COLÓN. En Colón no hay Estado de derecho. Policías disparan, tiran gases lacrimógenos, golpean a manifestantes. Hubo detenidos sin orden. Una comisión de abogados intentó darles defensa, pero fue imposible. No hay garantías.
Ayer se vivió otra jornada de terror. A las 9 de la mañana la policía comenzó a disparar sobre la marcha del pueblo colonense, convocada por organizaciones sociales y sindicales en rechazo de la Ley 72. Las más de 100 personas que repetían la consigna ‘la tierra no se vende’ por la calle 10 central rumbo a la calle 2, recibieron olas perdigones
En los edificios resonaban pailas. En las calles, explosiones de basura, humo y fuego. Corridas y gritos.
La gente resistió aunque el encuentro con policías significaba la cárcel. No faltó mucho para que empezaran los apresamientos. Mario Cabrera, las hermanas Deika y Florencia Rodríguez, Domitilo Palacio, José González, Adme Bárcenas, Luis Alabarca, Román Rodríguez, detenidos. El dirigente barrial Jorge Luis Almengor tuvo que huir cuando la policía ‘forzó la puerta sin ninguna orden de allanamiento y le golpearon la cabeza’, según denunció su esposa mientras mostraba los destrozos de su casa. Algo parecido sufrió otro dirigente, Virgilo Ávila, apresado, golpeado y encerrado, según narraron sus compañeros.
A las 10 de la mañana la comisión de abogados recibía los primeros nombres de heridos, detenidos y los informes de más allanamientos ilegales. Registraron cada dato que llegaba, con la esperanza de que en algún momento las institución responda en Panamá.
Una hora después, la marcha se calentaba: la gente debía correr, más heridos y detenidos.
A LLORAR A LA IGLESIA
Mientras tanto, en el barrio La Feria cien personas resistían los ataques del Senafront, según contó el tío de ‘Pelón’, el niño muerto por una bala el viernes pasado, cuando empezaron los enfrentamientos. Y así en cada barrio de la ciudad que alberga el meganegocio de la Zona Libre y padece los peores índices sociales del país.
‘¡Unidad, unidad!’ decían las consignas. ‘La lucha es peleando’, agregaban. Eran cientos en María Chiquita; otro tanto en Buena Vista, N uevo San Juan y el 20.
En cada esquina el sonido del metal. ‘¡Dispararon a mansalva!’, contó con los ojos llorosos la profesora Yara Fiengo, que tuvo que refugiarse en la Iglesia San José, sobre la calle 10 y Avenida Central, con un pañuelo con vinagre en la nariz para protegerse del gas irritante.
Esa iglesia, epicentro de encuentro entre organizaciones sociales y líderes de la ciudad, fue cercada luego de que los policías dispararan a los muchachos y la multitud respondiera.
‘Un policía herido es suficiente para que arremetan con toda su fuerza y ya hay un niño muerto, no queremos más víctimas’, decían preocupados los abogados de la comisión. Y es que allí, en la San José, donde se negociaban los asuntos de derechos humanos y recibían los nombres de las personas heridas, desaparecidas, detenidas, empezó a entrar la gente asustada tras los ataques policiales.
‘A la iglesia no pueden meterse’, dijo alguien. Pero los agentes llegaron y empezaron a presionar. ‘Quieren tirar la puerta, la casa de Dios sitiada’, dijo una de las mujeres que atendía a los golpeados entre las bancas.
Tomaron el edificio de al lado y dispararon desde la azotea, contó la secretaria de la Coordinadora Estudiantil Universitaria. Afuera algunos respondían a la policía. Desde el último piso de la Casa Lara también apuntaban más agentes.
SUMAN VÍCTIMAS
Un joven herido en Buena Vista, seis heridos de bala en el cuarto de urgencia del Hospital Manuel Amador Guerrero: dos de gravedad. Una niña herida en la comunidad de Santa Rita, en Sabanitas.
Según el médico de urgencias del hospital, Mariano López, la situación es tan complicada que solo recibieron los heridos que normalmente reciben en una semana: ‘Sumamos las víctimas de casi un mes en cuatro días’.
La represión fue constante en otro día de terror para Colón. En La Feria allanaron las viviendas y sacaron a los jóvenes de sus casas, en Puerto Escondido tiraron balas y cortaron la luz en toda la Transístmica. Ellos, otra vez, prometen resistir.
