PANAMA (AP). El presidente Ricardo Martinelli llamó a los indígenas a dialogar sobre las polémicas reformas al sector minero que tienen en pie de guerra al mayor grupo étnico del país y a la oposición exigiendo un referendo sobre el tema.
"El diálogo es lo único que debe prevalecer", dijo el gobernante a la prensa durante una gira por el interior del país, en momentos en que un grupo de indígenas protagonizaba otra protesta en un tramo de la carretera Panamericana al este de la capital.
Ninguno de los líderes de las protestas respondió de inmediato a la exhortación presidencial.
El ex canciller y opositor Samuel Lewis Navarro planteó el viernes que el gobierno aún puede emprender un diálogo y llamar a un referendo que defina el futuro del patrimonio minero del país.
"Estamos a tiempo para convocar a un debate nacional", señaló Lewis, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), principal de la oposición y que gobernó el an terior quinquenio (2004-2009). "Nuevamente el gobierno se equivocó".
Martinelli aclaró que su gobierno no ha otorgado ninguna concesión minera y que las exploraciones y explotaciones en desarrollo fueron avaladas por los anteriores gobiernos, mayormente del PRD.
Reiteró que las reformas no buscan la explotación de cobre en la localidad de Cerro Colorado, en la provincia occidental de Chiriquí y habitada por indígenas, y estimó que las enmiendas beneficiarían a la larga a los próximos gobiernos.
"A los amigos indígenas (les digo) nadie va a hacer ninguna concesión minera, ni va a haber ninguna explotación de ninguna área comarcal", enfatizó Martinelli, quien asumió el 1 de julio del 2009 para un periodo de cinco años. "Que no se dejen engañar por personas que quieren sacar un beneficio político de esto y causar el caos".
Los indígenas de la etnia Ngäbe Buglé, la más numerosa del país con unos 260,000 personas, exigen que la reforma sea derogada ante el temor por los daños que,según defensores del medio ambiente,conlleva el desarrollo de la minería a cielo abierto.
Un grupo de ellos, residentes al este de la capital, bloqueó desde temprano la carretera Panamericana, pero horas después fue desalojado por policías antimotines, ante los que se enfrentaron con palos y piedras.
El gobierno asegura que las enmiendas persiguen reglamentar una industria que se regía por una vieja norma de 1964, facilitar el acceso de recursos financieros --entre ellos de países extranjeros-- a los inversionistas potenciales y llevar progreso a las empobrecidas zonas donde se impulse la actividad.
"El diálogo es lo único que debe prevalecer", dijo el gobernante a la prensa durante una gira por el interior del país, en momentos en que un grupo de indígenas protagonizaba otra protesta en un tramo de la carretera Panamericana al este de la capital.
Ninguno de los líderes de las protestas respondió de inmediato a la exhortación presidencial.
El ex canciller y opositor Samuel Lewis Navarro planteó el viernes que el gobierno aún puede emprender un diálogo y llamar a un referendo que defina el futuro del patrimonio minero del país.
"Estamos a tiempo para convocar a un debate nacional", señaló Lewis, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), principal de la oposición y que gobernó el an terior quinquenio (2004-2009). "Nuevamente el gobierno se equivocó".
Martinelli aclaró que su gobierno no ha otorgado ninguna concesión minera y que las exploraciones y explotaciones en desarrollo fueron avaladas por los anteriores gobiernos, mayormente del PRD.
Reiteró que las reformas no buscan la explotación de cobre en la localidad de Cerro Colorado, en la provincia occidental de Chiriquí y habitada por indígenas, y estimó que las enmiendas beneficiarían a la larga a los próximos gobiernos.
"A los amigos indígenas (les digo) nadie va a hacer ninguna concesión minera, ni va a haber ninguna explotación de ninguna área comarcal", enfatizó Martinelli, quien asumió el 1 de julio del 2009 para un periodo de cinco años. "Que no se dejen engañar por personas que quieren sacar un beneficio político de esto y causar el caos".
Los indígenas de la etnia Ngäbe Buglé, la más numerosa del país con unos 260,000 personas, exigen que la reforma sea derogada ante el temor por los daños que,según defensores del medio ambiente,conlleva el desarrollo de la minería a cielo abierto.
Un grupo de ellos, residentes al este de la capital, bloqueó desde temprano la carretera Panamericana, pero horas después fue desalojado por policías antimotines, ante los que se enfrentaron con palos y piedras.
El gobierno asegura que las enmiendas persiguen reglamentar una industria que se regía por una vieja norma de 1964, facilitar el acceso de recursos financieros --entre ellos de países extranjeros-- a los inversionistas potenciales y llevar progreso a las empobrecidas zonas donde se impulse la actividad.
No comments:
Post a Comment