Presidente cataloga a WikiLeaks como simples "glosas"

by kcaicedo@medcom.com.pa (Kathyria Caicedo)

Después de casi dos semanas, finalmente el presidente Ricardo Martinelli se refirió a los recientes cables divulgados por WikiLeaks sobre Panamá y que se referían a la intención de intervenir telefónicamente a los opositores del Gobierno y a la eliminación de la unidad de la DEA en Panamá.

Para empezar, confirmó el conflicto de criterios y opiniones que mantenía con la ex embajadora de los Estados Unidos en Panamá, Barbara Stephenson. Según Martinelli, no estaban de acuerdo con la interconexión con Colombia, que se designara a Gustavo Pérez como director de la Policía Nacional, y otros temas más.

Igualmente, negó su interés por intervenir a sus opositores, ni en el 2009 y mucho menos ahora. Es más, incluso informó que le pidió a todos los diputados del Partido Revolucionario Democrático que se reunieran con él, en la Presidencia. El encuentro debe realizarse en las próximas dos semanas, aseguró Martinelli.

Para el Presidente de Panamá, WikiLeaks son simples glosas, las cuales van a seguir saliendo y no solo sobre Panamá, sino también sobre otros países.

Cable en el que se repasan las maniobras de Panamá para intentar que EE UU ayude en su programa de escuchas

Este telegrama resume los supuestos requerimientos y amenazas del Gobierno panameño para conseguir la colaboración de Washington

Cable en el que el presidente de Panamá pide ayuda a EE UU para intervenir teléfonos

El presidente de Panamá pidió a la DEA escuchas telefónicas

M. RICO - Madrid - 26/12/2010

"Necesito ayuda con la intervención de teléfonos". En julio de 2009, la embajadora de EE UU en Panamá, Barbara Stephenson, recibió este extraño mensaje en su BlackBerry. Lo enviaba el presidente panameño, Ricardo Martinelli.

"Necesito ayuda con la intervención de teléfonos". En julio de 2009, la embajadora de EE UU en Panamá, Barbara Stephenson, recibió este extraño mensaje en su BlackBerry. Lo enviaba el presidente panameño, Ricardo Martinelli. Y es el arranque de un informe secreto, enviado el 22 de agosto de 2009, en el que la diplomática expresa su estupor ante la pretensión del mandatario de utilizar la infraestructura de la DEA para combatir la inseguridad y espiar a rivales políticos. En el cable, Stephenson emite unos juicios muy severos sobre Martinelli. "Su tendencia al acoso y al chantaje puede haberle llevado al estrellato en el mundo de los supermercados, pero es poco propio de un estadista".

Nada más recibir el primer mensaje del presidente, Stephenson mandó a dos funcionarios de la embajada para recabar información. Se trataba, les explicó el ministro panameño de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, de que EE UU les ayudara a establecer un sistema de escuchas telefónicas para protegerse de "individuos" amenazados por la lucha gubernamental contra la corrupción o de potenciales maniobras desestabilizadoras por parte de "Gobiernos izquierdistas de la región". Los funcionarios estadounidenses -elnúmero dos de la misión y el representante de la DEA- fueron claros: el programa de escuchas telefónicas que la DEA desarrolla junto a la policía panameña -la llamada Operación Matador- estaba destinado al narcotráfico y siempre con autorización judicial. EE UU, dijeron, no ampliaría el programa "para incluir objetivos políticos".

La preocupación de la embajadora ante las pretensiones presidenciales se trastoca en alarma al hablar directamente con Martinelli. "Estamos a oscuras ante el crimen y la corrupción", le espetó el mandatario. La DEA debía compensar por la información que obtenía en Panamá. Y sugirió nombres de individuos que deberían ser sometidos a escuchas. "No hizo distinción entre objetivos legítimos de seguridad y enemigos políticos", señala la embajadora. Cuando Stephenson le recuerda que las actividades de la DEA benefician a Panamá, "Martinelli hizo una amenaza implícita de reducir la cooperación antinarcóticos si EE UU no le ayudaba con las escuchas". La advertencia de la diplomática sobre las consecuencias de su postura le hizo recular.

