José Arcia
jarcia@prensa.com
El presidente, Martín Torrijos, sancionó el lunes la ley que legaliza resoluciones del Ministerio de Vivienda sobre cambio de uso de suelo en las áreas revertidas desde 1997.
Ayer, al mismo tiempo que la norma era publicada en Gaceta Oficial, los residentes de las áreas revertidas realizaban una protesta en contra de los diputados que aprobaron la norma, que se convirtió en la Ley número 29 del 2 de junio de 2008.
‘Torrijos ha violado nuestros derechos’
José Arciajarcia@prensa.com
Mientras los residentes de las áreas revertidas protestaban ayer en calle 50 contra la Asamblea Nacional, por haber aprobado una norma que valida los cambios de uso de suelo en la zona desde 1997, en Gaceta Oficial se publicaba el documento que, a partir de ayer, se convirtió en la Ley 29 de 2 de junio de 2008.
Los residentes llegaron a calle 50 a eso de las 4:00 de la tarde para protestar y pedir al presidente, Martín Torrijos, el veto parcial de la ley. Sin embargo, una hora después el escenario cambió, al enterarse de que la ley había sido sancionada el lunes por el mandatario y publicada ayer en Gaceta Oficial.
"Torrijos ha violado nuestro derecho, al igual que los diputados", indicaban los residentes que bloqueaban la calle mientras la luz roja estaba encendida.
La seguridad jurídica no es un derecho exclusivo de los inversionistas, sino también de todos los ciudadanos, dijo Raisa Banfield, residente de las áreas revertidas.
Carlos Varela, otro de los residentes, calificó como lamentables las declaraciones del vice ministro de Vivienda, José Batista, en el sentido de que la ley es para darle sustento jurídico a las resoluciones del Ministerio de Vivienda.
"Es inaudito que un funcionario de este rango haga este tipo de declaraciones. Esto va en contra de los principios universales de administración pública, que expresan que los actos de los funcionarios deben tener sustento jurídico al momento de su promulgación y no cinco años después", dijo.
El empresario inmobiliario Carlos Pasco prefiere tomar distancia de la disputa. Dijo que su empresa, Inmobiliaria P&P, compró y pagó de "buena fe" lotes que se ganaron en licitación pública. Agregó que no ha solicitado cambio de uso de suelo en ninguna de las parcelas en las áreas revertidas.
Alfredo Alemán, otro de los inversionistas, dijo que sus proyectos se han ajustado a las normas que establece el concepto de "ciudad jardín".
Los residentes no se rinden. Presentarán ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad.
Esencia de los cambios
.LEY 21 DE 1997: Se puede variar el ordenamiento territorial en la región interoceánica, "previa consulta con la Comisión de Asuntos del Canal de la Asamblea Legislativa mediante ley que al efecto se dicte".
.LEY 29 DE 2008: Exceptúa a las resoluciones del Ministerio de Vivienda emitidas desde julio de 1997 hasta ayer.
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