Deivis Eliecer Cerrud
@DeivisCerrud
"Como realmente grave" calificó la Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Asamblea Ciudadana la posible participación de funcionarios vinculados al Órgano Ejecutivo en la ejecución de un plan para destituir a la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez y manipular la acción de la justicia.
Mediante un comunicado conjunto, ambos grupos de la sociedad civil, apoyados por 18 agrupaciones, sostienen que "en cualquier país democrático del mundo se abriría un proceso para investigar los hechos que involucran al presidente de la República en posibles actos violatorios de la Constitución y la ley, tal y como lo establece el artículo 160 de la Constitución Nacional".
El artículo 160 dice: "es función de la Asamblea Nacional conocer de las acusaciones o denuncia que se presenten contra el presidente de la República y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, si a ello diera lugar por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público violatorios de esta Constitución o las leyes".
El grupo PAMAGO, creado en enero de 2010, se defiendió esta mañana y alega que fue conformado para frenar abusos cometidos por la exprocuradora Gómez, mientras la ex fiscal Zulay Rodríguez reafirma que fue una conspiración y que incluso le ofrecieron ser fiscal en el Ministerio Público.
La Estrella de Panamá reveló que hubo participación del entonces secertario de Comunicación del Estado, Alfredo Prieto; el magistrado José Abel Almengor y un grupo de abogados liderados por Italo Antinori, que ha sido recientemente designado por el Consejo Gabinete para coordinar las consultas de la reforma constitucional.
"Vemos como realmente grave la noticia sobre el grupo creado en enero del 2010 para lograr la destitución de la Procuradora General de la Nación en funciones en esa fecha", dicen la Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Asamblea Ciudadana.
Explican que las reuniones realizadas en instalaciones de la Presidencia de la República, la participación del secretario de Comunicación de la Presidencia y la participación de una persona nombrada como magistrado de la Corte Suprema, "son graves indicios de que hubo participación del Órgano Ejecutivo en este plan para destituir a un Procurador General".
Petición a la Asamblea
Tanto la Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Asamblea Ciudadana pide a la Asamblea de Diputados investigar:
1. Si existió un documento denominado "la ruta Constitucional del Doctor Antinori", que contenía un plan para la destitución de la Procuradora General de la Nación.
2. Si la primera reunión del grupo PAMAGO se dio en las oficinas de relaciones Públicas de la Presidencia de la República y si en dicha reunión participó Alfredo Prieto, secretario de Comunicación de la Presidencia y el funcionario de confianza del presidente de la República, José Abel Almengor.
3. Constatar si es cierto que varios miembros del grupo PAMAGO fueron nombrados en el Ministerio Público y si es cierto que varios de los miembros eran amigos o familiares del magistrado Almengor.
"Si en Panamá existe un mínimo de respeto al principio de separación de poderes del Estado se debe abrir esta investigación cuanto antes", expresa.
Deploran
La Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Asamblea Ciudadana rechazaron la figura de Antinori como encargado de las reformas constitucionales y solicitaron que se suspenda este proceso de reformas, ya que debemos adoptar un método participativo y democrático de debate sobre la nueva Constitución.
Igualmente, indican que para detener el deterioro de la imagen de la Corte Suprema de Justicia e insistaron a establecer una autoregulación del Ejecutivo para la escogencia de magistrados de la Corte y "poner fin al nombramiento por amiguismos políticos en la Corte Suprema".
En el correo enviado a La Estrella de Panamá por el abogado Carlos Alberto de León, uno de los integrantes del grupo PAMAGO, señala que en ningún momento ellos realizaron conspiraciones ni tenían ningún tipo de poderes para poder influir en las decisiones que pudieran tomar los órganos jurisdiccionales.
PAMAGO desmiente que durante las reuniones haya participado el magistrado Almengor y Alfredo Prieto o algún autoridad judicial o administrativa, como señalan las revelaciones de una de las integrantes del grupo, la licendiada Zulay Rodríguez
Mientras que la Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Asamblea Ciudadana reiteran que se investigue sobre esta intromisión de los poderes del Estado "ya que de no hacerlo se estaría afectando nuestro sistema democrático y la imagen de nuestro país".
"No puede haber seguridad jurídica en un país donde se manipula la justicia", agregan.
