Torrijos rompió el silencio: ‘yo no soy hijo de papi ni mami’

Santiago Fascetto
Unidad de Investigación
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"Yo tengo todo el derecho de ganarme la vida para darles de comer a mis hijos; no soy hijo de papi y mami que me hereden dinero para no trabajar", dijo ayer el presidente, Martín Torrijos, al responder las críticas sobre el polémico contrato que firmó –a través de una sociedad suya– con el Gobierno de República Dominicana el 23 de febrero de 2001.

Torrijos se refirió por primera vez al acuerdo –que reveló La Prensa el último lunes– durante la inauguración del Proyecto Integral de Riego Remigio Rojas, en Chiriquí.

"Pueden estar seguros de que no he hecho nada ilegal ni inmoral, y como panameño y padre de familia tengo derecho a ganarme la vida", agregó el mandatario.

Torrijos recordó, además, su formación académica y su posterior experiencia profesional para justificar su participación en el contrato de consultoría que firmó –junto con Ubaldino Real y Luis Blanco– con la Secretaría de Obras Públicas, en aquella época en manos de Miguel Vargas Maldonado.

Desde la isla del Caribe, las versiones de los otros protagonistas del negocio eran diferentes. El vocero de Vargas Maldonado, Carlos Gabriel García, negó que el mandatario haya tenido algún tipo de vínculo con el contrato. "Martín Torrijos nunca fue asesor de República Dominicana", dijo ayer. Según García, la persona que asesoró a Vargas Maldonado fue Blanco. "Él tenía mucha experiencia en concesión", afirmó al programa radial Nuria & Huchi de la cadena dominicana CDN.

García, quien no atendió las repetidas llamadas que le realizó ayer este diario, afirmó que el contrato de asesoría con el trío Torrijos-Real-Blanco fue "el más transparente que se haya firmado en un país".

Constructores y Consultores S.A., a través de un consorcio internacional con la sociedad dominicana Land & Construction, firmó entre febrero de 2001 y julio de 2004 un contrato de consultoría por el que facturó 300 mil dólares anuales. En los registros oficiales no hay constancia de que se haya cumplido. Pero, además, habría violado las leyes de contratación pública vigente en aquel momento. (Con información de Sandra Alicia Rivera)