batalla campal. En la tarde de ayer, las protestas se extendieron al lado oeste de la ciudad de David, en el puente sobre el río Risacua, en la vía Interamericana. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Marcelino Rosario
Indígenas, dirigentes de la sociedad civil y políticos responsabilizan directamente a Ricardo Martinelli de lo que está ocurriendo en el país.
Ante la nueva oferta de diálogo del Gobierno, la Coordinadora exigió la liberación de todos los detenidos y la mediación de la Iglesia como garante.
Un muerto y decenas de heridos
REDACCIÓN DE LA PRENSA
VÍCTIMA. Jerónimo Rodríguez llegó a protestar desde Boquete, pero murió en San Félix. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Flor Bocharel
Un indígena de 27 años de edad muerto y otros 40 civiles heridos; 6 policías lesionados y 44 manifestantes detenidos, entre estos, 10 menores, fue el resultado de los operativos para despejar la carretera Interamericana efectuados ayer por la Policía Nacional, confirmó esta dependencia de seguridad pública.
Según ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, funcionario, en la jornada también se reportó la quema de los cuarteles de la Policía Nacional en San Félix, y en Risacua, en la entrada de David, así como el intento de vandalismo en una sucursal del Banco Nacional.
En relación con el indígena muerto, identificado como Jerónimo Rodríguez Tugrí, de 27 años, el ministro detalló que su cadáver era sometido ayer en la tarde a una autopsia a fin de que los médicos forenses determinaran la causa del deceso.
La comisión de patólogos que realizaba dicha tarea era encabezada por el subdirector del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), José Vicente Pachar, precisó Mulino.
Sin embargo, el ministro afirmó que el proyectil que mató a este joven –al impactarlo en el pecho– no era del calibre usado por la Policía Nacional.
Afirmó que Rodríguez Tugrí fue muerto de un disparo de un arma calibre .38, que no es el correspondiente a las armas de reglamento de los uniformados.
Socorro. Los heridos en el poblado de Viguí fueron llevados al Hospital Luis Chicho Fábrega. LA PRENSA/Bienvenido Velasco
Precisó, además, que los policías desplazados a las zonas de protestas solo llevaban consigo equipos para el control de multitudes, es decir, escopetas de perdigones y bombas lacrimógenas.
Tal información fue reiterada por la Policía Nacional en varios comunicados públicos, en uno de los cuales, además, informó de la detención en San Félix de un indígena con un revólver calibre .38, y de otro con bombas incendiarias (molotov).
Pero el cacique de la comarca Ngäbe Buglé Celestino Mariano, testigo de la muerte de Rodríguez Tugrí, afirmó que el proyectil que lo mató fue de la Policía.
Según el cacique, el hecho ocurrió a las 7:25 a.m., y después de resultar herido el joven indígena vivió unos 30 segundos, ya que no pudo respirar más.
Rodríguez Tugrí bajó ayer desde Jaramillo, en Boquete, para protestar por la explotación de la mina de cerro Colorado, la tierra que le vio nacer el 14 de diciembre de 1984.
“Jerónimo murió porque enfrentó muy cerca a los antimotines”, dijo, por su lado, el fiscal de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé, Alberto Montezuma.
“Tenemos parte del proyectil que mató a nuestro compañero. Desmentimos a Mulino. Nosotros nos defendimos con palos y piedras y de ahí, más nada. Como ellos saben que los gases lacrimógenos no nos afectan, esta vez nos reprimieron más fuerte que el año pasado, con balas calibre 12”, dijo.
Según Montezuma y el cacique Mariano, antes de que Rodríguez Tugrí cayera herido, ya lo habían hecho otros tres indígenas: Marcelino González, Clemente Rodríguez y Catalino Villagra, aunque con heridas en los brazos, piernas y rostro.
Fidelina Gallego Santiago, compañera de Rodríguez Tugrí, pidió al Gobierno que devuelva el cadáver de este, que fue sacado en helicóptero desde el hospital general de San Félix.
Otros reportes
Rogelio Montezuma, de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y del Derecho del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesino, informó ayer que solo en San Félix, se reportaron 37 civiles heridos en las enfrentamientos de ayer.
En tanto, fuentes médicas del hospital Rafael Hernández de David confirmaron que a ese centro fueron llevados en horas de la tarde tres de los heridos procedentes de la Interamericana.
