La Estrella de Panamá
Desde el pasado miércoles, 17 de octubre, habitantes de Colón se encuentran realizando protestas en contra del proyecto de ley No. 529, que permite la venta de las tierras de la Zona Libre de Colón. Hasta tardes horas de la noche se extendieron las acciones, donde además hubo actos vandálicos, contra negocios del área y la Cámara de Comercio del lugar. Este jueves, 18 de octubre, siguen las manifestaciones.
Un grupo de estudiantes del Centro Regional de la Universidad de Panamá mostraron su rechazo al proyecto de ley, realizando protestas y cerrando los paños de la carretera a la altura de Arco Iris, este jueves. Asimismo, docentes se reunieron en la Iglesia San José para decidir sus acciones de protesta frente a la discusión del proyecto.
La diputada colonense, Irasemena De Dale, señaló en Noticias AM que los colonenses saldrán nuevamente a las calles este jueves ya que están en contra del proyecto de ley "que es tan negativo para Colón y que no lleva ningún beneficio a la provincia".
De Dale pidió al Gobierno que se retire la propuesta, ya que no es viable vender los activos del pueblo colonense.
Según la diputada, las ganancias de la ZLC son $64 millones de dólares, por lo que proponen que la mitad de la suma vaya a Colón, por unos 4 o 5 años, mientras que la provincia prospere, y luego, se mira la viabilidad de la venta.
Por otra parte, el viceministro de Comercio Interior e Industrias, Luis Eduardo Camacho, dijo en Telemetro Reporta que la población se encuentra mal informada sobre este proyecto de ley y que esto lo ha podido verificar en visitas a la provincia colonense.
Indicó que contrario a lo que se cree, lo que se pretende es generar más empleos, llevar beneficios a la provincia y modernizar a la ZLC a la realidad actual.
Camacho aseveró que la propuesta no contempla cambiar el nombre de la zona franca ni su privatización.
Miembros del Frente Amplio Colonense también han exigido al Gobierno que "retiren el proyecto" para sentarse a conversar y llevar la propuesta a consulta popular, o de lo contrario, seguirán las acciones de protesta. Para este jueves se informó sobre una marcha desde la iglesia Paulino San José a las 4:00 pm.
El pasado martes, 16 de octubre, se aprobó la ley en tercer debate, con algunas modificaciones, entre ellas, que el 30% de los dividendos de las ventas vayan dirigidos al pueblo colonense. Se espera que este jueves continúen las dicusiones, en segundo debate, en el Pleno de la Asamblea Nacional sobre esta propuesta.
La polémica ley ha sido cuestionada por partidos opositores, incluso por Gloria Moreno de López, administradora general de la Autoridad Nacional de Aduanas, quien expresó que los artículos 42 y 43 del proyecto “parecen quitarle a la institución la potestad de fiscalizar todo lo que entra, sale y pasa por el país”.
Mientras tanto, Samir Sayet, Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Colón señaló estar en desacuerdo con la venta de los terrenos, por tratarse de un activo fijo que tiene que ser conservado.
El vicepresidente de la República y presidente del opositor partido Panameñista, Juan Carlos Varela, dudó que la intención del Presidente Martinelli sea usar las ganancias en beneficio de los colonenses, y dijo estar en desacuerdo con la venta de estos activos, "en momentos en que la economía crece y el gobierno tiene ingresos corrientes extraordinarios”.
Por su parte, el ministro de Comercio e Industrias, Ricardo Quijano, ha manifestado que el proyecto de ley es algo positivo, ya que el 30% de los dividendos de la venta serán destinados para el pueblo colonense.
La propuesta, que fue presentada el pasado martes, 9 de octubre, por Quijano, modifica el decreto de ley No. 18 del 17 de junio de 1.948, mediante el cual se creó la Zona Libre de Colón y que permitiría la venta de los terrenos del lugar.
La polémica ley ha sido cuestionada por partidos opositores, incluso por Gloria Moreno de López, administradora general de la Autoridad Nacional de Aduanas, quien expresó que los artículos 42 y 43 del proyecto “parecen quitarle a la institución la potestad de fiscalizar todo lo que entra, sale y pasa por el país”.
Mientras tanto, Samir Sayet, Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Colón señaló estar en desacuerdo con la venta de los terrenos, por tratarse de un activo fijo que tiene que ser conservado.
El vicepresidente de la República y presidente del opositor partido Panameñista, Juan Carlos Varela, dudó que la intención del Presidente Martinelli sea usar las ganancias en beneficio de los colonenses, y dijo estar en desacuerdo con la venta de estos activos, "en momentos en que la economía crece y el gobierno tiene ingresos corrientes extraordinarios”.
Por su parte, el ministro de Comercio e Industrias, Ricardo Quijano, ha manifestado que el proyecto de ley es algo positivo, ya que el 30% de los dividendos de la venta serán destinados para el pueblo colonense.