Martinelli "tiene una actitud infantil" al creer que "las escuchas son la solución para todos los problemas de criminalidad", señala la embajadora, que constata con preocupación que el presidente "intentará establecer su propio programa de escuchas bajo la cobertura de la DEA".

"Martinelli se presentó como candidato pro-EE UU y ahora asume que tenemos una deuda con él como contrapeso de Hugo Chávez en la región", concluye Stephenson. "Nuestro reto es convencerle de que los años ochenta quedaron atrás en Centroamérica".

‘Martinelli amenazó con sacar a la DEA de Panamá si no le ayudaban a pinchar’

by REDACCION PA-DIGITAL

El diario estadounidense New York Times publicó que el presidente Ricardo Martinelli amenazó supuestamente a la ex embajadora de Estados Unidos en Panamá, Barbara Stephenson, con presentar una ley que truncaría la labor de la DEA en Panamá si no se accedía a su pedido de interceptar teléfonos de opositores políticos.

Se reveló que Martinelli asignó agentes novatos a la unidad antinarcóticos que son enlaces con la entidad estadounidense, ante la negativa de Stephenson.

El informe secreto, al que tuvo acceso Wikileaks y que publicó el New York Times, resalta que cuando se intentó pasar los equipos a manos de la Procuraduría, en ese entonces dirigida por Ana Matilde Gómez, Martinelli amenazó con sacar a la DEA del país.

“Martinelli no hizo ninguna distinción entre objetivos de seguridad legítimos y enemigos políticos”, según relató Stephenson.

‘Operación Matador’, el secreto mejor guardado

by S. Cumbrera PA-DIGITAL

El mecanismo que utiliza la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, por su sigla en inglés) para apoyar al Consejo de Seguridad Nacional a interceptar comunicaciones telefónicas vinculadas con el narcotráfico, sigue siendo un misterio.

Solo se conoce que se trata de la operación denominada "Matador" destinada a combatir al narcotráfico.

El tema cobra vigencia con la publicación -en medios internacionales- de cables filtrados por Wikileaks en los que se dan cuenta de que el presidente Ricardo Martinelli solicitó ayuda a Estados Unidos (EE.UU.) para espiar a opositores, lo cual fue negado por el Gobierno alegando que era una "mala interpretación".

La “Operación Matador" se puso en práctica en Panamá en el 2007, durante la gestión del ex presidente Martín Torrijos, luego de que EE.UU. donó un equipo de escuchas telefónicas al Consejo de Seguridad Nacional, cuyas instalaciones están en Quarry Heights, en las faldas del Cerro Ancón.

Para ese entonces el Consejo de Seguridad Nacional ya contaba con otro aparato de origen británico para ‘pinchar’.

Mecanismo. El equipo donado por EE.UU., según fuentes judiciales, tiene capacidad para 'pinchar' 100 teléfonos fijos o celulares de forma simultánea. Los números telefónicos solo pueden ser cambiados cada 30 días.

La labor de escucha, narraron las fuentes, es realizada por al menos 40 agentes de la Policía Nacional, quienes además de su salario, reciben una bonificación del Gobierno de EE.UU. Les dicen “orejitas”.

Los informantes destacaron que las escuchas telefónicas, a través de la “Operación Matador", son exclusivamente para procesos judiciales que dirigen los fiscales de Drogas en coordinación con la DEA.

Para que la acción sea legal, la Sala Penal de la Corte tiene que autorizarlas, previamente una sustentación. "No hay ningún acuerdo escrito para que el aparato sea utilizado por estadounidenses", dijo uno de los informantes.

