TVN Noticias llega a Cerro Colorado

Les presentamos la segunda parte del reportaje especial sobre el yacimiento de cobre de Cerro Colorado. Esta vez mostraremos las reacciones de diversos sectores. Video

En las faldas de Cerro Colorado nace el río San Félix, uno de los afluentes más importantes de la región.

Un poco más abajo, un puente deja atrás la comarca y da paso a comunidades como San Félix, Lajas y Remedios, donde la incertidumbre crece cada día más, pues los ríos se desplazan a lo largo de varias comunidades dotándolas de agua potable.

Xavier Rodríguez del Consejo de San Félix dijo que la pregunta que le hace a los mineros y exige una respuesta al 100 por ciento es ¿cómo pueden garantizar que no va a haber derrame o filtración?

La Cámara Minera de Panamá tiene su posición y defiende a las empresas. Unas 14 compañías de las más grandes del mundo en esta industria han mostrado interés en participar en la licitación de Cerro Colorado.

Zorel Morales de la Cámara Minera de Panamá mencionó que no pueden decir que no suceda algún problema el día de mañana en Cerro Colorado, pero resaltó que de allí a que ese problema represente un apocalipsis es falso. Morales destacó que si fuera así muchos países en el mundo no estarían llenos de mina.

Este yacimiento generaría unos 100 mil millones de dólares que los especialistas aseguran se llevarán empresas extranjeras.

Por su parte, el Economista Adolfo Quintero indicó que si les van a dar una regalía del cuatro por ciento, ¿cuánto será el porcentaje de utilidades que sale del país?

Para Quintero, siendo Panamá la fuente de la riqueza, independientemente de ese cuatro por ciento, el país debe participar de la utilidad.

Expertos mencionan que en la comarca no hay mano de obra calificada y los ngöbes no se beneficiarán de las plazas de empleo.

A los ngöbes les inquieta la presencia de chilenos en la zona, hablan de campamentos donde se han ubicado a explicarles sobre los beneficios de las minas. El gobierno sabe quiénes son, pero dice no tener relación con ellos.

El Ministro encargado de Comercio, Ricardo Quijano mencionó que le han dicho a la empresa chilena que no pueden estar ahí, ya que no tienen derecho. Pero recalcó que al final es la autoridad competente la que tiene que actuar.

Según Quijano, Cerro Colorado es categóricamente un yacimiento que sacaría de la pobreza a todos los habitantes de las áreas indígenas que están ahí. El Ministro encargado agregó que eso no va a dañar el medio ambiente, a pesar de que siempre hay una mitigación. Subrayó que pueden estar tranquilos los habitantes de Cerro Colorado, ya que por ahora no se pretende tocar ese lugar.

Las reformas al Código de Minerales buscan aumentar las regalías para el Estado y abrirle camino a empresas extranjeras para que inviertan en Panamá. El gobierno dice que el proyecto nada tiene que ver con la explotación de Cerro Colorado.

Especialistas y ambientalistas hablan de posibles impactos al ambiente.

Para Alida Spadafora de ANCÓN existe el uso de los químicos que también conllevan peligro y riesgo, para los cuales institucionalmente no se está preparado en este país, ya que no se cuenta con la capacidad, según Spadafora, de ni siquiera para detectar cuando una persona está afectada por metales pesados.

El geólogo Mario Pineda señaló que hablar de proyectos mineros es indicio a graves efectos ambientales, lo que produce primeramente destructivos cambios en la geomorfología.

Pedimos en reiteradas ocasiones una entrevista con funcionarios de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), pero ante un tema de tal envergadura prefirieron guardar silencio.

Navarro responsabiliza al Gobierno de las protestas

El ex Alcalde de Panamá, el perrredista Juan Carlos Navarro, negó en Noticias AM de TVN que el PRD esté detrás de las protestas de los universitarios, indígenas y ambientalistas que rechazan las reformas al Código Minero.

Navarro responsabiliza en cambio al Presidente de la República de lo que ocurra, por negarse a atender las peticiones de los grupos que se oponen a las reformas al Código Minero.

"Los culpables de las protestas de ayer, mirése en el espejo" dice Navarro al Presidente.

El perredista expresó que siente tristeza, lástima, impotencia y molestia por lo ocurrido a los indios gnäbe buglé, y aseguró que éstos perderán su comarca si se instala la minería a cielo abierto en Cerro Colorado.

