El Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, señaló que se manejan informaciones según las cuales otros seis ex funcionarios investigados por el caso de las 'chuzadas' y otros escándalos pedirían asilo para evitar a la justicia colombiana. El ministro colombiano pidió además a la Fiscalía que en la audiencia que se celebrará la próxima semana con los implicados en este escándalo se "precisen las imputaciones o no imputaciones a que haya lugar". Esa posiblidad hizo aún más grande el debate que se desató luego de que a la ex directora del DAS se le concediera el asilo territorial por parte del gobierno de Panamá.
El Gobierno colombiano lamentó la decisión del país vecino, que cobija a la ex funcionaria, señalada por varios de sus subalternos de participar en las interceptaciones y seguimientos ilegales a magistrados, políticos y periodistas, y actualmente investigada por la Fiscalía General de la Nación. Desde Jamaica, donde estaba acompañando al presidente Juan Manuel Santos en una visita oficial, la canciller, María Ángela Holguín, dijo que Colombia "respeta la decisión" del vecino país, pero agregó: "Lamentamos que teniendo una relación tan buena y completa como la que tenemos, no nos hayan informado ni nos hayan comentado sobre este asunto". Y aunque al confirmar que le daría protección a Hurtado el Gobierno panameño habló de "asilo territorial", varias autoridades colombianas hicieron alusión a un "asilo político", y aseguraron que los delitos por los que se le investiga, entre ellos concierto para delinquir, no pueden dar lugar a esa protección.
En el comunicado, el gobierno de Ricardo Martinelli argumentó que le concedía el asilo territorial "con el ánimo de contribuir a la estabilidad política y social de la región" y porque a Hurtado, supuestamente, la asiste "un razonable temor por su seguridad personal, que la ha llevado a abandonar su país". La ex directora del DAS pidió el asilo el pasado 7 de noviembre, sobre la base de que en Colombia no tenía garantías de un juicio justo. Desde Bucaramanga, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, dijo que el Gobierno colombiano no acepta que se pongan en entredicho las garantías que la Justicia otorga a los procesados. Y señaló que "Colombia tiene un sistema garantista que ofrece todas las oportunidades a quien eventualmente reciba imputación de cargos". El Ministro dio a entender que la próxima semana se iban a imputar cargos contra Hurtado, en una audiencia citada por la Fiscalía, por los presuntos delitos de concierto para delinquir e interceptación ilegal. Afirmó que en caso de que se le formulen cargos tendrá que responder por ellos. Y en tono muy enfático resaltó que ninguno de los delitos que se le imputarían tiene carácter "político", que darían lugar a un asilo político. Incluso, el fiscal general encargado, Guillermo Mendoza Diago, dijo que el proceso contra la ex directora del DAS continúa. Explicó que si se pide captura y esta es aceptada por el juez de garantías, la ex funcionaria sería pedida en extradición. En casi dos años desde que estalló el escándalo del DAS, Hurtado nunca había denunciado amenazas en su contra. Sólo había declarado una vez ante la Fiscalía en interrogatorio, pero ayer su abogado, Jaime Camacho, aseguró que "por primera vez en la historia de Colombia los jueces se declaran víctimas del juzgado" y que por eso su suerte estaba echada. ¿Un mal precedente? Varias víctimas de las 'chuzadas' consideraron que la salida del país de la ex directora del DAS podría abrir la puerta para que otros investigados hagan lomismo, para evadir la justicia en Colombia. El senador Gustavo Petro señaló que no descarta demandar a Panamá por proteger a Hurtado. Y el presidente encargado de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, se declaró sorprendido porque el vecino país haya "defendido al victimario y no a la víctima". Dijo que espera que el Gobierno colombiano hable con la administración Martinelli para "hacerle caer en cuenta de su error". El asilo territorial cobija 'delitos comunes cometidos con fines políticos' La figura a la que acudió Panamá es el 'asilo territorial' y no el político. En este caso, ese gobierno consideró que existen riesgos para la integridad de Hurtado, sin hacer ningún tipo de valoración acerca del proceso penal que hay en Colombia en su contra. Sin embargo, el comunicado oficial menciona una Convención de la OEA de 1954 que señala que "la extradición no será procedente cuando se trate de personas (...) perseguidas por delitos políticos o por delitos comunes cometidos con fines políticos".
