Yaritza Mojica
PA-DIGITAL
Cerca de las costas, donde se desarrollan proyectos turísticos, aún sobreviven familias humildes.
¡Porque somos pobres nos engañan! Ese es el sentir de humildes isleños y lugareños que viven y trabajan en las costas del Atlántico y el Pacífico del país.
La ignorancia y la necesidad son las principales debilidades de estas personas, quienes en los últimos años han sido víctimas de la estafa.
Esta es la realidad de muchos costeños e isleños que desconocen la discusión que se lleva a cabo en primer debate en la Asamblea Nacional sobre el proyecto de Ley 459 que busca reconocer el derecho posesorio y legitimizar la tierra.
Esta propuesta, que en un principio buscaba que la titulación de tierra fuera potestad de Reforma Agraria con un valor de B/ 6.00 la hectárea, ha sufrido modificaciones en las últimas semanas que no satisfacen a la mayoría de los lugareños.
Panamá América hizo una gira por ambos litorales y conoció de primera mano la historia de muchos campesinos humildes que temen perderlo todo al no poseer un título de propiedad y al enfrentarse a personas que les quieren arrebatar sus tierras.
Guadalupe Medina es una de las víctimas. Ella fue engañada por un abogado que le ofreció B/ 1,200 por las nueve hectáreas de terrenos que posee en isla Los Azules, en Antón, Coclé.
"Me prometieron dinero, pero debía firmar un documento otorgándole mi derecho posesorio para que me entregaran los primeros B/ 300.00, y por necesidad firmé", contó angustiada doña Medina.
Ha pasado un año, y ella no tiene contacto con sus compradores, quienes le deben dinero y la utilizaron para comprar una isla.
Su mayor temor es que le arrebaten sus tierras que ha tenido por 41 años.
Esto mismo le sucedió a Denia Camargo, con un terreno de 1,600 metros cuadrados, ubicado en la isla Boca Nueva, en Antón, donde con engaños y mentiras le compraron sus tierras en un centésimo de dólar el metro cuadrado.
Los argumentos que los compradores le presentaron a Camargo fue: "Eres pobre y nunca conseguirás un título de propiedad, pero yo te ayudo y te compro por B/ 300.00".
La necesidad de comer y comprar combustible la llevó a firmar un documento en blanco.
En la costas de San Carlos, Coronado, La Pacora, hasta Aguadulce, el sentir es el mismo: desean su título de propiedad para estar más seguros.
Así piensa Xenia Benthancour, de la playa La Ensenada, la cual ha vivido y trabajado por 55 años al lado de los pescadores, y ahora observa cómo pedazo a pedazo venden la costa.
"Yo tengo derechos posesorios y ahora sólo queda mi terreno donde llegan 120 pescadores a trabajar", dijo Xenia.
Francisco Urbina tiene una situación parecida. Él es un humilde pescador que toda su vida ha dependido de las playas de San Carlos.
Urbina no conoce lo que se discute en la Asamblea Nacional, sólo sabe que sus padres le dejaron como herencia un pedazo de tierra y un oficio para salir adelante.
Extranjeros tienen confusión
Los extranjeros son amantes de la naturaleza y prefieren los terrenos cerca al mar.
Determinar si un extranjero que posee terrenos por derecho posesorio puede adquirirlos a B/ 100.00 la hectárea o a B/ 30 mil es la mayor duda que no ha despejado la Dirección de Catastro de Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas.
Si la situación para los lugareños nacionales es complicada, los extranjeros residentes no saben dónde recurrir o a quién creerle.
Este es el caso de Miguel Untiedi y su hijo Enrique, quienes llevan 30 años de vivir en Panamá procedentes de las Islas Canarias.
Desde los años 70, estos extranjeros nacionalizados decidieron apostar su suerte y dinero en la compra de terrenos en el área de isla Grande, en la provincias Colón, para dedicarse a la ganadería.
Ahora con las segundas modificaciones elaboradas en el proyecto de Ley 459 por Catastro, donde determinan un precio por región, características y categoría de B/ 100.00 la hectárea para personas natural o lugareños como mínimo y B/ 30 mil hasta B/ 50 mil por hectárea para otros solicitantes, la situación se complica.
"Nosotros adquirimos las tierras a personas que tenían derecho posesorio, desde 1913... al comprarlas también adquirimos su tiempo", explicó el Untiedi.
La pregunta del ganadero es: "¿Por qué debemos pagar de nuevo por las tierras que ya son nuestras?", ¿Qué soy, lugareño, extranjero o local, según el Gobierno?
