy a la Defensoría del Pueblo para discutir con el Gobierno un pliego de peticiones, que incluye el congelamiento de los precios de la canasta básica, un aumento general de salario y la eliminación de los sindicatos amarillos.
La agrupación presentará en la mesa de negociaciones el reordenamiento de sus exigencias, donde sobresalen las destituciones de Rolando Mirones y Daniel Delgado Diamante, director de la Policía Nacional y ministro de Gobierno y Justicia, respectivamente.
También insistirá en la creación de una comisión independiente e imparcial que investigue los homicidios de Al Iromi Smith, Osvaldo Lorenzo y Luiyi Argüelles, porque desconfían en la Policía Nacional y del Ministerio Público.
El descontento de los trabajadores se mantiene a pesar de que el lunes pasado, el secretario del Ministerio Público, Rigoberto González, ofreció un informe detallado de las investigaciones judiciales que adelantan sobre estas muertes.
La participación del secretario de la Procuraduría de la Nación responde a una petición que hizo el ombudsman a la jefa del Ministerio Público.
No comments:
Post a Comment