La Prensa
El mensaje. Acompañado de sus más altos funcionarios, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, habló en cadena nacional. Fue notoria la ausencia de los ministros Lucy Molinar y Guillermo Ferrufino. Cortesía: Presidencia de la República
En un mensaje a la Nación de cinco minutos, el presidente, Ricardo Martinelli, reconoció anoche que se equivocó al impulsar una ley [72] que él pensaba estaba consensuada, pero, insistió en que el “único interés” de esa propuesta era conseguir de forma expedita dinero adicional para Colón.
“Si creímos que la ley estaba consensuada, nos equivocamos. Por varios días, el diálogo propuesto por el gobierno, no prosperó. Lo entiendo. Existe una frustración y desconfianza acumulada, producto de 40 años de abandono”, dijo Martinelli.
El mandatario, que se hizo acompañar de casi todos sus ministros, con excepción de la titular de Educación, Lucy Molinar; y de Guillermo Ferrufino, de Desarrollo Social, también hizo un llamado a un diálogo por Colón, sin dar detalle de cómo se llevaría a cabo. Solo adelantó que los partidos políticos estarían excluidos.
Acusó a dichos partidos de “promover la inestabilidad” y de no contribuir al clima de paz que requiere el desarrollo del país. “Hago un llamado a la conciencia de los políticos, que en vez de apoyar el llamado al diálogo del Gobierno en beneficio de los colonenses, buscaron su propio interés, creando más violencia e incertidumbre”, reprochó Martinelli.
Prometió “cuidar de los heridos y de los familiares de los fallecidos”, afirmando que irán a cada uno de sus hogares a brindarles apoyo. “Podemos derogar leyes, pero las vidas perdidas son irremplazables”, aseguró, al tiempo que manifestó que los responsables de las víctimas y pérdidas materiales registradas durante los sucesos de la semana pasada, deben ser procesados.
Las reacciones al mensaje se dieron de inmediato. El vicepresidente, Juan Carlos Varela, dijo que a Martinelli le faltó responder por qué permitió la crisis. “Venir a buscar responsables cuando él es el único. Hay que ver si él realmente siente lo que dijo”, recalcó.
Juan Carlos Navarro, secretario general de Partido Revolucionario Democrático, dijo haber esperado del Presidente una disculpa que nunca llegó.
“No escuché lo que deseaba, que no era más que una disculpa pública del señor Presidente y del Gobierno al pueblo colonense y a Panamá, por aprobar de manera acelerada esta ley inconsulta; espero que hayan aprendido la lección”, dijo el dirigente opositor.
Anacleto Ceballos, presidente de la Cámara de Comercio de Colón, espera que el equipo que designe el Gobierno vaya a la provincia con las mejores intenciones; incluso, dijo, esperan que sea el propio Presidente quien abra el diálogo anunciado.
Por su parte, Felipe Cabeza, del Frente Amplio de Colón, calificó las palabras del mandatario como “un discurso atrasado”. “Todo esto que acaba de decir lo hemos podido evitar, si en su momento, cuando nosotros le pedimos consulta, lo hubiera hecho”, expresó.
El dirigente dijo que tienen compañeros detenidos y personas heridas esposadas en los hospitales. “Todos sabemos quiénes fueron los violentos”, destacó.
Comisión investigará daños
Poco antes de que la Asamblea Nacional aprobara en tercer debate el proyecto 541, que derogó la Ley 72 que permitía la venta de las tierras de la Zona Libre de Colón, diputados opositores y del oficialismo de manera consensuada aprobaron una resolución para crear una comisión de investigación de todos los sucesos ocurridos en Colón tras la aprobación [el pasado viernes 19 de octubre] de la polémica norma que generó violentas protestas, millonarias pérdidas debido a los saqueos y la muerte de tres personas.
Esta comisión estará integrada por no menos de seis diputados y tres representantes de la Oficina para América Central de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y recabará toda la información tras las protestas ocurridas del 20 al 26 de octubre en las que tomaron parte las fuerzas de control antidisturbios, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras, y tendrá un tiempo de 60 días para dar un informe.
La instancia legislativa estará facultada para realizar las diligencias necesarias con el apoyo de las entidades competentes para esclarecer estos hechos y establecer las indemnizaciones que puedan corresponder a los deudos, según lo determine la ley, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas.
EL DEBATE QUE ANIQUILÓ LA LEY 72
La derogatoria de la Ley 72, a través del proyecto 541, fue aprobada en tercer debate en el Legislativo a las 2:03 de la madrugada de ayer domingo de forma unánime con 59 votos.
La sesión se inició a las 12:04 a.m. con la intervención de 15 diputados opositores que cuestionaron duramente al ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, e incluso le pidieron que renunciara al cargo.
También fueron cuestionados el gobernador de Colón, Pedro Ríos, y el gerente general de la Zona Libre de Colón, Leopoldo Benedetti, por “engañar” a la Asamblea y decir que la Ley 72 había sido consensuada. El diputado Hernán Delgado fue el único diputado oficialista que calificó como positiva la Ley 72, culpando a sus promotores de no haberla vendido bien.
La iniciativa aprobada consta de seis artículos y derogó la Ley 72 de 2012 que subrogó el Decreto ley 18 del 17 de junio de 1948, el cual dio vida a la Zona Libre de Colón, y restableció la vigencia de este decreto ley.
Durante la consideración de la conveniencia o no del proyecto 541, el diputado Jorge Alberto Rosas, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, pidió un voto de censura para el ministro de Comercio, Ricardo Quijano, y para el titular de Seguridad, José Raúl Mulino, y que según la Constitución Nacional podría conducir a la destitución de ambos funcionarios por parte de la Asamblea.