La respuesta hasta el momento la mantiene oculta la dirección de Catastro, que fue la que propuso la tabla de precios con las modificaciones.
Esta misma situación se repite en las costas del Pacífico, específicamente en el Puerto de Coquira, donde un yugoslavo, quien trabajó en la construcción de la represa del río Bayano ocupó unas tierras a orillas de la costa y se ha dedicado por 40 años a la ganadería.
Para los extranjeros, la situación es difícil más cuando en Internet venden la imagen de un país abierto al turismo con oportunidades para invertir, pero con poca seguridad jurídica.
Así lo siente Thomas Danson, canadiense que al jubilarse decidió vivir en Panamá, pero tiene la idea que es complicado adquirir tierras.
Discusiones.
Hoy se retoman las discusiones en la Asamblea Nacional sobre la propuesta de titular las tierras, en el salón Azul, donde la sociedad civil iniciará con un llamado a los medios de comunicación.
Se espera la participación activa de los lugareños de Colón, Panamá Oeste y Este, Pese, además de miembros de la empresa privada y la definitiva participación de la Dirección de Catastro.
Con esta reunión esperan que se logre concretar la decisión final de quién debe titular las áreas costeras e insulares y los potestad de los 200 metros después que sube la marea.
Por generaciones, los lugares han ocupado la tierra con derechos posesorios.
Más del 70% de las tierras que están en áreas insulares y costeras del país están registradas bajo la figura de derecho posesorio, lo que las mantiene en un limbo jurídico.
Actualmente, el temor de los más de mil lugareños e isleños que tienen su propiedad con derecho posesorio, es que sus tierras sean vendidas a grandes inversionistas.
Según el director del Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT), Rolando Armuelles, el 30% de los terrenos insulares y costeros posee título de propiedad y el resto del territorio pertenece al Estado.
Armuelles recomienda a los lugareños que tienen terrenos por posesión que no los vendan.
"Existe un sector con mucha influencia que ve peligroso el que exista un mercado de tierras con titulación", destacó.
El 55% de los terrenos a nivel nacional en áreas urbanas, rurales y playas también presenta el mismo problema; solo tienen sus derechos posesorios.
La mayoría de los dueños de estas islas y costas solo puede luchar por sus tierras amparándose en un derecho posesorio, que actualmente la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no reconoce.
La Ley 63 del 31 de julio de 1973 establece que Catastro sólo reconocerá como dueños a aquellas personas que tienen sus terrenos y fincas inscritas en el Registro Público.
Proyecto.
Con el anteproyecto de Ley 459, que modifica el Código Agrario, y que presentó el diputado Freidi Torres, se busca que Catastro pueda reconocer el derecho posesorio.
Esta figura tiene diferentes expresiones y formas de reconocerse si están en manos de los municipios, el Banco Hipotecario, la Reforma Agraria o Catastro.
Una fuente oficial del MEF aseguró que Reforma Agraria otorga los títulos de tierra de manera discrecional, "de allí la agilidad de los trámites", sostuvo.
Eficiencia.
En los últimos dos años, Catastro sólo ha otorgado 12 títulos de propiedad; 6 en costa arriba de Colón; 2 en Los Santos y 4 en Farallón.
Mientras que PRONAT ha gestionado más de 60 mil títulos de propiedad a nivel nacional, principalmente, en Veraguas, Herrera, Los Santos y el oriente de Chiriquí.
A partir del 13 de noviembre pasado, una modificación al Código Agrario permite que PRONAT a través de Reforma Agraria otorgue títulos en islas y playas.
Antes, esta potestad era solo de Catastro que con la Ley 42 del 2 de mayo de 1974 era el único que concedía títulos para islas y costas.
Las discusiones en la Comisión de Hacienda sobre la Ley 459, el jueves pasado dejó claro que los lugareños e isleños no quieren que Catastro maneje los títulos.
El temor de ellos es que Catastro les venda sus propiedades a otros mejores postores, además aseguran que la demora puede ser de varios años.
Yaritza Mojica
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Los extranjeros son amantes de la naturaleza y prefieren los terrenos cerca al mar.
Si la situación para los lugareños nacionales es complicada, los extranjeros residentes no saben dónde recurrir o a quién creerle.
Este es el caso de Miguel Untiedi y su hijo Enrique, quienes llevan 30 años de vivir en Panamá procedentes de las Islas Canarias.
Desde los años 70, estos extranjeros nacionalizados decidieron apostar su suerte y dinero en la compra de terrenos en el área de isla Grande, en la provincias Colón, para dedicarse a la ganadería.