La propuesta, que fue presentada el pasado martes, 9 de octubre, por Quijano, modifica el decreto de ley No. 18 del 17 de junio de 1.948, mediante el cual se creó la Zona Libre de Colón y que permitiría la venta de los terrenos del lugar.
Venta de los terrenos de la ZLC, ¿un negocio rentable?
ALMA SOLÍS
PANAMA. ¿Por qué es beneficioso vender las tierras de la Zona Libre de Colón (ZLC)? Para Leopoldo Benedetti, administrador de la zona franca, la respuesta es sencilla: para recaudar fondos e invertir en la provincia. Según los cálculos del Gobierno, en los próximos 20 años el Estado recibiría $2 mil millones producto de la venta de las tierras de la ZLC. De estos, un 35% ($700 millones) se asignarían a inversiones en la provincia atlántica. Inicialmente se había contemplado un 25%, pero durante las discusiones en el primer debate el porcentaje se elevó a 30%, y un 5% adicional en el segundo debate.
Además, se espera recibir otros impuestos municipales, como los que se cobrarán a los bancos, lo que representaría $3 millones más ($60 millones en 20 años).
Por otra parte, se recaudarían impuestos de inmueble que dejarían más ingresos. En el mismo periodo, de mantenerse el alquiler de estas tierras —que representa $27 millones anuales, con un incremento de 10% cada año— el Estado estaría recibiendo unos $181 millones 642 mil más.
Según Benedetti, si se dividen los $92 millones que se recaudan entre los 5 millones de metros cuadrados (m2) alquilados actualmente, se obtiene una rentabilidad de solo $20 por m2.
La iniciativa de vender los terrenos surgió del entonces ministro de Economía y Finanzas Alberto Vallarino, afirmó Benedetti.
Para Samir Sayed, vicepresidente de la Cámara de Comercio de la provincia, este no es un negocio rentable para los empresarios, que no solo tendrán que hacer una inversión en momentos en que —alegan— no tienen flujo de capital, sino que además tendrán que pagar impuestos de inmueble sobre el valor total de la propiedad, el cual es de 1% durante los primeros cinco años y 1. 75% en los años siguientes.
Sayed prevé que esto ocasionará que las empresas decidan instalar sus oficinas fuera de la zona franca y opten por mantener solo bodegas o buscar otras alternativas, como el Área Especial Panamá Pacífico de Howard.
Para los empresarios, el Estado perdería un activo productivo y le restaría competitividad a un pilar importante de la economía.
MÁS ALLÁ DE LAS VENTAS
El proyecto en discusión modifica varios temas. Entre ellos plantea la incorporación de áreas aledañas ubicadas frente a la carretera Boyd Roosevelt y avenida Almed Waked. Según el proyecto, sería la junta directiva la que tendría la potestad de aprobar el uso de estas tierras y a quién se las otorgaría en concesión o venta.
La justificación es que se quiere incentivar el establecimiento de empresas que sean complementarias.
Otro de los cambios que se plantean es el establecimiento de empresas bajo el régimen de sedes multinacionales, lo que no es posible con la actual ley.
Se podrán establecer empresas multimodales y de logística, como operadoras de call centers.
También se podrán incorporar notarías, oficinas del Registro Público, entre otras, y se formalizarían algunas actividades no contempladas en la legislación, como servicios bancarios y de seguros.
Se crea la ventanilla única para los permisos y trámites que se necesiten y se establece que el 20% de los ingresos se queda en la propia para modernización.
Además, se espera recibir otros impuestos municipales, como los que se cobrarán a los bancos, lo que representaría $3 millones más ($60 millones en 20 años).
Por otra parte, se recaudarían impuestos de inmueble que dejarían más ingresos. En el mismo periodo, de mantenerse el alquiler de estas tierras —que representa $27 millones anuales, con un incremento de 10% cada año— el Estado estaría recibiendo unos $181 millones 642 mil más.
Según Benedetti, si se dividen los $92 millones que se recaudan entre los 5 millones de metros cuadrados (m2) alquilados actualmente, se obtiene una rentabilidad de solo $20 por m2.
La iniciativa de vender los terrenos surgió del entonces ministro de Economía y Finanzas Alberto Vallarino, afirmó Benedetti.
Para Samir Sayed, vicepresidente de la Cámara de Comercio de la provincia, este no es un negocio rentable para los empresarios, que no solo tendrán que hacer una inversión en momentos en que —alegan— no tienen flujo de capital, sino que además tendrán que pagar impuestos de inmueble sobre el valor total de la propiedad, el cual es de 1% durante los primeros cinco años y 1. 75% en los años siguientes.