Secuestro. Las fuentes judiciales recordaron que el 11 de agosto de 2009, la Policía reportó el secuestro de un menor de edad en el área de Arraiján.

La denuncia la presentó la madre del menor, luego de que los plagiadores exigían B/ 70 mil por su liberación. Finalmente, el menor fue rescatado, mientras los secuestradores fueron capturados pues se hizo una "entrega controlada".

Un día después de este secuestro, el presidente Martinelli y el vicepresidente, Juan Carlos Varela, se reunieron con la ex embajadora Barbara Stephenson para hablar del tema.

Precisamente, uno de los cables filtrados por Wikileaks hace mención a otra reunión entre el ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, Jaime Trujillo, el ex director del Consejo de Seguridad, y el otrora secretario de Seguridad, José Abel Almengor, quienes abogaron para cambiar el sistema en cuanto a los secuestros, pues "la capacidad de intervención telefónica rápida era necesaria".

Según los cables, ellos advirtieron que "el sistema actual no permite la flexibilidad del Gobierno suficiente para seleccionar los objetivos".

A este planteamiento, la Embajada de EE.UU. respondió que "la capacidad técnica ya existía, y que el Gobierno debería estudiar una nueva respuesta rápida de procedimiento para obtener órdenes judiciales”

Cables Portray Expanded Reach of Drug Agency

Sia Kambou/AFP-Getty; Jose Mendez/EPA; Ramin Talaie/EPA; Mark Wilson/Getty Images

Leaked cables reveal the Drug Enforcement Administration’s global reach, noting dealings with Lansana Kouyaté of Guinea, left, Ricardo Martinelli of Panama, center left, and Ernest Bai Koroma of Sierra Leone. Karen Tandy, right, the D.E.A.’s former administrator, discussed Afghan missions in the cables.

By GINGER THOMPSON and SCOTT SHANE

WASHINGTON — The Drug Enforcement Administration has been transformed into a global intelligence organization with a reach that extends far beyond narcotics, and an eavesdropping operation so expansive it has to fend off foreign politicians who want to use it against their political enemies, according to secret diplomatic cables.

In far greater detail than previously seen, the cables, from the cache obtained by WikiLeaks and made available to some news organizations, offer glimpses of drug agents balancing diplomacy and law enforcement in places where it can be hard to tell the politicians from the traffickers, and where drug rings are themselves mini-states whose wealth and violence permit them to run roughshod over struggling governments.

Diplomats recorded unforgettable vignettes from the largely unseen war on drugs:

In Panama, an urgent BlackBerry message from the president to the American ambassador demanded that the D.E.A. go after his political enemies: “I need help with tapping phones.”

In Sierra Leone, a major cocaine-trafficking prosecution was almost upended by the attorney general’s attempt to solicit $2.5 million in bribes.

In Guinea, the country’s biggest narcotics kingpin turned out to be the president’s son, and diplomats discovered that before the police destroyed a huge narcotics seizure, the drugs had been replaced by flour.

Leaders of Mexico’s beleaguered military issued private pleas for closer collaboration with the drug agency, confessing that they had little faith in their own country’s police forces.

Cables from Myanmar, the target of strict United States sanctions, describe the drug agency informants’ reporting both on how the military junta enriches itself with drug money and on the political activities of the junta’s opponents.

Officials of the D.E.A. and the State Department declined to discuss what they said was information that should never have been made public.

Like many of the cables made public in recent weeks, those describing the drug war do not offer large disclosures. Rather, it is the details that add up to a clearer picture of the corrupting influence of big traffickers, the tricky game of figuring out which foreign officials are actually controlled by drug lords, and the story of how an entrepreneurial agency operating in the shadows of the F.B.I. has become something more than a drug agency. The D.E.A. now has 87 offices in 63 countries and close partnerships with governments that keep the Central Intelligence Agency at arm’s length.

