José Arcia
jarcia@prensa.com
Los campesinos e indígenas del interior del país que protestan en la ciudad capital por los proyectos mineros, hidroeléctricos y de turismo residencial, lograron ayer que autoridades gubernamentales los atendieran. Sin embargo, mantendrán su medida de fuerza.
Los manifestantes permanecerán en el parque Catedral, donde están desde el pasado miércoles, hasta conseguir que el presidente, Martín Torrijos, se reúna con ellos o se comprometa a hacerlo en una fecha específica.
Pero esta protesta, que hoy cumple tres días, logró ayer reacciones del Gobierno y del sector empresarial.
Rubén Arosemena, segundo vicepresidente y ministro de la Presidencia, y Ligia Castro, administradora de la Autoridad Nacional del Ambiente, recibieron a una delegación de los grupos.
Arosemena dijo que los campesinos e indígenas tienen puntos muy atendibles como lo relativo a las hidroeléctricas. A su juicio, se deben poner sobre la balanza los contados recursos del país, incluidos los hídricos, en beneficio de todos.
Castro, por su parte, se reunió, después de atender a los manifestantes, con Humberto González, gerente de Aes Changuinola, para expresarle las inquietudes de uno de los grupos: los indígenas de Charco La Pava, en la provincia de Bocas del Toro.
González, en una reunión con este diario, dijo no entender las razones de la protesta. La empresa es señalada por los indígenas por violar sus derechos.
González negó las acusaciones y mostró documentos con los pagos que ha hecho para indemnizar a los indígenas afectados.
Larissa Duarte, una de las dirigentes de los campesinos, mencionó que espera que el Gobierno les presente por escrito los compromisos. Entre esos, investigar las supuestas violaciones y participar en el Diálogo por la Concertación Nacional.
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