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| sanción. La única multa impuesta por colusión por parte de la Acodeco fue de 100 mil dólares el año pasado a dos empresas que proveerían de oxígeno a la Caja de Seguro Social. LA PRENSA/ Archivo |
Esta es la proyección de la Dirección Nacional de Libre Competencia de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), basada en estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En 2010, las contrataciones representaron 5 mil 686 millones de dólares, lo que significaría que el país habría pagado al menos 500 millones de dólares en exceso por esos contratos.
Sobre estos señalamientos, la Dirección de Contrataciones Públicas cita la creación de la “Unidad para el control y optimización de los procesos de compras”, con el fin de monitorear los precios de referencia y recomendar la suspensión de cualquier compra considerada onerosa.
La institución también impulsa métodos de evaluación que no tengan el precio como factor determinante, sino aspectos técnicos y financieros.
Falta de presupuesto limita competencia en contratos
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reveló fallas institucionales que le restan competitividad al país y encarecen las compras estatales.
En Panamá, de acuerdo con las investigaciones del organismo internacional, operan carteles o empresas que se ponen de acuerdo para incrementar el valor de las compras públicas, situación que se agrava ante la dificultad de investigar de la Autoridad del Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).
El documento titulado Derecho y Política de la Competencia en Panamá, publicado en 2010 por la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destaca que la poca acción de la Acodeco en defender la política de la competencia se debe a “los escasos recursos y el limitado apoyo que recibe por parte del Gobierno”.
La entidad tampoco trabaja de forma mancomunada con la Dirección de Contrataciones Públicas para analizar las compras del Estado, que el año pasado totalizaron $5 mil 686 millones entre contratos adjudicados, por adjudicar y vigentes.
Para Ramón Barreiro, consultor de la firma Goethals Consulting, es el Estado el que mantiene las condiciones para que se acuerden precios y se formen carteles, porque la mayoría de los contratos se hacen para un grupo muy reducido de empresas.
Mientras más pequeña es la participación, es más probable que se acuerden precios en una licitación para que el ganador se adjudique un proyecto sobrevalorado y, en las próximas ocasiones, manipulan los precios para que todos puedan ganar.
Para solucionar el problema, Barreiro sugiere revisar la ley de contrataciones públicas, permitir que más empresas participen y recortar el plazo de pago a los proveedores, algo que también impulsa el incremento de los costos.
Oscar García Cardoze, director Nacional de Libre Competencia de Acodeco, dijo que están solicitando inicialmente una partida al Ministerio de Economía y Finanzas para sumar a cuatro personas adicionales (dos abogados y dos economistas) al equipo de trabajo.
Además, diseñaron un plan de trabajo para fortalecer la Dirección de Contrataciones Públicas, para lo que se designará un equipo de ambas instituciones que trabaje en el pliego de cargos de las licitaciones más importantes.
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