Mónica Palm
mpalm@prensa.com
La lista de concesionarios morosos del Estado, en las áreas revertidas, es larga. Hay de todo: entidades públicas, clubes cívicos, iglesias, universidades, cooperativas y hasta consorcios privados que prometieron invertir millones de dólares en diferentes proyectos.
Hoy, casi la mitad no paga por el uso de esa tierra –propiedad de la Nación– y arrastran deudas que, en conjunto, suman más de 23.1 millones de dólares.
El Estado tiene 154 arrendatarios repartidos en Albrook, Clayton, Balboa, Coco Solo, Davis, y otras áreas revertidas.
El 57% está al día; el resto le debe al Estado.
La élite morosa
Solo los arrendatarios de Amador adeudan 18.4 millones de dólares, es decir, el 79.6% del total de la cuenta morosa.
En esta zona de gran potencial turístico se instalaron 14 grupos inversionistas; la mayoría se comprometió contractualmente con la hoy extinta Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) a desarrollar hoteles, marinas, casinos, centros comerciales y campos de golf. Las millonarias ofertas eran muy similares.
Similares también fueron a la hora de implementar el calendario de ejecución: la mayoría ha incumplido sus contratos, ya sea parcial o totalmente.
El ejemplo más significativo es el de Grupo F. Internacional. El mayor moroso de Amador –y también de las áreas revertidas– debe hoy 12.7 millones de dólares en arriendos por el uso de cuatro parcelas de tierra.
En un primer contrato con la ARI, en 2001, Grupo F. prometió invertir 14 millones de dólares en 51 meses, en la construcción del Boulevar Alta Moda, un proyecto que sería una especie de Quinta Avenida con 23 boutiques europeas de lujo, y un hotel tipo junior suites. Todo quedó en papel. Al final, el Grupo que preside Jean Figali hizo un centro de convenciones e instaló una cerca perimetral. De las boutiques, ni una sola.
El incumplimiento de los compromisos contractuales motivó que en 2005, el entonces administrador de la ARI, Julio Ross, tomara una medida sin precedentes: rescindió la concesión de una de las cuatro parcelas que Grupo F. mantiene en Amador. La medida nunca se ejecutó porque una decisión de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia –con la ponencia de Jacinto Cárdenas, suplente de Winston Spadafora, amigo y vecino de Figali– dejó sin efecto la orden de Ross.
Precisamente, los recursos que Figali presentó ante la Corte impiden a Ross –actual administrador de la oficina de bienes revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)– emprender acciones para que el Grupo F. pague.
“¿Qué se puede hacer, si hay demandas que lo tienen todo parado?”, se pregunta el funcionario.
La lista de morosos la completan Naos Harbour Island, Las Brisas de Amador, Corporación Inmobiliaria Amador, Tulsi Hospitality Investment, Fuerte Amador Resort & Marina y Marina Monte Mar. Las dos últimas se han repartido, solitas, toda la isla Flamenco. Las inversiones de Fuerte Amador (aún incompletas) están a la vista; Marina Monte Mar, en cambio, no tiene obras que mostrar.
La otra cara de la moneda la presenta el grupo de arrendatarios de Amador que sí están al día, como Bicicletas de Alquiler (restaurante Pencas), Unesa (Country Inn y Friday’s), Tinajas Amador, Agroganadera Santa Fe (que opera La Playita) y Cable & Wireless, que tiene un cable submarino cerca de donde Grupo F. hizo un relleno calificado de ilegal.
Pesos pesados
Otro moroso notable es el Parque Industrial Marítimo de Panamá, S.A. (Pimpsa), que tiene la concesión para operar la finca de tanques de combustible de Arraiján. Pimpsa quiere ahora hacer ahí una planta de molienda de clinker.
También está el caso de Procesadora Marpesca, S.A., que desde 1999 tiene una concesión para desarrollar una zona procesadora para la exportación, en Corozal. Originalmente había prometido invertir 43 millones de dólares, pero el monto fue reducido a 37 millones en 2002. La procesadora es de Fotis Lymberópulos, quien obtuvo la concesión con la ARI cuando era directivo de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Todavía es directivo, pero de la Autoridad de Recursos Acuáticos (Arap).
Gatos de casa
Pero no solo el sector privado está en mora. También hay entidades del Estado que no pagan. La AMP, por ejemplo, debe más de 377 mil dólares en arriendos en Diablo.
En tanto, la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), fundada y regentada por una tía del presidente, Martín Torrijos, acumula una deuda de más de 4 mil dólares en arriendos en Albrook.
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