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Miramar defendió su concesión para estacionamientos dentro de la cinta costera, por la que no pagará un centavo al Estado.
Herman Bern envió ayer una “carta abierta” a la junta directiva de La Prensa, en la que reclama ser un perseguido político y víctima de una “campaña insidiosa” por parte de este medio.
Pero la fórmula levantó críticas en los equipos de campaña de gobierno y de oposición.
Martinelli y Navarro cuestionan concesión
Las dos principales nóminas presidenciales tuvieron ayer un punto en común: su aversión por el contrato de concesión que le otorga al hotel Miramar el uso de un espacio público para construir estacionamientos privados, sin pagar alquiler al Estado.Ricardo Martinelli, candidato presidencial de cuatro partidos de oposición, prometió “renegociar” la concesión, si gana las elecciones de mayo.
“Cuando lleguemos al Gobierno, esa obra estará terminada y no se le podrá quitar. Pero que pague un alquiler justo”, señaló.
“No se pueden lesionar los intereses del Estado para beneficiar a una persona súper allegada a la campaña oficialista. Así cualquiera se hace millonario”, agregó.
Pero esa cercanía a Balbina Herrera no fue impedimento para que Juan Carlos Navarro cuestionara el contrato de los estacionamientos.
El candidato a vicepresidente y alcalde capitalino (en licencia) opinó que toda concesión para el uso de fondo de mar, se tiene que dar por licitación al mejor postor, a fin de garantizar los mejores intereses del Estado.
“Hay una clara percepción ciudadana de que las cosas no se han hecho bien, justificadas o no. Nos habríamos podido evitar esto si esa concesión se lleva a concurso”, recalcó.
Navarro consideró que el canon a pagar se debió fijar utilizando avalúos preparados por la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
En el contrato de concesión negociado, el Estado no cobrará un centavo de arriendo, pues el documento establece que lo que invierta Miramar, más los intereses, será reconocido como un crédito, a fin de que la empresa “recupere” su inversión.
Miramar ha dicho que invertirá 4.75 millones de dólares en la construcción de 331 estacionamientos soterrados, con un interés de 5.35% anual que, a 20 años, representa 3.7 millones de dólares.
La suma de la inversión y los intereses totaliza 8.4 millones de dólares.
Esa es la cantidad exacta que, según el contrato, corresponde al canon por los 20 años de concesión. Por tanto, el canon terminó siendo un crédito a favor de la empresa.
‘Mamotreto’
Para la bancada del Panameñista, el contrato dado a Miramar –pactado con el MEF en octubre y refrendado por Contraloría en diciembre de 2008– es una muestra de la “ligereza” con que el gobierno administra los recursos públicos.
“Ahora resulta que el Estado es quien debe pagar por los estacionamientos privados de un hotel de lujo. Y para añadirle más sal a la herida, ni siquiera tienen la entereza y la honestidad de poner las cosas como son, sino que pretenden tomarnos de pendejos a todos y encubrir su verdadera intención en cláusulas distintas que al lector incauto le podía hacer entender que el Estado estaba recibiendo algún beneficio”, dice el comunicado de la bancada, firmado por su coordinador José Blandón.
“En conclusión, los dueños de este hotel, cercanos a la candidata presidencial del PRD, podrán construir sus estacionamientos en área estatal, para uso de su negocio, sin que les cueste un real, pues seremos todos nosotros, los contribuyentes, los que pagaremos el favor que graciosamente les ha concedido el presidente Torrijos”, añadió.
“Quienes actuaron y dieron su aprobación a este mamotreto jurídico, deben responder ante las autoridades y dar la cara al pueblo panameño, ante semejante acto de desfachatez y descaro”, remató.
Es ‘natural’ que se deduzca la inversión del canon
Miramar Development Corporation, a través de su presidente Herman Bern, envió ayer una “carta abierta” a la junta directiva de La Prensa, en la que reclama ser un perseguido político y víctima de una “campaña insidiosa” por parte de este medio.
Bern justificó la concesión que obtuvo del MEF, con el argumento de que los actuales estacionamientos de su negocio “quedarán eliminados” por culpa de la cinta costera. En ningún momento precisó que esos estacionamientos no están edificados sobre terrenos propios, sino sobre una marina construida sobre una concesión de fondo de mar, que está vencida desde 2005 y por la que pagó 2 centavos el metro cuadrado.
También dice que sobre sus 331 estacionamientos soterrados, en la losa que sirve de “tapa superior”, se “crearán” otros 331 estacionamientos de uso público.
Esta novedad no está incluida ni en el contrato de concesión con el MEF ni en los planos que el MOP divulgó sobre la cinta costera.
De hecho, el espacio en el que Bern asegura que se “crearán” 331 estacionamientos, está oficialmente reservado por el MOP para una plaza, denominada “de la Contraloría”, que sería parte del parque público de la nueva vialidad.
El empresario dijo que es “natural” que el Estado pacte contratos que deduzcan el canon del costo de la obra, con su financiamiento, y dijo que esta fue la modalidad con que se negociaron los corredores Norte y Sur.
“Estamos pagando un canon de arrendamiento por un espacio de estacionamientos que el Estado no ha construido”, señaló. Como accionistas fundadores de La Prensa, “no entendemos el desvío intelectual que hoy en día vemos en este diario, cuya dirección editorial se dedica actualmente a realizar persecuciones políticas en vez de informar responsablemente a la ciudadanía”, advierte.
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