Because of the ubiquity of the drug scourge, today’s D.E.A. has access to foreign governments, including those, like Nicaragua’s and Venezuela’s, that have strained diplomatic relations with the United States. Many are eager to take advantage of the agency’s drug detection and wiretapping technologies.

In some countries, the collaboration appears to work well, with the drug agency providing intelligence that has helped bring down traffickers, and even entire cartels. But the victories can come at a high price, according to the cables, which describe scores of D.E.A. informants and a handful of agents who have been killed in Mexico and Afghanistan.

In Venezuela, the local intelligence service turned the tables on the D.E.A., infiltrating its operations, sabotaging equipment and hiring a computer hacker to intercept American Embassy e-mails, the cables report.

And as the drug agency has expanded its eavesdropping operations to keep up with cartels, it has faced repeated pressure to redirect its counternarcotics surveillance to local concerns, provoking tensions with some of Washington’s closest allies.

Sticky Situations

Cables written in February by American diplomats in Paraguay, for example, described the D.E.A.’s pushing back against requests from that country’s government to help spy on an insurgent group, known as the Paraguayan People’s Army, or the EPP, the initials of its name in Spanish. The leftist group, suspected of having ties to the Colombian rebel group FARC, had conducted several high-profile kidnappings and was making a small fortune in ransoms.

When American diplomats refused to give Paraguay access to the drug agency’s wiretapping system, Interior Minister Rafael Filizzola threatened to shut it down, saying: “Counternarcotics are important, but won’t topple our government. The EPP could.”

The D.E.A. faced even more intense pressure last year from Panama, whose right-leaning president, Ricardo Martinelli, demanded that the agency allow him to use its wiretapping program — known as Matador — to spy on leftist political enemies he believed were plotting to kill him.

The United States, according to the cables, worried that Mr. Martinelli, a supermarket magnate, “made no distinction between legitimate security targets and political enemies,” refused, igniting tensions that went on for months.

Mr. Martinelli, who the cables said possessed a “penchant for bullying and blackmail,” retaliated by proposing a law that would have ended the D.E.A.’s work with specially vetted police units. Then he tried to subvert the drug agency’s control over the program by assigning nonvetted officers to the counternarcotics unit.

And when the United States pushed back against those attempts — moving the Matador system into the offices of the politically independent attorney general — Mr. Martinelli threatened to expel the drug agency from the country altogether, saying other countries, like Israel, would be happy to comply with his intelligence requests.

Eventually, according to the cables, American diplomats began wondering about Mr. Martinelli’s motivations. Did he really want the D.E.A. to disrupt plots by his adversaries, or was he trying to keep the agency from learning about corruption among his relatives and friends?

One cable asserted that Mr. Martinelli’s cousin helped smuggle tens of millions of dollars in drug proceeds through Panama’s main airport every month. Another noted, “There is no reason to believe there will be fewer acts of corruption in this government than in any past government.”

As the standoff continued, the cables indicate that the United States proposed suspending the Matador program, rather than submitting to Mr. Martinelli’s demands. (American officials say the program was suspended, but the British took over the wiretapping program and have shared the intelligence with the United States.)

In a statement on Saturday, the government of Panama said that it regretted “the bad interpretation by United States authorities of a request for help made to directly confront crime and drug trafficking.” It said that Panama would continue its efforts to stop organized crime and emphasized that Panama continued to have “excellent relations with the United States.”

Meanwhile in Paraguay, according to the cables, the United States acquiesced, agreeing to allow the authorities there to use D.E.A. wiretaps for antikidnapping investigations, as long as they were approved by Paraguay’s Supreme Court.

“We have carefully navigated this very sensitive and politically sticky situation,” one cable said. “It appears that we have no other viable choice.”

A Larger Mandate

Created in 1973, the D.E.A. has steadily built its international turf, an expansion primarily driven by the multinational nature of the drug trade, but also by forces within the agency seeking a larger mandate. Since the 2001 terrorist attacks, the agency’s leaders have cited what they describe as an expanding nexus between drugs and terrorism in further building its overseas presence.