Sayed prevé que esto ocasionará que las empresas decidan instalar sus oficinas fuera de la zona franca y opten por mantener solo bodegas o buscar otras alternativas, como el Área Especial Panamá Pacífico de Howard.
Para los empresarios, el Estado perdería un activo productivo y le restaría competitividad a un pilar importante de la economía.
MÁS ALLÁ DE LAS VENTAS
El proyecto en discusión modifica varios temas. Entre ellos plantea la incorporación de áreas aledañas ubicadas frente a la carretera Boyd Roosevelt y avenida Almed Waked. Según el proyecto, sería la junta directiva la que tendría la potestad de aprobar el uso de estas tierras y a quién se las otorgaría en concesión o venta.
La justificación es que se quiere incentivar el establecimiento de empresas que sean complementarias.
Otro de los cambios que se plantean es el establecimiento de empresas bajo el régimen de sedes multinacionales, lo que no es posible con la actual ley.
Se podrán establecer empresas multimodales y de logística, como operadoras de call centers.
También se podrán incorporar notarías, oficinas del Registro Público, entre otras, y se formalizarían algunas actividades no contempladas en la legislación, como servicios bancarios y de seguros.
Se crea la ventanilla única para los permisos y trámites que se necesiten y se establece que el 20% de los ingresos se queda en la propia para modernización.
Concertación ratifica que no apoya venta de terrenos de la ZLC
La Prensa
El secretario ejecutivo del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, Jaime Jácome, ratificó este jueves, 18 de octubre, que los miembros de esta instancia rechazan la venta de terrenos de la Zona Libre de Colón (ZLC).
Previo a la presentación del informe de coincidencias para la mesa de bienestar y equidad de la Concertación –celebrada en la Ciudad del Saber– Jácome recalcó que a la fecha la posición es similar a la expresada en junio de este año.
En ese momento esa instancia rechazó la intención del Gobierno de vender los terrenos en la provincia de Colón. También, por consenso, se rechazó la venta de activos del Estado, las acciones de empresas eléctricas y Cable & Wireless.
PÉRDIDA DE CLASES
Por otra parte, la ministra de Educación, Lucy Molinar, salió al paso de las protestas que se realizan en la ciudad de Colón, en contra de la venta de las tierras de la Zona Libre, porque afectan a los estudiantes de ese sector del país.
Y es que, a pesar de que oficialmente en Colón no se han suspendido las clases, hoy se reportó un alto grado de ausentismo por parte de los estudiantes. Además, los padres de familia empezaron a buscar a sus hijos a las escuelas, tras el anuncio de masivas protestas.
“Todo el mundo tiene derecho y libertad para disentir, estar en desacuerdo, pero no se debe perjudicar a los estudiantes”. “Es lastimoso que la sociedad civil proteste sin respetar los derechos de los estudiantes, las clases que se pierdan tienen que ser recuperadas”.
La funcionaria reiteró, además, que las clases son regulares en la provincia de Colón. Instó a los padres de familia a enviar a sus hijos a las clases.
En tanto, Andrés Rodríguez, secretario general de la Asociación de Profesores, pidió a los acudientes no enviar a sus hijos a los centros escolares, debido a que a partir de las 9:00 a.m. de este viernes se sumarán a las acciones de protesta en contra del proyecto de ley.
TAXISTAS PROTESTAN EN COLÓN
En tanto, las protestas contra la venta de las tierras de la ZLC, continuaron este jueves. Un grupo de taxistas partió desde la calle 8 avenida Central y se congregó en diferentes puertas de acceso al emporio comercial.
Los conductores tocaron bocinas, corearon consignas y con pancartas en manos mostraron su rechazo al proyecto de Ley 529. A su vez, por medida de seguridad, se ordenó el cierre de las puertas de acceso a esta zona franca.
Más temprano, un grupo de estudiantes y administrativos del Centro Regional Universitario de Colón de la Universidad de Panamá suspendió sus labores para participar de las protestas contra la venta de las tierras de la ZLC.
El grupo del centro regional se manifestó en las afueras de esas instalaciones, ubicadas en Arco Iris. Mientras tanto un grupo de docentes, quienes pertenecen a diferentes agrupaciones, se reunieron en la Iglesia San José para decidir sus acciones de protesta frente a la discusión del proyecto de ley No. 529, que permite la venta de los terrenos de la zona franca.
NUEVA PROPUESTA
El diputado presidente de la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional, Raúl Hernández, propuso que se aumente a un 35% el porcentaje de los fondos que serán destinados a Colón, luego que se vendan las tierras de la Zona Libre.
Durante la discusión del proyecto de ley No. 529, en el primer debate en la Comisión, se cambió ese porcentaje de un 25% a 30%, lo cual ha sido criticado por los políticos, empresarios y dirigentes comunitarios colonenses.
