Exigen revisar contratos

Rafael Berrocal
Unidad de Investigación
rberrocal@prensa.com

Tres ex administradores de la desaparecida Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) coinciden en que el Gobierno debe renegociar los contratos vigentes con las 13 empresas que poseen concesiones en la calzada de Amador, y que adeudan al Estado más de 18 millones de dólares.

La alta morosidad se debe a la falta de "responsabilidad administrativa" de las autoridades públicas, advierte Alfredo Arias, quien estuvo al frente de la ARI entre 1999 y 2004.

Sostiene que es indispensable renegociar los contratos sin desmejorar los intereses del Estado, pero considera que esa decisión debe ser discutida con los empresarios del lugar.

Para Nicolás Ardito Barletta, primer administrador de la ARI (1994-1999), los contratos deben ser honrados por las partes, de lo contrario es necesario tomar acciones, por lo que sugirió negociar con los concesionarios para establecer términos de pago mutuamente satisfactorios o proceder por violación de contrato.

"Los contratos que se hicieron durante mi administración, en su mayoría, están siendo cumplidos" dijo Ardito Barletta. "Hay otros, posteriores, que no se cumplen".

La forma y las condiciones en que fueron hechos los contratos hace difícil administrarlos, advirtió Julio Ross, quien fue el último administrador de la ARI y que ahora está al frente de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos. "Si se pudiera, ya les hubiera prendido fósforo a todos los contratos de concesión en la calzada de Amador", aseguró.

Arias: ‘Todos incumplieron el contrato’

El ex administrador de la desaparecida Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) Alfredo Arias señaló que "todas las concesiones en la calzada de Amador tienen causales para ser suspendidas por incumplimiento".

"Es fácil verlo, y si se aplica el contrato no habría un soloproyecto andando", dijo Arias.

Para Gustavo García de Paredes, ex presidente de la junta directiva de la ARI, el Estado debe dar un ultimátum a todos los concesionarios de la calzada de Amador para que paguen las cuentas atrasadas.

Ayer, este diario publicó un reportaje sobre todas las irregularidades que se presentan en las concesiones de Amador, entre ellas: cuentas atrasadas, rellenos no autorizados, edificios por encima de la altura permitida, cánones de arrendamiento de dos centésimos por metro cuadrado, y reconocimiento de inversiones por parte del Estado.

Dentro de ellas no solo se encuentra el Grupo F, sino también otros concesionarios como Las Brisas de Amador, Fuerte Amador Resort y Marina, y Naos Harbour Island, entre otros, que adeudan 18 millones de dólares al Estado.

La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos reconoció que hay causales para suspender varios de los contratos, pero ha procedido a la negociación de acuerdos amistosos, como un primer paso.

García de Paredes señaló que el problema de las marinas se debió a que no había una única institución responsable de los permisos; lo hacía el Ministerio de Economía y Finanzas o la Autoridad Marítima de Panamá. "Los empresarios pusieron en marcha los proyectos con los permisos de la primera institución que se los daba", dijo García de Paredes.

Para la Alianza Pro-Ciudad, las irregularidades en Amador son preocupante. "Se están violando normas y espacios públicos que son de todos los panameños", dijo Giulia de Sanctis, vicepresidenta de esa agrupación.