Una niña herida, saqueos, detenidos y más protestas por ZLC
PANAMA (AP) Al menos nueve personas resultaron heridas a bala, entre ellos una niña de siete años, durante los enfrentamientos entre la policía antidisturbios y manifestantes que protestaron el lunes en las calles contra la ley que permite la venta de tierras en la zona libre de Colón, una de las más grandes en el hemisferio occidental.
Francisco Camargo, de la oficina de prensa del Hospital Manuel Amador Guerrero de Colón, dijo por teléfono a The Associated Press que nueve colonenses fueron atendidos en el sanatorio, entre ellos la niña de 7 años que recibió un balazo en el cuerpo, y que fue trasladada a la capital.
La policía dispersó con gases lacrimógenos a los manifestantes que bloquearon avenidas desde horas de la mañana y lanzaron palos y piedras a las autoridades. Al menos 50 personas fueron detenidas, dijo el dirigente popular colonense Víctor Chiari. "Vamos a seguir la lucha; no queremos esa ley", agregó.
La AP llamó a la estación policial de Colón, pero un oficial dijo que no podía brindar informes de las protestas por teléfono. No hubo reportes oficiales de inmediato sobre personas heridas o detenidas.
El gobierno panameño anunció que enviará una comisión negociadora a la provincia el martes, pero el dirigente del Movimiento Amplio Colonense, Edgardo Voitier, dijo en rueda de prensa que no se sentarán a hablar con emisarios oficiales si la ley no es derogada. El movimiento incluye a organizaciones sindicales y populares, y cuenta con el apoyo de los empresarios de la provincia.
La ley fue aprobada el viernes por la Asamblea Nacional y sancionada rápidamente por el presidente Ricardo Martinelli, lo que intensificó las protestas. El mandatario realiza una visita oficial por Japón y Vietnam.
Ubicada a 80 kilómetros al norte de la capital, Colón es considerada la segunda provincia más importante del país, al albergar la zona libre del mismo nombre y varios de los puertos del atlántico más grandes.
Los colonenses se oponen a la venta de los terrenos en la zona franca porque consideran que esas tierras, que le pertenecen al Estado, son patrimonio de la provincia y destacan el hecho de que ningún gobierno se atrevió a impulsar esa medida desde que ese emporio comenzó a operar allí en 1948.
La nueva ley sustituye a la antigua norma que creó la zona libre y establece un régimen de propiedad que permite que las empresas que alquilan tierras en el área, nacionales y extranjeras, puedan comprarlas. La ley da otras opciones, como que las empresas se mantengan arrendando los terrenos, pero pagando un mayor canon de alquiler.
La zona libre cuenta con 1.000 hectáreas (2.471 acres), de las cuales entre 500 y 600 hectáreas (1.235 y 1.482 acres) son alquiladas por 2.000 empresas, según estimaciones oficiales. Otras 1.200 empresas no tienen presencia física y operan de papel.
"Apoyamos la iniciativa que se refiere a la modernización de la zona lib re, pero dada la evidente oposición a este proyecto y los lamentables acontecimientos, le solicitamos... al presidente rectifique, atendiendo los artículos de la ley que han generando controversias", expresó el lunes la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, la más importante del país.
Durante los disturbios del viernes murió un menor de 10 años, al ser impactado por una bala en el abdomen y decenas resultaron heridos. Algunos locales comerciales fueron saqueados.
El gobierno destaca que la ley beneficiará a los colonenses, al establecer que un 35% de la venta de las tierras se destinará a proyectos sociales en esa provincia.
También argumenta que busca vender las tierras para que las empresas puedan invertir en ellas, asegurando que es una práctica que se permite en otras zonas francas del mundo.
La iniciativa reactivó, sin embargo, el viejo resentimiento en una provincia que toda la vida ha visto crecer la actividad portuaria y comer cial en sus narices, sin poder remediar añejos males como la pobreza y la inseguridad.
Para algunos colonenses, la idea de vender las tierras proviene de un gobierno que sólo mira en los negocios y las empresas. "Martinelli es un empresario; el gobierno de él es empresarial", afirma Roberto Chiari, un albañil de 48 años.
"El dice que la venta nos va a beneficiar, eso es mentira; el dinero se va para otra parte", agregó Chiari el sábado a The Associated Press. "Para Colón nada, sólo represión y pobreza".
La pobreza afecta al 45% de los aproximadamente 245.000 habitantes de Colón, según cifras independientes. Los edificios y viviendas de madera condenados son comunes en el centro de la ciudad, así como la suciedad y las aguas negras en las calles.
El gobierno proyecta que la zona libre, dedicada a la importación y exportación, termine con un movimiento comercial por 32.000 millones de dólares este año. El emporio emplea a 30.000 personas, aunque no todos son de Colón.