Hernández explicó que ese 35% sería utilizado en proyectos de interés social para los colonenses. Para establecer esta propuesta tendría que efectuarse una modificación al acápite H del artículo No. 2 del proyecto de ley, el cual regula el fideicomiso que se establecerá con los fondos.
En esa norma se dice que el “contrato que tendrá que crearse al momento de promulgarse la presente ley, para la administración y fiscalización de los activos provenientes del 30% de los ingresos extraordinarios, por la venta de los bienes inmuebles de la Zona Libre de Colón, destinados al desarrollo de proyectos de interés social de la provincia de Colón, en los términos pactados en la presente Ley y en base a la Ley No. 1 de 1984 o cualquier otra que regule la materia en el futuro”.
(Con datos de Ángel López Guía, Gustavo A. Aparicio O., Migdalia Grinard, Manuel Vega Loo)
Previo a la presentación del informe de coincidencias para la mesa de bienestar y equidad de la Concertación –celebrada en la Ciudad del Saber– Jácome recalcó que a la fecha la posición es similar a la expresada en junio de este año.
En ese momento esa instancia rechazó la intención del Gobierno de vender los terrenos en la provincia de Colón. También, por consenso, se rechazó la venta de activos del Estado, las acciones de empresas eléctricas y Cable & Wireless.
PÉRDIDA DE CLASES
Por otra parte, la ministra de Educación, Lucy Molinar, salió al paso de las protestas que se realizan en la ciudad de Colón, en contra de la venta de las tierras de la Zona Libre, porque afectan a los estudiantes de ese sector del país.
Y es que, a pesar de que oficialmente en Colón no se han suspendido las clases, hoy se reportó un alto grado de ausentismo por parte de los estudiantes. Además, los padres de familia empezaron a buscar a sus hijos a las escuelas, tras el anuncio de masivas protestas.
“Todo el mundo tiene derecho y libertad para disentir, estar en desacuerdo, pero no se debe perjudicar a los estudiantes”. “Es lastimoso que la sociedad civil proteste sin respetar los derechos de los estudiantes, las clases que se pierdan tienen que ser recuperadas”.
La funcionaria reiteró, además, que las clases son regulares en la provincia de Colón. Instó a los padres de familia a enviar a sus hijos a las clases.
En tanto, Andrés Rodríguez, secretario general de la Asociación de Profesores, pidió a los acudientes no enviar a sus hijos a los centros escolares, debido a que a partir de las 9:00 a.m. de este viernes se sumarán a las acciones de protesta en contra del proyecto de ley.
TAXISTAS PROTESTAN EN COLÓN
En tanto, las protestas contra la venta de las tierras de la ZLC, continuaron este jueves. Un grupo de taxistas partió desde la calle 8 avenida Central y se congregó en diferentes puertas de acceso al emporio comercial.
Los conductores tocaron bocinas, corearon consignas y con pancartas en manos mostraron su rechazo al proyecto de Ley 529. A su vez, por medida de seguridad, se ordenó el cierre de las puertas de acceso a esta zona franca.
Más temprano, un grupo de estudiantes y administrativos del Centro Regional Universitario de Colón de la Universidad de Panamá suspendió sus labores para participar de las protestas contra la venta de las tierras de la ZLC.
El grupo del centro regional se manifestó en las afueras de esas instalaciones, ubicadas en Arco Iris. Mientras tanto un grupo de docentes, quienes pertenecen a diferentes agrupaciones, se reunieron en la Iglesia San José para decidir sus acciones de protesta frente a la discusión del proyecto de ley No. 529, que permite la venta de los terrenos de la zona franca.
NUEVA PROPUESTA
El diputado presidente de la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional, Raúl Hernández, propuso que se aumente a un 35% el porcentaje de los fondos que serán destinados a Colón, luego que se vendan las tierras de la Zona Libre.
Durante la discusión del proyecto de ley No. 529, en el primer debate en la Comisión, se cambió ese porcentaje de un 25% a 30%, lo cual ha sido criticado por los políticos, empresarios y dirigentes comunitarios colonenses.
Hernández explicó que ese 35% sería utilizado en proyectos de interés social para los colonenses. Para establecer esta propuesta tendría que efectuarse una modificación al acápite H del artículo No. 2 del proyecto de ley, el cual regula el fideicomiso que se establecerá con los fondos.
En esa norma se dice que el “contrato que tendrá que crearse al momento de promulgarse la presente ley, para la administración y fiscalización de los activos provenientes del 30% de los ingresos extraordinarios, por la venta de los bienes inmuebles de la Zona Libre de Colón, destinados al desarrollo de proyectos de interés social de la provincia de Colón, en los términos pactados en la presente Ley y en base a la Ley No. 1 de 1984 o cualquier otra que regule la materia en el futuro”.
(Con datos de Ángel López Guía, Gustavo A. Aparicio O., Migdalia Grinard, Manuel Vega Loo)