Entre dichos heridos está Armiro González, quien sufrió una fractura en el brazo derecho y fue llevado al hospital en un helicóptero; Jazmín Guerrero y Jesús Montezuma, ambos con fracturas en las extremidades y trasladados por tierra desde las zonas de las manifestaciones.
Desde Risacua, Chiriquí, se reportó la detención de más de 40 personas y 10 heridos, víctimas de enfrentamientos al final de la tarde.
Por su parte, autoridades del Ministerio de Salud, en Veraguas, confirmaron que hasta la noche de ayer habían atendido a 15 indígenas y cuatro policías heridos como resultado de los enfrentamientos en Viguí.
Estos heridos fueron sacados por los socorristas de la Cruz Roja Panameña y, luego de ser estabilizados en el centro de Salud de Los Ruices, fueron trasladados al Hospital Regional Luis Chicho Fábrega de Santiago de Veraguas.
Jennie Guerra, directora regional del ministerio en Veraguas, confirmó que otros dos heridos de los disturbios en San Félix fueron trasladados vía terrestre en ambulancia de la entidad al hospital de Santiago.
Guerra informó que la condición de todos los heridos es estable.
Uno de los policías heridos perdió un dedo tras el impacto de una piedra.
Pese a que los enfrentamientos siguieron esporádicamente en Ojo de Agua y Viguí, la Cruz Roja Panameña ordenó retirar a todo el personal por su seguridad.
Emilio Londoño, presidente de la Cruz Roja Panameña en Veraguas, explicó que al caer la noche la situación “era insegura” en Los Ruices, Ojo de Agua y Viguí.
Por otra parte, autoridades del Hospital Luis Chicho Fábrega confirmaron que hasta la noche de ayer habían sido ingresados allí, al menos, 10 indígenas heridos “de proyectiles de armas de fuego”, entre los cuales había al menos uno de bala, así como personas afectadas por los gases lacrimógenos lanzados en San Félix.
Dos de los heridos fueron operados y quedaron hospitalizados en condición estable. José Sugasti, médico del cuarto de urgencias, señaló que el herido de bala presentó, además, una fractura en una pierna y que el resto tuvo heridas de perdigones en la espalda y las piernas.
Luz de Gracia, directora regional de la Defensoría del Pueblo de Veraguas, señaló, luego de visitar a los heridos, que todos son de San Félix y llegaron sin nada al hospital, por lo que se coordina con la dirigencia indígena y grupos populares para dotarlos de ropa y alimentos.
Tras las rejas
En cuanto a los detenidos, el ministro Mulino informó que desde ayer el procurador de la Nación, José Ayú Prado, comisionó a fiscales de Chiriquí y Veraguas para realizar las investigaciones pertinentes; estos últimos de acuerdo con el nuevo sistema penal acusatorio.
A su juicio, en toda esta situación hubo la clara comisión de varios delitos, entre estos el secuestro.
(Rafael Luna Noguera, Isidro Rodríguez, Flor Bocharel, Sandra Alicia Rivera, Edilsa González Roca y Víctor Eliseo Rodríguez).
Patria Portugal acusa a comisionado de agredirla
La defensora del Pueblo, Patria Portugal, denunció ayer que fue víctima de agresión policial al intentar mediar en los enfrentamientos entre indígenas de la comarca Ngäbe Buglé que protestaban por la aprobación de la Ley Minera y agentes de la Policía Nacional en David, provincia de Chiriquí.
El incidente se produjo dentro de un autobús que transportaba a nueve niños indígenas. Portugal acusó directamente a un mayor de la policía de apellido Steele. “El oficial me empujó, agredió y jaloneó por el hombro, en un claro atentado a mi integridad física y personal.
Si hacen esto con la defensora, qué se espera con el pueblo indígena”, comentó Portugal.
Según el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, la Defensora del Pueblo ordenó que se liberara a varios detenidos que estaban dentro del bus. “Con el mayor de los respetos, ella [Portugal] no tiene ninguna facultad legal para que le sea entregado ningún detenido por las razones que sean; ella en su momento puede ir a visitarlos a una cárcel, a una fiscalía o a la DIJ, para ver que sus derechos humanos estén bien”, explicó el ministro de Seguridad.
Eduardo Mendoza
´Gobierno violó derechos´
Mulino justificó la medida en supuestos planes de sabotaje, que pretendían derribar torres de empresas de telefonía celular.