In Afghanistan, for example, “DEA officials have become convinced that ‘no daylight’ exists between drug traffickers at the highest level and Talibaninsurgents,” Karen Tandy, then the agency’s administrator, told European Union officials in a 2007 briefing, according to a cable from Brussels.

Ms. Tandy described an agency informant’s recording of a meeting in Nangarhar Province between 9 Taliban members and 11 drug traffickers to coordinate their financial support for the insurgency, and she said the agency was trying to put a “security belt” around Afghanistan to block the import of chemicals for heroin processing. The agency was embedding its officers in military units around Afghanistan, she said. In 2007 alone, the D.E.A. opened new bureaus in Tajikistan, Kyrgyzstan and Dubai, United Arab Emirates, as well as in three Mexican cities.

Cables describe lengthy negotiations over the extradition to the United States of the two notorious arms dealers wanted by the D.E.A. as it reached beyond pure counternarcotics cases: Monzer al-Kassar, a Syrian arrested in Spain, and Viktor Bout, a Russian arrested in Thailand. Both men were charged with agreeing to illegal arms sales to informants posing as weapons buyers for Colombian rebels. Notably, neither man was charged with violating narcotics laws.

Late last year in a D.E.A. case, three men from Mali accused of plotting to transport tons of cocaine across northwest Africa were charged under a narco-terrorism statute added to the law in 2006, and they were linked to both Al Qaeda and its North African affiliate, called Al Qaeda in the Islamic Maghreb.

The men themselves had claimed the terrorism link, according to the D.E.A., though officials told The New York Times that they had no independent corroboration of the Qaeda connections. Experts on the desert regions of North Africa, long a route for smuggling between Africa and Europe, are divided about whether Al Qaeda operatives play a significant role in the drug trade, and some skeptics note that adding “terrorism” to any case can draw additional investigative resources and impress a jury.

New Routes for Graft

Most times, however, the agency’s expansion seems driven more by external forces than internal ones, with traffickers opening new routes to accommodate new markets. As Mexican cartels take control of drug shipments from South America to the United States, Colombian cartels have begun moving cocaine through West Africa to Europe.

The cables offer a portrait of the staggering effect on Mali, whose deserts have been littered with abandoned airplanes — including at least one Boeing 727 — and Ghana, where traffickers easily smuggle drugs through an airport’s “VVIP (Very Very Important Person) lounge.”

Top-to-bottom corruption in many West African countries made it hard for diplomats to know whom to trust. In one 2008 case in Sierra Leone, PresidentErnest Bai Koroma moved to prosecute and extradite three South American traffickers seized with about 1,500 pounds of cocaine, while his attorney general was accused of offering to release them for $2.5 million in bribes.

In Nigeria, the D.E.A. reported a couple of years earlier that diplomats at the Liberian Embassy were using official vehicles to transport drugs across the border because they were not getting paid by their war-torn government and “had to fend for themselves.”

A May 2008 cable from Guinea described a kind of heart-to-heart conversation about the drug trade between the American ambassador, Phillip Carter III, and Guinea’s prime minister, Lansana Kouyaté. At one point, the cable said, Mr. Kouyaté “visibly slumped in his chair” and acknowledged that Guinea’s most powerful drug trafficker was Ousmane Conté, the son of Lansana Conté, then the president. (After the death of his father, Mr. Conté went to prison.)

A few days later, diplomats reported evidence that the corruption ran much deeper inside the Guinean government than the president’s son. In a colorfully written cable — with chapters titled “Excuses, Excuses, Excuses” and “Theatrical Production” — diplomats described attending what was billed as a drug bonfire that had been staged by the Guinean government to demonstrate its commitment to combating the drug trade.

Senior Guinean officials, including the country’s drug czar, the chief of police and the justice minister, watched as officers set fire to what the government claimed was about 350 pounds of marijuana and 860 pounds of cocaine, valued at $6.5 million.