44 por ciento del territorio ha sido entregado en concesión y casi todas las concesiones están en parques nacionales y comarcas indígenas , puntualizó Navarro.

Tras señalar que jamás claudicará en sus principios ambientalistas ya que fue dirigente de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza ( ANCON), Navarro dijo que es su posición y la de su partido, que se apruebe una pausa, una moratoria de un año para analizar el tema minero.

Acusó al Gobierno de incapaz, sordo, ciego, mudo y de imponerse como le da la gana.

Navarro se mostró confiado que el PRD ganará las próximas elecciones, cuando anunció que el 1 de julio de 2014, el nuevo gobierno devolverá las "reformas malditas a la Asamblea" para que sean echadas para atrás.

Proyecto 9 en 1, a punto de ser ley

OHIGGINIS ARCIA JARAMILLO
oarcia@prensa.com

A puertas cerradas y con policías dentro del edificio de la Asamblea Nacional –por orden del presidente, José Luis Varela–, la mayoritaria bancada oficialista aprobó ayer, en tercer debate, el proyecto de ley sobre aviación comercial que además reforma los códigos de Trabajo, Penal y Judicial, y otras seis leyes.

42 votos a favor y 17 en contra fue el resultado de la votación, que deja el proyecto a un paso de convertirse en ley, a pesar del rechazo de los diputados de oposición y de decenas de grupos de la sociedad civil organizada que durante toda la semana acudieron a la Asamblea para exigir que se eliminaran de la propuesta de ley los temas de ambiente, derechos humanos y sindicalismo.

Miembros de grupos como MarViva, la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, el Centro de Incidencia Ambiental, la Unión de Aviadores Comerciales y el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción no ingresaron al hemiciclo legislativo ayer, porque el presidente de la Asamblea así lo ordenó.

Tras conocer que el proyecto había sido aprobado, los grupos convocaron a una reunión en la Universidad de Panamá, mañana lunes, a las 5:00 p.m., para analizar las medidas que tomarán para que el presidente, Ricardo Martinelli, quien estuvo fuera del país los últimos cinco días, lo vete.

Diputados le dan otro ‘sí’ al polémico proyecto 9 en 1

OHIGGINS ARCIA JARAMILLO
oarcia@prensa.com

El rechazo de los trabajadores, ambientalistas y aviadores comerciales al proyecto 9 en 1 fue ignorado por los 42 diputados oficialistas que participaron ayer del debate en la Asamblea Nacional.

Tras cuatro horas de discusión (a la 1:00 p.m.), la bancada oficialista aprobó en tercer debate el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que promueve la aviación civil, reformando de paso el Código Penal, el Código Judicial y el de Trabajo, además de seis leyes.

Si el presidente, Ricardo Martinelli, le da el visto bueno a esta propuesta, los policías no serán detenidos por la comisión de un delito en sus horas laborales. Además, las obras que el Gobierno declare como de “interés social” no deberán someterse al estudio de impacto ambiental; y cuando los trabajadores declaren una huelga, no podrán cerrar la empresa.

Los anteriores aspectos son los que más preocupan a grupos como el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), MarViva y la Alianza Ciudadana pro Justicia.

Miembros de estos grupos –como Raisa Banfield, Gabriela Etchelecu, Alida Spadafora y Saúl Méndez– trataron de entrar a la Asamblea para repudiar la ley.

Sin embargo, todas las puertas de acceso estaban cerradas. No les quedó otra opción que gritar consignas desde la Plaza 5 de Mayo.

En tanto, en el hemiciclo, los diputados oficialistas y los opositores seguían enfrentados. Los primeros buscaban que la ley fuera aprobada lo antes posible, mientras que el otro bando quería dilatar el debate.

De la bancada de oposición hicieron uso de la palabra 10 diputados, entre ellos Juan Carlos Arosemena, Raúl Pineda, Leandro Ávila y Benicio Robinson.

De los oficialistas, pocos pidieron la palabra. Pero hubo quienes –como Miguel Fanovich y el presidente de la Asamblea, José Luis Varela– defendieron con elocuencia la propuesta del Ejecutivo. Finalmente, recibió 42 votos a favor y 17 en contra.

Las reacciones de la sociedad civil no se hicieron esperar. Banfield dijo que, si el Ejecutivo sanciona el documento, lo demandarán.

Saúl Méndez también advirtió que no se quedarán de brazos cruzados. “Llamamos al pueblo a una resistencia social”, anunció.

El vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela, aceptó que “faltó divulgación y una mejor exposición del contenido de la ley”. Sin embargo, no explicó por qué razón se incluyeron nueve temas tan variados en una sola propuesta de ley.

¿Qué poder tienen los obreros?

El movimiento sindical está en alerta. La reciente reforma parcial al Código de Trabajo incluyó cambios a las convocatorias a huelga, y a la formación de nuevos gremios de trabajadores. Estas nuevas disposiciones no fueron del agrado del sector obrero, uno de los más beligerantes del país. Por ello, dicen, no descartan convocar a una huelga general en rechazo a estos y otros cambios que ha anunciado el Gobierno para julio próximo. Pero, ¿qué poder tienen los obreros?, sector que en los últimos años ha mostrado tantas divisiones.

EL PANORAMA

El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) es el gremio que aglutina la mayor parte de los sindicatos del país.

En la actualidad está integrado por 10 grupos de todo el país, con un total de 180 mil trabajadores. Están en el Conato, la Confederación de Trabajadores de la república de Panamá (CTRP), la Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP), la Confederación Gremial de Trabajadores de la República de Panamá (CGTRP), la Federación Nacional de Servidores Públicos de Panamá (Fenasep), la Federación Sindical de los Trabajadores de Panamá, la Confederación Gremial de Trabajadores, la Confederación Gremial, Convergencia Sindical, la Unión General de Trabajadores y la Casa Sindical.

La Confederación Nacional de Unidad Sindical (Conusi), una de las más fuertes, formaba parte de Conato, pero fue expulsada justo cuando se discutían las polémicas reformas a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), en 2005.

Conusi es el grupo más poderoso, porque tiene en sus filas al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs). Además, cuenta con ocho federaciones, tres sindicatos regionales y cuatro sindicatos nacionales.

“Fuimos expulsados de Conato porque en ese momento el gobierno del Partido Revolucionario Democrático (PRD) así lo quiso”, aseguró Gabriel Castillo, secretario general de la Conusi.

Conusi está formada, en su mayoría, por trabajadores del comercio, de la agricultura, de la industria del papel y de la telefonía. En total, son unos 52 mil empleados, calculó Castillo.

SUS RECURSOS

En 2005, cuando se discutieron las reformas a la ley de la CSS, el movimiento sindical se fue a huelga general, en medio de la pelea interna entre los dirigentes.

A pesar de las divisiones, lograron su objetivo: presionar al Gobierno mediante la paralización laboral, para que estableciera una mesa de diálogo por el Seguro Social. A ellos se les unió el sector de los médicos, el de los educadores y el de los profesionales del país. La huelga duró un mes.

Según Castillo, en estos momentos están preparados para resistir nuevamente un mes de huelga, para enfrentar lo que ellos califican como las “nefastas” reformas laborales que impulsa el gobierno del presidente, Ricardo Martinelli.

La Conusi maneja su propio presupuesto. Cada trabajador le aporta 10 centésimos mensuales (lo que suma 62 mil 400 dólares cada año), explicó Castillo. Además, Suntracs, recauda una cuota de dos dólares por cada obrero de la construcción. “Lógicamente, el sindicato más fuerte económicamente es Suntracs”, reconoció Castillo.

Rafael Chavarría, dirigente de Conato, aseguró que esta agrupación también está preparada para resistir un mes de huelga, aunque sostuvo que cuentan con una mejor estrategia para no llegar a ese extremo. Se trata, explicó, de lograr el apoyo de todos los sectores del país para que la huelga solo dure un día. “Así la presión es más fuerte para el Gobierno”, adujo.

LA LUCHA VA

Los líderes sindicales aún tienen diferencias. Sin embargo, han lanzado puentes para lograr una unidad, con el objetivo de crear un frente común en contra de las anunciadas reformas laborales. Genaro López, secretario general del Suntracs, indicó que aún desconfían de la cúpula del Conato –luego de que aprobaran la expulsión de Conusi en 2005–, aunque anunció que están dispuestos a dialogar con dirigentes intermedios.

Por su lado, Castillo informó que esa posibilidad está sobre el tapete y la analizarán. “La división no es un secreto, pero el movimiento sabe dejar aparte esas diferencias para luchar unidos”.

Rafael Chavarría, por su lado, dijo que esperan la respuesta de Conusi.

josé gonzález pinilla

Crimen ecológico

Rafael E. Berrocal R.
rberrocal@prensa.com

Las playas del distrito de Pedasí, en la provincia de Los Santos, ya no son las mismas. La verde vegetación y sus extensos manglares son cosa del pasado.