REDACCIÓN DE LA PRENSA
SERVICIO. El titular de la cartera de Seguridad, José Raúl Mulino, informó que será hoy cuando se evalúe la conveniencia de restablecer las comunicaciones en la zona del conflicto, proceso que requerirá ciertas especificaciones técnicas que, según dijo, ni él conoce con precisión. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez
El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, reconoció ayer que fue el Gobierno, por razones de seguridad, el que ordenó la suspensión de la telefonía celular entre el Viguí (Veraguas) y Horconcitos (Chiriquí), donde indígenas Ngäbe Buglé impedían el tránsito por la vía Interamericana en protesta contra la minería.
Mulino justificó el corte basado en el argumento de que tenían información de inteligencia que daba cuenta de posibles ataques de manifestantes contra torres de empresas de telefonía celular en la zona.
Admitió que la suspensión del servicio afectó las comunicaciones de la Policía Nacional, pero también alegó que sirvió para “opacar coordinaciones políticas, manipulaciones políticas de grupos de oposición que están detrás de estos hechos”.
Agregó que la suspensión del servicio se mantendría hasta hoy, cuando se evaluará si se restablece.
Aseguró que las potenciales acciones de sabotaje están documentadas y sus posibles autores, identificados, pero aclaró que será el Ministerio Público –que investiga los hechos– el que decida si suministra esas identidades al país o no.
 Sus afirmaciones contrastran con declaraciones que él mismo dio el sábado pasado, cuando dijo a Radio Panamá que la telefonía se había visto afectada a causa del “sabotaje de algunas torres”, y afirmó que el Gobierno no tenía nada que ver con ello.
Garantías
Para el expresidente del Comité Panameño por los Derechos Humanos, Roberto Troncoso, la Constitución es clara al indicar que mientras no exista un estado de emergencia o un estado en el que haya fuerzas que pretendan violentar el orden jurídico y social del país, suspender las comunicaciones es una medida extrema que no solo viola la propia Carta Magna, sino convenciones internacionales en materia de derechos humanos.
Troncoso reconoció que puede haber algún recurso de seguridad que permita este tipo de acciones dentro de las estrategias previstas para controlar una situación dada, pero lo que no se puede permitir es que se afecte flagrantemente a personas que nada tienen que ver con dicho conflicto.
Por su parte, el doctor en derecho Ernesto Cedeño remitió a este diario un mensaje que envió al ministro Mulino a través de su cuenta de Twitter, en el que se dijo sorprendido por las declaraciones del funcionario.
“A mi juicio, no hay basamento legal suficiente para decretar tal medida y por lo tanto sería saludable que le informara al país en qué norma jurídica se ha basado para la ejecución de tal decisión, toda vez que los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley dispone, según el principio de estricta legalidad (artículos 17 y 18 de la Constitución)”, dice el mensaje.
Cedeño citó, además, la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 13 dice: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección [...] No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
En tanto, el artículo 29 de la Constitución, que forma parte de las garantías fundamentales, dice: “todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas, sino por mandato de autoridad judicial”.
La misma Constitución, en su artículo 37, precisa: “Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa, pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público”.
El artículo 55, en cambio, indica que las garantías fundamentales podrán ser suspendidas “en caso de guerra exterior o de perturbación interna que amenace la paz y el orden público”, aunque previamente se debe declarar un estado de urgencia a través de un decreto ejecutivo acordado en Consejo de Gabinete.
Dentro de la Ley 15 del 14 de abril de 2010, que creó el Ministerio de Seguridad Pública, y más concretamente dentro de sus funciones, no se hace referencia alguna a temas relacionados con las comunicaciones telefónicas ni se declara esta entidad como “autoridad judicial”.
Los puntos 1, 2 y 4 de sus facultades se limitan a lo siguiente: “coordinar los servicios de seguridad pública; coordinar las actividades de los organismos de información e inteligencia de los estamentos que integren este Ministerio para los efectos de la seguridad pública del país, en coordinación permanente con el Consejo de Seguridad Nacional; y establecer políticas y acciones de protección y seguridad de quienes se encuentren en el territorio nacional”.
LAS TELEFÓNICAS
Voceros de Cable & Wireless y Digicel confirmaron que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) dio la orden de bloquear las comunicaciones desde Viguí (Veraguas) hasta Horconcitos (Chiriquí).