In reality, American diplomats wrote, the whole incineration was a sham. Informants had previously told the embassy that Guinean authorities replaced the cocaine with manioc flour, proving, the diplomats wrote, “that narco-corruption has contaminated” the government of Guinea “at the highest levels.”

And it did not take the D.E.A.’s sophisticated intelligence techniques to figure out the truth. The cable reported that even the ambassador’s driver sniffed out a hoax.

“I know the smell of burning marijuana,” the driver said. “And I didn’t smell anything.”

Andrew W. Lehren contributed reporting.

Estados Unidos baja nivel a relación con gobierno de Martinelli

San José (elpais.cr) - El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal, visita Costa Rica para despedir al jefe de estado, Óscar Arias, y darle la bienvenida a la presidenta electa, Laura Chinchilla, en momentos en que Estados Unidos ha bajado el nivel a la relación diplomática con el retiro prematuro de su embajadora.

Las autoridades norteamericanas están preocupadas por el rumbo autoritario del gobernante del vecino país del sur y la forma cómo destruye la capacidad de las instituciones judiciales para combatir el crimen organizado, dijeron diversas fuentes panameñas y estadounidenses.

La concentración de poderes emprendida por el gobierno panameño es vista por esas fuentes como un blindaje para la impunidad de Martinelli Berrocal, un multimillonario de derecha cuya fortuna es de origen dudoso, se construye a la medida y que abre las puertas a la corrupción, no solo la que se teje al amparo de los jugosos contratos que otorga el gobierno sin licitaciones, sino también aquella que provendría de dinero del narcotráfico.

El arresto en México de Ramón Ricardo Martinelli Corro, primo del presidente panameño, vinculado al cartel de los hermanos Beltrán Leyva, en noviembre pasado, y encarcelado en febrero último en un penal de máxima seguridad en Jalisco, complica aún más el escenario.

De acuerdo a un boletín de la Procuraduría General de la República (PGR) de México, Martinelli Corro y otros tres panameños, incluyendo una mujer,- “integrantes de una célula dedicada al transporte de dólares de México” hacia Panamá que “pertenecen a la organización criminal de los Beltrán Leyva y son enviados para el pago de droga, lavado de dinero y adquirir bienes inmuebles”-. fueron detenidos in fraganti con $400,000 en efectivo.

Además de la consanguinidad, Martinelli Corro fue designado en 1999 por el hoy presidente de Panamá, como Tesorero de su partido y diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen). Con la inmunidad otorgada por el Parlacen había logrado eludir varios casos con la justicia panameña.

“La relación de Martinelli Corro con el cartel mexicano de los Beltrán Leyva se remonta a cuando el panameño tenía un curul en la sede del Parlacen”, reveló el diario panameño La Estrella en su edición del 30 de noviembre pasado.

“Pitazo” abortó operación

Fuentes investigadoras independientes panameñas dijeron a Elpaís.cr que la PGR de México, conducía una operación secreta contra una red de traficantes de dinero que lo transportaba hacia Panamá, donde lo lavaban para luego ingresarlo al sistema financiero de Estados Unidos, Europa y Asia. Pero no tenían conocimiento de que en la jurisdicción panameña había una operación gemela que involucraba al primo del presidente Martinelli Berrocal.

La contraparte de cada equipo nacional era la oficina local de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Ambas pesquisas se mantenían estrictamente compartimentadas, aseguraron las fuentes, por lo que era prioritario evitar la fuga de información para no poner en peligro la operación y que no se frustrara la identificación de las empresas y bancos panameños donde se lavaban los dineros ilícitos.

La DEA sospechaba que Martinelli Corro, como tesorero del ahora partido oficial, había trasladado fondos del narcotráfico a la campaña electoral de mayo del 2009 en Panamá en la que ganó su primo Martinelli Berrocal.