El desarrollo de los grandes proyectos turísticos son parte del problema, aunque algunos de los inversionistas intentan incorporar la parte ecológica.

Una muestra de ello son las playas Los Destiladeros y Venado, donde se han realizado talas y quemas de manglares sin permiso.

Devastación a toda marcha

El desarrollo descontrolado de proyectos turísticos y la compra y reventa de tierras para extranjeros han transformado radicalmente lo que hace 15 años era un pueblo tranquilo y rico en tradiciones culturales: el distrito de Pedasí, provincia de Los Santos. Estafas, invasiones de terrenos, conflictos familiares por herencias y los especuladores son un problema cotidiano en Pedasí.

Pero, detrás de ello están pasando inadvertidos los crímenes ecológicos, un problema que difícilmente podrá ser subsanado y donde no hay hasta ahora responsables y sancionados. La mayoría de los millonarios proyectos que se desarrollan en el lugar son de playa, y muchos de ellos no toman en consideración el impacto ambiental si hay oportunidad de ganarle más terreno al mar.

Una investigación realizada por La Prensa comprobó los daños causados a las playas Los Destiladeros y Venado, esta última comprada recientemente por un consorcio israelí en 12 millones de dólares, según información manejada por la alcaldía de Pedasí. Dos proyectos en Los Destiladeros han talado manglares y desviado quebradas y ríos para encajar sus proyectos en la playa con la mejor vista posible.

El caso más reciente fue el proyecto Panamaes Beach Resort, donde casi dos hectáreas de manglares fueron taladas y el curso de una quebrada fue tapada con piedras. En el lugar todavía quedan las señales del manglar que antes existió y el camino de piedra donde antes desembocaba la quebrada en el mar.

La empresa ha procedido a señalizar el lugar de las primeras casas frente al mar.

Plinio Mancilla, alcalde de Pedasí, dijo conocer del problema, pero afirma que las instituciones competentes, la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), no han querido entrar a detener esta tala de manglares.

“Ellos (Anam) no están cumpliendo con su función. Tienen que exigirle a estas empresas que reforesten el lugar afectado y luego sacarlos. Pero una multa de 50 dólares no es nada para estos empresarios”, indicó Mancilla.

Uno de los dueños de Panamaes Beach Resort es el empresario estadounidense Paul Stallings, quien también demolerá la antigua sede del Club Unión, en San Felipe, para construir un hotel de 139 habitaciones.

En el proyecto Azueros, el empresario francés Gillen Saint-Gilles, señaló que ha tratado de causar el menor daño posible. Ahora sólo quedan las marcas de lo que fueron los desvíos de quebradas y tala de árboles nativos para la construcción de las villas y casas individuales.

Saint-Gilles dijo a La Prensa que tiene los permisos para haber intervenido el área y que cuenta con un proyecto de reforestación para compensar los daños.

El empresario dijo que hasta ahora ha sembrado 33 mil árboles de especies nativas y que todo lo trata de hacer de manera correcta. “Si nos hemos equivocado en algo, estamos para corregirlo. Pero en nuestra área no hay manglares como en los otros proyectos”, señaló Saint-Gilles.

En tanto, los representantes legales de Panamaes dijeron a La Prensa que cuentan con todos los permisos para la tala de los manglares.

Pero además resaltan que su proyecto es totalmente “ecológico” porque contempla la conservación de bosques.

Sin embargo, el ambientalista que llevaba la parte del programa ecológico renunció a su cargo.

Según la empresa, ya se le buscó reemplazo al ambientalista e informó que de las 300 hectáreas que compraron en este lugar sólo intervendrán 80. En tanto, la oficina de Anam en Los Santos aceptó que otorgó los permisos para los desvíos de los ríos aduciendo que el daño ambiental no era drástico.

Además la institución señaló que no puede intervenir en el caso de la tala de manglares porque estas no son áreas protegidas. Es decir, la responsabilidad es de la ARAP.

Como parte de las iniciativas aisladas que buscan combatir el problema, esta semana el Consejo Municipal de Pedasí aprobó una resolución en la que designa nuevos lugares donde no se podrá construir ninguna estructura a menos de 200 metros de la costa. Esto incluye el área de la desembocadura del río Purio, Punta Rincón, Las Magdalenas y la zona donde está el Laboratorio de Achotines (investigación de atún) en El Ciruelo. En el caso de Punta Mala se decidió que sólo se podrán construir casas residenciales de ahora en adelante.