Ahora con las segundas modificaciones elaboradas en el proyecto de Ley 459 por Catastro, donde determinan un precio por región, características y categoría de B/ 100.00 la hectárea para personas natural o lugareños como mínimo y B/ 30 mil hasta B/ 50 mil por hectárea para otros solicitantes, la situación se complica.
"Nosotros adquirimos las tierras a personas que tenían derecho posesorio, desde 1913... al comprarlas también adquirimos su tiempo", explicó el Untiedi.
La pregunta del ganadero es: "¿Por qué debemos pagar de nuevo por las tierras que ya son nuestras?", ¿Qué soy, lugareño, extranjero o local, según el Gobierno?
La respuesta hasta el momento la mantiene oculta la dirección de Catastro, que fue la que propuso la tabla de precios con las modificaciones.
Esta misma situación se repite en las costas del Pacífico, específicamente en el Puerto de Coquira, donde un yugoslavo, quien trabajó en la construcción de la represa del río Bayano ocupó unas tierras a orillas de la costa y se ha dedicado por 40 años a la ganadería.
Para los extranjeros, la situación es difícil más cuando en Internet venden la imagen de un país abierto al turismo con oportunidades para invertir, pero con poca seguridad jurídica.
Así lo siente Thomas Danson, canadiense que al jubilarse decidió vivir en Panamá, pero tiene la idea que es complicado adquirir tierras.
Discusiones.
Hoy se retoman las discusiones en la Asamblea Nacional sobre la propuesta de titular las tierras, en el salón Azul, donde la sociedad civil iniciará con un llamado a los medios de comunicación.
Se espera la participación activa de los lugareños de Colón, Panamá Oeste y Este, Pese, además de miembros de la empresa privada y la definitiva participación de la Dirección de Catastro.
Con esta reunión esperan que se logre concretar la decisión final de quién debe titular las áreas costeras e insulares y los potestad de los 200 metros después que sube la marea.
70% de islas y área costera tienen derecho posesorio
Yaritza Mojica
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Por generaciones, los lugares han ocupado la tierra con derechos posesorios.
Actualmente, el temor de los más de mil lugareños e isleños que tienen su propiedad con derecho posesorio, es que sus tierras sean vendidas a grandes inversionistas.
Según el director del Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT), Rolando Armuelles, el 30% de los terrenos insulares y costeros posee título de propiedad y el resto del territorio pertenece al Estado.
Armuelles recomienda a los lugareños que tienen terrenos por posesión que no los vendan.
"Existe un sector con mucha influencia que ve peligroso el que exista un mercado de tierras con titulación", destacó.
El 55% de los terrenos a nivel nacional en áreas urbanas, rurales y playas también presenta el mismo problema; solo tienen sus derechos posesorios.
La mayoría de los dueños de estas islas y costas solo puede luchar por sus tierras amparándose en un derecho posesorio, que actualmente la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no reconoce.
La Ley 63 del 31 de julio de 1973 establece que Catastro sólo reconocerá como dueños a aquellas personas que tienen sus terrenos y fincas inscritas en el Registro Público.
Proyecto.
Con el anteproyecto de Ley 459, que modifica el Código Agrario, y que presentó el diputado Freidi Torres, se busca que Catastro pueda reconocer el derecho posesorio.
Esta figura tiene diferentes expresiones y formas de reconocerse si están en manos de los municipios, el Banco Hipotecario, la Reforma Agraria o Catastro.
Una fuente oficial del MEF aseguró que Reforma Agraria otorga los títulos de tierra de manera discrecional, "de allí la agilidad de los trámites", sostuvo.
Eficiencia.
En los últimos dos años, Catastro sólo ha otorgado 12 títulos de propiedad; 6 en costa arriba de Colón; 2 en Los Santos y 4 en Farallón.
Mientras que PRONAT ha gestionado más de 60 mil títulos de propiedad a nivel nacional, principalmente, en Veraguas, Herrera, Los Santos y el oriente de Chiriquí.
A partir del 13 de noviembre pasado, una modificación al Código Agrario permite que PRONAT a través de Reforma Agraria otorgue títulos en islas y playas.
Antes, esta potestad era solo de Catastro que con la Ley 42 del 2 de mayo de 1974 era el único que concedía títulos para islas y costas.
Las discusiones en la Comisión de Hacienda sobre la Ley 459, el jueves pasado dejó claro que los lugareños e isleños no quieren que Catastro maneje los títulos.
El temor de ellos es que Catastro les venda sus propiedades a otros mejores postores, además aseguran que la demora puede ser de varios años.
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