Además, las sospechas apuntaban a que parte del dinero ilícito, transportado desde México, era lavado a través de una cadena de 33 supermercados y una fundación creada por el actual presidente panameño.

“El pitazo a las autoridades judiciales mexicanas fue dado por el ex fiscal de Drogas, José Abel Almengor Echeverría”, afirmaron las fuentes, porque conocía la contraparte mexicana con quien había desarrollado en el pasado una relación de trabajo.

Añadieron que “abortar la operación tenía como propósito evitar que Martinelli Corro fuera detenido en Panamá y que identificara a sus cómplices locales en la red de lavado de dinero”.

“Al ser apresado en México se evitó el escándalo en Panamá. Pero también se frustró el resultado de una operación que habría tocado al mismo presidente y figuras del actual gobierno”, concluyeron las fuentes.

Al momento de dar “el pitazo”, Almengor Echeverría era Secretario de Seguridad Nacional nombrado por Martinelli Berrocal en julio pasado. En diciembre fue promovido por el propio mandatario como magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, pese al repudio generalizado por su designación.

Blindaje de Martinelli

Analistas panameños dijeron a El País que “el blindaje” de Martinelli Berrocal “también pasa por entregar la seguridad del Estado a los servicios de inteligencia de Israel, para evadir la vigilancia de Estados Unidos sobre la gestión mafiosa del gobierno” del vecino país del sur.

La presencia del Mossad israelí, y sus compañías contratistas asociadas, compromete la seguridad del canal de Panamá y su neutralidad, un compromiso avalado por las principales potencias del planeta, pero también sustrae a Panamá de la tradicional área de influencia de Estados Unidos en el continente.

Una serie de estaciones aeronavales concebidas en su momento para proteger la seguridad del transporte y el comercio marítimo panameño, particularmente con Estados Unidos, han sido convertidas por el actual mandatario panameño en bases de apoyo para operaciones militares en otras latitudes.

Sectores políticos y medios de prensa panameños han denunciado el claro objetivo de Martinelli Berrocal de involucrarse en el conflicto en Colombia y de servir de plataforma para una eventual agresión contra Venezuela.

Estados Unidos contrapeso en Panamá

Todo ese escenario despierta preocupaciones entre distintas instancias de poder en Estados Unidos.

“Altas figuras de la administración Obama, tanto en Washington como en sus visitas a Panamá, han considerado que, en este momento, Estados Unidos es el único contrapeso para el estilo dictatorial y mafioso del gobierno de Martinellli”, dijo a este medio una fuente estadounidense, consultada vía telefónica.

Pocas semanas atrás, al anunciar el final prematuro de su misión diplomática en Panamá, tras solo 21 meses en el puesto, la embajadora estadounidense, Barbara Stephenson, advirtió que “el crimen organizado está corrompiendo las instituciones judiciales” del país.

David Gilmour, quien fungirá como encargado de negocios, presumiblemente hasta cumplir el año que le faltaba en el puesto a la embajadora saliente, tiene el mandato del Departamento de Estado de “bajarle el perfil a la relación con el gobierno de Panamá”.

Antes de las declaraciones de Stephenson, el senador demócrata Christopher Dodd, uno de los líderes políticos más influyentes en Washington, tras reunirse con las autoridades panameñas, había advertido en febrero que “el crimen organizado y la falta de seguridad jurídica inquieta a Estados Unidos”.

El tema del combate al crimen organizado y la seguridad del canal es prioridad para Washington, reiteró el subsecretario de Defensa, Frank Mora, durante su reciente visita a Panamá. “El desborde del crimen organizado, podría afectar el canal de Panamá, y eso preocupa a Estados Unidos”, precisó.

Antes del viaje de este jueves y viernes a Panamá del subsecretario de Estado, Arturo Valenzuela, quien llevó en la agenda el tema de la seguridad y el combate al crimen organizado, el embajador estadounidense retirado, John Maisto, había cuestionado al gobierno panameño.