Dada la orden, la operación técnica la realizó cada operador desde sus respectivas instalaciones, informaron desde Cable & Wireless.
Las empresas Claro y Movistar optaron por no dar información al respecto.
En la tarde de ayer, Mulino declaró que a través de la autoridad reguladora, fundamentado en la ley y la Constitución, y por razones de seguridad nacional, se procedió a suspender el servicio. Sin embargo, la administración de la Asep, que fue consultada, no dio detalles sobre cuáles fueron los fundamentos legales en los que se sustentó la decisión.
(Con información de Rafael Luna Noguera, Rubén Polanco, Roberto González e Isidro Rodríguez).
´Ni secuestrados ni rehenes´
Juristas coincidieron ayer en advertir como un error la calificación de secuestrados y rehenes dada por el Gobierno a las personas atascadas en el tranque de la carretera Interamericana a causa de las protestas indígenas.
La exmagistrada Esmeralda de Troitiño advirtió que los conceptos de “rehén” y “secuestro” usados por personeros del Gobierno, incluyendo al presidente, Ricardo Martinelli, significan la implicación de los manifestantes en la comisión de delitos.
“Por un lado [el Gobierno] señala que tiene a la Iglesia como mediadora para el diálogo, pero, por el otro, dice que la protesta es una acción delictiva al calificarla como un secuestro o toma de rehenes. Esto no tiene sentido”, dijo.
Reconoció que hubo personas a quienes se les impidió el tránsito por el cierre de la vía, pero indicar que estas eran rehenes es un error.
A su juicio, las organizaciones de derechos humanos del país tendrán que pronunciarse.
Por su lado, la exprocuradora Ana Matilde Gómez aclaró que a las personas atascadas en el tranque se les vulneró el derecho al libre tránsito consagrado en la Constitución, mas no se les secuestró.
“En ningún momento se pidió rescate por las personas afectadas. Sí hubo una grave afectación a terceros, pero ninguno de estos recibió una acción directa de violencia. Su situación es el resultado de una protesta legítima que, sin embargo, utilizó mecanismos ilegítimos”, precisó.
El expresidente del Colegio Nacional de Abogados Rubén Elías Rodríguez insistió que dentro del contexto de lo sucedido no aplica el concepto de secuestro ni de rehén, sobre todo porque “los terceros afectados por el cierre de la circulación bien podían irse a pie de donde estaban”.
“El problema estuvo en el cierre del tránsito con los camiones, que no podían virar, pero los carros particulares sí”, apuntó.
Según la versión web del diario La Nación de Costa Rica, de los cerca de 300 ciudadanos de ese país que quedaron atrapados en la Interamericana, al menos 100 ya habían regresado al mediodía de ayer.
Según el diario, estas personas fueron atendidas por la Cruz Roja.
La Nación citó a la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, quien, a través de su cuenta de Twitter, dijo: “Son pocos los ticos que han logrado llegar a Paso Canoas, cerca de 100. Confiamos en los esfuerzos de diálogo que están por iniciarse”.
En la misma nota se citó a Stefano Stevanovich, uno de los costarricenses varados, quien expresó: “El viaje fue muy lindo, pero terminó en una pesadilla. Me siento muy mal, tengo infecciones en el estómago y en el pie izquierdo. Fueron cuatro días sin comida ni agua”.
Asimismo, a Karla Brenes, quien relató que quedó atrapada al llegar a San Félix, y a Patricia Navarro, quien afirmó que su hija y su yerno, junto con otros viajeros, fueron tomados como rehenes.
En una nota de la agencia de noticias AP también se citó a Chinchilla: “Ticos [que] se encontraban en zona de bloqueo han sido liberados”.
Rafael Luna Noguera
Condenan enfrentamientos
Exigen la renuncia del ministro José Raúl Mulino. Gobierno alega que agotó todas las vías para dialogar.
REDACCIÓN DE LA PRENSA
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El Partido Popular (PP), en un comunicado, también expresó su “profundo rechazo” a la represión por la Policía. Milton Henríquez, presidente del PP, exigió la renuncia de los ministros de Seguridad, José Raúl Mulino; de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, y Ricardo Quijano, de Comercio. Esto es para enderezar el “mal rumbo” que lleva el Gobierno, agregó.
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