Los representantes de corregimiento del distrito de Pedasí también acordaron plantear una estrategia de desarrollo sostenible con el ambiente para playa Venado. Esto debido a las nuevas inversiones que se avecinan en el lugar. Sin embargo, el tema de la playa Los Destiladeros no fue tratado entre los representantes.

ENTRE LA REALEZA

A pesar de todos estos problemas, detrás de las playas de Pedasí también se desarrollan proyectos que buscan contribuir con el medio ambiente, entre ellos el que promueve el príncipe Maximilian de Liechtenstein, quien está casado con una panameña nacida en Bocas del Toro, Angela Brown. Hoy a su esposa se le llama la princesa Angela de Lichtenstein.

El príncipe está construyendo una casa de playa en Pedasí de cinco habitaciones y se ha propuesto reforestar 45 hectáreas con especies nativas en lo que se conoce como Los Destiladeros en Pedasí.

PLAYA VENADO

A 30 kilómetros de Los Destiladeros también se encuentra otra playa que sufre los problemas de la deforestación de manglares. Se trata de playa Venado, muy reconocida por las competencias de surf.

La suerte del lugar ha dado un giro inesperado y su uso público será restringido en corto tiempo.

Un consorcio que tomará el nombre de Venao Resort compró recientemente, a la familia Cárdenas, las siete hectáreas de terreno que están frente a esta playa por la suma de 12 millones de dólares, según el reporte de la transacción en la alcaldía de Pedasí.

En esta playa también se han empezado a registrar quemas no autorizadas de manglares, pero nadie se responsabiliza por ello.

Más de cuatro quemas se dieron en este verano que afectaron al menos cuatro hectáreas de manglares.

La representación de Anam en Los Santos dice desconocer sobre estos casos.

El consorcio que compró los terrenos frente a la playa Venado comenzó a desviar la quebrada que desemboca en la costa.

La familia Cárdenas todavía tiene la administración del rancho de la playa Venado, pero los nuevos dueños ya le han puesto fecha de salida.

Los residentes de los pueblos cercanos a esta playa dicen haber visto a la estrella de cine Mel Gibson recorriendo varias propiedades en el lugar, pero nunca llegó a comprar.

“Los proyectos nuevos que se desarrollen en estas áreas deben ser amigables con el ambiente”, indicó Nicolás Nickson, dueño del proyecto Eco Venado.

Nickson señaló que en su caso la construcción del hotel ha tratado de adaptarse al ambiente, “no adaptar el ambiente a la construcción. He tratado de tener mucho cuidado con esto”.

DESASTRE NATURAL

La Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon) sostiene que la raíz del problema de devastación de los manglares es la falta de una legislación apropiada.

“Esto ha permitido que muchos inversionistas se aprovechen sin tomar en cuenta el daño ecológico causado”, dijo Alida Spadafora, directora de Ancon.

Hace dos años, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la fundación Marviva y el Gobierno financiaron la preparación de un anteproyecto de ley para el manejo sostenible de los manglares, pero no ha sido remitido a la Asamblea de Nacional para su aprobación.

Para Ancon fue un error traspasar la función de protección y manejo de los manglares a la ARAP. “La Anam hacía mejor trabajo protegiendo los manglares del país”, aseveró Spadafora.

Los manglares son uno de los ecosistemas más importantes para la vida marina. Stanley Heckadon, director del laboratorio marino del Smithsonian en Punta Galeta, los calificó como “grandes arcas de Noé”.

Pero aclaró que las funciones de los manglares son múltiples: ayudan a purificar el aire y las aguas, permite la formación de nuevas tierras, son una barrera natural contra los huracanes y sirven a las aves como sitios para anidar.

“Los lugares más afectados por el tifón de Myanmar fueron donde había desforestación de manglares”, recalcó Heckadon.

Para la pesca los manglares también son importantes. Son el hogar de los camarones y cangrejos en sus primeros días de vida. “Está comprobado que los lugares donde mayor concentración de camarones hay para pesca en Panamá son los que se encuentran en las desembocaduras de los principales ríos del país”, dijo el representante del laboratorio de Smithsonian.

Más de 42 estafas y tomas ilegales

Los casos de estafas y disputas legales son sorprendentes. En la ciudad de Las Tablas se realizó en mayo de este año un foro sobre propiedad privada al cual asistieron 42 personas que dicen haber sido estafadas o tienen problemas de invasiones de terreno.