Maisto dijo que cuando figuras económicamente poderosas dirigen un gobierno hay “corrupción”. Su fórmula para eliminar la corrupción es “instituciones que funcionen, jueces y policías no comprables, fiscales independientes y poderes separados”.

De acuerdo con el diplomático estadounidense la concentración de poder de Martinelli Berrocal conduce a la corrupción y provoca un retroceso a la agenda democrática de Panamá.

“En una democracia debe haber balance de los tres órganos. Monarquía y dictadura son otra cosa”, añadió el diplomático que jugó un papel clave en el derrocamiento del ex dictador Manuel Noriega en 1989.

Sobre la destitución por parte de Martinelli Berrocal de la Procuradora General de la Nación en Panamá, Ana Matilde Gómez Ruiloba, Maisto señaló que “las democracias deben tener sistemas de justicia confiables, y la actuación de los procuradores no puede estar politizada”.

Destitución ilegal de Procuradora

Gómez Ruiloba fue destituida abruptamente en diciembre pasado, cuando todavía le faltaban cinco años para culminar su mandato constitucional, en un ardid de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, controla por Martinelli Berrocal, por el supuesto delito de extralimitación de funciones en el caso de escuchas telefónicas contra un fiscal hallado in fraganti recibiendo coimas por vender un fallo judicial.

Fuentes judiciales panameñas consultadas por Elpaís.cr dijeron que la destitución tuvo por objeto interrumpir las investigaciones que Gómez Ruiloba avanzaba sobre el flujo de dineros ilícitos en la campaña del ahora presidente Martinelli Berrocal y el posible blanqueo de capitales a través de su cadena de supermercados y una fundación.

Las investigaciones descubrieron que quien movía esos fondos del narcotráfico era el primo del presidente, apresado en México.

En los últimos días, Gómez Ruiloba reveló que el presidente panameño la presionaba por medio de llamadas telefónicas buscando manipular el rumbo de investigaciones sensibles. Denunció que por “represalias” se le retiraron los agentes que resguardaban su seguridad y que ha recibido amenazas contra su vida, por lo que responsabilizó al mandatario panameño por cualquier atentado contra su integridad física o la de su familia.

En un acto ilegal e inconstitucional, como lo calificaron sectores políticos y medios de prensa panameños, Martinelli Berrocal nombró como Procurador General de la Nación al abogado Guiseppe Bonissi, miembro activo del partido oficial.

“La designación de Bonissi viola la Constitución y el ordenamiento jurídico panameño. Todos sus actos son ilegales, viciados de nulidad absoluta y, por lo tanto, carecen de legitimidad para desempeñar el cargo”, dijo un jurista panameño consultado por este medio.

La preocupación de las fuentes estadounidenses es que con la llegada de Bonissi, los casos de alto perfil, incluidos aquellos sensibles que a Estados Unidos le preocupan, no se investigarán y serán archivados.

Un ejemplo es el sobreseimiento que declaró recientemente la Procuraduría panameña sobre el caso del colombiano, David Murcia Guzmán, extraditado a Colombia en el 2008 donde fue condenado a 30 años de prisión por lavado de dinero producto del narcotráfico y extraditado a Estados Unidos en enero pasado para enfrentar cargos por lavado de $150 millones.

Murcia Guzmán había sido señalado, por medios de prensa panameños, de haber contribuido con $800,000 a la campaña de Martinelli Berrocal a través del ahora ministro de Turismo, Salomón Shamah, un colombiano nacionalizado panameño.

En toda esta trama, opositores panameños y diplomáticos estadounidenses ven con estupor la forma cómo han sido expulsados del sistema judicial panameño, jueces, fiscales, oficiales de inteligencia e investigadores de todos los rangos, formados tras años de cooperación interinstitucional por agencias como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la DEA.