Deivis Eliecer Cerrud
"¿En base a qué artículo están actuando?". Esa es la pregunta que se hace la abogada Idalia Martínez, coordinadora de la organización Justicia y Libertad, anexada a la sociedad civil, al ser consultada sobre la custodia por parte de la Policía Nacional del supermercado Súper 99. Se trata de la empresa más emblemática o representativa del presidente panameño, Ricardo Martinelli, quien es empresario y gobierna desde julio de 2009.
Martínez, miembro de la Comisión de Derechos Humanos, expresó que la población panameña sufre de inseguridad, pero se le brinda seguridad a compañías de servidores públicos sin fundamento legal.
En declaraciones a LaEstrella.com.pa, la abogada lamentó que al gobierno de Panamá "ya no le interesa guardar las apariencias y demuestran que en el país hay privilegios y preferencias de seguridad".
Indicó que los servidores públicos pueden hacer solo lo que la ley les permite y recordó que no se puede utilizar recursos del Estado y servidores públicos, como policías, para cuidar a una empresa vinculada al presidente de la República.
Hoy martes con la marcha de los indígenas, que salieron en la mañana de la 24 de Diciembre hasta la Asamblea Nacional, unidades policiales custodiaron el Súper 99 de Balboa, el de Río Abajo y en la sucursal de la vía Fernández de Córdoba, en Vista Hermosa, había un bus estacionado de la Policía.
Igualmente, el Súper 99 de Plaza Carolina, en Juan Díaz, también fue vigilado por policías panameños.
En la sucursal de Balboa se pudieron contabilizar 41 unidades policiales, que hacían una muralla humana frente al supermercado.
Ayer la puerta de la sucursal del Súper 99 de Calidonia fue aporreada por los indígenas, quienes protestaban en la Plaza 5 de Mayo contra la minería.
Abogado insiste en legalidad de custodia policial de Súper 99 de Martinelli
Deivis Eliecer Cerrud
Siguen las discrepancias por la vigilancia por parte de la Policía Nacional a la empresa del gobernante
El abogado Ernesto Cedeño sustentó este martes el uso de unidades de la Policía Nacional para custodiar algunas sucursales del Súper 99, ubicadas al paso de la marcha indígena contra minería, que salió desde la 24 de Diciembre a la Presidencia.
No es cualquier empresa, es la propiedad más emblemática del presidente panameño, Ricardo Martinelli.
A juicio de Cedeño, el Gobierno tiene la obligación de proteger los bienes de sus nacionales de acuerdo a la Constitución Política en su artículo 17.
El artículo 17 dice: "Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su juridicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir la Constitución y la Ley".
Se trata del Título III Derechos y Deberes individuales y Sociales, del Capítulo de Garantías Fundamentales de la carta magna panameña.
El experto, que tiene entre sus especialidades Contrataciones Públicas y Derecho Administrativo, indicó que algunos manifestantes golpearon conjuntamente un Súper 99 y se vislumbraba que iba a pasar lo mismo hoy.
"El número de policías es consecuente con el de manifestantes. Mañana todos podríamos pedir el apoyo policial en casos semejantes", agregó Cedeño.
El abogado dejó claro que la ley no faculta el uso de policías para cuidar la empresa especial del gobernante, sino "toda propiedad privada en donde el dueño que teme una agresión, pida la protección policial urgente".
Incialmente, en la redes sociales se mostraba el rechazo al uso de agentes para custodiar una empresa privada en particular mientras la inseguridad ciudadana se impone.
Por ejemplo, en el Súper 99 de Balboa se contaron fácilmente al menos 41 policías, que viajaban hasta allí en el bus 80813 de la entidad estatal, incluso hacían una muralla humana de protección frente al supermercado.
"Que respuesta tan efectiva, yo he llamado (a la Policía) y me dicen que no tienen carros, así tampoco, eso es tráfico de influencia", escribió un tuitero enojado.
En horas de la tarde, la abogada Idalia Martínez, coordinadora de la organización Justicia y Libertad, explicó que se trata de un tipo de privilegios y preferencias de seguridad sin fundamento.
Insistió que la Constitución habla que no habrá fuero ni privilegios.
Además, la Policía protegió este martes las sucursales del Súper 99 de Plaza Carolina, de Río Abajo y en la sucursal de la vía Fernández de Córdoba, en Vista Hermosa, estaba el bus estacionado de la entidad.
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