Lo que tiene por contarle a la justicia en Colombia
1. Quién dio órdenes Hurtado debe aclarar en dónde terminaba la información ilegal del DAS. El ex secretario Bernardo Moreno está investigado en el caso.
2. Manejo de plata El DAS infiltró la Corte Suprema y usó plata de gastos reservados para pagar espías, al parecer con anuencia de Hurtado.
3. Favores políticos Según el expediente, las pesquisas ilegales del DAS habrían favorecido a algunos congresistas del uribismo. Otros casos polémicos Mario Uribe Pidió asilo a Costa Rica en abril del 2008 al conocer la orden de captura en su contra por el escándalo de la parapolítica. Pero se lo negaron. Álvaro Leyva En 1998 lo acusan de enriquecimiento ilícito. Recibe asilo en Costa Rica. Regresa al país en 2006 al ser declarado inocente por la justicia. Reacciones de Indignación en diversos sectores "En este caso el asilo se utilizó para conseguir impunidad. Panamá protegió al victimario, no a la víctima": Jaime Arrubla Paucar Presidente de la Corte Suprema. "Es un asilo con sabor a confesión y un precedente nefasto. La Fiscalía debe explicar por qué ella se vuela una semana antes de tomar decisiones": Ramiro Bejarano, Abogado de una de las víctimas. "El proceso contra ella sigue. Es claro que no son delitos políticos, son comunes, como violación de comunicaciones y concierto para delinquir": Guillermo Mendoza, fiscal general de la Nación, encargado. "Este es un sistema judicial autónomo y garantista, que no puede ser puesto en entredicho (...) para eludir la justicia": Germán Vargas Lleras, ministro del Interior y Justicia "Me sorprende que Panamá dé el asilo; no se entiende cómo las 'chuzadas', que son un crimen de Estado, se conviertan en un delito cobijado por esa figura": Clara López obregón. Presidenta del Polo Democrático.
ATENCION.
La siguiente nota la publica hoy, 20 de noviembre, la revista "Semana" de Colombia. Por razones de interés reproducimos estractos de como reaccionan los colombianos, por la decisión de Panamá en conceder asilo terriotorial a María del Pilar Hurtado.
"ESCÁNDALO. Eso cuestionan algunos analistas sobre la decisión de Panamá de asilar a la exdirectora del DAS. La figura abre la puerta para que otras personas vinculadas al caso de las chuzadas sigan el mismo camino. ¿Qué hará el Gobierno Santos frente a la decisión? Viernes 19 Noviembre 2010 El gobierno panameño acaba de conceder a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, el asilo territorial. Según la comunicación de la Cancillería de Panamá, ese gobierno analizó “las circunstancias de razonable temor por su seguridad personal que la ha llevado a abandonar su país”. “Con el ánimo de contribuir a la estabilidad política y social en la región, en estricto apego a las normas y la doctrina de asilo territorial reconocidas por el derecho internacional e históricamente observadas por la República de Panamá, ha considerado favorablemente su petición”, agregó la comunicación.
El asilo político es una institución latinoamericana mediante la cual una persona que se siente perseguida por motivos o delitos políticos puede pedir la protección de otro Estado. En el caso de la exdirectora del DAS, ella lo hizo cuando ya estaba en Panamá, razón por la cual la Cancillería de ese país lo llamó “asilo territorial”. El episodio recuerda la argucia que intentó utilizar el exsenador Mario Uribe Escobar justo cuando la Corte Suprema de Justicia había ordenando su captura e intentó pedir el asilo político en la embajada de Costa Rica. En ese momento, el excongresista Uribe pidió el asilo basado en el mismo argumento: la falta de garantías de seguridad. No obstante, en ese entonces varias organizaciones de víctimas fueron a la embajada a protestar, y al cabo de unas horas el gobierno de ese país se pronunció. “Una persona que busca asilo para venir a Costa Rica y que ha sido acusado por delitos comunes por la Fiscalía de su país, no se le puede dar asilo, es una decisión muy sencilla”, dijo el presidente Óscar Arias en su momento. Con estas palabras Arias no sólo dejó claro que su país respeta las decisiones soberanas de la justicia de los demás, sino que la voluntad de otorgar o no el asilo es de los gobiernos. No obstante, en esta ocasión, Hurtado ya estaba en Panamá.