Francisco Camargo, de la oficina de prensa del Hospital Manuel Amador Guerrero de Colón, dijo por teléfono a The Associated Press que nueve colonenses fueron atendidos en el sanatorio, entre ellos la niña de 7 años que recibió un balazo en el cuerpo, y que fue trasladada a la capital.
La policía dispersó con gases lacrimógenos a los manifestantes que bloquearon avenidas desde horas de la mañana y lanzaron palos y piedras a las autoridades. Al menos 50 personas fueron detenidas, dijo el dirigente popular colonense Víctor Chiari. "Vamos a seguir la lucha; no queremos esa ley", agregó.
La AP llamó a la estación policial de Colón, pero un oficial dijo que no podía brindar informes de las protestas por teléfono. No hubo reportes oficiales de inmediato sobre personas heridas o detenidas.
El gobierno panameño anunció que enviará una comisión negociadora a la provincia el martes, pero el dirigente del Movimiento Amplio Colonense, Edgardo Voitier, dijo en rueda de prensa que no se sentarán a hablar con emisarios oficiales si la ley no es derogada. El movimiento incluye a organizaciones sindicales y populares, y cuenta con el apoyo de los empresarios de la provincia.
La ley fue aprobada el viernes por la Asamblea Nacional y sancionada rápidamente por el presidente Ricardo Martinelli, lo que intensificó las protestas. El mandatario realiza una visita oficial por Japón y Vietnam.
Ubicada a 80 kilómetros al norte de la capital, Colón es considerada la segunda provincia más importante del país, al albergar la zona libre del mismo nombre y varios de los puertos del atlántico más grandes.
Los colonenses se oponen a la venta de los terrenos en la zona franca porque consideran que esas tierras, que le pertenecen al Estado, son patrimonio de la provincia y destacan el hecho de que ningún gobierno se atrevió a impulsar esa medida desde que ese emporio comenzó a operar allí en 1948.
La nueva ley sustituye a la antigua norma que creó la zona libre y establece un régimen de propiedad que permite que las empresas que alquilan tierras en el área, nacionales y extranjeras, puedan comprarlas. La ley da otras opciones, como que las empresas se mantengan arrendando los terrenos, pero pagando un mayor canon de alquiler.
La zona libre cuenta con 1.000 hectáreas (2.471 acres), de las cuales entre 500 y 600 hectáreas (1.235 y 1.482 acres) son alquiladas por 2.000 empresas, según estimaciones oficiales. Otras 1.200 empresas no tienen presencia física y operan de papel.
"Apoyamos la iniciativa que se refiere a la modernización de la zona lib re, pero dada la evidente oposición a este proyecto y los lamentables acontecimientos, le solicitamos... al presidente rectifique, atendiendo los artículos de la ley que han generando controversias", expresó el lunes la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, la más importante del país.
Durante los disturbios del viernes murió un menor de 10 años, al ser impactado por una bala en el abdomen y decenas resultaron heridos. Algunos locales comerciales fueron saqueados.
El gobierno destaca que la ley beneficiará a los colonenses, al establecer que un 35% de la venta de las tierras se destinará a proyectos sociales en esa provincia.
También argumenta que busca vender las tierras para que las empresas puedan invertir en ellas, asegurando que es una práctica que se permite en otras zonas francas del mundo.
La iniciativa reactivó, sin embargo, el viejo resentimiento en una provincia que toda la vida ha visto crecer la actividad portuaria y comer cial en sus narices, sin poder remediar añejos males como la pobreza y la inseguridad.
Para algunos colonenses, la idea de vender las tierras proviene de un gobierno que sólo mira en los negocios y las empresas. "Martinelli es un empresario; el gobierno de él es empresarial", afirma Roberto Chiari, un albañil de 48 años.
"El dice que la venta nos va a beneficiar, eso es mentira; el dinero se va para otra parte", agregó Chiari el sábado a The Associated Press. "Para Colón nada, sólo represión y pobreza".
La pobreza afecta al 45% de los aproximadamente 245.000 habitantes de Colón, según cifras independientes. Los edificios y viviendas de madera condenados son comunes en el centro de la ciudad, así como la suciedad y las aguas negras en las calles.
El gobierno proyecta que la zona libre, dedicada a la importación y exportación, termine con un movimiento comercial por 32.000 millones de dólares este año. El emporio emplea a 30.000 personas, aunque no todos son de Colón.
CAROLINA A. IDROBO
Heridos, presos sin ley y una niña en estado grave. Policía dio gas y palos en otra jornada de terror
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