Con relación a Quijano manifestó que con la derogatoria de la Ley 72, es la segunda ocasión que una ley surgida de su despacho es revocada por falta de consultas, tal como ocurrió con la Ley 8 sobre minería.
CUESTIONAN A MULINO
Mientras que del ministro Mulino dijo que espera que el brazo de la justicia lo alcance y le haga pagar toda la tristeza y el luto que ha causado en Bocas del Toro, en el oriente chiricano y en Colón, donde ordenó represiones brutales con la creencia equivocada de que la fuerza de las armas prevalecerá frente a la voz de los pueblos que reclaman justicia a la administración de gobierno de Cambio Democrático.
“Ese ministro cuestionado por sobrecostos en radares, en helicópteros y en mapas digitales, que hace un año se burlaba de diputados de esta Asamblea, quiero que justifique por qué ordenó que el Servicio Nacional de Fronteras fuera a reprimir violentamente, primero al oriente chiricano, y ahora a los colonenses” , dijo.
El panameñista Alcibiades Vásquez, por su parte, criticó que los “autores intelectuales” de la Ley 72 no estuvieran sentados en el banquillo en el pleno de la Asamblea, refiriéndose al ministro de Comercio, Ricardo Quijano, entidad de la que surgió la Ley 72. “Ellos, los representantes del Órgano Ejecutivo, debieron estar aquí dando la cara”.
Mientras, Adolfo Valderrama, también del panameñismo, lamentó que a esas alturas no se hubiera escuchado a ningún funcionario del Ejecutivo o diputado de la bancada oficialista pedir perdón por hacer sufrir a tantos panameños con la aprobación de la Ley 72 y a todos los que con su lucha le han mandado el mensaje claro al Presidente de la República de que la dignidad no tiene precio.
´MENTIROSOS´
En tanto, la diputada perredista Irasema de Dale tildó de “mentirosos”, tanto al gobernador de Colón, Pedro Ríos, como al gerente de la Zona Libre, Leopoldo Benedetti, por decir que la Ley 72 estaba consensuada. Les pidió que renunciaran.
Elías Castillo, también del Partido Revolucionario Democrático, recriminó a la ministra de Educación, Lucy Molinar, por su poco actuar durante la crisis en la provincia de Colón tras la aprobación de la Ley 72.
Castillo pidió que se investigue si durante la vigencia de la Ley 72, el Ejecutivo logró vender algún terreno. Además, denunció que el proyecto de presupuesto general del Estado, que sancionó Martinelli el mismo día que la Ley 72, evidencia que para Colón se redujeron 73 millones de dólares.
En medio del calor del debate legislativo, un grupo de manifestantes –miembros del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (a quienes se les permitió el ingreso a las gradas de la Asamblea)– gritó consignas contra Martinelli y las bancadas legislativas de gobierno y oposición para que aceleraran la aprobación de la derogatoria de la Ley 72.
“Chello... muévete, aprueba ya esa ley”, le gritaban desde las gradas al presidente de la Asamblea, Sergio Gálvez, al ver que el debate se extendía. Finalmente la aprobación del proyecto derogatorio se dio a las 2:03 de la madrugada.
Gálvez manifestó que el pueblo habló claro y quería que se derogara la Ley 72; y se cumplió con ese clamor. Consideró como poco conveniente presentar en estos momentos otro proyecto relativo a la Zona Libre de Colón. Frente a los cuestionamientos de falta de independencia de la Asamblea frente al Órgano Ejecutivo, Gálvez manifestó que las próximas leyes que sean conflictivas “debemos tener un poco más de cuidado y tratar de darle la mayor de las participaciones a los sectores para que, de común acuerdo, podamos llevar un paquete de leyes a la Asamblea Nacional que sean debidamente consensuadas”.
REAPARECE MARTINELLI
Después de siete días de gira por Japón y Vietnam, el presidente, Ricardo Martinelli, reapareció ayer públicamente para sancionar la norma que finalmente derogó la controvertida Ley 72.
Lo hizo en la Presidencia de la República y frente a las cámaras y grabadoras de una veintena de periodistas que asistieron al Palacio de las Garzas convocados por la Secretaría de Comunicación del Estado.
Se le vio molesto, inconforme y cansado. Nada quedaba de ese optimista Martinelli que defendió contra viento y marea la Ley 72 antes de su viaje a Japón, durante una entrevista que concedió el viernes 19 de octubre a TVN.
A su lado estaban el presidente del Legislativo, Sergio Gálvez; Ricardo Quijano, ministro de Comercio e Industrias, que tomó distancia de la controversia generada por la ley que él mismo promovió; y Roberto Henríquez, ministro de la Presidencia.
A Gálvez, una de las figuras más activas en la defensa del gobierno, esta vez en calidad de titular del Órgano Legislativo le correspondió entregar al presidente Martinelli el recién aprobado proyecto 541.
Luego explicó que una vez sancionada la ley, entra en vigencia el Decreto ley 18 del 17 de junio de 1948 que creó la Zona Libre de Colón.
Martinelli y Quijano estamparon sus firmas en el documento, y en cuestión de segundos todos abandonaron el anfiteatro del Palacio de las Garzas donde se desarrolló el acto.
Dejaron a los periodistas con muchas preguntas preparadas. Minutos después, Dalilia Arciniegas, del equipo de prensa de la Presidencia, anunció que a las 7:00 p.m. el gobernante hablaría por cadena nacional. Y así lo hizo, pero no respondió preguntas.
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