Demanda pone en aprietos indemnización a los buseros

Juan Manuel Díaz C.

PA-DIGITAL

El proyecto Transmóvil podría sufrir un nuevo tropiezo, luego que varios juristas amenazaron con presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 434, que le permite a la Autoridad de Tránsito establecer el monto de las indemnizaciones a los transportistas.

Los abogados fundamentan sus intenciones en que los diputados aprobaron, la semana pasada, dicha normativa que faculta a la Autoridad de Tránsito establecer los criterios para indemnizar a los transportistas, sin la fiscalización del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ni de la Contraloría.

Esto, según el ex procurador Rogelio Cruz, viola Constitución Nacional que prohíbe este tipo de atribuciones a la Asamblea Nacional, si no ha sido previamente declarada por las autoridades competentes.

Para Cruz, la indemnización solo se puede dar cuando se cause un daño, como lo establece el Código Civil.

A la vez, consideró que el certificado de operación pertenece al Estado y solo se está cambiando el sistema de operación de transporte, por lo que en este caso no sería necesario conceder una indemnización.

Cabe recordar que el proyecto Transmóvil tiene tres pasos clave que se realizarán de forma paralela: la indemnización a los transportistas, la licitación para la compra de los 420 buses y la licitación de las dos rutas.

Competencia.
Cruz señaló que un proceso de indemnización sólo puede ser autorizado por una autoridad competente, en este caso un juez.

No obstante, aclaró que el Ejecutivo puede acordar directamente el pago de una indemnización.

Sin embargo, esto requeriría del concepto favorable de la Procuradora de la Nación por tratarse de un asunto litigioso, en donde se requiere establecer si la indemnización es procedente o no.

Por su parte, el coordinador del proyecto Transmóvil, Leonel Solís dijo que la ley que regula al transporte del 2007, autoriza a la ATTT ha establecer los montos de las indemnizaciones, por la tanto no hay ningún criterio de la asamblea.

"Lo único que hemos hechos es pedir un crédito extraordinario a la asamblea, que no es sólo para las indemnizaciones".

En tanto, el constitucionalista Miguel Antonio Bernal, consideró que existe una ley en donde se es establece que cuando se proceda al pago de una indemnización, se debe cumplir con el procedimiento.

Bernal dijo que debe verificarse el valor de los buses para evitar especulaciones y de no existir un avalúo refrendado por la Contraloría, no se debe entregar un centavo.

Se espera que antes que finalice el mes estén listos los dos pliegos de licitaciones.