El mecanismo que utiliza la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, por su sigla en inglés) para apoyar al Consejo de Seguridad Nacional a interceptar comunicaciones telefónicas vinculadas con el narcotráfico, sigue siendo un misterio.
Solo se conoce que se trata de la operación denominada "Matador" destinada a combatir al narcotráfico.
El tema cobra vigencia con la publicación -en medios internacionales- de cables filtrados por Wikileaks en los que se dan cuenta de que el presidente Ricardo Martinelli solicitó ayuda a Estados Unidos (EE.UU.) para espiar a opositores, lo cual fue negado por el Gobierno alegando que era una "mala interpretación".
La “Operación Matador" se puso en práctica en Panamá en el 2007, durante la gestión del ex presidente Martín Torrijos, luego de que EE.UU. donó un equipo de escuchas telefónicas al Consejo de Seguridad Nacional, cuyas instalaciones están en Quarry Heights, en las faldas del Cerro Ancón.
Para ese entonces el Consejo de Seguridad Nacional ya contaba con otro aparato de origen británico para ‘pinchar’.
Mecanismo. El equipo donado por EE.UU., según fuentes judiciales, tiene capacidad para 'pinchar' 100 teléfonos fijos o celulares de forma simultánea. Los números telefónicos solo pueden ser cambiados cada 30 días.
La labor de escucha, narraron las fuentes, es realizada por al menos 40 agentes de la Policía Nacional, quienes además de su salario, reciben una bonificación del Gobierno de EE.UU. Les dicen “orejitas”.
Los informantes destacaron que las escuchas telefónicas, a través de la “Operación Matador", son exclusivamente para procesos judiciales que dirigen los fiscales de Drogas en coordinación con la DEA.
Para que la acción sea legal, la Sala Penal de la Corte tiene que autorizarlas, previamente una sustentación. "No hay ningún acuerdo escrito para que el aparato sea utilizado por estadounidenses", dijo uno de los informantes.
Secuestro. Las fuentes judiciales recordaron que el 11 de agosto de 2009, la Policía reportó el secuestro de un menor de edad en el área de Arraiján.
La denuncia la presentó la madre del menor, luego de que los plagiadores exigían B/ 70 mil por su liberación. Finalmente, el menor fue rescatado, mientras los secuestradores fueron capturados pues se hizo una "entrega controlada".
Un día después de este secuestro, el presidente Martinelli y el vicepresidente, Juan Carlos Varela, se reunieron con la ex embajadora Barbara Stephenson para hablar del tema.
Precisamente, uno de los cables filtrados por Wikileaks hace mención a otra reunión entre el ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, Jaime Trujillo, el ex director del Consejo de Seguridad, y el otrora secretario de Seguridad, José Abel Almengor, quienes abogaron para cambiar el sistema en cuanto a los secuestros, pues "la capacidad de intervención telefónica rápida era necesaria".
Según los cables, ellos advirtieron que "el sistema actual no permite la flexibilidad del Gobierno suficiente para seleccionar los objetivos".
A este planteamiento, la Embajada de EE.UU. respondió que "la capacidad técnica ya existía, y que el Gobierno debería estudiar una nueva respuesta rápida de procedimiento para obtener órdenes judiciales”
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