El Gobierno Nacional todavía no se ha pronunciado sobre este escándalo que toca las puertas de Palacio.
Mediante un comunicado conjunto, ambos grupos de la sociedad civil, apoyados por 18 agrupaciones, sostienen que "en cualquier país democrático del mundo se abriría un proceso para investigar los hechos que involucran al presidente de la República en posibles actos violatorios de la Constitución y la ley, tal y como lo establece el artículo 160 de la Constitución Nacional".
El artículo 160 dice: "es función de la Asamblea Nacional conocer de las acusaciones o denuncia que se presenten contra el presidente de la República y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, si a ello diera lugar por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público violatorios de esta Constitución o las leyes".
El grupo PAMAGO, creado en enero de 2010, se defiendió esta mañana y alega que fue conformado para frenar abusos cometidos por la exprocuradora Gómez, mientras la ex fiscal Zulay Rodríguez reafirma que fue una conspiración y que incluso le ofrecieron ser fiscal en el Ministerio Público.
La Estrella de Panamá reveló que hubo participación del entonces secertario de Comunicación del Estado, Alfredo Prieto; el magistrado José Abel Almengor y un grupo de abogados liderados por Italo Antinori, que ha sido recientemente designado por el Consejo Gabinete para coordinar las consultas de la reforma constitucional.
"Vemos como realmente grave la noticia sobre el grupo creado en enero del 2010 para lograr la destitución de la Procuradora General de la Nación en funciones en esa fecha", dicen la Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Asamblea Ciudadana.
Explican que las reuniones realizadas en instalaciones de la Presidencia de la República, la participación del secretario de Comunicación de la Presidencia y la participación de una persona nombrada como magistrado de la Corte Suprema, "son graves indicios de que hubo participación del Órgano Ejecutivo en este plan para destituir a un Procurador General".
Petición a la Asamblea
Tanto la Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Asamblea Ciudadana pide a la Asamblea de Diputados investigar:
1. Si existió un documento denominado "la ruta Constitucional del Doctor Antinori", que contenía un plan para la destitución de la Procuradora General de la Nación.
2. Si la primera reunión del grupo PAMAGO se dio en las oficinas de relaciones Públicas de la Presidencia de la República y si en dicha reunión participó Alfredo Prieto, secretario de Comunicación de la Presidencia y el funcionario de confianza del presidente de la República, José Abel Almengor.
3. Constatar si es cierto que varios miembros del grupo PAMAGO fueron nombrados en el Ministerio Público y si es cierto que varios de los miembros eran amigos o familiares del magistrado Almengor.
"Si en Panamá existe un mínimo de respeto al principio de separación de poderes del Estado se debe abrir esta investigación cuanto antes", expresa.
Deploran
La Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Asamblea Ciudadana rechazaron la figura de Antinori como encargado de las reformas constitucionales y solicitaron que se suspenda este proceso de reformas, ya que debemos adoptar un método participativo y democrático de debate sobre la nueva Constitución.
Igualmente, indican que para detener el deterioro de la imagen de la Corte Suprema de Justicia e insistaron a establecer una autoregulación del Ejecutivo para la escogencia de magistrados de la Corte y "poner fin al nombramiento por amiguismos políticos en la Corte Suprema".
En el correo enviado a La Estrella de Panamá por el abogado Carlos Alberto de León, uno de los integrantes del grupo PAMAGO, señala que en ningún momento ellos realizaron conspiraciones ni tenían ningún tipo de poderes para poder influir en las decisiones que pudieran tomar los órganos jurisdiccionales.
PAMAGO desmiente que durante las reuniones haya participado el magistrado Almengor y Alfredo Prieto o algún autoridad judicial o administrativa, como señalan las revelaciones de una de las integrantes del grupo, la licendiada Zulay Rodríguez
Mientras que la Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Asamblea Ciudadana reiteran que se investigue sobre esta intromisión de los poderes del Estado "ya que de no hacerlo se estaría afectando nuestro sistema democrático y la imagen de nuestro país".
"No puede haber seguridad jurídica en un país donde se manipula la justicia", agregan.
El Gobierno Nacional todavía no se ha pronunciado sobre este escándalo que toca las puertas de Palacio.
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