El periodista Daniel Coronell lo reveló en Noticias Uno en la sección Top Secret, el pasado domingo. El asilo es político, el refugio no Hay una diferencia en el derecho internacional entre “refugio” y “asilo”. El estatus de refugiado también lo otorga un país, sin embargo, este está suscrito en normas internacionales del derecho que rigen en los cinco continentes, mientras que el asilo sólo existe en América Latina y depende de la voluntad de los gobiernos. Ecuador, país que en este momento es el que recibe mayor número de refugiados, por ejemplo, decidió no conceder ese estatus a personas que tengan deudas con la justicia colombiana, para lo cual hace un seguimiento de los antecedentes de los solicitantes. Por esta razón, en muchos sectores del derecho y la política la reacción contra la decisión del gobierno panameño no se hizo esperar. El exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández escribió en su cuenta de Twitter: “Resumiendo: Concedido el asilo. Justicia colombiana, lenta y burlada. Impunidad para quien haya ordenado las chuzadas”. Por el mismo medio el excandidato presidencial Gustavo Petro dijo: “Santos debería llamar a consulta al embajador colombiano en Panamá”. Y el representante Iván Cepeda, del Polo, convocó a una protesta frente a la embajada de Panamá en Bogotá. El propio Gobierno no ocultó la molestia por la decisión de Panamá. A través del Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, dijo que en Colombia “la independencia de la Rama Judicial es una garantía” para quienes están acusados. Con estas palabras dio a entender que no había razones para que el Gobierno panameño diera el asilo a la exdirectora del DAS. Queda la sensación de que el país vecino equiparó la supuesta persecución política contra Hurtado con su judicialización. Más tarde, en nuevas declaraciones, el ministro Vargas Lleras advirtió que hay rumores según los cuales otros seis exfuncionarios del DAS, de quienes no dijo nombres, estarían buscando asilo para evitar a la justicia colombiana.
El problema internacional Para quienes fueron víctimas de las interceptaciones ilegales se trata de una burla de la justicia. Ninguno pidió asilo cuando descubrieron que el DAS los estaba interceptando ilegalmente. Por esta razón, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla dijo: “Panamá protegió al victimario, no a la víctima”. Para algunos analistas, la decisión de Panamá es política y podría tener repercusiones en ese sentido. Incluso, Gabriel Bustamante, asesor jurídico de la Corporación Viva la Ciudadanía, advirtió que este proceso podría tener consecuencias internacionales. “No hay que olvidar que el proceso de las “chuzadas” traspasó las fronteras, pues ciudadanos de otras nacionalidades fueron perseguidos ilegalmente”, explicó a Semana.com. Se refería específicamente a la exdiputada española, Isaura Navarro, quien hace una semana denunció ante la justicia de su país que fue espiada por el DAS cuando estuvo de visita en Colombia en un encuentro de defensores de derechos humanos. En criterio de Bustamante, es un mal precedente, pues otras personas investigadas en Colombia podrían buscar el asilo en Panamá con los mismos argumentos.
Para la analista política Claudia López, “la Cancillería colombiana debe protestar a Panamá por la indebida intervención y obstrucción de justicia de ese país. Si no lo hace, el discurso de respeto a la Corte dicho por el gobierno colombiano se cae”. “La Fiscalía dependía de sus propias decisiones judiciales. Ahora depende de la voluntad política de un gobierno extranjero”, agregó la analista. ¿Por qué? Ahora, el avance del proceso de la justicia en contra de Hurtado y una eventual extradición, pasará por la voluntad del gobierno de Panamá y de los oficios del gobierno colombiano. ¿Por qué Hurtado argumentó que corría peligro en Colombia? ¿En dónde queda el respeto del gobierno panameño por la justicia colombiana y la confianza en sus instituciones? ¿Vendrán otras solicitudes de asilo a los otros exfuncionarios del Gobierno de Uribe investigados? ¿La solicitud de Hurtado fue una argucia para no revelar lo que sabe sobre el espionaje ilegal? Son preguntas que seguramente generarán un debate al interior de la coalición de gobierno en la medida en que sectores del uribismo radical defendieron la decisión de Panamá de conceder el asilo".
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