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La Alianza Ciudadana Pro Justicia, que aglutina a unas 20 organizaciones de la sociedad civil, pidió a los candidatos presidenciales que presenten sus listas de donantes al Tribunal Electoral y al Ministerio Público para su investigación.
“La noticia de la posible infiltración de dinero proveniente de actividades ilícitas, nos alerta sobre los riesgos de mantener una legislación electoral tan permisiva como la panameña en materia de financiamiento privado”, dice un boletín de la agrupación que alude a las declaraciones de David Murcia –preso en Colombia e investigado en Panamá por lavado de activos y captación ilegal de dinero– de que había “invertido” 6 millones de dólares en la campaña presidencial de Balbina Herrera y en la de Roberto Velásquez Abood, para la Alcaldía.
Reiteran que en la próxima reforma electoral debe establecerse un límite a las donaciones privadas, tope a los gastos de campaña y transparencia en la lista de donantes, tal y como lo han pedido desde el año 2000.
Sugieren que el Gobierno panameño haga un llamado al de Colombia y a las autoridades judiciales de ese país para que colaboren con la Procuraduría de Panamá.
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