Zar anticorrupción, al ritmo de los gobiernos

JOSÉ ARCIA
JOSÉ GONZÁLEZ PINILLA
panorama@prensa.com

AUTORIDAD. La figura del zar anticorrupción surgió en Panamá en 1999, cuando se creó la Dirección Nacional contra la Corrupción. LA PRENSA/ Archivo

Cuando el presidente, Ricardo Martinelli, llegó al Palacio de las Garzas, en julio de 2009, una de las primeras cosas que hizo fue devolverle al Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción la facultad de realizar investigaciones administrativas que habían sido suprimidas por la administración gubernamental pasada.

Un balance de la institución en estos primeros 18 meses de gestión da cuenta de que las investigaciones administrativas han estado enfocadas en acciones de funcionarios de la gestión de Martín Torrijos (2004-2009), a pesar de algunos escándalos de la actual administración que han salido a relucir en los medios de comunicación.

De las 40 denuncias que aparecen en la página web del Consejo Nacional de Transparencia, dos son en contra de funcionarios del actual gobierno. El resto, 38, son en contra de funcionarios de la pasada administración.

Las denuncias han sido presentadas en el Ministerio Público para sus respectivas investigaciones.

Mario Cruz, jefe de asesoría legal del Consejo, dijo que se han dado tres audiencias preliminares y tres sobreseimientos preliminares.

Alrededor de 12 indagatorias y la mayoría de las denuncias están en ampliación por las respectivas fiscalías y esperando informe de auditoría de la Contraloría General de la República, dijo.

SIN AUTONOMÍA

Cristóbal Arboleda, quien fue el primero en ocupar el cargo de secretario del Consejo Nacional contra la Corrupción cuando fue creado en 2004, consideró que la entidad no tiene independencia para sus investigaciones administrativas.

En 1999, bajo la jefatura gubernamental de Mireya Moscoso, se creó la Dirección Nacional contra la Corrupción, bajo el mando del Ministerio de Economía y Finanzas. En 2004 pasó a ser dependencia del Ministerio de la Presidencia y se le cambió el nombre por Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción.

Precisamente ese es uno de los puntos que cuestiona Arboleda: ¿a qué funcionarios del Gobierno puede investigar el Consejo si responde directamente a la Presidencia?

El trabajo del Consejo es “poco significativo y un poco deficiente en la lucha efectiva contra la corrupción”, recalcó. La entidad necesita autonomía e independencia legal porque de lo contrario no podrá “investigar a funcionarios de una administración de la que el secretario del Consejo es parte”.

Otra crítica de fondo es la que ha hecho el ex magistrado de la Corte Edgardo Molino Mola, quien dice que para investigar la corrupción están el Ministerio Público y la Contraloría.

A estos cuestionamientos se suma que Fernando Núñez Fábrega, secretario del Consejo, es primo del presidente de la República, Ricardo Martinelli, lo que es rechazado por grupos de la sociedad civil.

A Núñez Fábrega se le hicieron algunas preguntas por correo electrónico y no ha contestado. Tampoco ha respondido mensajes telefónicos. Un vocero de la entidad informó que está fuera del país. No obstante, él ha dicho que su institución se enfoca más en la administración pasada para evitar que prescriban los casos.

El presupuesto del Consejo es manejado por el Ministerio de la Presidencia, encabezado por el ministro Demetrio Jimmy Papadimitriu. En los últimos años, su presupuesto ha ido aumentando, con excepción de 2009 (ver tabla). Se desconoce cuánto se ha gastado en este Consejo en los últimos dos años debido a que es manejado directamente por la Presidencia, informó un vocero.

El Consejo cuenta con un equipo de 20 funcionarios, los cuales devengan salarios que van de entre 375 a 3 mil dólares mensuales. Incluyen abogados, auditores forenses, oficinistas, conductores y trabajadores manuales.