Entre los casos resalta una persona que vendió tres veces un terreno sin tener un título de propiedad o derecho posesorio sobre la tierra.

Otro de los casos es el de un terreno que perteneció a Moisés Espino, abuelo del presidente Martín Torrijos, y que luego se vendió a la familia Domínguez en 1935.

Ahora toda la franja de la propiedad frente a la playa Uverito en Las Tablas fue

vendida por otra persona. Entre los compradores se encuentran el diputado Olivares De Frías y otros funcionarios regionales.

Los Domínguez levantaron un largo proceso legal que parece haber terminado la semana pasada. Un fallo del juzgado primero del circuito de Los Santos certificó que la familia Domínguez tiene la potestad sobre estos terrenos.

Abel Domínguez, uno de los propietarios, señaló que procederán a tomar posesión sobre las 10 propiedades que se habían construido en sus terrenos. Esta finca fue visitada el año pasado por los representantes del cantante Julio Iglesias, quien buscaba construir un resort. Pero los problemas legales aguaron el negocio. Ahora sus dueños dicen que venderán toda la finca de 116 hectáreas a 10 dólares el metro cuadrado.

El alcalde de Pedasí, Plinio Mancilla, sostiene que las estafas son constantes, así como los reclamos por invasiones de terrenos. “Me he convertido en consejero de muchos inversionistas que deciden venir primero a la alcaldía”, dijo Mancilla. Sostiene que casi siempre los inversionistas andan buscando terrenos para luego especular en la reventa.

Hace tres años una hectárea de terreno en Pedasí podía comprarse a 3 mil dólares, pero ahora está cotizada en 50 mil dólares. “Yo siempre le advierto a los residentes de Pedasí que una vez vendan tendrán que irse a vivir a otro lugar porque con lo que recibirán no les dará para quedarse en el pueblo”, comentó Mancilla.

El alcalde de Pedasí, Plinio Mancilla, aceptó que existe un problema de deforestación, pero indicó que las autoridades competentes (Autoridad Nacional del Ambiente -Anam- y Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá- ARAP) no han querido intervenir.

Recientemente un consorcio israelí compró todas las propiedades frente a playa Venado para levantar un resort con casino. Desde entonces se han registrado quemas de manglares, según los moradores. Anam se comprometió a inspeccionar el área.

Arrasan con isla

Rafael E. Berrocal R.
rberrocal@prensa.com

La compañía que desarrolla el proyecto fue multada por segunda ocasión por tala no autorizada.

Gremios ambientalistas consideran que se debió aplicar una sanción más fuerte y paralizar la obra.

El desarrollo de la isla Viveros parece no estar teniendo compasión con la vegetación del lugar ubicado en el archipiélago de Las Perlas. La empresa que desarrolla el proyecto por 100 millones de dólares, Viveros Development, ha vuelto a ser multada por la tala no autorizada de más de dos hectáreas en el lugar.

Esta vez la sanción aplicada por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) es de solo 9 mil 214 dólares, que se suman a la primera multa de 40 mil dólares también por tala no autorizada en el lugar. El monto de las sanciones incluyen la indemnización por daños ambientales.

Lizandro Arias, director de la Anam para la región metropolitana, señaló que las inspecciones en ese proyecto son constantes ya que el mismo se encuentra dentro de un área ecológica delicada.

Arias indicó que en la primera violación que cometió Viveros Development, la Anam ordenó la paralización del proyecto por siete meses hasta que cumplieran con algunas correcciones, entre ellas la colocación de mallas para que la erosión de la tierra no fuera a afectar las cristalinas aguas marinas.

La empresa alega estar cumpliendo con las normas ambientales y continúa adelante con el desarrollo del proyecto que contempla la intervención directa de 27 hectáreas, incluyendo la construcción de una pista aérea, canchas de golf, carreteras, hotel, residencias, muelles y marina.

La Asociación para la Conservación de la Naturaleza (Ancon) advirtió que el proyecto también le está haciendo un daño enorme a una de las zonas coralinas más importantes del país debido a que la deforestación en la isla genera sedimentación de tierra a las aguas marinas. La institución señaló que por la reincidencia en la tala no autorizada el proyecto debió paralizarse.

"No se puede jugar con nuestro futuro y la naturaleza so pretexto de que inversiones generan unos cuantos empleos temporales y lucran por mucho tiempo a unos pocos", comentó el ecólogo Elvin Britton.